Las (in)competencias de la Junta

Javier Gómez | 5 de marzo de 2009 a las 15:15

 Resulta que la Junta de Andalucía, cuyos responsables se han estado llenando la boca todos estos días con los 27 acuerdos urbanísticos impugnados al Ayuntamiento de Alcaucín y las 21 denuncias de particulares tramitadas, no tenía motivo alguno para sospechar de los informes del Consistorio. Así que bastaba que entrara un papel encargado por el Consistorio y firmado por José Mora rechazando una denuncia por irregularidad urbanística para que el Gobierno andaluz dejara de preocuparse. “Nos creemos lo que dicen los órganos competentes. Se presume que es cierto porque proviene del Ayuntamiento”, ha dicho esta mañana la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, y se ha quedado tan ancha. Y eso que en Málaga llevamos más de diez alcaldes condenados, procesados o detenidos por corrupción urbanística.

Así que cuando toca sacar pecho, la Junta es responsable de la ordenación del territorio, de vigilar a los Ayuntamientos, de abrirles expediente o negarles las modificaciones de elementos de sus PGOU (por cierto que en Alcaucín hay algún que otro plan parcial de viviendas en suelo rústico que cuenta con los parabienes autonómicos). Pero cuando se produce una cagada mayúscula como ésta, cuando se archiva una denuncia con fundamentos sin dignarse a estudiarla, el urbanismo es una competencia exclusiva municipal y nosotros no tenemos nada que ver.

Uno se pregunta para qué demonios sirve la denominada Policía Urbanística del Gobierno andaluz, ésa que se vendió mediáticamente a bombo y platillo desde los tiempos de Jesús Gil en Marbella, si al final se trata de un equipo de burócratas que se dedican a mirar papeles y no a visitar los lugares denunciados. Y encima examinan mal los informes, pues el elaborado por el arquitecto de la Diputación encarcelado por la trama de corrupción ni siquiera llevaba el sello de registro de salida del organismo. Según los responsables de Diputación, era papel mojado.

También resulta inaceptable que alguien que tenga tanta responsabilidad por las mañanas en el control del urbanismo de la provincia pueda después por la tarde pasar al más lucrativo bando contrario, en su estudio privado dedicándose a sortear su trabajo matinal y el de sus compañeros. No sólo ha ocurrido en el caso de Mora y de la Diputación. También en la Gerencia de Urbanismo. También en la Consejería de Obras Públicas. Y en todos los casos los servicios jurídicos de las instituciones han visto compatibles estas actividades de moralidad y ética más que cuestionables. ¿Acaso no hay información privilegiada? ¿Acaso los funcionarios no tienen acceso, directo o indirecto a través de sus compañeros, a trámites y expedientes que no están al alcance del resto? ¿Acaso no pueden influir en la toma de decisiones de una u otra forma? Pues a juicio de nuestros responsables políticos no. Uno puede dedicarse por la mañana a controlar la legalidad del urbanismo de la provincia y por la tarde o en los ratos libres a asesorar a promotores y particulares al respecto.

La única dimisión que hasta ahora se producido en el Gobierno andaluz por los múltiples casos de corrupción urbanística ha sido de carambola. Mal aconsejado y huyendo con buen juicio de las premisas del PSOE de Málaga -cuya dirección en tiempos de Marisa Bustinduy desoyó sistemáticamente las denuncias por corrupción-, el consejero Juan Espadas nombró para el cargo a una persona de perfil técnico, la inspectora jefa. Desgraciadamente para ella, como descubrió este periódico, su nombre aparecía en el sumario de la operación Malaya por mantener varias conversaciones teléfonicas (pinchadas) con un abogado investigado (que no procesado), con el que había montado una empresa de asesoría legal y urbanística. El contenido de las charlas revela un comportamiento cuestionable ética y moralmente a juicio de este diario y de este periodista, pero no de los servicios de Inspección de la Junta, que archivaron la investigación interna.  El caso es que la delegada no duró tres días en el cargo, al dimitir oficialmente por el “linchamiento mediático” pero forzada por el consejero. Es María José Mata, la misma inspectora que da el visto bueno al informe de José Mora de Alcaucín. La misma persona avalada públicamente, tras su cese, por el ex delegado José María Ruiz Povedano, hoy consejero delegado de la SOPDE, el organismo de la Diputación de Málaga que hace, entre otras muchas cosas, los PGOUs de muchos pueblos.

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