PP y Gürtel: España no es un estado policial

Ignacio Martínez | 9 de agosto de 2009 a las 8:40

¡España es un estado policial!, clama desde Marbella María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, persona de apariencia precavida, que suele leer todas sus declaraciones públicas. No es un acaloramiento repentino; el PP acusa al Gobierno de espiarle, con escuchas telefónicas ilegales; de perseguir a la oposición, de corromper la democracia, de poner en grave riesgo las instituciones. Estas descalificaciones implican a jueces, fiscales y policías. La sobreactuación de Cospedal empezó unos días antes, cuando pidió al Gobierno que se dedicara a perseguir a ETA y no al PP. Una secuela de la euforia popular ante el archivo provisional de la causa contra el presidente valenciano Camps en el caso Gürtel. Y una reacción a la torpeza de la vicepresidenta Fernández de la Vega, que se apresuró a pedir a la Fiscalía que recurriese el fallo del TSJ valenciano. En todo caso, resulta chocante esconder detrás del terrorismo los delitos de la trama de corrupción montada por Correa y ‘El Bigotes’ con la ayuda de dirigentes populares de Madrid, Valencia o Andalucía.

La teoría del complot del Estado contra el PP ya fue esgrimida con éxito en vísperas de las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco: entonces en la operación Gürtel no había nada de nada; todo era producto del afán de protagonismo del juez Garzón y del interés malicioso del Gobierno por perjudicar a su rival. Cinco meses después, varios jueces han encontrado serios indicios de delito en numerosos dirigentes populares, alguno de los cuales ha tenido que dimitir como consejero autonómico, alcalde o concejal. La implicación alcanza a miembros del Congreso, Senado o Parlamento europeo. Incluso el tesorero nacional del PP ha sido imputado. Eran falsos los dos enunciados: no había complot y sí una trama corrupta bien ramificada.

La filosofía ahora es la misma, pero la estrategia va más lejos. Al PP le irrita sobremanera que se hayan publicado sumarios declarados secretos, y pide un escarmiento. Pero incurre aquí en una grave contradicción. Sin el trabajo de la prensa no habríamos sabido nunca tanto de los casos Filesa, Naseiro, Gal, Gürtel o Yak-42. Son ventajas de un régimen de libertad de prensa como el que tenemos. Eso no habría sido posible en la Cuba de los Castro, en la Venezuela de Chavez o en la España de Franco, por poner ejemplos de estados policiales. Otra contradicción de Cospedal es hablar del riesgo de las instituciones. El bloqueo que desde hace meses ha montado el PP valenciano para impedir que su Parlamento regional designe senadora a la dirigente socialista Leire Pajín es un claro ejemplo de irresponsable política institucional. Ni estas ‘venganzas’ de Camps, ni las pataletas de Cospedal van a exonerar de los delitos de corrupción a los implicados en la trama Gürtel. El principal partido de la oposición debería dejar trabajar a jueces, fiscales, policías y periodistas. España no es un Estado policial, es el PP el que está en un estado de necesidad.

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