Archivos para el tag ‘agua’

Ricardo Serra: “Andalucía ha renegado de lo agrario; piensa más en las nuevas tecnologías”

Ignacio Martínez | 30 de enero de 2010 a las 10:16

Este ingeniero agrónomo dirige una explotación familiar en Cantillana (Sevilla). Aquí ha modernizado su plantación de cítricos, con distintas variedades de naranjas que le permiten producir seis meses al año. Su experiencia en el extranjero y su dominio del alemán, inglés y francés le han convertido en el interlocutor de Asaja en Bruselas. Ricardo Serra es presidente de Asaja en Andalucía, vicepresidente de la ejecutiva nacional y vicepresidente del influyente Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias de la Unión Europea.

-¿Andalucía vive de espaldas al campo?

-Más allá de una serie de gestos, no se puede decir que la cuestión agraria esté en el centro del debate social en Andalucía. En las declaraciones de los políticos o en el discurso del presidente de la Junta sobre la economía sostenible no hay una apuesta decidida por la agricultura como uno de los elementos importantes para salir de la crisis.

-Pero Andalucía es una potencia agraria europea.

-La producción final agraria supera un año normal los 10.000 millones de euros. Muchos pueblos andaluces no tendrían sentido desde el punto de vista económico sin la agricultura. Y tenemos una potente agroindustria. No comprendemos por qué estamos ausentes del debate económico sobre el futuro.

-Yo no sé quién es el responsable de agricultura en el PSOE andaluz, ni el experto agrario del PP. ¿Y usted?

-Pues yo tampoco lo sé. Nuestra relación con los socialistas se establece con las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente. Los partidos no nos consultan de manera constante por nuestras preocupaciones.

-¿Y qué les diría?

-Que en Andalucía desde el punto de vista institucional se ha renegado de lo agrario, porque se ha pensado más en las nuevas tecnologías. Por eso las infraestructuras están en un estado tan penoso.

-¿Qué infraestructuras?

-Hace falta un Plan E, o un Plan R para mejorar las infraestructuras rurales en Andalucía. Los caminos están en un estado penoso. El acceso a las nuevas tecnologías debería ser en las zonas rurales equiparable al de las ciudades. Internet no llega con facilidad al campo. O no hay banda ancha o llega nominalmente pero no en la práctica.

-Y además de caminos rurales y autopistas de la información, ¿qué más echan de menos en el campo?

-Más seguridad. La mayoría de los ayuntamientos fuera del casco urbano no quieren saber nada de la seguridad en el ámbito rural.

-En la comarca de Antequera roban remolques de aceitunas.

-Ocurre en todas partes. Y además ha variado el objeto del robo, ahora está más dirigido hacia la infraestructura. Un transformador de alta tensión que está en el campo, lo tiran al suelo para robar el cobre. Los ladrones van a sacar en el mercado negro 150 euros por lo robado y le hacen un daño al agricultor de más de 6.000. Roban los aspersores de aluminio de los riegos para picarlos y venderlos por dos pesetas…

-¿Han evaluado el importe de lo robado en un año?

-Es difícil de saber, porque los agricultores no denuncian, convencidos de que es inútil. Hay unas 100 denuncias mensuales en cada provincia, pero creemos que no son más que el 10% de la realidad. Igual que están vigiladas las calles debería estar vigilado el medio rural. La Guardia Civil cumplió durante muchos años esta función; había una presencia que se notaba.

-¿Hay menos guardias civiles?

-Ahora vigila el Seprona [Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil]. Pero cuando vienen es para ponerte una multa por el incumplimiento de alguna de las obligaciones de carácter medioambiental. Que está bien, pero deberían venir también para que no nos tiren el transformador o para que no se lleven los tubos del riego.

-Uno de los problemas del campo andaluz es el envejecimiento de sus agricultores.

-España tiene los peores índices de la UE. Los agricultores europeos con menos de 35 años son más del 6%, pero en España no llegan al 4,5%. Y los de más de 65 años son el 34% en la UE, pero más del 36,5% en España. Y el porcentaje andaluz es como el español.

-Uno de cada tres agricultores andaluces tiene edad para jubilarse.

-Más de uno de cada tres. Es alarmante.

-No hay afición.

-La pensión es escasa, muchos agricultores no se pueden jubilar porque no tendrían de qué vivir. Y no pueden dejarle el negocio a sus hijos. Es muy fácil convencer a los jóvenes de que vayan a la ciudad. Sin embargo, la vuelta de la ciudad al campo es muy difícil que ocurra.

-¿Hay apuros financieros?

-Es difícil conseguir liquidez en condiciones razonables. Pero peor es el problema de los precios. En cereales, oleaginosas y proteaginosas los precios son los de hace más de veinte años.

