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No es país para lo serio

Javier Gómez | 24 de julio de 2011 a las 20:55

En un país serio resultaría improbable que catorce controladores aéreos se pusieran enfermos a la vez, víctimas de una extraña epidemia de estrés, y dejaran en la estacada a los miles de pasajeros de los 200 vuelos anclados a tierra. Sobre todo, sería inasumible que unos médicos firmaran a posteriori esas bajas, como si el escándalo de la huelga-deserción, como si el secuestro de todo un país durante un puente festivo, como si el tremendo daño perpetrado a una zona turística como la Costa del Sol, no hubiera salido en telediarios y periódicos de todo el mundo durante los días anteriores. Pero lo que en un país serio parece del todo inconcebible es que un juez archive el procedimiento abierto contra esos controladores por la Fiscalía al hacer caso a la palabra de los médicos, sin apenas investigar. Como si no bastara el sentido común para confirmar que todas o muchas de esas bajas simultáneas fueron un fraude.

La seriedad de un país, el funcionamiento de su administración, no se mide por los acontecimientos que ocurren, por chocantes que sean, sino por la reacción del Estado ante ellos. Y desde luego la justicia en Málaga ofrece síntomas inequívocos de que no funciona, de que es un desastre. El viernes, Encarna Maldonado contaba en este periódico que los juzgados penales de Málaga suman ya 26.637 sentencias pendientes de ejecutar. Una cifra escandalosa y en aumento continuo, un frío número que no oculta la terrible realidad de que significa que hay miles de delincuentes condenados paseando por la calle a la espera de que sus señorías y los trabajadores a su cargo realicen su trabajo. ¿Tendrá que repetirse el caso Mariluz para que alguien se lleve las manos a la cabeza? La ejecución de las sentencias constituye uno de esos absurdos de nuestro sistema jurídico, tan ineficaz y tan huérfano, tan lejos y tan cerca de las preocupaciones de los políticos. Los pleitos pueden tardar años en celebrarse, pero aún más tiempo pueden esperar las víctimas para ver que se hace justicia pese a que la sentencia esté dictada.

Valga un ejemplo reciente del disparate. Hace un mes un juzgado de Marbella abría una investigación tras constatar que parte de las joyas intervenidas a una mujer implicada inicialmente en el caso Hidalgo habían desaparecido de la caja fuerte de la sede judicial. Tan terrible y bochornoso como que se produzca un robo en el interior de un juzgado resulta repasar la secuencia cronológica de los hechos. En agosto de 2010, el juez instructor del caso ordenaba que se le devolvieran las joyas a la mujer, una vez exonerada de la causa. Pero no fue hasta el 5 de abril -¡ocho meses después!- cuando una funcionaria del mismo juzgado acudía a la caja fuerte a cumplir la orden y descubría que algunas de las alhajas habían desaparecido. No se descarta el aburrimiento como motivo de la desintegración. Si nuestro sistema judicial emplea más de medio año en que se ejecute la orden de un juez por parte de uno de sus funcionarios sin tener que salir del mismo edificio, imaginen qué ocurrirá con las decenas de miles de pleitos, litigios por deudas, estafas e impagos, que asfixian a empresas y familias y que además conllevan notificaciones.

Pero el esperpento de la semana no lo han protagonizado los juzgados. Ha sido, por enésima vez, el Puerto. En un lugar serio, en cualquier sitio mínimamente respetable que no se considere república bananera, lo ocurrido en el muelle 1 del puerto de Málaga habría provocado dimisiones, expedientes, pleitos, escándalos. El relato temporal resulta inverosímil. La actuación más importante para transformar la ciudad se adjudica a una empresa recién creada a la que se da la mayor nota de solvencia posible. A los pocos meses, la firma está en la ruina y vende su concesión a dos compañías contrastadas y estables, pero que empiezan a cambiar tanto el diseño como el concepto con el que se ganó el concurso, con el consiguiente perjuicio para el resto de empresas que se presentaron. De hecho, se suponía que el nombre del arquitecto responsable, Pau Soler, era una de las bazas. Ya no está. Nada se había hablado de un supermercado en la esquina de oro, y se intentó colar. Como sí se han colado por la puerta de atrás el aumento de la altura de los locales, lo que fulmina la vista del puerto desde el Paseo de la Farola, y la eliminación del carril de servicio para la carga y descarga. Ambas tropelías urbanísticas, legalizadas a posteriori, aumentan considerablemente la superficie comercial de los locales que se están levantado, con el consiguiente beneficio económico. Lo último, inaudito, es que la promotora haya decidido derribar parte de la estructura levantada para crear una plaza. Estupenda decisión, pero de la que no se informó ni al Puerto ni al Ayuntamiento, cómplices en su ignorancia, desnudos ante el espejo de su ineficacia para controlar nada menos que el proyecto estrella de Málaga.

Cajones desastre

Javier Gómez | 14 de enero de 2010 a las 10:57

En los tiempos que corren, cuando todos nos hemos familiarizado con palabros como ERE y eufemismos terribles como “racionalización de costes”, resulta gratificante oírlos salir de la boca de un ministro para referirse a una empresa pública. Si además ese ministro es el número dos del PSOE, puede que no todo esté perdido. José Blanco ha hecho algo a lo que últimamente no estamos acostumbrados, algo que debería ser el día a día de un político profesional: coger el toro por los cuernos. El toro, en esta ocasión, son los controladores y sus aéreos sueldos, aunque la reflexión del ministro de Fomento sobre Aena debiera extenderse a todas las empresas públicas: “Con estos costes y esta productividad, es imposible mantener la viabilidad y rentabilidad del sistema”. En mi memoria, el afán por crear empresas públicas de gestión privada llega a los tiempos de Jesús Gil. El fue el gran pionero local a la hora de descapitalizar una institución de contenidos y fondos (especialmente lo último). Pero luego el resto de administraciones se lanzaron de cabeza al modelo con la excusa de que la burocracia sería más ágil, aunque lo que realmente era fácil era fijar unos salarios altísimos para unos pocos y luego contratar a ETT para prestar el servicio. Una empresa pública tiene menos controles que una institución pública. No tienes todo el día a la oposición pidiéndote datos, los procesos de contratación, al no tratarse oficialmente de funcionarios aunque en la práctica muchos sí lo sean, son mucho más laxos, y luego están los sueldos. Se fijan a priori mirando la parte alta del mercado privado, pero con la tranquilidad de que tienes cliente seguro (los contribuyentes) y de que de allí no te echan ni Dios ni la crisis. Y así en las empresas públicas se da la fusión perfecta de lo peor de la empresa privada y la institución pública.