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Un tiro al aire

Fede Durán | 31 de marzo de 2012 a las 13:57

LA huelga general del pasado jueves es la octava de la democracia y la segunda que le cascan al PP. Los datos de seguimiento fueron dispares, como siempre, y el fondo del asunto sigue exactamente como estaba. Ni el Gobierno tocará la esencia de una reforma que se le exigía desde Bruselas, ni los sindicatos suavizarán la presión callejera. UGT y CCOO no han comprendido que las políticas económicas de España las deciden otros -y que por lo tanto pedirle cuentas a un Ejecutivo sin soberanía es ineficaz-, y tampoco parecen aceptar que el trabajador medio lleva años divorciado de sus intereses orgánicos y organiza sus propias marchas sin tutor.

El dinero público que los sindicatos reciben es un misterio. No hay cifras exactas, sólo distintas fuentes de financiación que dan una idea aproximada del glorioso montante anual: se benefician de subvenciones directas, de ayudas desde las comunidades autónomas, de otras vinculadas a los programas de formación y de un último bloque asociado a su presencia en organismos como el Consejo Económico y Social o la Comisión de Relaciones Laborales de Andalucía.

La reforma es fea para muchos profesionales porque multiplica el poder de decisión del empresario y abarata las indemnizaciones por despido. El derecho a la huelga está constitucionalmente reconocido y aparece regulado en un viejo decreto de 1977. En esta convocatoria se ha repetido el vicio de coaccionar a quienes han preferido no ejercer ese derecho en un contexto tan crudo como el actual, con miles de pequeños y medianos negocios desangrándose por la ausencia de consumo y crédito. España aún es un bebé democrático. Lo deja claro cada vez que puede.

Una curiosidad: el decreto 17/1977 sobre Relaciones de Trabajo regula el derecho de huelga, pero no la huelga general. Ninguna ley recoge esta figura. Si algún malvado decidiera protestar, alegaría, en primer lugar, que el texto aún vigente (y parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional) sólo contempla esta salida en términos mucho más concretos que los que supone una reforma laboral, es decir, cuando existe un conflicto específico, de carne y hueso, que afecte a uno o varios centros de trabajo. Nuestro pérfido imaginario (pongamos que Esperanza Aguirre) recordaría, en segundo lugar, que el artículo 11 considera ilegal la huelga “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos”. Esta línea no es descabellada: UGT y CCOO pretenden en definitiva anular (a) una decisión adoptada en Consejo de Ministros y (b) cuestionar la voluntad del Congreso, que avaló la reforma con los votos y la mayoría del PP, CiU, UPN y Foro Asturias (la derecha, sí).

El frente de batalla ha de estar en Bruselas. Hay que convencer a quienes dan órdenes a España (y a Grecia, Portugal, Italia…) de que la estrategia elegida fulminará nuestras aspiraciones durante décadas. Cagarse en Rajoy sirve de poco.