VIVIR en comunidad tiene sus pros -alguno tendrá, ahora no caigo- y sus contras. Sucede que es inevitable convivir, en la mayoría de los casos. Es una buena forma de tener servicios comunes que uno solo no podría pagar y, para muchos, la única forma de no vivir en el más allá extraurbano. Hacer pandilla es natural, muy humano. Las comunidades de vecinos mal avenidas -muchas veces tras felices y por lo general fugaces periodos de barbacoas y paellas- simbolizan las dificultades latentes en toda comunidad. Si la comunidad tiene intereses dispares y hasta conflictivos, si aparecen grietas feas en el edificio, si algunos comuneros no pagan y alguno se engancha a la luz de la escalera; si las diferencias de bienestar son grandes entre sus miembros y además se da la multiculturalidad, la gestión de la cosa común se hace muy difícil. Y la felicidad escapa por las ventanas. La comunidad europea, llamada Unión Europea y sobre todo Unión Monetaria, es el caso más paradigmático de estas patologías sociales y económicas, o sea, políticas. Hubo tiempos buenos, en los que todos teníamos lo que deseábamos o nos hacían desear. Pero eso es el pasado, el manriquiano pasado que siempre nos parece mejor. Y es que lo era.

España es un vecino en apuros. El nuevo vecino en apuros. Cada vecino en apuros lo está de forma diferente. Lo nuestro ha sido culpa de tres agentes, que en orden de culpabilidad son: primero, la banca y las promotoras, que han dado y recibido crédito para promociones inmobiliarias -y sus consiguientes hipotecas subrogadas- sin ton ni son; segundo, los políticos e instituciones -ese negligente Banco de España- que nos animaban a invertir con la palanca del crédito jauja; tercero, sí, los que nos dejamos animar, transformando cada uno su propio cántaro de la lechera en aparente patrimonio creciente. Ahora el país carece de los enormes ingresos fiscales que producía el encantamiento colectivo, y además buena parte de la banca está tocada de muerte en sus balances, repletos de morosidad, descampados y pisos sin destino. Algunas entidades están por su parte tocadas de ineficientes y hasta descabelladas operaciones de pleitesía a los políticos que ocupaban -demasiado onerosamente para la entidad- sus consejos de administración y sus órganos ejecutivos. Una banca enferma de insolvencia. De forma que nos rescataron, porque nosotros lo necesitábamos… y los otros vecinos también, para no ser arrastrados por el comunero asfixiado.

Lo siguiente, en lo que sí podemos presionar, es hacer que la banca cargue con la mayor parte de los costes de un rescate en forma de línea de crédito con más pleitesías que las propias de un crédito normal. Debe ponerse todo el celo público en recuperar los dineros públicos que se empeñan en salvar bancos privados. Debe dejarse caer a los bancos que de ninguna forma van a ser viables ya si no es con bálsamo de nuestros impuestos: lo dice Almunia, entre sospechosos insultos de antipatriotismo, y lo dice cualquiera. Debe limitarse la retribución de los bancarios y la obsesión por el plan de negocio de sucursales y territoriales. También los dividendos. Y deben establecerse controles públicos -a ser posible, no el de los señores de negro- a las prácticas bancarias, limitando estrictamente el daño posterior que puedan causar al sistema económico. El daño a las personas, que deben ser protegidas en la medida de lo posible. La gente que ve cómo sus derechos privados y su patrimonio se ven supeditados a un rescate de empresas privadas mal gestionadas, empresas bancarias. La conversión de las famosas preferentes en obligaciones de dudoso futuro es una golfada, por ejemplo. ¿Por qué no todas las entidades convierten esas preferentes trampa en depósitos, en dinerito? No se puede ganar siempre y perder poco a las malas, también siempre. Es hora de hacer caer buena parte del peso de la desgracia en quienes más contribuyeron a crear la desgracia. Tratar a las empresas bancarias como empresas.