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Una opinión a contramano

Fernando Santiago Muñoz | 20 de noviembre de 2019

UNA SENTENCIA QUE RAYA EN LA “IGNORANCIA INEXCUSABLE”. JAVIER PÉREZ ROYO EN ELDIARIO.COM

La sentencia de los ERE dada a conocer en el día este martes es muy extensa, como el lector con seguridad sabe. Tiene 1.821 folios. Pero de esos 1.821 solamente 65 integran el apartado dedicado a los “HECHOS PROBADOS”.

Dicho apartado es la columna vertebral de una sentencia penal. En el relato fáctico declarado probado tienen que figurar de manera inequívoca las conductas que son calificadas como constitutivas de delito. Una vez que están identificadas dichas conductas, viene la fundamentación jurídica, en la que el Tribunal tiene que argumentar por qué atribuye de manera individualizada a los encausados la comisión de uno o de varios de los delitos que han aparecido en el relato fáctico. La fundamentación jurídica es tributaria del relato fáctico. En ningún caso la fundamentación jurídica puede convertir en delito lo que no lo es de acuerdo con los propios “hechos probados” apreciados “en conciencia” por el Tribunal.

Dada la extensión de la sentencia, me voy a limitar a la atribución de los delitos de prevaricación y malversación a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. He leído detenidamente el apartado de los “Hechos Probados” y la parte de los “Fundamentos Jurídicos” en los que se individualiza la responsabilidad penal de ambos expresidentes. El resto de la sentencia lo he ojeado.

Los hechos probados respecto de José Antonio Griñán, en su condición de Consejero de Economía, primero; y Presidente de la Junta de Andalucía, después, se reducen a que suya era la responsabilidad de elaborar el proyecto de Presupuestos que elevaba al Consejo de Gobierno, a fin de que éste lo aprobara y lo remitiera a continuación al Parlamento para el debate de totalidad, discusión y aprobación como Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En cuanto miembro del Gobierno participaba también en la aprobación definitiva del Proyecto, así como de las sucesivas modificaciones presupuestarias que se iban aprobando, más de una en casi todos los años desde 2000 a 2009. Y en cuanto Consejero de Economía era responsable de la gestión de la Consejería.

Respecto de Manuel Chaves, su responsabilidad se limita en cuanto Presidente del Consejo de Gobierno a la aprobación del Proyecto de Presupuestos y de las modificaciones presupuestarias.

Estos son los únicos “hechos probados” imputables a los expresidentes. Resulta indubitable   que José Antonio Griñán dirigía el trabajo de elaboración del Proyecto de los Presupuestos y que tanto él como Manuel Chaves aprobaban en el Consejo de Gobierno dicho Proyecto. Lo mismo cabe decir respecto de las modificaciones presupuestarias. Pero hay que añadir que la sentencia reitera en docenas de ocasiones que la aprobación de los Presupuestos y las modificaciones presupuestarias se aprobaban por el “Consejo de Gobierno (presidido por Manuel Chaves o José Antonio Griñán) previa tramitación de la Consejería de Economía y Hacienda, con informe favorable del Director General de Presupuestos y de la Intervención General, estudio y aprobación de la Comisión General de Viceconsejeros”.

En esos Presupuestos figuraba año tras año, desde 2000 hasta 2009, una partida de la que, en opinión del Tribunal, se hizo uso de manera irregular de forma generalizada. Ninguno de los expresidentes participó directamente en el uso irregular de dicha partida. Ni una sola vez se indica en los “hechos probados” que lo hicieran; pero es obvio, dice la sentencia, que no podían desconocer dicho uso irregular y, en consecuencia, al elaborar uno el proyecto de Presupuestos y al aprobarlos ambos incluyendo esa partida año tras año, hay que concluir que  deliberadamente  organizaron una operación que se podría calificar de “fraude presupuestario”. Formalmente se aprobaba unos Presupuestos. Materialmente se daba vía libre en los mismos a un uso irregular del dinero público.

