Ese dinero es mío

Javier Gómez | 5 de abril de 2009 a las 2:15

Tan aficionados como son los políticos a crear instituciones de todo tipo y dudosa utilidad para colocar a compañeros, próximos candidatos, últimos derrotados o simplemente a viejos elefantes a la espera de la jubilación y de una buena pensión, resulta extraño que a ninguno se le haya ocurrido crear un Observatorio del Gasto Público. Así, con mayúsculas. Gasto entendido no como inversión, sino como dispendio, como empleo superfluo e innecesario del dinero de los ciudadanos. Existe un defensor del contribuyente dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, pero lamentablemente entre sus atribuciones no está la de fiscalizar si cada euro público se utiliza realmente para fines públicos o bastardos.

Desde luego, los medios de comunicación no somos los más adecuados para tirar la primera piedra en este asunto. Porque aunque periódicos, radios e incluso televisiones se supone que dan servicio al derecho constitucional a la información -y uno incluiría que al control del poder-, no parece sano para la libertad de prensa que el Gobierno, las comunidades autónomas y las corporaciones locales sean los principales anunciantes del país y que las cuentas de explotación de los medios dependan de estar a buenas con los políticos a los que deben vigilar. Pero a pesar de no estar libres de pecado, lanzaremos la dichosa piedra.

En Málaga, como en otros muchos lugares de este país, la prostitución del dinero público es tan habitual que ya no escandaliza. Los abusos se han hecho tan frecuentes que los hemos asumido como normales y, lo que es peor, como parte intrínseca del sistema democrático. Nos parece lógico que cada concejal, cada diputado provincial, tenga su coche oficial con chófer. No cuestionamos que alcaldes como los de Málaga o Fuengirola cuenten con vehículos de lujo a su disposición que cuestan más de 100.000 euros a las arcas municipales. Que en aras del pacto PSOE-IU en la Diputación pueda llegarse a una proporción inaceptable de asesores y cargos de confianza o a que la empresa provincial de la vivienda, que hace unas escasísimas 60 VPO al año, pueda pagar dos sueldos de 72.000 euros a su gerente y consejero delegado. Cada año asistimos a eventos, fiestas, almuerzos y exposiciones subvencionados con fondos públicos con el único interés de promocionar al político de turno o de propagar los logros del partido en el poder. Hemos transigido con que determinados cargos municipales cobren 180.000 euros al año y tengan cláusulas de blindaje en base a una supuesta valoración de mercado de sus capacidades, aunque no los haya fichado ningún tribunal independiente. Y así los cargos y puestos públicos se multiplican de manera inversamente proporcional a los títulos y méritos de los políticos que de forma abrumadora los ocupan. Gracias a controlar una pequeña agrupación, a conseguir afiliar al partido a un buen número de militantes, muchos de ellos familiares, o de tener cierta influencia política, uno puede convertirse en consejero de una caja, en gerente de consorcio, delegado, director general, presidente o consejero delegado. Y ese es sólo el principio, porque a partir de ahí sólo queda gastar más.

Esta semana ha llegado al Congreso una grotesca bronca por un ridículo cartel del Ayuntamiento. Seguro que al alcalde, Francisco de la Torre, se le podrían ocurrir otras muchas cosas en las que emplear los 5.000 euros que ha costado la indigna puyita al Ministerio de Medio Ambiente a cuenta de la ampliación del paseo marítimo de Poniente. Con ese dinero se pueden pagar desayuno, almuerzo y cena a 625 necesitados en el albergue municipal. Incluso costear los caros menús de esta Semana Santa, a 24,6 euros el cubierto, a 203 policías locales. Y sobre todo, se corre el riesgo de que se desate una guerra de carteles y propaganda en cada uno de los cientos de conflictos abiertos entre las administraciones, ante lo que se frotan las manos los rotulistas e incluso los medios de comunicación a la caza de publicidad. Es fácil imaginar los primeros anuncios. “El Ayuntamiento quería tuneladoras, pero la Junta usa los molestos muros pantalla para el Metro”. “La Junta quería un megahospital, pero el alcalde no nos deja recalificar los suelos de Carlos Haya mientras sí se lo permite a los promotores privados”.

La bronca en el Congreso, además de abochornar a los malagueños ante los representantes electos de todo el pueblo español, dejó en mal lugar tanto a Celia Villalobos como a Miguel Ángel Heredia. El socialista tendría que mirar muchos de los derroches similares que hacen sus compañeros antes de insinuar que el alcalde de Málaga “roba”. Por su parte, la veterana popular debería guardar un poco más las formas y recordar que no engaña a nadie con su falsa y encendida defensa del regidor y de un cartelón indecente. Eso sí, publicidad gratis han conseguido ambos a raudales.

  • Y que podemos hacer?

    ¿Acaso tenemos alguna alternativa?. NO es cuestión de a lo que no hemos acostumbrados a ver, sino que estamos a la merced, de la voluntad, la ética, de la clase política. Ya no es tan siquiera, una opción de a quien das tu voto, en determinadas elecciones, sino que consigues dando tu voto a este uno o a este otro partido. La cuestión es mucho mas profunda, tan profunda, que nadie, ningún partido político se atreve ni tan siquiera a mencionar en su proyecto político. Cuestiones como la molificación y control de determinados nombramientos institucionales tanto a nivel nacional, provincial y local.
    Tan simple cuestión, no tiene a los votantes desilusionados a la hora de votar a unos u a otros grupos políticos, porque sabemos, que ya o es tanto a quien votes, sino de lo que las leyes o la ausencia de ellas, les va a permitir gobernar sin transparencia, con opacidad, con prepotencia, y sirviéndose del engaño y de medias verdades, para seguir manteniendo un status personal, que para nada tiene que ver con lo social y del compromiso adquirido para con los ciudadanos en general y para quienes lo votaron en particular. Cuando ese simple punto se olvida, se obvia o se omite y/o se acalla, se entra en una vorágine de avaricia acallada con un amuermamiento, adormecimiento, de cualquier ápice de ética y moralidad.
    Ante tal panorama, ¿que podemos hacer los ciudadanos de a pie?
    ¿¿¿Alguien tiene la respuesta??