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Y llegaron las ordenanzas

Luis J. Pérez-Bustamante Mourier | 4 de octubre de 2015 a las 6:45

Poco más de cien días ha tardado el cogobierno de PSOE e IU en mostrar las primeras cartas de cómo va a ser su modelo de gobierno para la ciudad. Más allá de los juegos florales, tanteos y cortinas de humo surgidas alrededor de la ciudad deportiva del CCF, de la gestión del Alcázar de los Reyes Cristianos o, en la última semana, del convenio entre Defensa y el PP para las Caballerizas Reales, el proyecto de ordenanzas fiscales ha sido realmente la primera gran prueba de fuego por la que han pasado los dos partidos que conforman la coalición que manda en Capitulares. Y en esa prueba de fuego, el cogobierno ha optado por la solución más fácil: subir la presión fiscal para incrementar los ingresos. En palabras de Alba Doblas, la edil encargada de los asuntos de la Hacienda pública, la decisión viene marcada por el criterio de “progresividad” y por la necesidad de conseguir que “paguen más quienes más tienen”. Hasta aquí todo suena bien y muy loable.

Sin embargo, surgen ciertas dudas sobre si realmente esa progresividad que se persigue castiga a los que más ganan o cae a plomo sobre las carteras de una ya de por sí bastante depauperada clase media. Decisiones como subir un 3,1% el impuesto a los vehículos de 12 caballos fiscales –casi el 50% del total–, incrementar un 2% la tasa de basura o retirar parte de las ayudas que recibían las familias numerosas no parecen encaminadas a que esos que más ganan –y que podríamos identificar como los que viven en el Brillante o en las zonas nobles del centro y las áreas de expansión– se dejen caer por las arcas municipales.

No haría mal el cogobierno en pensar que la crisis no sólo ha afectado a aquellos que se encuentran en una situación directa de exclusión, sino que hay multitud de familias en la capital que antes formaban parte de esa clase media y que ahora se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. Otra cosa es que esas familias vivan en una zona u otra de la ciudad. La solidaridad es un bien que hay que proteger, sin duda, pero no puede ir en contra del día a día de los cordobeses. Los socios plantean un proyecto en el que va a lo fácil, subir los impuestos para recuperar ingresos y de este modo afrontar las necesidades de personal que padece y cubrir la recuperación de pagas que los funcionarios perdieron y que el Gobierno ha decidido ahora reponer. Todo esto es muy loable, pero no debe olvidarse que hay otra parte de la ciudad que no recibe estos beneficios y no puede cargar sobre sus espaldas más esfuerzos.

Al tiempo, el cogobierno cae en los errores de todos sus antecesores y plantea un proyecto sin interlocución con los grupos de la oposición además de mediatizado por las exigencias de Ganemos Córdoba. Si la alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunciaba nuevos tiempos, una ciudad más amable y una ciudad en la que el diálogo y la comprensión fueran las notas dominantes no parece que este proyecto de ordenanzas sea precisamente así. Salvo que pensemos, no sin algo de mala leche, que el pacto lo que hace es enseñar la patita de lo que puede venir en el futuro y pueda ser cierto eso de que PSOE e IU van a gobernar para favorecer a sus votantes más que al global de la ciudadanía. Y ese sería un mal comienzo para arrancar cuatro años en los que el diálogo no es que sea una necesidad; es una obligación marcada por los cordobeses en las urnas.