Esto no se constata, porque no se puede constatar. Es un “juicio de intenciones”. Es imposible, dice la sentencia, que la inclusión de la partida presupuestaria de los “ERE” no se hiciera de forma fraudulenta. Y por tanto, los expresidentes tienen que ser considerados responsables de su inclusión.

Desde el punto de vista de la responsabilidad política no cabe duda de que el argumento es plausible. Puede que sea así, puede que no. Pero es una posibilidad que puede ser considerada. Desde el punto de vista de la responsabilidad penal, no.

La Ley de Presupuestos es una Ley. Los actos preparatorios necesarios para la aprobación de una ley carecen de sustantividad jurídica. En el momento en que la Ley ha sido aprobada, quedan fuera del universo jurídico. El Gobierno puede haber elaborado un Proyecto de Presupuestos con finalidad fraudulenta, pero, si el Parlamento lo tramita parlamentariamente y lo aprueba, el acto del Gobierno es jurídicamente irrelevante.

El ordenamiento jurídico del Estado Constitucional descansa en la presunción “iuris et de jure”, que no admite prueba en contrario, de que el Parlamento no es susceptible de ser engañado. Políticamente se le puede engañar, pero jurídicamente no. La voluntad expresada por el Parlamento es la voluntad general, es la ley. Nada de lo que haya ocurrido en el proceso de elaboración de la ley es jurídicamente relevante, una vez que ha sido aprobada.

Esta es la razón por la que, tras la aprobación de la Ley, no es posible exigir responsabilidad penal a nadie de los que ha participado en el proceso de elaboración de la misma. Nadie que tenga una mínima formación jurídica puede desconocerlo. La Ley de Presupuestos podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) y el TC y nadie más que el TC podría tomar en consideración el proceso de elaboración de los mismos para argumentar su posible anticonstitucionalidad. Fuera del TC no hay en el Estado Constitucional nadie que pueda “evaluar con efectos jurídicos” de los actos preparatorios de la aprobación parlamentaria del Presupuesto. Y el TC puede hacerlo, pero no podría fundamentar solamente en esa circunstancia una sentencia de inconstitucionalidad. Incluso el TC está limitado al analizar dichos actos preparatorios. Puede evaluarlos, pero no puede determinar que tienen sustantividad propia.

En el marco de la Ley de Presupuestos, los delitos que la sentencia atribuye a los expresidentes son delitos imposibles. El Tribunal puede estar convencido de que los Gobiernos presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán engañaron al Parlamento, pero eso no es delito. Se trata de una sentencia que raya con la “ignorancia inexcusable”.

Algunas reflexiones

Fernando Santiago Muñoz | 20 de noviembre de 2019

No he leído la sentencia y me malicio yo que salvo los abogados defensores nadie se la va a leer aunque políticos y tertulianos hablan con una ligereza asombrosa. Son 1.700 folios y hay muchas otras cosas que leer más interesantes y divertidas. Sí he leído el fallo, un resumen y algunos comentarios de personas que han opinado al respecto, periodistas y políticos sobre todo. Quisiera decir en primer lugar, por circunscribirnos al ámbito local, que no es cierto que se hayan robado 680 millones de euros como dijo el alcalde, que tampoco se ha leído la sentencia. Puso ese comentario minutos después de comunicarse por lo que es imposible que se haya leído ni el fallo siquiera. Un ejercicio de frivolidad impropio de un dirigente político. Se han despilfarrado, malversado , 680 millones (por cierto, no mil como decían algunos). Si el alcalde de verdad cree que se han robado 680 millones lo que debe hacer es promover en su partido (no tiene que irse muy lejos) que se devuelva hasta el último euro. Entonces nos encontraríamos en la situación de que 6.000 prejubilados tendrían que devolver lo que han cobrado en estos años, algunos de ellos vecinos de esta ciudad (¡Delphi!). Debería reunirse con ellos y decirles directamente que tienen que devolver ese dinero. No basta con reunirse con aquellos a los que se les muestra solidaridad.  Los dirigentes del PP y de Ciudadanos que gobiernan Andalucía pueden proceder a recuperar el dinero, llamando a las puertas de los 6.000 prejubilados, por ejemplo. Nos íbamos a reír mucho.

