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El lío del déficit

Fede Durán | 19 de mayo de 2013 a las 20:33

La batalla del déficit es el enésimo ejemplo de la España invertebrada descrita hace casi un siglo por Ortega y Gasset. Hay tantos matices como comunidades autónomas, pero entre los protagonistas destaca, como tantas otras veces, Cataluña. Inmersa en un proceso independentista, empeñada en compatibilizar la exigencia identitaria con el trato de favor, la Generalitat solicita al Gobierno central un objetivo diferenciado para 2013. Problema: es imposible saber cuál sería ese objetivo singularizado porque nadie conoce el general. La Comisión Europea podría relajar el listón oficial de déficit (4,5%) el próximo 29 de mayo. El equipo de Rajoy trabaja para que así sea. Y Andalucía observa expectante y prudente, con la mosca del agravio comparativo detrás de la oreja.

El PIB andaluz ascendió en 2012 a 145.597 millones. Una décima menos de déficit supone un ahorro (o un recorte) de 145 millones. Cada milímetro estadístico es un mundo económico. La Junta rebajó el desfase de sus cuentas al 2% el año pasado, igual que Cataluña. Como la meta era el 1,5%, pertenece al club de los incumplidoras junto a todo el arco mediterráneo: Valencia, Murcia, Baleares y el ya citado vecino del norte. Si Bruselas relaja la disciplina fiscal para los dos próximos años tal y como se especula, el Govern de CiU solicitará repetir su 2% o incluso superarlo. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho, de gallegas maneras (el efecto Rajoy), sí y no. Sí porque los contactos con su homólogo catalán, Andreu Mas-Colell, apuntan al guiño; no porque aclara públicamente que todas las CCAA -sin excepción- tendrán que mejorar los registros de 2012.

Volvamos al condicional. Si la Comisión da luz verde al 6,3% de déficit global (la suma de Administración central, CCAA, Seguridad Social y corporaciones locales), Montoro permitiría particularizar las cargas. Pero hay dos problemas. El primero es que Cataluña, por el peso de su economía, condicionará el objetivo autonómico del 1,2% si su desviación es excesiva. Un 1,8% ya sería demasiado a juicio del propio Gobierno, y Mas-Collel no aspira sino a repetir al menos el 2% de 2012. El segundo es que el foro para tomar esta decisión, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no es en realidad bilateral sino comanditario. Cataluña tendría que superar las reticencias de prácticamente todas las CCAA, incluidas las del PP.

Aunque la Junta patalee poco por ahora, su presidente, José Antonio Griñán, tiene claro que la vía andaluza consistirá en concretar una fórmula “objetiva” basada en el endeudamiento y la financiación. La deuda pública de la comunidad se elevó en 2012 a 20.544 millones, el 14,6% del PIB, según datos del Banco de España. No es un mal dato: Con menos habitantes, tanto Cataluña (50.489 millones) como Valencia (29.437) presentan peores indicadores, mientras que Madrid se mueve prácticamente en la misma franja (20.130). En términos porcentuales, Andalucía está tres puntos por debajo del promedio nacional.

Respecto a la financiación, Griñán siempre recuerda que la región obtiene del Estado el 95% de la media. Cantabria recibió en 2012 el 125%, La Rioja el 116%, Extremadura el 109%, y tanto Cataluña como Madrid (dos de las ricas), el 101%. Andalucía logra 2.195,6 euros por habitante, 148,5 menos que Cataluña.

Hay un problema de fondo que Bruselas no detecta ni España aborda: la austeridad es la norma y el recorte del gasto el camino, pero sólo Castilla-La Mancha ha esquilado, hasta dejarla en 54, la fabulosa nómina de empresas, fundaciones y entes públicos tan típica de los tiempos del despilfarro y la orgía del ladrillo. Sería óptimo que al renegociar el déficit, Hacienda compruebe qué ha sido de la reordenación del sector público incluida en el paquete inicial de recortes, exigida por el ciudadano e instalada hoy en un cómodo olvido. La Junta debía dejar sus 380 organismos paralelos en 269. A 1 de octubre de 2012, el Ministerio contabilizaba todavía 363. Por comparar, Madrid tiene 172. En Cataluña, donde el culto a la identidad generó duplicidades de Estado, hay 434. Baleares suma 167, Valencia 151, Galicia 126, Aragón 124, Canarias 93 y Castilla y León 88.

