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Pompeyo y la doctrina Parot

Iván Gómez | 23 de octubre de 2013 a las 12:18

El almeriense Pompeyo Miranda, de 45 años, alto y enjuto, el que fuera considerado durante años el enemigo público número uno de Bolivia, recibió en noviembre de 2010 un auténtico varapalo de la justicia española. Preparaba su salida de prisión, después de 19 años de cárcel por dos asesinatos cometidos pic-s1-72166.jpgen el país andino, y 48 horas antes de que llegara a su celda la orden de excarcelación desde la Audiencia Nacional le comunicaron que el juez había anulado su libertad. La Sala de lo Penal le ha aplicado la doctrina Parot, por lo que le sumaban otros 15 años de prisión, pese a estar amparado por el Tratado de 1990 entre España y Bolivia sobre la transferencia de condenados que prohibe sumar penas cumplidas en paralelo. Tres años después la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, deroga sin paliativos la aplicación retroactiva de la doctrina Parot y abre un interrogante sobre cuando y cómo deberán ser excarcelados los afectados, ya sean presos terroristas o comunes con graves delitos a sus espaldas, que han purgado penas de prisión superiores a las legales de acuerdo con el Código Penal de 1973 por el que fueron condenados. La sentencia ha establecido que la doctrina Parot no se puede aplicar por hechos cometidos antes de 1995, como ocurre en el caso del almeriense. El tribunal considera que lo contrario supone una aplicación retroactiva de la ley y, por lo tanto, vulnera los derechos fundamentales de los presos.

Pompeyo Mirada, que nació en Almería el 7 de julio de 1965 y pasó su infancia en una vivienda en El Quemadero, había regalado sus ropas a otros presos y planificado una nueva vida sin rejas. Imaginó el reencuentro con amigos que todavía conserva en la capital, aunque con la mirada puesta en volver a Sudamérica porque sus familiares directos ya murieron. Ahora tiene primos y tíos que le esperan en Bolivia y una mujer en Brasil. “Se han saltado a la torera la Constitución, las leyes y los convenios internacionales. Me suman una condena de 15 años que ya ha quedado extinguida”, reconocía el propio Pompeyo en declaraciones a El País al conocer que le aplicaban la doctrina Parot. Su abogado, Tomás Martínez, quien remitió la hoja de cálculo de su condena a este periódico, aseguraba que “debe aplicársele la legislación boliviana y no la española y mucho menos la doctrina Parot”. De ahí que plantearan, una vez extraditado a España, su intención de que volviera a Bolivia, pero no prosperaron las gestiones que iniciaron con la embajada de Madrid. “Hemos recurrido ante el Supremo porque ya debería estar en la calle”. De hecho, el cálculo de la administración penitenciaria española dio luz pic-20101228065249S8003P4.jpgverde a su excarcelación, pero con la doctrina Parot los 30 y 15 años de sus condenas, por asesinar a su pareja y a un mafioso brasileño, se suman y no se cumplen en paralelo y sobre ese total se aplica el descuento de los beneficios penitenciarios. Pompeyo Miranda Ruiz comenzó a delinquir en su adolescencia. En los archivos policiales le constan hasta seis detenciones por robos y amenazas. El 4 de septiembre de 1989 fue detenido en Melilla por agentes del Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga de la Guardia Civil y fue acusado de un delito de tráfico de estupefacientes. “Me pillaron con 37 kilos de hachís. En parte me vine por eso”. Tras abandonar nuestro país, se desplazó hasta Bolivia para convertirse en enemigo público número uno. Sus andanzas corrían de boca en boca. Cuando sus crímenes inundaron las páginas de los periódicos, el almeriense se convirtió en leyenda. Y por eso resulta imposible que los trabajadores penitenciarios y sus compañeros de las cárceles de Chonchocorito y Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, se olviden de un almeriense que en su día fue conocido como el Hannibal Lecter español, el carnicero. Su vida da para escribir una novela, con tintes dramáticos. Asesinó en 1991 a su pareja estadounidense porque le acusaba de que no le complacía en la cama. Los periódicos bolivianos aseguraron que fue a raíz de que la norteamericana descubriera su vínculo con el narcotráfico. Le machacó la cabeza a un compañero de celda con unas pesas de cemento porque le robó el champú que le había regalado el embajador de España y asestó más de una decena de navajazos mortales a Luis Marcial Delgadillo, el jefe de la mafia brasileña en su prisión, en 1994. También lideró una fuga masiva dos años antes. Aprovechando un corte de luz escapó junto a 20 reclusos y llegó hasta Lima.

El FBI puso precio a su cabeza porque la americana asesinada era del Cuerpo de Paz estadounidense. Huelgas de hambre y autolesiones como señales de protesta aparecen en un largo historial que pocos han olvidado. “No se olviden de mí, algún día volveré”, prometía este almeriense cuando fue extraditado, a petición propia a España, al sufrir la crudeza de las cárceles del país andino. Es, precisamente, su objetivo prioritario al conocer que le aplicaban la 1290919961_850215_0000000000_sumario_normal.jpgdoctrina Parot. Volver a Bolivia y salir a la calle al serle aplicada su legislación. Hace años, antes de que su condena estuviera a punto de cumplirse, Miranda aseguraba que “no salgo porque dicen que tengo transtornos psicológicos. Bueno, pues si los tengo, ¿por qué no me tratan?, En tres años que estuve en Granada no me examinó nadie. Y ahora viene una psicóloga que ha leído la sentencia de Bolivia y me dice que lo mío no tiene cura. Eso es lo más fácil”. Lleva tres años sin ver la luz al final de un largo túnel. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos abre sus posibilidades de dejar la cárcel después de toda una vida. Aún no aparece en el listado del Ministerio del Interior entre los autores de delitos muy graves (asesinatos, homicidios, agresiones sexuales, violaciones…) a los que deberán revisar penas. Al igual que Miranda, otros presos recurrieron la aplicación de una doctrina que endureció sus castigos hasta extremos a veces insoportables. Antonio Izquierdo, uno de los dos autores del crimen de Puerto Hurraco, se suicidó en abril al aplicársele la sentencia del Supremo de febrero de 2006 estableciendo que la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplique a la suma de condenas. ¿Cuándo saldrá Pompeyo?

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