Vía decreto llegó el pasado viernes la solución -o eso esperan todos- a la polémica situación que ha paralizado a la cofradía de Borriquita en los últimos seis meses. Un decreto que viene con la firma del delegado episcopal, Sebastián Llanes Blanco -cómo no- y que impone una junta de gobierno para los dos próximos años en la que Manuel Rodríguez Caro ejercerá como hermano mayor y en la que los dos candidatos a hermano mayor, Ignacio Ortiz y Antonio Barrueco, se sentarán en la junta de mesa como fiscal y secretario, respectivamente.

Así es como ha quedado sellado el Pacto por la Paz, por llamarlo de alguna manera (porque aunque viene impuesto por Llanes ha sido aceptado por todos los afectados). Por la cofradía de La Paz, para darle salida a tan delicada situación. Y por la paz interna entre los dos grupos de hermanos, tan sólo treinta de los centenares que componen la nómina total de la corporación, que han protagonizado el enfrentamiento a base de recursos y denuncias en los últimos meses.

Este pacto está llamado a resolver los problemas de Borriquita, pero el decreto emitido por la autoridad eclesiástica y el procedimiento seguido en estos meses plantean muchas dudas al respecto.

LA AUTORIDAD. Varias de estas dudas afectan directamente a la autoridad eclesiástica. Dudas crea la normativa diocesana sobre Hermandades y Cofradías, que ha vuelto a ver mermada su capacidad para resolver algo tan cotidiano y periódico como los cabildos de elecciones (obligatorios cada cuatro años).

Dudas también que plantea el siempre polémico entre los cofrades Secretariado Diocesano de Hermandades, que en el primer momento del proceso no supo resolver con normalidad los recursos planteados por una y otra candidatura de Borriquita, lo que posteriormente ha provocado este problema en una hermandad que gozaba de buena salud. Todo el que quiera puede presentar cuantos recursos quiera sobre el proceso electoral de su cofradía o sobre la candidatura formada por un grupo de sus hermanos; y ante esto, al Secretariado le queda estudiar esas reclamaciones y contestarlas, que posiblemente sea lo que haya faltado en esta ocasión y haya vuelto a poner en duda al organismo diocesano. Un Secretariado que, para colmo de dudas, no tiene muy claro que la opción decretada el viernes sea la mejor salida, con los dos candidatos enfrentados en una misma junta de gobierno.

LOS COFRADES. Como distintivo de la autoridad en materia de hermandades, los hermanos de Borriquita y los cofrades en general también tienen muchas dudas sembradas en torno a este Pacto por la Paz. El mismo Ignacio Ortiz, por ejemplo, debe tenerlas, ya que después de haber sido destituido por las supuestas irregularidades en el censo hace dos meses, vuelve a entrar en el gobierno de su hermandad, donde desde ahora tendrá la misión de fiscalizar la gestión. Nada menos.

¿Y aquellos hermanos que se ofrecieron a trabajar para levantar la cofradía en la asamblea del día 24 y que no han sido designados en esta junta elegida a dedo? Ellos también dudarán ahora de por qué motivos no han sido elegidos.

También cabe la duda de por qué esta resolución ha tardado nada menos que seis meses en llegar, lo cual pone también en duda la gestión que hizo Manuel Cerezo como delegado diocesano (un cargo, por cierto, que en ningún momento contempla la normativa cofrade existente), que terminó con la destitución de la entonces junta de mesa al completo y que alargó más de dos meses la solución.

Y la última duda, entre otras muchas que cada uno se planteará a nivel particular, es saber si este decreto, este Pacto por la Paz, resolverá finalmente los problemas de Borriquita o levantará nuevos enfrentamientos. Todos, lógicamente, nos quedamos con lo primero.