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Colecor, episodio 50.000

Luis J. Pérez-Bustamante Mourier | 17 de febrero de 2014 a las 9:24

EL Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado que Rafael Gómez cometió una infracción “grave” al construir las famosas naves de la Colecor y que por ello el empresario cordobés debe pagar 20 millones de multa a la ciudad. Argumenta el tribunal, para usted y para mí, que el ahora populista líder político se saltó a la torera todos los procedimientos legales, se cachondeó de los avisos de precinto de la obra que le realizó la Policía Local y siguió a la suyo a pesar de que la construcción tenía menos papeles que una liebre. Hasta aquí nada que sorprenda. La única novedad en toda esta historia deviene de cierto recorte de la cuantía de la púa que le han impuesto y que pasa de los 24,6 millones de los que usted y yo nos habíamos acostumbrado a hablar a tan solo 20. De aquí se deriva también que tengamos que hacer un esfuerzo para recalcular el importe total que el antaño omnipotente constructor debe a Córdoba y que ahora se sitúa en el entorno de los 36 millones frente a los 40 de antes. Como ven complejos manejos mentales para llegar a la misma conclusión.

A esa conclusión ha llegado también el terror de Cañero, quien el viernes volvía a insistir que esa multa no la va a pagar él -esta vez parece que su famosa prima la pelá tampoco- aunque el Tribunal Constitucional, último reducto jurídico que le queda le obligue también a hacerlo. Dice Gómez que no tiene dinero para satisfacer al erario publico y pone al decirlo cara de no haber roto un plato y hechura de ser víctima de una conspiración. Al tiempo insiste en señalar a Rosa Aguilar como la gran culpable de sus males, como si la exregidora fuese una especie de gran Satán que le convenció para ponerse la legalidad por montera y afrontar su megalomaníaco proyecto. Que hubo connivencia municipal entonces es algo de lo que yo no dudo y me remito para ello a que las acciones policiales y administrativas que se tomaron fueron de todo menos intensas. Ahora, de ahí a que eso exima al constructor de su responsabilidad va un mundo.

Y mientras Rafael dice todo esto, el entonces cogobierno insiste en lo bien que lo hizo todo y el actual equipo de mando reitera, con poca convicción, que hará todo lo que está en su mano para poner la cartera del líder de UCOR boca abajo y sacarle hasta el ultimo real de vellón que tenga. Mientras, la Junta, que es la encargada de velar por la pureza del planeamiento urbanístico, y que tiene recurrido el plan de la carretera de Palma ante el TSJA, guarda un tupido silencio como si su ausencia de pronunciamiento la eximiera de su responsabilidad.

En definitiva, tras esta nueva sentencia volvemos al punto de partida, al arranque de este bucle histórico en el que a cada paso que se da mismas respuestas que se obtienen. Las naves siguen en pie, camino de la adolescencia, sin que nada ni nadie sea capaz de decidir definitivamente sobre ellas y usted y yo seguimos teniendo que pagar las multas de zona azul, los recargos administrativos y cuantas sanciones se nos impongan si no queremos que nos caiga encima todo el peso de la ley. Será que tendremos que dejarnos el pelo largo y teñírnoslo de blanco.