La crisis dentro de la crisis

Fede Durán | 17 de mayo de 2013 a las 8:00

En España siempre ha parecido que lo público no es de todos sino de nadie. Tal convicción era infinitamente más potente en los tiempos de auge y abundancia, y aunque todavía quede el sedimento de conductas que van de la tibia dejadez al vandalismo –lo primero más al norte y lo segundo más al sur–, la escasez potencia el apego del ciudadano al control de los fondos que manejan las administraciones, los partidos y los sindicatos. Pese a que la opacidad sigue siendo una verruga enorme, ninguna fuerza gremial resiste a la larga la erosión del pueblo cuando el pueblo toma una decisión. Y hoy exige una transparencia que no se limite al simbolismo de un par de declaraciones de la renta o a la publicación en internet de las retribuciones de diputados, senadores, ministros, consejeros, presidentes y quizás bedeles. La sociedad española, espoleada por la indignación de sus propias penurias, quiere contención en el gasto, pero con una partitura diferente a la que interpretan los gobiernos de Rajoy, Griñán, Mas y el últimamente célebre Monago.

Porque el problema nace de la austeridad impuesta por Berlín-Bruselas, una misión donde hay meta sin que exista camino. Mientras cumplas, haz lo que quieras. Y los dirigentes españoles han preferido subir brutalmente los impuestos, abaratar el despido, endurecer las pensiones y destripar los cimientos del bienestar –sanidad y educación– en lugar de meterle mano al impresionante chiringuito policéfalo que gestionan y del que se alimentan. Se trata pues de un asunto de prioridades: los poderes políticos prefieren embridar el déficit aumentando los ingresos tributarios (apuesta arriesgada cuando hay 6,2 millones de parados y 16,6 millones de ocupados), recortando cosméticamente y confiando en que la teoría de los ciclos económicos salve los muebles tarde o temprano.

El país tenía la oportunidad de reinventarse y no la está aprovechando. Una bajada de impuestos y una revalorización asumible de las pensiones sostendrían el consumo y las labores asistenciales y solidarias de quienes reciben un flujo mensual de dinero. Redimensionar el aparato administrativo trasladaría a la población un mensaje de compromiso y seriedad. Dotar a las cámaras de cuentas de poderes ejecutivos permitiría elevar a la categoría de ley sagrada el rigor en la manipulación de los fondos públicos. Convertir el principio de confianza que rige la designación de altos cargos en un principio de eficacia y mérito profesionalizaría la maquinaria del Estado, las CCAA y los ayuntamientos y exterminaría la política como sinónimo de escuela de jerarquías, intrigas, malversaciones y demagogias.

España afronta una crisis singular dentro de la crisis del sistema. Dobla la rodilla ante el yugo del capitalismo sin bozal, como todo el planeta, pero también ante el monstruo creado en 1978: el Estado autonómico es un ejemplo perfecto de libertad mal entendida. Porque las CCAA han jugado a ser pequeños países miméticos con los mismos excesos que la madre que los parió.

Veneciano Trichet

Fede Durán | 26 de agosto de 2011 a las 12:20

TODO banquero reproduce en su rostro el ángulo afilado del préstamo. Puede ser una oreja de duende, una barbilla de gladiador o, como en el caso de Trichet, una nariz de veneciano. Cuando el BCE compró deuda soberana española e italiana, el flujo informativo destapó una diferencia de trato tan obvia como improbable. A Italia se le exigieron durísimas condiciones que empujaron al histriónico Berlusconi a aparcar sus payasadas a cambio de una careta ceñuda adaptada a los recortes (alrededor de 45.500 millones) anunciados con timbre de enterrador.

¿Acaso la autopista reformista hispana tenía bula? Cada día está más claro que no. Aunque nadie conoce exactamente el contenido de la carta supuestamente escrita por el veneciano Trichet al leonés (o vallisoletano) Zapatero, los pasillos de La Moncloa son como los de aquel Escorial del Imperio: reacios al secreto de Estado. La obligación de un tope constitucional al déficit, asumida por Alemania en 2009 y reclamada ahora a los demás con ese ademán autoritario del capataz latifundista, es uno de los peajes que España debe pagar en su incierta carrera hacia la credibilidad económica. PSOE y PP negocian al sprint una reforma constitucional que derriba el mito de la urna sagrada. Si los taxidermistas rusos toquetean a Lenin, ¿no va a atreverse el político patrio con unos viejos folios articulados? Muchos detestarán las formas, pero importa analizar el fondo.

Los socialistas quieren un modelo flexible donde el déficit cero quede vinculado a un determinado ritmo de crecimiento (entre el 2% y el 3% del PIB). Un horizonte aún más halagüeño abriría el telón del superávit, mientras que evoluciones artríticas como la actual (0,2% en el segundo trimestre) autorizarían pequeños desfases en las cuentas públicas. Catástrofes naturales, situaciones de extraordinaria emergencia o recesiones como la de ahora también activarían la palanca de la excepción. Los populares, en cambio, apuestan por la disciplina total tipo cinturón medieval de castidad.

