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Expropiaciones solidarias

Iván Gómez | 18 de octubre de 2013 a las 11:33

Dos familias de Roquetas serán las primeras de la provincia en beneficiarse de la expropiación del uso de sus inmuebles por la Junta en aplicación de la Ley 04/2013 de Función Social de la Vivienda que entró en vigor en abril de este año. Es un paso más de la administración andaluza que les asegura un techo bajo el que vivir después de meses con la firme amenaza de desahucio en sus hogares en la Plaza Itálica y la calle Pablo Picasso. La delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Encarna Caparrós, firmó ayer a mediodía el expediente con la declaración de interés social y necesidad de ocupación de los inmuebles para su inminente remisión al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), abriendo un periodo de 15 días de información pública en el que se pueden presentar las alegaciones pertinentes. Las dos viviendas a expropiar ya aparecieron en el BOJA el 12 de julio de este año, junto a otra de la calle Campo Verde nº 33 de la capital, pero se paralizó toda la tramitación con el recurso del Gobierno de Rajoy presentado ese mismo mes contra el decreto antidesahucios de la Junta y se han tenido que reiniciar ahora. De hecho, la tercera en discordia será remitida posteriormente a información pública porque aún restan unos flecos jurídicos por concretar. Y no son las únicas. En la provincia de Almería hay 10 expedientes más, entre los 133 que hay en toda Andalucía, que siguen pendientes de su envío a BOJA tras constatar los técnicos que cumplen los requisitos. Hay 17 expedientes a los que sólo les resta el paso de su culminación en el Consejo de Gobierno en la comunidad autónoma, entre los que se incluyen los 3 de Almería.

LOCALLas expropiaciones, con todas las garantías jurídicas y procedimentales, se realizarán en virtud de la Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, aprobada el 25 septiembre por el Parlamento de Andalucía y en vigor desde el 9 de octubre. Lo que la administración regional hace es autorizar la expropiación para garantizar que la familia que está en inminencia de desahucio, en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas se pueda quedar en su casa durante un periodo máximo de tres años en el que deberán aportar a la Junta como pago una renta del 25% de los ingresos familiares. Los solicitantes perdieron las esperanzas cuando el Ejecutivo central recurrió el decreto este verano, pero ahora que se ha aprobado el primer expediente expropiación por parte de la Junta de Andalucía de una vivienda en la calle Alonso de Ercilla de Huelva han recuperado la ilusión. Y es que una familia onubense en situación dramática ha respirado al ver culminada la expropiación temporal, la primera que se realiza en España para frenar un desalojo que estaba programado para mayo de este año. Y su aliento ha llegado ya a la provincia almeriense en la que la Junta tenía identificadas en abril a 27 familias con necesidades de protección y riesgo de exclusión a través de la Oficina de Defensa de la Vivienda. Un instrumento que cifró en nada menos que 70.000 los inmuebles vacíos en Almería fruto de una burbuja inmobiliaria que, tras su pinchazo, la administración andaluza va a exprimir a través de sus planes de fomento del alquiler social.

La delegada Encarna Caparrós manifestó ayer su satisfacción a este periódico nada más firmar los dos primeros expedientes de expropiación que permitirán que dos familias de Roquetas puedan seguir disfrutando de su casa. “Van a ver cumplido su derecho a una vivienda, que es sagrado, y serán muchas más familias almerienses las que puedan acogerse durante los próximos meses a esta oportunidad de mantener su casa”. La Junta abrió en octubre de 2012 una POLÍTICA LOCAL-IZQUIERDA UNIDAOficina de Intermediación contra los Desahucios en Almería en la que presta servicio gratuito de atención y asesoramiento a las familias con problemas hipotecarios y de endeudamiento. Puso a su disposición a los mejores medios técnicos y humanos en un intento de romper la neutralidad de las administraciones públicas ante un drama e injusticia social que les avergüenza desde hace años. Este instrumento viene prestando un triple servicio por el que se realiza un estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente y atención social. En su primer mes atendieron medio centenar de familias que han superado el medio millar tras un año de funcionamiento. Desde el comienzo de la crisis han sido más de 11.000 los afectados por los desalojos en la provincia, según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial. Los desalojos alcanzaron su máximo histórico en los primeros seis meses de 2011, con un incremento del 84,9% en relación al mismo periodo del año anterior que situó a Almería a la cabeza de esta negra estadística. Desde 2007 se han ejecutado en Andalucía en torno a 80.000 desahucios.

Además del trabajo realizado por la Junta, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha jugado un papel fundamental en la provincia. En marzo de este año presentaron en los juzgados nada menos que 25 peticiones de paralización de ejecuciones a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que declaraba ilegales algunas cláusulas de la Ley Hipotecaria española. Además están detrás de mediáticas paralizaciones de desalojos como la de Sebastián y LOCAL-SUCESOSJuana que se iba a producir en septiembre de 2012 en su casa de la calle Remo de Pescadería y hoy siguen residiendo allí. Como también consiguió el colectivo Stop Desahucios a finales de julio cuando logró que Macarena Cruz, su marido y su recién nacido pudieran quedarse en su hogar en el barrio de Los Molinos. Son muchas las voces críticas contra los desahucios que, después de años en segundo plano por la desidia de las administraciones públicas, han conseguido estar en primera fila por el respaldo normativo y legal que le ha aportado la Junta de Andalucía.  La Diputación, el Ayuntamiento de Almería y el Colegio de Abogados también pusieron en marcha una Oficina de Intermediación por la que han pasado más de 150 familias con problemas hipotecarios. A través de su mediación lograron carencias de amortización del capital de cuatro años, ampliaciones del plazo, reducciones del tipo de interés, acuerdos de quitas y hasta, en algunos casos, la figura de dación en pago. El PSOE de Almería, a través del Grupo Antidesahucios, también ha puesto su grano de arena en una batalla que políticamente siempre lideró Izquierda Unida. Andalucía tira del carro de la solidaridad y la justicia social ante una delicada situación de emergencia que atraviesan miles de familias.

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