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Turismo sanitario

Ignacio Martínez | 23 de septiembre de 2009 a las 11:38

El ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha vuelto a provocar. Acusó primero de cobardes a los jóvenes dirigentes de la actual generación al mando en su partido. Y ahora sugiere que se pueden hacer notables ahorros en la sanidad pública si restringimos su uso a los extranjeros no residentes. Lo que ha generado una fuerte polémica: desde el lunes han llegado miles de comentarios a los diarios digitales; casi todos a favor de la tesis de Ibarra, por cierto. La controversia arranca de la primera parte de su aserto. Dijo que Zapatero tendría que hacer una sanidad para los españoles y sólo para los españoles. Suena xenófobo, pero matizó que era una advertencia contra el turismo sanitario.

Este asunto no es nuevo. Instituciones serias como el Observatorio de Salud en Europa, de la Escuela Andaluza de Salud Pública con sede en Granada, en un trabajo técnico publicado a primeros de este año, advertía de que no se conoce el déficit que provoca en España la atención sanitaria a ciudadanos comunitarios. En ese informe se dice que “probablemente quedaríamos espantados por las pérdidas que alegremente estamos soportando por inoperancia, desidia, descuido, desorganización y falta de concienciación política”. Y se añade que la generosidad de nuestro sistema de salud, gratuito y universal, actúa de efecto llamada. Es un sistema tan eficiente que atrae a enfermos de estados con una sanidad menos desarrollada, como Rumanía o Bulgaria; o a los que tienen mayores listas de espera, como el Reino Unido; o a los países en los que el ciudadano paga una parte de la asistencia, como la mayoría. Añadan que en la costa andaluza vive alrededor de medio millón de extranjeros comunitarios que no se han empadronado y generan gastos suplementarios cuantiosos para la sanidad andaluza. No son pacientes baratos: se colocan prótesis de cadera de titanio que cuestan 5.000 euros o marcapasos de 3.000.

Doy por hecho que Ibarra no pretende excluir del sistema al 15% de sus usuarios, que son extranjeros residentes y cotizantes a la Seguridad Social. La ministra ha salido al paso de las declaraciones del líder socialista extremeño, en defensa de este colectivo. Y ha añadido que hay una regulación muy precisa para cobrar los servicios prestados a los extranjeros en la sanidad nacional. Lo que no dice es que esos procedimientos administrativos se aplican a medias. La Junta admite que le cuesta mucho trabajo, y dinero, cumplir los protocolos de facturación que implantó en 2004. No se factura todo lo que se atiende. Y de lo que se factura, sólo se ingresa una tercera parte, por el reparto que hace luego el Gobierno central. Se dejan de cobrar del orden de 20 millones de euros al año, según fuentes de la Consejería. Esta es una buena polémica. Ibarra la plantea para provocar. Y Trinidad Jiménez le ha replicado porque no tiene más remedio y, probablemente también, para demostrar que no es ninguna cobarde.

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