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El freno de los planes urbanísticos

Iván Gómez | 18 de febrero de 2015 a las 13:03

Casi el 70% de los municipios de la comunidad autónoma, más de 500 que aglutinan casi al 90% de la población, se han adaptado ya a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOU), un escenario favorable de cumplimiento obligado en la tramitación de los planes que contrasta con el retraso que acumulan las provincias de Jaén y Almería. De los 102 municipios almerienses, sólo 40 han adecuado sus planes a las normas andaluzas, mientras que el resto de localidades permanecen acogidas a las normas subsidiarias o tienen una delimitación de suelo urbano de acuerdo con la legislación anterior del pasado siglo. Los 40 pueblos que han hecho los deberes en el tiempo previsto por la legislación autonómica son Abla, Abrucena, Albox, Antas, Arboleas, Bédar, Benahadux, Berja, Canjáyar, Cantoria, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Dalías, El Ejido, Fiñana, LOCALFondón, Gádor, Los Gallardos, Gérgal, Huércal de Almería, Huércal-Overa, Laujar de Andarax, Lubrín, Macael, Mojácar, Níjar, Olula del Río, Pechina, Pulpí, Rioja, Roquetas, Serón, Sorbas, Tabernas, Tíjola, Turre, Uleila del Campo, Vera, Viator, Vícar. Los 62 restantes siguen sin adaptarse siete años después de que expirara el plazo, un auténtico despropósito si se tiene en cuenta que desde 2008, año en el que se aprobó el decreto que regula el procedimiento de las adaptaciones parciales y la orden de subvenciones para incentivarlas y redactar los planes generales, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha concedido ayudas por importe de más de 31 millones de euros. Y es que esta ley de 2002, que echó a andar cuando Concepción Gutiérrez era consejera de Vivienda, fue polémica desde su génesis, al impulsarse en plena burbuja inmobiliaria tratando de poner coto a las tropelías del ladrillo. La norma obligaba a los consistorios a destinar el 30% del suelo a casas de protección oficial, exigencia que ha cobrado sentido conforme se desinflaba el boom del ladrillo. De hecho, los procedimientos de adaptación a la LOUA en Andalucía han puesto de manifiesto que existe suelo de reserva para más de 285.000 viviendas protegidas y disponible, ya sea el clasificado como suelo urbano no consolidado o el suelo urbanizable sectorizado u ordenado, para más de un millón de casas.

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó a principios de mes un decreto que regula las competencias de ordenación del territorio, sustituyendo a la norma vigente de 2008, que permitirá agilizar los trámites administrativos del planeamiento urbanístico para favorecer la actividad económica y reforzará la competencia de los órganos resolutorios y su participación. Estas medidas supondrán una aceleración del proceso de mejora del planeamiento y adaptación de los municipios a la LOUA e incluye como novedades la creación de comisiones provinciales de Coordinación Urbanística como cauces únicos para los ayuntamientos. La crisis de la construcción ha contribuido a paralizar los planeamientos urbanísticos desorbitados que se venían proyectando en tiempos de bonanza en buena parte de los municipios y ha sido un tapón, un freno obligado a la pretensión de crecimiento 130104 JOSE MANUEL ORTIZ 1.jpginsostenible de pueblos, sobre todo del litoral, que habrían disparado el censo futuro de la provincia hasta los 7,5 millones de habitantes, casi los que tiene Andalucía. Y es que en años previos al golpe mortal que sufrió la construcción había municipios como el de Zurgena en el que proyectaban crecer en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por encima de los dos millones de vecinos. Todo un despropósito propio de los años de la peor especulación. La política de contención, a través de la aprobación de diferentes normativas y planeamientos, de la Junta ha sido determinante a la hora de disuadir de sus intenciones a los ayuntamientos menos centrados. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2003, la creación de las oficinas comarcales de asesoramiento en 2004, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en 2006, el Plan de Ordenación Territorial de Aglomeración Urbana de Almería (POTAUA) en 2009 o los cambios de la Ley de Suelo en 2011 han servido para ir frenando y, en definitiva, enterrando un modelo especulativo por otro orientado al crecimiento coordinado, equilibrado, competitivo y sostenible.

