35 CATEDRÁTICOS DE DERECHO TRIBUTARIO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. Por Víctor López Soberado

Fernando Santiago Muñoz | 27 de mayo de 2018

 

 

 

18 de Mayo. Mayo del 18. Cada vez eran más las voces que de un tiempo a esta parte veníamos denunciando irregulares y perniciosas  prácticas de la Hacienda Pública en sus relaciones con los contribuyentes, hoy en día sustituidos en la normativa tributaria por la ambigua y lamentable expresión de “obligados tributarios”.

Debemos partir de la base, como no puede ser de otra manera, de que en sociedades avanzadas debe estar consolidada la consistencia de una Administración tributaria eficiente y una conciencia de que los conceptos de ciudadano y contribuyente son sinónimos. Se puede decir que, en estos términos, se es ciudadano porque se es contribuyente y ambas condiciones personales son indisolubles.

¿Qué ha pasado estos últimos años para que la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes se recuerde con demasiada nostalgia? ¿Por qué ni siquiera ya se nombran tan  hermosos y democráticos conceptos en las relaciones jurídico-tributarias? ¿Hasta dónde hemos llegado para que el “Estatuto del Contribuyente” emanado de esa Ley no forme parte, ni siquiera conceptualmente, del vocabulario al uso? ¿Qué ha ocurrido para que las relaciones entre administración y administrado, que deben basarse en la mutua confianza, se hayan deteriorado tanto? ¿Qué está ocurriendo para que el principio que garantiza la presunción de inocencia se haya tornado, en las dependencias administrativas, en principio de culpabilidad? Muchos interrogantes para tan esenciales cuestiones. En definitiva, qué somos ante Hacienda ¿ciudadanos o súbditos?

Pues bien, el pasado 18 de mayo, por primera vez desde la restauración democrática, un grupo de 35 reconocidos y reputados Catedráticos de Derecho Financiero y Tributario de toda España han realizado un manifiesto bajo el título de “La Declaración de Granada” Quince páginas de acusación en toda regla en las cuales se describe minuciosamente y con rigor un panorama desolador, un reproche justificado contra una Hacienda Pública que cada vez con mayor ahínco está generalizando en su actuación una situación incompatible con los valores de un Estado de Derecho.

Entre los firmantes de este documento sin precedentes están catedráticos y autores de prestigio y mucha consideración, desde Matías Cortés,  autor, hace 50 años, del primer manual publicado de Derecho Tributario Español, a Rodríguez Bereijo, expresidente del Tribunal Constitucional, y otros importantes hacendistas y catedráticos como Juan Martín Queralt, Fernando Pérez-Royo, Tejerizo, Martín Delgado,…así hasta los treinta y cinco donde se incluyen varias generaciones de especialistas, de referencias, de manuales.

El importante documento comienza ensalzando la figura del Tributo, que se ha convertido en uno de los motores imprescindibles de las sociedades modernas y es el que permite sufragar los servicios y necesidades esenciales de los ciudadanos. Sin ellos, describen, “ni la sanidad pública, ni los servicios sociales, ni la educación universal, ni la búsqueda de la igualdad, ni algo tan material como las infraestructuras, serían posible”.

Y en este punto añaden; “nada puede justificar el fraude tributario, ni siquiera la utilización torticera por parte de los poderes públicos, o por algunos de sus servidores, de los recursos allegados, algo de lo que desgraciadamente hemos tenido muchos ejemplos en los últimos tiempos. El saqueo, el derroche o simplemente el mal uso de los fondos públicos no justifican de ninguna manera cualquier forma de “objeción fiscal”.

Desde esta convicción manifiestan el rechazo más absoluto al fraude, en todas sus formas, desde las más simples a las más sofisticadas, y en ese sentido exponen que “todos los esfuerzos que los poderes públicos lleven a cabo para conseguir que se satisfagan los tributos con respeto a los principios constitucionales contarán siempre con nuestro aliento y apoyo, por modesto y limitado que sea”.

Contundente alegato contra el fraude fiscal, contra el mal uso público de los recursos, contra los que por ello pretenden justificar su fraude, y a favor de todos los esfuerzos de las instituciones y organismos públicos, eso sí, siempre con respeto a los principios, nada más y nada menos, que a los principios constitucionales.

Pues dicho esto, comienza a desgranarse en el documento toda una muestra de despropósitos y ataques realizados por los propios órganos administrativos a los principios rectores del ordenamiento tributario y en este sentido exponen con toda razón y crudeza, que bajo el pretexto de lucha contra el fraude “en este campo como en todos los que rigen la vida social no todo es permisible. El fin, por loable que sea, no justifica los medios”, y los esfuerzos para atajar el fraude no pueden obnubilarnos y con ese pretexto quebrar los principios de justicia tributaria.

Y reprochan con contundencia: “Parece que el afán  recaudatorio se ha convertido en el único objetivo del comportamiento de los órganos tributarios, con el olvido de los derechos y garantías individuales”.