Keynes menearía la cabeza. Igual que Krugman. Un país inteligente nunca debería fundir, cierto, las herramientas del estímulo. A la vez, la disciplina fiscal superobligatoria haría a España renunciar a su profunda cultura política del derroche. No es tan descabellado pensar que las administraciones funcionen bajo la lógica de la cuadratura ingresos/gastos. ¿Implica este corsé un recorte de los programas sociales? Implica invitar al gobernante al frondoso terreno de la imaginación (a ver si nos sorprenden y no lo empeñan todo a la subida de impuestos). Implica eliminar duplicidades (al fin). Implica revisar la lógica del Estado autonómico y del bastidor territorial. Pero también implica, en última instancia, abortar la posibilidad de que las generaciones futuras hereden el abultadísimo fardo de unas deudas públicas que en otras partes del mundo (Latinoamérica, por ejemplo) subyugaron a países enteros vía EEUU, Banco Mundial y consultoras como MAIN y Halliburton. Esa historia, ay, da para otro artículo. Continuará.

Abecedario abreviado de la crisis

Fede Durán | 5 de febrero de 2010 a las 12:03

Todo político es un charlatán empedernido si de teorizar se trata. Otro gallo canta cuando irrumpe el rigor de lo práctico. Esta crisis es un magnífico test de esfuerzo para el Gobierno, al que una mayoría de ciudadanos adjudica ya, sin importar el color político, un sustantivo sintetizador: caos. Ahí va un abecedario resumido de los peores años de la España reciente.

CONSTRUCCIÓN. O la reina que no supo reinar. Muchas empresas del sector que más hizo por la estadística del país han desaparecido. El Banco de España cuantifica la deuda de los promotores con la banca: 324.439 millones a cierre del tercer trimestre de 2009. La constitución de hipotecas se resiente (-9,9% con datos de noviembre) y el precio de la vivienda cayó un 6,2% el año pasado.

DÉFICIT público. La diferencia entre lo que el Estado ingresa y gasta es actualmente del -11,4%. El acumulado por estos números rojos –la deuda pública– alcanzará en 2012, según los cálculos del propio Ejecutivo, el 74,3% del PIB. El déficit comercial, pese a equilibrarse por el descenso masivo de las importaciones, aún supone un agujero de 46.111 millones de euros.

FINANZAS. Cinco cajas de ahorros –entre ellas Cajasur– entraron en pérdidas en el tercer trimestre de 2009, según la CECA. Una nefasta gestión obligó a intervenir Caja Castilla-La Mancha, posteriormente adquirida por Cajastur. El Gobierno se inventó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para costear las fusiones –necesarias y urgentes– del sector. Cal y arena entre los grandes. El Santander clausura el ejercicio con ganancias del 1%, pero el BBVA se deja un 19%.

JUBILACIÓN. El camarote de los Hermanos Marx. Salgado proponía inicialmente un retraso de 65 a 67 años en la edad de retirada bajo un esquema de aplicación progresiva. La base de cálculo de las pensiones se ampliaría de 15 a 25 años, tal y como constaba en el Plan de Estabilidad entregado el miércoles a Bruselas. Al final, el Gobierno sólo sabe que no sabe nada. Los sindicatos amenazan con una huelga y el PP juega a la ambigüedad.

KRUGMAN, Paul. El tótem de la economía mundial –premio Nobel por si había dudas– y Pepito Grillo de Obama, lo ha dicho alto y claro: “El punto más conflictivo no está en Grecia. Es España el principal riesgo para la estabilidad de la zona euro (…)”.

OCDE. Y FMI. Y Banco Central Europeo. Raro es el día en que una ilustre institución no llama la atención sobre el caso hispano. Sugieren medidas más ambiciosas de las que se han puesto en marcha –¿se ha puesto en marcha alguna?–.

PARO. El monstruo. La pesadilla: 4,3 millones de desempleados en España, 1.034.000 en Andalucía, 17,5 millones de afiliados a la Seguridad Social (tres millones menos que en los mejores tiempos) y una tasa (18,8%) sin parangón en Europa (Letonia no cuenta).

ZAPATERO. Debilidad. Confusión. Incapacidad. Candidez de pirómano. Su talante ya no cuela. Le crecen los enanos, le ningunean en el circo internacional. Negó la crisis. Luego la minimizó. Ahora la vive sin pulso ni valentía. Por cierto, ¿dónde diablos se ha metido Rajoy?