Se acabó el verano

Ignacio Martínez | 23 de agosto de 2009 a las 12:03

El Gobierno tiene lo que Boris Izaguirre llamaría un momento progresista. El jueves el vicesecretario general del PSOE anunció una subida de impuestos. La filosofía de la medida es impecable: de los que más tienen para los que más necesitan. Pero esto significa, en la práctica, que los que tienen nóminas más altas van a pagar más a Hacienda, para compensar un déficit público galopante, que este año rondará el 10% del PIB nacional. Un gasto excesivo provocado por el aumento del paro, pero también por administraciones públicas sobredimensionadas, alguna de las cuales ha dejado de tener sentido hace tiempo, aunque no para de crecer en personal y presupuesto. Un ejemplo fácil, las ocho diputaciones andaluzas le cuestan todos los años a los contribuyentes unos 1.700 millones de euros, diez veces más que hace 20 años.

El dinero que ahora el Gobierno pedirá a la clase media y media alta, unos 9.000 millones de euros, lo tendría ya en las arcas del Estado con creces si no hubiese arbitrado medidas oportunistas en momentos liberales: como un cheque bebé de 2.500 euros para todos los hijos, tanto los de familias muy pudientes como los de las muy necesitadas, o la devolución de 400 euros a todos los contribuyentes, ya fueran ricos o pobres. Dos frivolidades que disgustaron al entonces vicepresidente Solbes y salieron de la chistera electoral, en aquella época feliz en la que la crisis era un invento de una oposición antipatriota. ¿Se acuerdan? Parece que fue ayer.

El lado bueno de la declaración de José Blanco es que ha acabado con el culebrón del verano, lanzado y alimentado por los juniors del PP: ya saben, la tontuna de que España es un estado policial. Junior no sólo es un concepto generacional o una categoría orgánica, también es un signo de escasa autoridad. Ana Mato tendrá muchos trienios, pero cuando dice que “toda España” sabe que hay escuchas telefónicas ilegales se le nota demasiado que no se lo cree ni ella misma. Ahora Blanco ha situado el debate político en la cruda realidad de la crisis, al poner sobre la mesa un asunto serio de verdad para el conjunto de la nación. Los casos de corrupción que le llueven al PP también son preocupantes, pero no se resuelven con la cortina de humo de que España está en el mismo club de estados policiales como Cuba, Venezuela, China, Irán, Corea del Norte o Birmania. Nos quejamos de la bisoñez de Aido o Pajín, pero Cospedal, Mato o González Pons, con más edad, juegan la misma liga.

El fondo de la declaración de Blanco es largo y ancho. Para empezar, los ricos no tributan por el impuesto de la renta de las personas físicas. Tienen sociedades de cartera con privilegios fiscales y equipos de asesores para que la rentabilidad de su patrimonio sea afectada lo menos posible por el Fisco. A quienes el Gobierno les va a meter un mordisco en su renta no es a esos ricos, ni a los profesionales liberales que declaran sólo una parte de sus ingresos, o tienen sociedades unipersonales para tributar a un tipo muy inferior al del IRPF, sino a la clase media que tiene una nómina con más de 60.000 euros de ingresos; un 4% de los contribuyentes. Como todas las medidas son electorales, digamos el Gobierno corre pocos riesgos con esta medida, cuya aparición en escena ha acabado con las vacaciones políticas.

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