La Junta de Andalucía cambia sus prioridades sobre fondos europeos

Ignacio Martínez | 24 de junio de 2012 a las 13:08

La crisis se deja sentir en las cuentas públicas en todos los aspectos. También en el gasto  de las subvenciones europeas. Como escasean los fondos, todas las administraciones públicas buscan sacarle el máximo rendimiento a las partidas que libra Bruselas. Andalucía, que recibe al año entre 2.300 y 2.400 millones de euros en fondos para infraestructuras, innovación, formación profesional, ayudas a empresas en crisis, y desarrollo agrario o pesquero, tiene escasa capacidad para cofinanciar. Así que ha planteado y conseguido de la Comisión Europea un mayor porcentaje de participación comunitaria, según fuentes de la Dirección General de Política Regional (Regio) de la Comisión.
Esto supone que la contribución total de la UE será la misma, pero se realizarán menos proyectos. Esa parece ser la estrategia del Gobierno andaluz no sólo para la parte final del actual periodo presupuestario 2007-2013, sino también su directriz para el gasto durante la vigencia de las próximas perspectivas financieras, que empiezan en enero de 2014 y terminan en diciembre de 2020. En ese periodo se reducirán sensiblemente los fondos estructurales que vienen a Andalucía: la Comisión ha propuesto que el descenso sea de un tercio, pero en anteriores ocasiones se ha llegado a recortar hasta dos tercios a las regiones que salían del objetivo de Convergencia, como le pasará a Andalucía a partir de 2014.
La maniobra presupuestaria andaluza de aumento de la cofinanciación europea no es original. Se ha hecho con otros países que pasan por dificultades en sus cuentas públicas, como Grecia, y también con regiones de estados que tienen una situación más airosa: Francia lo ha pedido para Alsacia y Bélgica para Valonia, sin ir más lejos. Otro de los cambios operados en el gasto de los fondos europeos que vienen a Andalucía se refiere al destino preciso. El de Feder es el paquete más importante: supone unos 1.350 millones anuales entre lo que administra directamente la Junta (unos 500 millones) y lo que invierte la Administración General del Estado (más de 860 millones al año).
Desde la cumbre de Lisboa del año 2000, se ha ido dando más protagonismo en el destino de estos fondos a inversiones productivas e innovación. Pero la caída brutal de fondos propios que dedicar a infraestructuras ha llevado a la Junta a solicitar un cambio en el destino de algunas partidas dedicadas a proyectos tecnológicos o innovación para recuperar algún fuelle en las obras públicas. Inicialmente en la Comisión hubo resistencia, pero finalmente se aceptó la propuesta razonada, según fuentes comunitarias. Este dinero suplementario, con la menor cofinanciación nacional permitirá terminar algunas infraestructuras ya iniciadas.
Otro aspecto relevante de la crisis en relación con los fondos europeos, es el aumento del rigor y la severidad en los controles. Una tarea que hace esencialmente la Intervención General del Estado, con la ayuda de inspectores comunitarios. Por ejemplo, se ha bajado desde el año pasado del 5 al 2%, el umbral de desviación a partir del cual se interrumpe un pago. A la Junta le ha pasado con una partida de gasto de más de 300 millones, de los que la parte reembolsable era superior a los 200 millones, enviada a Bruselas en noviembre, que todavía no ha sido abonada. Fuentes comunitarias confirmaron a este diario este extremo, publicado el viernes en El Economista. Aunque precisaron una serie de detalles que no se corresponden con el resto de la información del diario económico. Este tipo de interrupciones son bastante comunes. En este momento hay 146 programas interrumpidos en toda la Unión Europea. Por ejemplo en Francia. O en otros programas regionales españoles, en Cataluña, País Vasco y Valencia, o nacionales como uno del CDTI, centro tecnológico dependiente del Ministerio de Economía.
En el caso de Andalucía, se trata de una factura de 2010 cogida al azar de una obra de Giasa, la Agencia de Obras Pública de la Junta, que tenía una desviación del 7,62%. La Comisión Europea y España litigan desde hace años por un artículo de la Ley nacional de contratos del Estado, que permite conceder modificados y ampliaciones complementarias al mismo adjudicatario, sin nuevo concurso. Esta diferencia está haciendo perder mucho dinero a España en la cofinanciación, porque las administraciones españolas evitan consignar este gasto al proponer la liquidación a Bruselas.
Este diario no ha podido conocer la versión precisa del consejero de Economía, a pesar de haberlo intentado durante el día de ayer. La Junta hizo el viernes un comunicado en el que no explicaba el origen del problema, aunque sí cifraba el importe del expediente en 1,24 millones de euros. De ser así, esa factura habría paralizado durante varios meses la transferencia de un montante 150 veces más grande.
En su comunicado, la Consejería rechazaba que se hubiese paralizado el envío de todos los fondos estructurales por parte de la Comisión. De hecho, eso sería contrario a los reglamentos. Feder, Fondo Social, Feader o el Fondo de Pesca operan de manera separada en las cuestiones de control. Como ejemplo, la Junta ponía la recepción de un pago de 150 millones durante el mes de junio, en concepto de ajuste de tasas del presente marco comunitario de apoyo. Fuentes propias en Bruselas apuntan otro pago de más de 200 millones en marzo. La Junta sostiene que ya ha hecho la corrección oportuna y que se desbloqueará la partida interrumpida.
En todo caso, la crisis hace que las administraciones espabilen a la hora de buscar un mejor destino a los menores fondos de que disponen y también en el rigor de los sistemas de control. Esto no ha hecho más que empezar. Porque la crisis va para rato.

Etiquetas: ,

Los comentarios están cerrados.