Es este un país donde es habitual que tengamos a los hijos en colegios privados financiados con fondos públicos, postergando a los públicos a la mala fama, los repetidores y los alumnos conflictivos. Un país en el que la gente hace ingeniería fiscal y documental para llevar a los niños a esos colegios sin cumplir los requisitos, y también para obtener becas: no son los más desfavorecidos económicamente quienes, cumpliendo con sus estudios, acaparan los mayores fondos, entre otras cosas porque está demostrado que, en España al menos, el fracaso escolar es cosa sobre todo de pobres, y la Universidad, cosa de familias más desahogadas. Un país en el que los profesores se denigran por sistema, y se llama privilegiados a las maquinitas de llenar el carro del híper y, por tanto, de buena parte del menguante consumo nacional (hablo de los empleados públicos). Es este un país en el que, siempre en general, es más fácil aprobar en las universidades privadas que en las públicas, particularmente en carreras técnicas, y no hay datos fehacientes que esto se deba a una mayor eficacia y eficiencia de las privadas en los procesos de aprendizaje; de hecho, hay más síntomas de que esto sea justo al revés. Sucede, paralelamente, que los centros privados –de forma idéntica a los masters de prestigio— son fuentes de networking, contacto familiar y donde se pueden obtener los empleos más dignos. Es este un país en el que la gente evita las colas y las aglomeraciones cuando cuida su salud “menos importante”, y es común que uno tenga un seguro privado pero que consiga recetas del sistema público por algún amigo médico, así como es común que, a unas malas, sea la medicina pública la mejor opción. Desde ya, para sortear a los cazadores de demagogias, entono por algunas cosas el “Yo, pecador”.

Hay quien piensa que los sistemas públicos de Educación y Salud son demasiados ineficientes (o sea, consumen mal sus recursos, e incluso los derrochan), y que tanto gasto es inasumible para tan escuálidos beneficios, sobre todo en cuanto a la calidad de la enseñanza. Evidentemente, hay que penalizar los abusos, ¿alguien duda de ello, y de que es este un buen momento? Suelen pensar así quienes tienen y dedican recursos a cuidarse en la privada y tener a sus hijos también en la privada… aunque también abundan, y mucho, quienes hacen uso de lo público (o privado concertado, que es en el fondo muy pero que muy parecido en términos financieros) pero denuestan a lo público y son “privadistas”, desamortizadores, antipúblicos por principio, que no en la práctica. Ahora no tanto, pero hace unos años –esos años de oropel aparente– era muy común leer y escuchar que se debía privatizar todo, porque la economía y el mundo iban, jaja, “de lui même”, solitos, con su manos invisibles ajustando demanda y oferta, estableciendo justos precios. Había no ya que soltar lastre estatal en sanidad y educación, sino en planificación y control de de infraestructuras, en política de innovación y tecnología, y hasta –juro haberlo leído, y en un señero periódico económico por un opinador de cabecera— en Justicia y Defensa, o sea, juzgados y justicieros privados, y ejércitos subcontratados y hasta mercenarios. Ya nadie dice tales sandeces en voz alta. Pero sin embargo, la política de la urgencia recortadora y la presión externa –la de los mercados, y la más silente y taimada de la Unión Europea central– para adelgazar a toda costa está obrando la descarga del poder público. Algunos se frotan las manos, no sólo la aguerrida Esperanza Aguirre, a la que se puede tachar de simple –nada más simple que el credo liberal de estas latitudes–, pero no de no mostrar sus cartas. Un gran negocio que el mastodonte público abandona, derrotado, para ser asumido por la empresas privadas, bajo el desprestigiado o nulo control del cadáver colectivo. (Otro parche preventivo, que estoy picajoso: si alguien duda de la convicción de quien suscribe acerca de que la empresa no debe ser sustituida por el Estado –ni lo contrario tampoco como principio cero, como iba diciendo–, puede leer algunos cientos de entradas de este blog para ver que no, no.)

Por todo esto, creo que hay que defender hoy a la Universidad pública, mi empresa, aunque sea en el momento más inoportuno para los alumnos diligentes (los otros ya se han importunado a sí mismos durante el curso). Por eso, a pesar de mi natural esquivo e individualista y mi poca práctica manifestante y huelguista, apoyo el paro en mi Universidad. No debemos permitir que por la urgencia de la necesidad –creo que el Gobierno no se mueve en estos momentos por ideología privadista; lo mueven las circunstancias–, nos carguemos para siempre las cosas tan buenas como mejorables que tenemos para dar paso a una sociedad más selvática, desmembrada, insolidaria y desigual: más privada, menos colectiva, que ya lo va siendo poco. Es el momento de tomar conciencia y mejorar, no de quemar la tierra con cal viva. Recordemos que los países más prósperos y envidiables de Europa son más sociales, y también más defensores de lo público; ese tipo de gente que, al revés que aquí, cuida más la limpieza de la calle que escamonda su casita. Disculpen que haya escrito bastante en primera persona: yo sólo tengo una, y esto de los blogs va de opinar, no sólo de informar. Y conste que cuesta.