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Cosmos arde

Luis J. Pérez-Bustamante Mourier | 13 de diciembre de 2015 a las 6:41

Que Córdoba es la ciudad de los debates surrealistas no es algo que vayamos a descubrir ahora. Sin embargo, hay que reconocer la capacidad que tiene la ciudad, o al menos parte de ella, para desarrollar polémicas alrededor de temas que se supone solucionados. La penúltima gira alrededor del proyecto de Cosmos de utilizar residuos como combustible. La iniciativa, que cuenta con el visto bueno de la Junta y que fue aprobada por Urbanismo en 2006 bajo la supervisión de Andrés Ocaña, parece que ahora no gusta en Capitulares. El bipartito ha planteado a la empresa una especie de órdago según el cual si se atreve a valorizar, o incinerar como dicen ellos, se arriesgan a que caiga sobre la multinacional todo el peso de la ley. El argumento, en palabras de nuestra lírica alcaldesa, es que la ciudad amable y sostenible que nos queremos dar no puede “abrazar” una factoría que lleve a cabo semejante labor.

Como espectadores de excepción, los 80 trabajadores de la industria, que temen por su nómina y han iniciado una ronda de movilizaciones. Para echarle más sal a la cosa aparecen los vecinos o los representantes de los vecinos, que no es lo mismo, para decir que Cosmos poco más o menos va a matarlos cuando empiece a valorizar. (Esta ciudad ha conseguido que lo que nació como un elemento altamente positivo, la representación vecinal, se haya convertido en una suerte de corralito político que actúa en función de quién esté en Capitulares. No pocas asociaciones responden de forma clara a postulados de partidistas).

Para situar esta polémica debemos retrotraernos a la campaña electoral cuando, en un acto absolutamente irresponsable, todos los partidos firmaron un compromiso para impedir que la factoría llevase a cabo sus planes. Compromiso electoral que buscaba el titular, la foto y agradar a los representantes de los vecinos y que obviaba a los varios cientos de familias que directa o indirectamente comen todos los días de esta fábrica. No nos debe sorprender que nuestros representantes políticos actúen como lo hicieron pues por eso estamos como estamos. Pero en una ciudad en la que el paro supera el 30% y en la que vivimos de un sector servicios que no genera la mejor contratación, atacar de este modo al escaso tejido fabril es, cuando menos, irresponsable. Hacerlo respondiendo a las presiones minoritarias es aún peor.

No vamos a negar que haya preocupación en el vecindario por este proyecto de Cosmos, tanto como no podemos dudar de que la ubicación de la fábrica no es la mejor. Pero ello no obsta para que pensemos que ésta estaba allí antes que el barrio. Además, si la fábrica tiene todos los permisos por algo será, salvo que pensemos que esos papeles valen casi tanto como los que envuelven los regalos navideños.

A última hora, y coincidiendo con la primer manifestación, la parte socialista del cogobierno da marcha atrás en la idea de llevar a pleno la salida de Cosmos del PGOU. Presiones de las agrupaciones locales y el miedo al impacto electoral de esta medida están tras una decisión que vuelve a poner de manifiesto que el bipartito no es un ejemplo de firmeza y cohesión. Y que vuelve a llevar a preguntarnos si después de seis meses y, visto lo visto, alguna vez va a haber alguna medida que se tome, para bien o para mal, que se mantenga en el tiempo.

La pelea de Cosmos no ha hecho más que empezar. Esperemos que el desenlace no se traduzca en la desaparición de unos cientos de empleos y en el empobrecimiento aún mayor de la ciudad en la que vivimos.

El interés general de Gómez

Luis J. Pérez-Bustamante Mourier | 29 de septiembre de 2011 a las 13:57

Rafael Gómez ya es miembro de pleno derecho del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba en representación de Unión Cordobesa (UCOR) y en sustitución fulminante del portavoz municipal de esta formación, Juan Miguel Alburquerque. El empresario de Cañero accede por la vía democrática a un lugar en el que ha sido protagonista durante los últimos años no precisamente por actuaciones respetuosas con el orden legal. Nada se puede decir de esta presencia, más allá de que desafía a todos los principios de la ética y desafía a los controles públicos a permanecer en permanente estado de vigilancia. Él mismo lo ha dicho: “Yo no vengo aquí a resolver mis problemas, a mi eso me trae sin cuidado, yo vengo a trabajar por todos los cordobeses”. Inocente y cándida declaración de intenciones de quien tiene tras de sí, y no lo olvidemos nunca a la hora de hablar, el respaldo de 25.000 personas. Más que ningún otro partido de la oposición municipal.

Hasta aquí estaríamos hablando de algo llamativo pero legal. Un nuevo resquicio de la democracia por el que se cuelan protagonistas rodeados de un aura sui generis. Sin embargo, Rafael Gómez no dijo dentro lo mismo que manifestó antes de entrar. En la reunión, el empresario se quejó amargamente de que su grupo municipal no ha tenido acceso a la documentación del expediente de la multa de las naves de la Colecor. Criticó abiertamente al equipo de gobierno por negarle unos papeles que considera que su formación está en pleno de derecho de poseer. Y se quedó tan pancho. Aquí es donde entra el peligro de don Rafael. Aquí es donde estamos en nuestro derecho de pedirle que nos explique para qué quiere su formación esos papeles si él, como parte implicada en el proceso judicial en curso, tiene acceso a toda la documentación del caso. El dueño de Arenal 2000 queda en evidencia tan sólo minutos después de proclamar su limpieza de sangre y contribuye a que todos tengamos cada vez más dudas sobre los motivos reales que le mueven a estar presente sólo en las cuestiones urbanísticas tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación.

Gómez parece no haberse dado cuenta aún de que la representación del pueblo es algo más serio que una serie de discursos más o menos vacuos. No se puede ir por ahí desafiando a la legalidad, proclamando que no se pagarán multas y amenazando veladamente con tirar de la manta y decir quien te permitió cometer una ilegalidad y luego pretender que nos creamos que se trabaja en defensa del pueblo. No se puede pretender representar la legalidad vigente y proponer acto seguido que se conmuten las multas de los parcelistas y se legalicen las construcciones que conculcan la legalidad. No se puede, en resumen, fabricar una realidad a la medida que obvie lo que no conviene y subraye lo que mejor viene. Esto de ser concejal es más serio y, sobre todo, menos negociable.