Hacienda mueve ficha contra Rifá

Iván Gómez | 8 de enero de 2016 a las 12:59

De prosperar la reclamación más importante que se ha presentado en la historia de la ciudad contra el Ayuntamiento de Almería, de nada menos que 31,2 millones de euros, el botín íntegro acabaría en las arcas de la Agencia Tributaria a la que el empresario Miguel Rifá adeuda más del triple de lo que pretende obtener del consistorio en compensación por un convenio urbanístico fallido por el que se proyectó un hotel de lujo en la Compañía de María. Un auto de la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de la capital, Ana Belén Vico, quien ya dictó una fianza de 2,4 millones por responsabilidad civil por sus presuntos delitos contra la hacienda pública, alzamiento de bienes e insolvencia punible que se detectaron a mediados de 2012 en la Operación pic-20141208061531S5092P6.jpgHostelero, ha sido cursado al Ayuntamiento con la firme intención de que no se haga ningún tipo de ingreso en cuentas del empresario catalán en el caso de que el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería fallara en favor de la demanda presentada por Rifá en mayo de 2012 al quedar fuera del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) su aspiración de levantar un hotel de lujo en pleno corazón de la ciudad. Una vez que la justicia ha escuchado a las dos partes y el contencioso que fue presentado a través de Predios del Sureste, la empresa fuerte de Rifá hasta su vaciamiento, y Diakonia Hotelera está visto para sentencia, la Agencia Tributaria consiguió que desde la sala que se enjuicia al empresario por fraude fiscal se le hiciera llegar al consistorio una orden clara y nítida de que no le llegue ni un sólo euro al catalán afincando en nuestra provincia. No es la primera maniobra de la justicia para evitar que Rifá no cumpla con sus obligaciones con Hacienda. A instancias tanto de la Agencia Tributaria como de la Abogacía del Estado, la jueza ya ordenó al iniciar la instrucción en 2013 la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad con la que poder disponer de 34 fincas hipotecadas propiedad de Rifá. Era una garantía, a la que sumó después otras medida cautelar como la fianza, ante un posible agujero millonario. No era para menos.

El polémico empresario encabeza la lista de los grandes morosos de la provincia que hizo pública la Agencia Tributaria en diciembre. De los 206 millones que deben 78 personas físicas o jurídicas al fisco, las sociedades de Miguel Rifá Hotel Almería, Predios del Sureste y Frigoríficos Portocarrero suponen 8,8, 27,5 y 1,2 respectivamente, sin tener en cuenta pequeñas deudas de otras empresas ligadas al hostelero. El que lidera en la provincia la lista negra de Montoro este mes tiene una nueva citación en el Juzgado de Instrucción, tras la imposibilidad de que prestara declaración en las tres anteriores comparecencias a las que o no acudió o se presentó pero evitó el interrogatorio por la existencia de dos recursos con los que ha conseguido dilatar este proceso iniciado hace tres años y medio. rifá- empresario.jpgTambién han sido citados para prestar declaración las personas que actuaron de testaferros de su mecánica defrautatoria. Fue el 31 de mayo de 2012 cuando se elevó la querella del Servicio de Vigilancia Aduanera de Almería, perteneciente a la Agencia Tributaria, al entender que el empresario, a través de sus sociedades, estaba realizando un presunto fraude fiscal con el que las descapitalizó traspasando las acciones con la colaboración de testaferros. Así queda reflejado en un informe de más de 600 páginas en el que se describen las artimañas con las que pretendía evitar el embargo de sus bienes a través del traspaso de capitales incluso fuera del país, a GILHSA, una sociedad portuguesa. Y no tuvo en cuenta incongruencias como la de exigir con Diakonia Hotelera, una empresa que dejó de ser suya al pasar a manos del testaferro luso, indemnización al consistorio de la capital. Si ya no es de su propiedad, la demanda por incumplimiento del convenio urbanístico, al no recalificarse el suelo de la Compañía de María una vez que el empresario sí que había construido el Cuartel de la Policía Local, deben realizarse contra sociedad en la que Rifá mantenga participaciones.

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