Y claro, si el único fin, que parece desprenderse de la actuación de los órganos legislativos, ejecutivos y fiscalizadores es la recaudación sea de la forma que sea, consustancialmente  lleva implícito la realización de actos indeseables desde el punto de vista de las garantías y de la seguridad jurídica. ¿Cómo? Pues primero llevando a cabo la creación de normas reglamentarias e instrucciones internas que solo están pensadas para allegar más recursos al Erario Público, pero no necesariamente para hacerlo de forma más justa, y por ahí se empezó hace ya un tiempo, coincidente con los años duros de la crisis de 2007.

Siguiendo con el manifiesto y dado el lógico y limitado espacio de esta Tribuna les aconsejo leer las quince páginas de exquisita literatura jurídica, terminología y conceptos de los que bien debería repasar nuestro legislador sobre todo a la hora de redactar las normas.

“Y todo esto se ha agravado en un Estado compuesto como nuestro Estado Autonómico, con multiplicidad de órdenes jurisdiccionales (TSJ, AN, Y TS) y TEAR, con una gran litigiosidad en materia tributaria, lo que genera grandes dosis de inseguridad jurídica¨.

En este sentido denuncian que tampoco se respeta el principio de igualdad, entendido como la necesidad de que “todos” los españoles deban tributar, al menos de modo similar, cualquiera que fuera la comunidad autónoma donde residan. Sobre este particular alertan sobre el tratamiento desigual conferido a todos los españoles atendiendo al origen territorial de sus rentas. Y, sobre todo, existen diferencias y discriminaciones, por razón de la residencia dentro del territorio de nuestro país. Estas diferencias de tributación son muy importantes y especialmente graves cuando ello afecta a los impuestos,  que forman parte de la esencia del deber de contribuir.

“El ciudadano no alcanza a comprender la existencia de tratamientos tan desiguales en el cumplimiento del deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas por razón del territorio dentro de un mismo Estado. Y tampoco nosotros alcanzamos a comprender la ruptura de la unidad de la Hacienda Pública. El Estado debe ejercer de forma activa su competencia exclusiva de armonización y regulación de la Hacienda General (artículo 149, 1, 14 CE); y otra, la de aprobar Ley es que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas (artículo 150.3 CE).”. En definitiva, prosiguen, “no se trata de argumentar en contra de la diversidad propia del Estado Autonómico, sino en contra de la desigualdad entre los ciudadanos del mismo Estado en el cumplimiento del deber de contribuir (artículo 138 CE)”

Y recuerdan, además, que ello es así porque nos lo ha tenido que decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ante el silencio de nuestro Tribunal Constitucional.

Estamos ante otro ejemplo más, y esto también lo añado yo, de como se hacen aquí las cosas, y en virtud de que objetivo se legisla tan rematadamente mal y bajo que principios se amparan las normas. Todo ello delante del desorientado y sometido contribuyente que observa en directo como se le obliga de manera coercitiva a cumplir cada vez con más deberes y obligaciones, convertido el contribuyente en un colaborador dependiente y gratuito para la Hacienda Pública que, además, le sanciona sin remisión por cualquier defecto o formalidad sin ni siquiera trascendencia liquidatoria y, sin embargo, los errores de funcionamiento, de calado y liquidatorios cometidos por los órganos administrativos, que si causan perjuicios a los ciudadanos, en absoluto están sujetos, en su inmensa mayoría, a responsabilidad alguna.

“El problema es muy grave, y se acentúa  cuando, como sucede actualmente, el Legislador ha convertido al contribuyente en una especie de administrador vicario, lo que obliga a cumplir con unas obligaciones materiales y unos deberes formales que originariamente deben ser propios de la Administración Tributaria.

En esta situación, el contribuyente sólo siente la cercanía de la Administración cuando se ve sancionado por haber cumplido mal, a juicio de ésta, con las obligaciones y deberes a los que está llamado. Hemos llegado así  a una Administración que solo realiza funciones de control y castigo”.

Más claro, imposible.

Y a su buen juicio, estos son los principios jurídicos violentados que el manifiesto desgrana y motiva minuciosamente y con poderosos fundamentos:

-La quiebra del principio de legalidad.

-La quiebra del principio de igualdad.

-La quiebra del principio de seguridad jurídica.

-La quiebra del principio de solidaridad.

-La quiebra del principio de justicia financiera.

Nada más y nada menos.

Y para finalizar el manifiesto exponen: “No obstante, deberíamos ignorar la leyenda que aparece en la entrada en el infierno de Dante, y seguir luchando para que las aguas de la justicia financiera vuelvan al cauce del que nunca debieron salir”.

De gran categoría.

Es temprano, acabo de abrir una ventana en el despacho y parece entrar una bocanada de aire limpio y fresco. Tan necesario.

  • Begoña López

    Gran artículo. Demuestra que entiende muy bien la materia con la que trabaja. Enhorabuena.

  • Rafael

    Muy buen artículo Victor, de gran categoría.

  • Fernando Franco

    Magnífico artículo. El señor Lopez Soberado sabe de lo que habla. Gran profesional.


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