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¿Peligra el sheriff del gobierno?

Carlos Navarro Antolín | 30 de abril de 2013 a las 5:00


La conocida como Ley Arenas permitió a los alcaldes de la grandes ciudades fichar para su gobierno a personas que no habían formado parte de la lista electoral. Por eso a estos ediles se les denomina dediles, que lo son en toda regla, una suerte de VIPS de la política municipal que se incorporan al sillón al toro pasado de las elecciones. Ni pegan carteles, ni sufren los mítines, ni se molestan en aplaudir cuando el jefe viene de Madrid a pasar revista. ¡Menudos privilegios! Así no extraña que la legión de paniaguados y ninis de los partidos miren a estos personajes con la ceja arqueada. Monteseirín fue el primer alcalde en usar esta potestad cuando colocó a Rosamar Prieto-Castro en Economía e Industria al poco de entrar la ley en vigor. Después nombró dentro de la cuota socialista del pacto de gobierno a Juan Carlos Marset y María Isabel Montaño en distintas etapas para Cultura, y a Ana Gómez para Asuntos Sociales. Para la delegación de Empleo colocó a dedo a Carlos Vázquez, el edil de IU que provocó una gran polémica al formar parte de un piquete violento en una huelga general.
Juan Ignacio Zoido apalabró en 2007 el fichaje como responsable político de la Policía Local de Antonio Bertomeu, comisario de la Policía Nacional que había sido jefe superior en Andalucía y que entonces se hacía cargo ya de la seguridad en Renfe. Pero ya se sabe que Zoido quedó orillado del poder tras aquellas elecciones por la renovación del pacto entre el PSOE e IU. La opción de Bertomeu se perdió. Y en 2011 negoció la entrada de otro curtido comisario de la Policía Nacional, Demetrio Cabello, al que el alcalde ha endosado también los asuntos de tráfico y transportes, con lo que le gusta al sheriff un policía y lo poquito que le apasionan los tejemanejes de Tussam y los carriles de dirección única. A Zoido le corresponden tres ediles no electos en función de la ley de su padrino Arenas, pero sólo ha nombrado a uno, probablemente porque no se entendería que sumara hasta tres más (con sus correspondientes sueldos de entre 50.000 y 60.000 euros anuales) cuando tiene la insólita cantidad de veinte concejales. De hecho ya se le discutió que tuviera que buscar fuera del equipo de concejales electos al delegado de Seguridad y Movilidad, cuando tenía y tiene dentro algunos perfiles tan apropiados para este puesto como Curro Pérez o Ignacio Flores.
En los grandes ayuntamientos se ha seguido esta práctica de meter delegados por la gatera siempre que ha sido posible. Ha habido casos en que determinados profesionales ni siquiera se han querido incorporar a tareas de gobierno ni aun asegurándoles no tener que probar el cáliz de una campaña electoral. Pero este escaso entusiasmo por la política entronca más bien con los bajos sueldos asignados a las concejalías en comparación con los de directivos en la empresa privada. De hecho, Juan Alberto Belloch ha reconocido este fin de semana que quiso fichar a un delegado de Economía para el Ayuntamiento de Zaragoza de acuerdo con la Ley de Grandes Ciudades y que ninguno de los tres profesionales de prestigio con los que contactó aceptó el ofrecimiento. Ahora resulta que el Tribunal Constitucional, ¡diez años después!, considera que la ley del campeón Arenas lesiona el precepto constitucional que dicta que los concejales han de ser elegidos por los ciudadanos, lo que pone en jaque a dediles como el solvente Demetrio Cabello, cuyo perfil de hombre duro y por fortuna ajeno a los códigos de los políticamente correcto se suavizó la pasada Feria por el relato del pavo perdido y encontrado en la glorieta de las Cigarreras. Mira que si el TC nos quita a Cabello, adónde estaré Dios mío la próxima primavera con una Feria sin sheriff, sin pavo y sin esas ruedas de prensa que han sido la sal y la pimienta de la fiesta. A Cabello se le conoce ahora por la frivolidad del relato del pavo, pero sería injusto no reconocer su valor en otras situaciones, como cuando soportó la reacción airada de policías que estaban manifestándose en la Plaza Nueva o su estilo directo al llamar a las cosas por su nombre tras la difusión de la fotografía de los dos incautos agentes exhibiendo el fajo de actas de coches retirados por la grúa: “No son dignos de vestir el uniforme”.

Un alcalde y 20 fieles ejecutores

Carlos Navarro Antolín | 20 de mayo de 2012 a las 5:00

UN alcalde sin sombra. Una curia sin cardenales. Todo por Zoido. El primer año de gobierno se salda prácticamente sin incidentes en la convivencia entre los veintiún concejales del gobierno. Nadie discute al jefe, que ha formado un ejecutivo local donde no hay ningún número dos, nadie que oficialmente se aproxime a la categoría de vicealcalde con la que Monteseirín llegó a investir a Emilio Carrillo amparándose en la Ley de Grandes Ciudades. Zoido no tiene vicealcaldes ni delfines, pese que su programa electoral recogía el nombramiento de un edil de Presidencia. Todo lo más, un círculo estrechísimo en el que sólo cabe como fijo el concejal Gregorio Serrano y algún otro de forma esporádica. El nombre de esa sala noble que está en la planta baja del Ayuntamiento, junto al Arquillo, reproduce fielmente el espíritu de un gobierno donde, por el momento, nadie tose ni cuestiona al alcalde: los concejales de gobierno son los fieles ejecutores. La fidelidad es el efecto lógico de ese período de estabilidad que otorga a todo partido una mayoría absoluta tan abultada y también obedece a que el alcalde no sólo no está cuestionado en su partido sino que no ha hecho más que coger peso específico en las filas del PP. La paz, por ahora, reina en el PP de Sevilla. En el andaluz es otro el debate.

