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Aguas turbias

Iván Gómez | 24 de enero de 2016 a las 12:25

Parecía que las constructoras se habían quedado con la miel en los labios cuando Zapatero revocó el faraónico trasvase del Ebro a principios de 2005, pero nada más lejos de la realidad. El cambio de rumbo de la política hídrica de nuestro país no las dejó sin contratos, es más, han podido acceder a un negocio, el del agua, que tan sólo a través de Acuamed, la sociedad estatal de las Aguas de la Cuenca Mediterránea, ha movido en la última década cerca de 2.800 millones de euros con alrededor de 120 proyectos, en su mayoría de desalación, con los que fabricar más de 800 hectómetros cúbicos de agua. En Almería la planificación inicial se diseñó con un coste de 520 millones de euros para poner en marcha una quincena de obras para conseguir los 117 ACTUACIONES DEL PROGRAMA AGUA.hectómetros cúbicos que ya no llegarían con el trasvase. Pero una década después la realidad es bien distinta. La provincia no dispone aún ni de la mitad de los recursos esperados cuando se han invertido más de 700 millones. Es decir, mucho más gasto cuando el mapa de actuaciones se redujo y se aparcaron infraestructuras sin que el descuento de la inversiones haga mella en la cuenta final. No se sabe nada de la desalobradora de Adra ni tampoco de la Balsa del Sapo, contempladas incluso en los Presupuestos del Estado durante años, así como también se reculó en el intento de compra por parte de Acuamed de la desaladora de Rambla Morales, una polémica infraestructura que arrastra una deuda de más de 258 millones de euros. El estallido de laOperación Frontino ha salpicado de lleno a la gestión de la planta de Villaricos, pero también ha sembrado serias sospechas sobre los contratos del resto de infraestructuras. Decía el prolífico escritor Alberto Vázquez Figueroa, uno de los precursores en los noventa de la desalación por osmosis inversa, que “el gran negocio sucio del mundo hoy no es la gasolina, ni el petróleo, ni las armas… el negocio más sucio del mundo es el agua”. Lo recordó a raíz de la reunión que mantuvo con el exministro Jaume Matas, uno de los artífices del trasvase del Ebro hoy en prisión por otros delitos, a quién reprochó que esta colosal infraestructura empezara los trabajos por Almería donde el agua llegaría “con suerte” veinte años más tarde. 

Acuamed se ha convertido, y lo dice el auto del juez Eloy Velasco, en una organización criminal que favoreció los intereses financieros de contratistas a cambio de viajes, comisiones, regalos e implantes de pelo. La gestión de los últimos años de la sociedad estatal está en el ojo del huracán y evidencia la putrefacción del sistema político y económico cuando hay muchos millones en juego. Y en materia de desalación los billetes han llovido desde Europa, si bien ahora serán fiscalizados y auditados todos los proyectos uno a uno para conocer si se devuelven los fondos, lo que propiciaría la estocada definitiva para Acuamed, un cierre que ya reclamó el Tribunal de Cuentas hace poco más de un año cuando analizó los sobrecostes, retrasos y otras REGISTRAN LA SEDE DE EMPRESA PÚBLICA ACUAMED POR POSIBLE FRAUDE EN CONTRATOSprácticas anormales de las que se desprenden serios indicios de responsabilidad penal. Eran más de 330 millones de euros en desfases de nueve desaladoras del litoral mediterráneo los que en su análisis de la gestión de los años 2010 y 2011 encontró el órgano fiscalizado. También el diputado nacional del PP denunció en su día que en las obras de la provincia los gastos previstos habían crecido en la primera legislatura de Zapatero en más de 200 millones de euros. Ahora la justicia tiene en sus manos una irregularidad más reciente, la que se ideó desde Acuamed, con la connivencia de altos cargos de Medio Ambiente como Federico Ramos que ya ha dimitido, a raíz de la destrucción de la planta del Bajo Almanzora con las inundaciones de la gota fría en septiembre de 2012. Era la constructora la que se tendría que hacer cargo del arreglo, a través de su seguro, pero Acuamed salió en su ayuda y se ofreció pagando parte de la reparación e inflando facturas de otros proyectos. El Ministerio inicia ahora una auditoría de las actuaciones y en las de Almería encontrará, como mínimo, sobrecostes de vértigo y retrasos históricos. Primero tiene que darle respuesta a la planta de Villaricos, rota e inutilizada desde las riadas a pesar de que llevan ya tres ejercicios presupuestarios consignando partidas que nadie sabe dónde han desviado. Creció su coste en un 31,2% incluyendo un modificado de 11,2 millones y obras complementarias por valor de 6,8 millones más.

También se disparó la factura de la del Campo de Dalías desde los 166 millones a los más de 240 que finalmente ha costado su puesta en marcha con más de 30 meses de retraso. Las conducciones de la desaladora de Carboneras hacia el Almanzora también multiplicaron el precio y las empresas adjudicatarias serán ahora las que tengan que aclarar a los auditores en qué se invirtió ese dinero. La planta de la capital se construyó de la misma forma, con una inversión final muy alejada de la que aparecía en el contrato, si bien el Ayuntamiento desistió de la reclamación a las empresas a pesar de tener un informe de sus técnicos en los que hablaban de errores millonarios. Pero es la de Carboneras, la que se remonta a la sociedad estatal _Z6Y3751.jpgAcusur previa a la de Acuamed, la que ha generado siempre más sospechas. Triplicó su valor en cuestión de años y la propia ministra Cristina Narbona reconoció en su día que fueron 45 los millones de sobrecoste, todo un despropósito. En aquellos tiempos los fondos comunitarios alcanzaban el 75% y el control se relajó demasiado. Infraestructuras a lo grande más allá de las necesidades reales. Hoy, con más financiación estatal, la supervisión de los contratos de grandes obras parecía mayor, si bien las empresas públicas, como poco las del agua, están contra las cuerdas. El Tribunal de Cuentas ha sido el último en cuestionar un modelo de gestión sometido a un grado significativamente menor que la Administración General del Estado a las normas del derecho presupuestario. De ahí el agujero de Acuamed hoy al descubierto, si bien no es nada nuevo. La planta de Carboneras tuvo informes de la Junta contrarios a su recepción por las deficiencias, pero al llegar a Madrid se ocultaron. Un exalto cargo presente en aquella reunión recuerda que “el comisionista era el que decidía todo, mandaba más que el secretario de Estado”. Y así fue. La desaladora abrió pese a los incumplimientos. Aguas turbias.

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