España se vuelve nihilista

Carlos Mármol | 7 de agosto de 2012 a las 6:06

Decía Sir Winston Churchill, ese gran fumador de habanos, que los reyes y los hombres deben ser juzgados en los momentos críticos de su existencia. Rara vez en el trance de los éxitos. La encuesta del CIS hizo ayer realidad esta máxima –valorar a los gobernantes en las duras, en lugar de en las maduras– y nos regala un retrato de nuestra clase política que no es precisamente edificante. Casi nueve de cada diez ciudadanos ven las cosas mal, un 40% creen que la situación todavía puede empeorar –parece que aún no hemos tocado fondo– y, de forma general, enjuician a los gobernantes que han elegido con una mezcla de hastío, cansancio y honda resignación, en función del humor de cada uno.

La radiografía del CIS viene así a certificar una de las principales y más preocupantes enseñanzas de esta durísima crisis: el nihilismo político ha dejado de ser una sensación de minorías disidentes para instalarse, acaso de forma permanente, en el ánimo de un buen número de ciudadanos. Algo que debería hacer reflexionar a los gobernantes que a estas alturas todavía siguen suspirando con la etapa dorada de la Santa Transición, el gran mito político de la España reciente. Error y nostalgia.

La crisis, como tantas otras cosas, ha destruido ya esta épica del pasado democrático más cercano para tratar de sustituirlo por una suerte de restauración reinventada que no termina de contentar a nadie. De Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas. De Rajoy a Rubalcaba y viceversa. En eso parece consistir el juego.

Y, sin embargo, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas apunta ya otra opción: la fórmula argentina. Ni unos ni otros. Que se vayan todos. Ninguno de los máximos referentes –más orgánicos que sociales– de las dos grandes fuerzas políticas nacionales salen bien parados del donoso escrutinio popular. Rajoy, cuya primera legislatura como presidente va a estar marcada por el naufragio económico, no pasa del suspenso bajo: 3,3. Rubalcaba, que no termina de arrancar, probablemente por falta de gas, apenas le supera en algunas décimas más de popularidad. Ninguno de los dos está para tirar cohetes.

Que la gente empiece ya a no creer en nada no resulta extraño. Pasa a diario: se pierde el trabajo, los ingresos menguan, la incertidumbre crece y los principios, antes tan sólidos, se tambalean sin remedio. Tener fe en el futuro es un lujo que los españoles ya no podemos permitirnos.

Los partidos, sin embargo, hacen caso omiso a esta verdadera tragedia colectiva y evalúan los resultados del CIS en función de las opciones de poder. Nueva constatación de que ellos van por un lado y la sociedad por el opuesto. El PP ha perdido hasta ocho puntos desde su rotunda victoria de noviembre. En los últimos meses la imagen de Rajoy se ha deteriorado de forma manifiesta. El PP todavía sigue teniendo ventaja –aunque esto para la gente es lo de menos– porque los socialistas no terminan de rentabilizar a su favor el desgaste del Gobierno. Ni se cree en la oposición ni tampoco en el Ejecutivo.

La batalla diaria para el común de los mortales consiste en esquivar los recortes –algo imposible–, perder su escaso dinero para salvar a los bancos y ver el circo estéril de una clase política que habla mucho pero no es capaz de reformar el sistema precisamente para que perdure. Justamente para no mirarse a sí mismos, los políticos se abrazan a las banderas de ocasión. Apelan a la dignidad patriótica del sacrificio.

En Cataluña los nacionalistas reclaman un trato diferencial a pesar de estar ya en quiebra. Andalucía opta por revisitar el nacionalismo –socialista, en este caso– del 28-F. Todo antes que contemplarse en crudo ante el espejo. Los recortes van a ajusticiar el débil Estado del Bienestar que creíamos haber construido. Pero no desaparecerán ni el Senado ni las Diputaciones. Los intereses creados son demasiado poderosos.

El CIS dice que apenas un 8,9% de los españoles son partidarios de la independencia de las regiones históricas. Ante las arcas vacías, toda la discusión se limita pues a elegir entre los ajustes sociales –los únicos que se han puesto encima de la mesa– o reformar la arquitectura institucional heredada; no para eliminarla por completo, sino para que pueda sobrevivir, ser creíble y útil.

El 21% de los ciudadanos preferiría ya volver al antiguo Estado centralista, mientras un 17% restaría poder a las autonomías. Suman hasta un 39%. Cifra nada despreciable. Los partidarios de las comunidades aún son cuatro puntos más (42%), incluyendo a quienes quieren darles más poder. Éstas son las actuales dos Españas. Pero nada tendrán que repartirse si terminamos en la bancarrota.

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