El gobierno local ha vivido casi un año en continuo ritmo electoral, un calendario marcado por la necesidad del PP de explotar (con resultado desigual) la figura del alcalde en las elecciones generales y en las autonómicas. El pronóstico dice que a partir de este segundo año deberán entrar más en juego otros concejales de gobierno (de algunos no se conoce ni la voz).

Un gobierno sin fisuras, pero con un reparto de poder muy distinto. Serrano acapara cuatro áreas y las empresas municipales de peso. Es el superconcejal del gobierno, quien recibe encargos directos y personales del alcalde, el de la agenda más apretada y con quien Zoido comparte muchos de sus momentos de distensión. En general, los concejales de perfil gestor han sustituido a los de perfil político. La delegada de Hacienda, la independiente Asunción Fley, se ha hecho respetar y valer. Tan es así que Arenas se llegó a fijar en ella. Pero la Junta de Andalucía tendrá que esperar. En los Plenos le falta tono político. Maximiliano Vílchez es ya sin duda el delegado de Urbanismo más discreto de la democracia, parece calcado para una etapa de crisis en la que el urbanismo ha perdido fuelle. Ya su gerente se le conoce en las caracolas como “el del pañuelito” por su afición a lucirlos en el bolsillo del pecho de la chaqueta. Es precisamente lo que quería Zoido y así lo expresaba en sus años de oposición: la discreción absoluta en una delegación marcada demasiadas veces por las polémicas y los escándalos.

Pero quien más carece de tono político es, sin duda, el número dos de la lista electoral, el catedrático Javier Landa, que ha metido al alcalde en más de un aprieto por su estilo personal, ajeno a una política encorsetada. Landa usó su potestad como presidente del Pleno para expulsar a dos fotógrafos del Salón Colón, lo que puso a los tres grupos políticos en su contra, que ya es difícil. Anteriormente justificó sin tino que no se izara en el Ayuntamiento la bandera del Día del Orgullo Gay, pero sí la del pueblo gitano. Arguyó que una enseña era institucional y la otra no. Landa ha ido adquiriendo un perfil más discreto y algo menos árido en los últimos meses, consciente tal vez de que las cátedras tienen un peso muy relativo en el mundillo de la política. Por no decir que tienen un peso nulo.

Los concejales más políticos, Curro Pérez y Beltrán Pérez, otrora látigos del gobierno de PSOE e IU, desarrollan ahora papeles más discretos. Curro Pérez está desaprovechado: es portavoz oficial de un gobierno muy presidencialista y su parcela de gestión se reduce al distrito de Triana. Recuérdese que el grupo popular tiene también su propio portavoz, Juan Bueno, con un destacado peso orgánico. Curro Pérez tendrá en pocos meses una competencia para sacar a la luz sus cualidades: la construcción del aparcamiento en San Martín de Porres, que tendrá dos meses levantada esta plaza.

Y Beltrán Pérez parece estar dedicado (y a gusto por el momento) en esa tarea poco lucida de coordinar y potenciar los distritos. La previsión lógica es que Los Pérez recuperen más protagonismo en cuanto se acerquen las elecciones. Son los más políticos.

Zoido sólo ha tenido que desautorizar expresamente en una ocasión a un miembro de su gobierno, precisamente al único que eligió a dedo: Demetrio Cabello. El delegado de Movilidad, comisario del Cuerpo Nacional de Policía de profesión, admitió en público que el Ayuntamiento no puede hacer nada para que la empresa Equipark devuelva a los vecinos las fianzas entregadas porque «no es una obligación impuesta» ni en la normativa contractual ni en los pliegos administrativos de la concesión, por lo que se trataría de una cuestión civil entre una empresa y un particular «y en este ámbito ha de dilucidarse». Cabello dinamitó así una de las principales promesas de Zoido, que en las elecciones experimentó una fuerte subida de votos en el distrito San Pablo-Santa Justa, donde son muchísimos los vecinos defraudados por este asunto. Ni veinticuatro horas tardó el alcalde en pegar su primer tirón de orejas al edil independiente. Zoido calificó de “insatisfactoria” la explicación del concejal de Movilidad y ganó tiempo pidiendo nuevos informes.

El segundo tropiezo resultaron ser los familiares enchufados en los distritos, donde adquirió un protagonismo negativo el más joven de la corporación municipal, José Luis García, delegado del Distrito Sur. Los parientes tuvieron que renunciar a los contratos para que el gobierno no persistiera por más tiempo en los mismos errores que se hartó de denunciar cuando estaba en la oposición y gobernaba Monteseirín con el sostén de IU. A Zoido le escoció especialmente que tales prácticas las hubiera realizado precisamente el más joven del grupo político. José Luis García, Pepelu en las filas del PP, tiene el aval del propio Javier Arenas. Pero ahora está estrecha y discretamente marcado para que no vuelva a protagonizar escándalos que concedan munición al PSOE, que en este asunto fue donde realizó su mejor rodaje como oposición.

Tan sólo se ha producido una baja en el gobierno, la de la delegada de Nervión, María Eugenia Romero, que ahora es diputada en las Cortes. Entró como concejal el siguiente en la lista electoral, Rafael Belmonte. Zoido aprovechó para asignar a Pía Halcón al amable distrito de Nervión y enviar a Belmonte, de perfil mucho más político y un buen ejemplo de fiel ejecutor, a bregar con los problemas de Bellavista, un distrito más duro donde el PSOE tiene a sus dirigentes más beligerantes. Incluso el propio Juan Espadas tuvo sus más y sus menos con sus compañeros de partido en Bellavista en plena campaña electoral. El cambio de Halcón ha sido el único producido respecto al organigrama inicial del gobierno.