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El interés general de Gómez

Luis J. Pérez-Bustamante Mourier | 29 de septiembre de 2011 a las 13:57

Rafael Gómez ya es miembro de pleno derecho del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba en representación de Unión Cordobesa (UCOR) y en sustitución fulminante del portavoz municipal de esta formación, Juan Miguel Alburquerque. El empresario de Cañero accede por la vía democrática a un lugar en el que ha sido protagonista durante los últimos años no precisamente por actuaciones respetuosas con el orden legal. Nada se puede decir de esta presencia, más allá de que desafía a todos los principios de la ética y desafía a los controles públicos a permanecer en permanente estado de vigilancia. Él mismo lo ha dicho: “Yo no vengo aquí a resolver mis problemas, a mi eso me trae sin cuidado, yo vengo a trabajar por todos los cordobeses”. Inocente y cándida declaración de intenciones de quien tiene tras de sí, y no lo olvidemos nunca a la hora de hablar, el respaldo de 25.000 personas. Más que ningún otro partido de la oposición municipal.

Hasta aquí estaríamos hablando de algo llamativo pero legal. Un nuevo resquicio de la democracia por el que se cuelan protagonistas rodeados de un aura sui generis. Sin embargo, Rafael Gómez no dijo dentro lo mismo que manifestó antes de entrar. En la reunión, el empresario se quejó amargamente de que su grupo municipal no ha tenido acceso a la documentación del expediente de la multa de las naves de la Colecor. Criticó abiertamente al equipo de gobierno por negarle unos papeles que considera que su formación está en pleno de derecho de poseer. Y se quedó tan pancho. Aquí es donde entra el peligro de don Rafael. Aquí es donde estamos en nuestro derecho de pedirle que nos explique para qué quiere su formación esos papeles si él, como parte implicada en el proceso judicial en curso, tiene acceso a toda la documentación del caso. El dueño de Arenal 2000 queda en evidencia tan sólo minutos después de proclamar su limpieza de sangre y contribuye a que todos tengamos cada vez más dudas sobre los motivos reales que le mueven a estar presente sólo en las cuestiones urbanísticas tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación.

Gómez parece no haberse dado cuenta aún de que la representación del pueblo es algo más serio que una serie de discursos más o menos vacuos. No se puede ir por ahí desafiando a la legalidad, proclamando que no se pagarán multas y amenazando veladamente con tirar de la manta y decir quien te permitió cometer una ilegalidad y luego pretender que nos creamos que se trabaja en defensa del pueblo. No se puede pretender representar la legalidad vigente y proponer acto seguido que se conmuten las multas de los parcelistas y se legalicen las construcciones que conculcan la legalidad. No se puede, en resumen, fabricar una realidad a la medida que obvie lo que no conviene y subraye lo que mejor viene. Esto de ser concejal es más serio y, sobre todo, menos negociable.