-Se ha producido una enorme concentración de la demanda y sigue muy atomizada la oferta.

-No hay relación entre lo que un agricultor recibe por las naranjas, tomates o pimientos y lo que este producto vale en el lineal. El reparto del beneficio no es equitativo. La dura competencia que hay entre las grandes compañías de distribución se hace a costa del último de la cadena, que es el agricultor.

-Podrían concentrar la oferta.

-El agricultor tiene pocas posibilidades para hacer frente a la gran distribución. Son productos perecederos y el margen de negociación es estrecho. El agricultor debería asociarse en una organización de tal magnitud que sería inviable.

-Otro problema es el cobro. Han cambiado las costumbres.

-Antiguamente, en productos perecederos el cobro era inmediato. El término que se utilizaba era a culo del camión; el camión está pesado, el producto está ahí, pues tanto.

-Cuando se daban la mano, con el trato se daba ya una cantidad.

-Sí, como señal y parte, podía ser un 20%. Pero ahora se cobra a 30 días en el mejor de los casos. Hay gente que propone pagar unas patatas entregadas el 1 de junio con un talón del 12 de octubre.

-Hay otro método de cobro llamado ya te veré. Suena inquietante.

-También llamado en Levante a resultas. Es el peor. Se llevan tu naranja y dentro de tres meses te la liquidan a lo que les dé la gana. Es un sistema que se ha impuesto mucho en cítricos en la parte de Levante y que empieza a implantarse aquí.

-¿Ha descendido el valor de la producción final agraria en 2009?

-Casi un 7%. Han sido 9.750 millones de euros, frente a 10.450 del 2008. El máximo de la última década se alcanzó en 2004 con 11.350 millones.

-¿Por qué ha ocurrido?

-Por varias razones. La primera, por la bajada de los precios. En el año 86, cuando España entró en la Unión Europea, el precio del maíz grano era de unas 32 pesetas el kilo. El año pasado estaba a 24 pesetas. Si a eso se le mete la inflación, estamos vendiendo por debajo de la mitad que hace 25 años. Otro problema ha sido la sequía. Y en tercer lugar, hay menos intensidad en la producción.

-Se han modernizado las estructuras, con ayudas europeas.

-Los regantes de manera especial. Y eso va a suponer una gestión más adecuada del agua.

-La directiva marco europea obliga a cobrar el coste real. Y hay que pagar el agua que se utilice, con contador individualizado.

-La mayor tecnología del sistema implica mayor gasto energético. Eso unido a la desaparición de la tarifa de riego, ha producido un incremento en los costes.

-Tenemos una agricultura excesivamente intensa en agua, insostenible uno de cada cinco años.

-Hay que replantearse la política hidráulica. El mes pasado ha caído el agua de un año; Andalucía tiene periodos de sequía y de lluvias intensas. Hay que mejorar la gestión y el uso del agua, pero también aumentar la capacidad de nuestros embalses. Y poner en marcha lo que tenemos: en la ampliación de La Breña [Córdoba] no funciona el sistema de bombeo; ni siquiera se han licitado las tuberías.

-Usted propugna un sistema privado de almacenamiento de agua.

-Hemos insistido mucho, pero no nos dejan. En los márgenes del Guadalquivir, los agricultores podrían construir balsas, con un sistema controlado y vigilado por la Administración. En los momentos de avenidas fuertes se llenarían las balsas, para poder regar durante el verano. En vez de grandes presas, muchas pequeñas balsas.

-¿Y qué le dicen en la Junta?

-Uno de los dogmas de la política hidráulica en Andalucía es que hay que organizarnos con lo que tenemos, gastando menos. Nosotros decimos que tenemos que mejorar nuestra eficacia, pero no es suficiente, porque la agricultura del futuro es la agricultura del riego: da empleo, genera riqueza y fomenta el valor añadido.

-Marruecos es una de las pesadillas del agricultor andaluz.

-Marruecos va a ser siempre nuestro competidor. Lo que pedimos es equidad en la competencia. A mí no me pueden pedir que cumpla 152 normas medioambientales compitiendo con un señor que no cumple ninguna. Ni me pueden reducir los productos fitosanitarios de 800 epígrafes a 200, con lo que muchos cultivos sobre todo andaluces quedan fuera de la protección, y competir con un señor que utiliza los productos prohibidos.

-¿Por qué dice “sobre todo andaluces”?

-En productos fitosanitarios hay dos grandes bloques: los fungicidas que controlan los hongos en las zonas frías y los insecticidas que controlan los insectos en las zonas cálidas del sur. Y el grueso de la limitación en la UE se ha centrado en los insectos. El agricultor almeriense que sufre esa restricción compite con un marroquí que sí puede utilizar los insecticidas.