Lo que yo creo y conozco del sistema:

1.Surge en esa idea del PSOE de Andaucía de promover la paz social. Para evitar los conflictos se buscó la manera de ayudar a los trabajadores de empresas en crisis con este sistema de los expedientes de regulación de empleo que permitían pagarles una cantidad de dinero hasta el día de su jubilación. El mecanismo era a través de las llamadas “pólizas de renta” que pusieron en marcha algunas aseguradoras. Eso venía a costar al año entre 70 y 80 millones. A este mecanismo se acogieron algunas empresas por toda Andalucía.

2. A partir de ahí se fomenta una red clientelar del PSOE de Andalucía que busca no solo la paz social sino asegurar mayorías electorales para el PSOE y en algún caso mayorías internas en agrupaciones socialistas dentro de las luchas sectarias en el seno del PSOE. En realidad casi todos los partidos montan sus redes clientelares, siempre con dinero público. En este caso es que fue a lo grande.

3. Robo. Ninguno de los dirigentes socialistas ahora condenados se ha llevado dinero para sí mismo ni ha promovido ingresos para el PSOE. Han sido condenados por prevaricación y malversación, este último delito tiene pena de cárcel. Cuando se juzguen otras piezas separadas veremos a los que se han enriquecido: bufetes de abogados, compañías de seguros, corredurías de seguros, conseguidores. Luego está el tema de los intrusos, 140 de 6.000. Un descaro muy grande por donde se colaron amgios y familiares. Estos sí deberían devolver lo cobrado indebidamente cuando termine de señalarlos la justicia. Cuando Griñán y Chaves estaban aforados el Supremo tramitó la causa y descartó la malversación. Ya veremos cuando los recursos lleguen al alto tribunal.

4. Se montó un sistema que evadía el control y la fiscalización del dinero público de manera inaceptable. Esperemos que haya ahora instrumentos legales que impidan en el futuro una cosa así.

5. Si Chaves y Griñán sabían cómo se estaba gastando el dinero público y no hicieron nada merecen la condena moral, penal y política. Si no lo sabían merecen la condena política porque bajo su responsabilidad se cometieron todas estas tropelías.

6. Hay tres frases desgraciadas que han marcado todo este proceso: la de Javier Guerrero del fondo de reptiles, la del chófer de Javier Guerrero diciendo que compraba cocaína con ese dinero, y la del conseguidor Juan Lanza diciendo que había billetes para asar una vaca. Hablan por sí mismas y por quien lo dijo y lo practicó.

7. En mi modesta opinión lo de la Gurtel es mucho peor porque además de despilfarrarse el dinero público hubo un beneficio para el PP y para determinados dirigentes de ese partido. Creo que es mucho peor. Ya veremos cuando haya sentencias en los casos Púnica y Lezo. No sirve que cada partido se lance a la cara del otro sus casos de corrupción, son repugnantes y ya está. Tenemos que salir de este fango cuanto antes. El PP tiene también en Andalucía sus Guerreros y sus Lanzas, por cierto. Tiempo al tiempo.

8. Me permiten una reflexión íntima: lamento la situación  de cinco personas a las que conozco y aprecio Manolo Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Antonio Fernández y Agustín Barberá. No me gusta ver cómo sufren. Por mucha condena que hayan tenido y que pueda ser ratificada por el Supremo no puede remediar sentir pena por ellos. Siento la contradicción.

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A la espera de enterarme bien de la sentencia, parece que han prosperado las tesis de la juez Alaya y del fiscal. Habrá que ver cómo sale la cosa del Supremo. Este caso es hijo de los años de soberbia e impunidad del PSOE.

En el plano de lo personal me duele ver a los que conozco en esta situación: Chaves, Griñán, Barberá, Zarrías y Antonio Fernández.