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Una aberración disfrazada de asilo

Javier Gómez | 5 de mayo de 2011 a las 11:40

COMO una maldición o una de esas almas en pena que sólo aparecen cada cierto tiempo, una de las mayores aberraciones urbanísticas de la Costa del Sol no ha faltado a su cita con la campaña electoral. En 1964, un empresario vasco levantó el hotel Marymar sobre casi 3.000 metros cuadrados de arena de la playa de Santa Ana de Benalmádena. Pese a los informes contrarios de varios organismos estatales, logró licencia del Ayuntamiento para perpetrar la ilegalidad, una más de las barbaridades cometidas en el litoral malagueño. Algunos de los autores y cómplices de tanto disparate, por cierto, son los mismos que ahora patalean exigiendo al Gobierno arena blanca de Cozumel para recuperar artificialmente unas playas heridas de muerte por el cemento. El hotel, castigo divino, fue una ruina y acabó en manos de Unicaja, que lo destinó a una residencia de mayores: pasó a ser intocable.

El edificio envenenó durante muchos años los sueños del entonces jefe de Costas, Luis López Peláez, quien intentó la cuadratura del círculo para su derribo y la reposición de la playa a su estado original. Entre 1994 y 1995 logró que la Dirección General de Costas, Unicaja y el Ayuntamiento de Benalmádena pactaran un convenio para la construcción de una nueva residencia -desde luego más barata de mantener- por parte de la entidad financiera en unos terrenos municipales cedidos por el Consistorio, mientras el Gobierno se comprometía a pagar la costosa operación de demolición y la mejora de la playa. Por supuesto llegaron las elecciones y todo se fue al carajo.

No fue el único intento. El Marymar aparece de forma recurrente en los periódicos. Siempre estaba en las quinielas de derribos de la última década, dentro de ese plan de esponjamiento del litoral del Gobierno socialista, una de las mayores tomaduras de pelo sufridas por estas latitudes, con el parque de Arraijanal de Cristina Narbona como exponente.

Ahora, de nuevo en campaña, Unicaja ha decidido cerrar la residencia por su mal estado de conservación (es lo que tiene la cercanía al mar, que corroe) y por motivos de seguridad. No parece que sean razones medioambientales, sino económicas, las que motivan la decisión. Y de paso le ha lanzado a los distintos partidos que se disputan la Alcaldía un capotazo irresistible: sesenta ancianos se quedan en la calle si no aceptan la oferta de la entidad de trasladarse a otras residencias en distintos municipios. A un político hay pocas cosas que le motiven más que erigirse en salvador de bebés o viejecitos en apuros. Salvo que a alguien le dé un poco probable ataque de responsabilidad, el Marymar seguirá en pie otros cuatro años.

La jequera

Javier Gómez | 6 de febrero de 2011 a las 11:48

En la semana de beatificación del jeque propietario del Málaga C.F. -ya sólo falta que las administraciones organicen una romería a Catar-, sigue sin recibir respuesta una de las preguntas más antiguas del mundo: cui prodest (¿a quién beneficia?). Con Abdullah Al-Thani y su mano derecha, Ghubn, desde hace semanas en el país asiático, sus dos emisarios locales recorren la ciudad y las distintas instituciones. Y si bien han encarecido notablemente cualquier compra de suelo con tanto trajín, desde luego parece que han tenido éxito en su misión de convencer a los dirigentes políticos de que la operación para construir un nuevo estadio es un chollo para los intereses públicos, sin que nadie realice alguna pregunta pertinente, como por qué o para qué. Disculpen la osadía, pero se supone que para preguntar estas cosas existen los periodistas.

El jeque no sólo se va a gastar un pastón en levantar un recinto deportivo que será referente mundial –otra cosa es si se llenará-, es que además va a pagar de su bolsillo el parque de Arraijanal y de paso construirle al alcalde ese centro oceanográfico que lleva diez años anhelando en la zona pero que extrañamente no quiere financiar en el Puerto, donde sería más oportuno. En las bonitas infografías caseras que se han desplegado estos días, esas que los políticos juran no haber visto antes pero que están en poder de sus técnicos, no queda del todo claro si las orcas y los delfines saltarán de un lado a otro de la ronda oeste, para amenizar a los miles de conductores atrapados en los atascos, habituales en la zona pero que empeorarán con el estadio y su centro comercial. Tampoco cómo será posible que Navegación Aérea autorice levantar allí, junto al aeropuerto, lo que no ha permitido en otros lugares más lejanos de la ciudad.

La Junta, que no tiene dinero para cumplir sus promesas con Málaga -desde la más vieja, el tren litoral, hasta el invento electoral más reciente, el megahospital-, está lógicamente encantada con la posibilidad de librarse de su obligación de crear un parque en Arraijanal. “Miel sobre hojuelas”, se le escapó a la delegada del Gobierno andaluz y candidata socialista a la Alcaldía, María Gámez. Su antecesora como alcaldable, Marisa Bustinduy, ya había prometido hace años, con el aval de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que la gran explanada de Guadalmar, el último gran terreno libre del litoral malagueño, sería un espacio público. Pero en la Costa del Sol las promesas, como la arena de las playas, se las lleva el viento. Y los avales, ni los bancarios, ya no son lo que eran.

El alcalde también ha aprovechado la supuesta oferta del jeque para tenderle una fácil trampa al Gobierno andaluz. Ya que no tendrán que gastarse un euro en Arraijanal merced a la filantropía del jeque Al-Thani, que cumplan su otra promesa de mejorar la Carretera de Cádiz. El regidor ha aguantado como ha podido esta semana una nueva provocación electoralista con el estatuto de capitalidad. Como quien ha reabierto la caja de los truenos ha sido en esta ocasión su compañero popular Zoido y no el denostado Monteseirín, su respuesta ha sido mucho más tibia. Obviamente tiene razón De la Torre cuando recuerda el impacto positivo que tiene para el empleo ser la capital de Andalucía. Sólo unos 50.000 trabajadores públicos más de nada.

También debería citar el regidor, aunque ahora no le conviene, uno de los mayores (por tamaño y por coste) agravios centralistas que ha cometido la Junta en todos estos años: el disparate del estadio mal llamado olímpico de la Cartuja. Una obra faraónica, también mausoleo, que apenas se usa unos pocos días al año para megaconciertos, con una acústica, por cierto, muy deficiente. El mantenimiento de ese gigante–los dos equipos hispalenses se negaron a jugar allí-, llegó a costar 6.000 euros al día a todos los andaluces. Con el alquiler de oficinas han logrado evitar que siga siendo una ruina.

De momento, la única oferta por escrito del jeque Al-Thani consiste en comprar La Rosaleda por 3,3 millones de euros, cuando costó 39 millones de euros. Con ese antecedente, hacer preguntas, por ahora al aire, sobre este rosario de inversiones que cada semana crece en 100 millones de euros –a este paso el magnate catarí acabará pagando la solución urbana del Guadalmedina- no es de desconfiados. Es nuestra obligación.