-Estamos en pleno chequeo de la política agraria común. La PAC tuvo el 80% del presupuesto de la UE en los años 70 y en 2020 estará cerca del 30%.

-Tenemos tres problemas. El primero es la presión del Reino Unido y Suecia, con la República Checa y Malta en segundo plano, para que se reduzcan los fondos agrarios. El segundo es la batalla que darán los países del este para sacar provecho en la nueva situación. El tercero es que hay que abandonar el complejo de culpa por tener una política agraria y no estoy seguro de que tengamos los líderes adecuados en la Europa actual para hacerlo.

Un administrador único para el agua

Ignacio Martínez | 20 de abril de 2008 a las 19:23

Una guerra del agua planea sobre España como una amenaza bíblica en el inicio de esta Legislatura. El detonante ha sido el trasvase de 50 hectómetros cúbicos de agua del delta del Ebro hasta la ciudad de Barcelona. Francisco Camps, el presidente de la Comunidad  Valenciana, ha abandonado por un momento su campaña de apoyo a Rajoy en el interior del PP, para plantarle cara al presidente del Gobierno. Ha dicho cosas tremendas. Que no permitirá que se humille a los valencianos y que Zapatero no tiene categoría personal ni política para llevar a cabo esa humillación. La razón de su enfado es que Camps piensa que se hace un trasvase del Ebro camuflado, que se le concede de estranjis a Cataluña, mientras se le niega a otras autonomías.En este asunto la ministra Elena Espinosa no ha estado fina. Ha dicho categórica que no es un trasvase, que el concepto técnico de esta operación es otro. Bobadas. Dice el diccionario de la Real Academia que transvasar es pasar  líquido de un sitio a otro. En fin, estamos ante un trasvase ineludible, porque es una emergencia para dar de beber a los ciudadanos, se ponga como se ponga el presidente Camps. En todo caso, se inicia una Legislatura y sería deseable que el PSOE y el PP anoten este asunto entre los grandes temas de Estado en los que se tienen que poner de acuerdo. El Plan Hidrológico Nacional aprobado por el Gobierno Aznar no se consensuó con el PSOE y Zapatero lo suprimió en cuanto llegó al poder. El desencuentro continuó después. El plan posterior de la ministra Narbona, basado en desaladoras, tampoco ha encontrado el apoyo de los populares. Tras cuatro años de sequía hay problemas de abastecimiento a algunas ciudades, mientras ambos partidos discuten sobre galgos y podencos. En Andalucía, el plan puesto en práctica hace tres años en Málaga y la Costa del Sol ha surtido efecto y no hay sensación de penuria. El presidente Chaves en su discurso de investidura ha dicho que en esta Legislatura se dispondrá de 1.000 hectómetros cúbicos más, de los que se beneficiarán todas las provincias andaluzas, y se invertirán más de 2.000 millones para potenciar el abastecimiento de las ciudades. Personalmente me gusta el organigrama del nuevo Gobierno de la nación con un Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Suena bien lo que armonizar el medio natural con la agricultura y el desarrollo rural. Es una buena idea que sea la misma institución pública la que administre la escasa dotación de agua de que dispone el país antes, durante y después del gran debate nacional que deben entablar todos los partidos y regiones. La directiva marco del agua en la Unión Europea tiene que estar plenamente en vigor en 2015. Uno de los principios de esta norma comunitaria es recuperar el cauce de los ríos y evitar la excesiva regulación. Otra de las obligaciones exigidas por la directiva es que se cobre el precio real del servicio. En centroeuropa se pagan 3 y hasta 4 euros por metro cúbico de agua, mientras en España la media para abastecimiento urbano está en un euro, pero hay casos de 0,7 y de 1,5. Las ciudades más caras de Andalucía son Sevilla y Málaga en donde el precio está en 1,2. Lo razonable es que para 2015 haya subido hasta el doble.

El caso de los riegos para la agricultura es distinto. Hay regiones como Andalucía en las que el peso de la agricultura en el consumo de agua es altísimo, supera el 80 por ciento, mientras que en Cataluña está en el 70. La mayor parte de los regadíos andaluces son recientes o han sido modernizados, pero todavía quedan unas 400.000 hectáreas con conducciones antiguas, algunas de hace casi un siglo. Las pérdidas que provocan instalaciones de riego obsoletas pueden situarse entre un tercio y la mitad del agua transportada. El precio es muy bajo para las comunidades de regantes: entre 7 y 10 céntimos de euro el metro cúbico según la zona. Y se paga por un tanto alzado en función de la extensión y el cultivo. Un sistema que castiga a los agricultores más eficientes, que han invertido en modernizar sus sistemas. Los contadores tienen que empezar a funcionar. El temario a discutir sobre el futuro es muy amplio. Los dos grandes partidos tienen la responsabilidad de negociar un plan y evitar una guerra del agua.