En los últimos años se ha dado un giro radical a las demandas iniciales de los municipios de la provincia y se han multiplicado los que ahora pretenden convertir el suelo urbanizable en agrícola a la hora de redactar su PGOU, justamente lo contrario a lo que se comenzó a practicar desde principios de este siglo. La falta de demanda inmobiliaria y el hecho de que el suelo agrícola tenga una menor carga impositiva está propiciando una presión vecinal, de los empresarios y propietarios en general, sobre los equipos redactores. El delegado territorial de Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, argumenta que “los ayuntamientos tienen la presión inmobiliaria de hace seis años y eso se ha dejado notar en los planeamientos urbanísticos”. La tramitación ha sido constante en los últimos años, con un contacto directo entre los técnicos de la Junta y los equipos redactores, si bien fue más lenta al principio PUEBLOS IVAN2.jpgcuando se detectaron deficiencias en los informes sectoriales y sobre todo en el de la Agencia Andaluza del Agua. El informe de los recursos hídricos, que incluye el estudio de zonas inundables además de la disponibilidad de suministro, ha sido un escollo para buena parte de los planes generales. Y eso que son un sinfín los informes que hay que presentar ante todas las administraciones (estatal, autonómica y provincial) para que la Consejería de Medio Ambiente resuelva la aprobación parcial o definitiva. En la provincia de Almería hay seis municipios que han hecho los deberes en tiempo y forma y que probablemente cuenten con su PGOU operativo a lo largo de este año. Los más avanzados han sido los de Cuevas (en parte), El Ejido (totalmente), Huércal Overa (en parte), Lubrín (totalmente), Roquetas (totalmente) y Serón (en parte). En el lado opuesto están otros 16 pueblos que no han realizado ni un sólo trámite, entre los que aparecen Vícar, Gádor, Pechina, Alhama, Carboneras, Garrucha, Pulpí, Turre, Berja y La Mojonera. Esos 16 municipios no cuentan con ningún instrumento de planeamiento general municipal, obligatorio desde la primera Ley de Suelo de 1956. Algunos tienen una Delimitación de Suelo Urbano, aunque la LOUA no considera esta figura como instrumento de planeamiento, y otros no tienen nada siguiendo vigentes las antiguas Normas Subsidiarias Provinciales aprobadas entre la década de los años 70 y 80 del pasado siglo. La respuesta de los informes sectoriales tiene que llegar en cuatro meses, tal y como marcan los plazos legales, pero se han producido serios “atranques” cuando se le demanda la documentación que les falta a los ayuntamientos.

La Junta ha colaborado al máximo con los ayuntamientos para que realicen sus planeamientos con oficinas comarcales y subvenciones que abarcaban el 100% del coste de la adaptación parcial a las normas, como ocurre con la nueva ley del suelo de Andalucía de aplicación fallida de momento. Con el objetivo de aligerar el procedimiento que establece la LOUA se consolidó, además, una vía rápida que permitía clasificar suelo para vivienda protegida y equipamientos industrial y terciario, siempre que se tratara de un PGOU en proceso de adaptación.La Junta también realizó los estudios hídricos de las grandes cuencas para facilitar la redacción de los planeamientos, pero en manos de los ayuntamientos quedaron los informes sobre los cauces que afectan a términos municipales concretos. “Hemos tratado de desliar los planes de los ayuntamientos”, asegura el delegado territorial. Hay equipos redactores en la provincia que están trabajando con hasta 14 planes generales, por lo que el contacto directo con los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente en estos años ha sido permanente. Ortiz asegura que el decreto de litoral no afectará a la mayoría de los municipios y sólo serán los que tienen zonas concretas con un determinado tipo de protección los que se tengan que adaptar en la costa almeriense. En cuanto a viviendas construidas pic-s1-3292990en terreno no urbanizable, la Junta ha facilitado todos los mecanismos legales a su disposición para que sean los ayuntamientos los que las puedan integrar en sus planeamientos a través del decreto 2/2012, más de 12.000 en la provincia que siguen sin una solución definitiva, algunas pendientes de órdenes de derribo. Según establece la legislación vigente, la tramitación de un PGOU, el principal instrumento de ordenación del territorio municipal, cuenta con diferentes fases que se inician con el acuerdo de formulación y al que le siguen las de avance, aprobación inicial, provisional y definitiva. Tan sólo la última es de competencia exclusiva de la Junta, mientras que el resto corresponde a los ayuntamientos, aunque con la intervención de la administración regional mediante la emisión de informes establecidos por las distintas legislaciones sectoriales, coincidiendo con los periodos de información pública. El proceso de tramitación de un PGOU oscila entre los seis y ocho años, siendo en este plazo global la menor incidencia en la fase de aprobación definitiva que tiene un periodo de cinco meses. No obstante, la revisión y actualización de los planeamientos ha venido demorándose durante más de una década, siendo uno de los ejemplos más evidentes el del la capital, cuya aprobación inicial data de 2007 y aún sigue sin ver la luz por las alegaciones y correcciones de los informes sectoriales que se han realizado en los últimos años.

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