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Bendito POTA

Ignacio Martínez | 31 de octubre de 2008 a las 10:08

Hace sólo dos años, cuando no teníamos ni idea de que venía un tsunami económico financiero, que iba a arrasar el mundo, el sector inmobiliario andaluz estaba revuelto: todo dios la tenía tomada con la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, porque había osado poner normas en la finca sin vallar que era el urbanismo regional. Tengo guardada en mi archivo una perla: una intervención del secretario general del PSOE andaluz, Manuel Chaves, ante el comité director de su partido. Se dirigía el presidente a los promotores y a las organizaciones empresariales que habían puesto el grito en el cielo por la limitaciones en la construcción previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

El POTA prohibía crecimientos municipales superiores al 40% en suelo urbanizable o del 30% en población durante un período de ocho años. Chaves decía que se aplicaría el Plan con flexibilidad, que ningún proyecto de interés general se iba a quedar sin suelo (y que el interés general incluía el interés razonable de los constructores, dentro del margen de la ley). Ahora nos podríamos dar con un canto en los dientes con estos límites. En esa misma reunión, de diciembre de 2006, el jefe de los socialistas andaluces admitió que sus gobiernos habían cometido errores, pero subrayó que las nuevas leyes andaluzas pretendían algo muy sencillo: que el desarrollo residencial se hiciera al mismo tiempo que se garantizara el agua, los equipamientos y los servicios.

Leído en la actualidad y con la que está cayendo, se le pueden poner pocos peros a esto. En los locos años 2000, en España se construían 700.000 viviendas al año, unas 200.000 en Andalucía. Menos mal que se paró la fiebre constructora desde la Administración; si no, en vez de un parque regional de más de medio millón de viviendas que buscan comprador, tendríamos un millón. O más. Otra cosa que hay que agradecerle a la ex consejera, a sumar al valor que supuso la directriz de ordenar un territorio desordenado. Valor, en el doble sentido de audacia y mérito.

De ese medio millón de viviendas que buscan comprador algo menos de la mitad está en manos de promotores. El resto es de propietarios privados que se metieron en los pisos para dar el pelotazo y se han quedado pillados, sin dinero para pagar las hipotecas, con depreciación del inmueble y sin cliente alguno que lo quiera comprar. Total, que hemos pasado del maldito POTA y maldita Administración al bendito POTA. El Gobierno regional, como reconocía su presidente hace dos años, ha cometido gruesos errores en este campo. En particular los antecesores de la consejera Gutiérrez, que evitaron arriesgarse. El primero que se atreviese a querer racionalizar el urbanismo se iba a ganar muchos palos. Pero ahora resulta que le ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza a sus críticos. Esto es lo que hay.

‘Colonialismo’ en Cartuja 93

Ignacio Martínez | 26 de octubre de 2008 a las 13:10

Esta crisis mundial que tenemos ya encima, comparable al crack del 29, es una oportunidad para revisar todos los elementos del desarrollo andaluz. El objetivo debe ser que el nuevo modelo de crecimiento sea más eficiente. Las empresas privadas y las administraciones públicas tienen la oportunidad de mejorar sus organizaciones y su gestión patrimonial. Les pongo un ejemplo paradigmático: todos los presidentes de Cartuja 93, el Parque Tecnológico de Sevilla han intentado gestionar directamente el suelo de la Isla, el terreno en donde se celebró la Expo’92. No han podido los Montaner, Viera o el actual Pérez Saldaña, por citar algunos ejemplos. Todos han fracasado en el intento.

En la reciente celebración del 15 aniversario de este parque tecnológico descubro que el 75% del suelo de la Cartuja lo controla una empresa pública estatal, Agesa, calificada informalmente por algún asistente al acto como “la inmobiliaria más rentable de España en estos momentos”. El otro 25% del terreno es de la Junta de Andalucía, pero lo gestiona Patrimonio, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda. Lo que significa que la dirección del Parque no tiene la capacidad de gestionar su suelo. Una aberración.

Un parque así es un instrumento para el desarrollo económico de Andalucía utilizando la tecnología. Y éste en concreto tiene un gran valor estratégico. Se lo concede la propia administración: la mayor parte del I+D público andaluz está concentrado aquí. En total, hay 350 empresas que facturan 2.238 millones de euros al año. Lo natural, como ocurre con el pujante Parque Tecnológico de Málaga, es que sus activos fuesen administrados por sus gestores. No se trataría tanto de vender el metro cuadrado más caro o de instalar muchas consejerías, sino de atraer a los centros de investigación y desarrollo más competitivos del mundo o a las empresas tecnológicas más avanzadas. Pero en Sevilla los dueños del suelo están en otra cosa. La inmobiliaria estatal lo que quiere el sacar el máximo rendimiento a sus activos y hace muy bien, esa es su obligación. Y Patrimonio tiene que buscar sitio a las instituciones y empresas públicas de la Junta, nuevas o reubicadas. También cumple con su tarea oficial. Pero después están los políticos, que tienen que tomar decisiones más allá del corto plazo y los reglamentos. Si nada lo remedia, los gestores de Cartuja 93 tendrán en 2014 de patrimonio propio los 2.000 metros cuadrados de la tecnoincubadora Marie Curie; un 0,28% de lo que será el Parque entonces.

Hay quien opina sobre el caso que los activos de Agesa deberían de pasar a la Junta y después a la gestión del Parque. Debería haber sido así desde el año 93, pero el primer presidente de Cartuja, Rafael de la Cruz, prefirió que se crease una sociedad estatal, por miedo a las deudas y pleitos herencia de la Expo. La revalorización del terreno ha convertido en un error aquella estrategia ‘colonial’. En Málaga se hizo exactamente al revés. Los terrenos del PTA eran del IFA, la Junta y el Ayuntamiento, en régimen de proindiviso, pero se hizo una ampliación de capital y se cedieron los activos a la sociedad anónima que gestiona el Parque. El PTA es un modelo para muchas cosas. No en balde este Parque es sede de las asociaciones nacional e internacional de parques tecnológicos.

Ahora hay una oportunidad de solventar el error sevillano en el pago de la deuda histórica. El Gobierno central ofrece 900 millones de euros y la Junta reclama entre 1.100 y 1.700 millones. Algunas fuentes atribuyen a los activos de Agesa un valor de 300 millones de euros. La Junta ya ha dicho que admitiría el pago en especies. La cosa encaja tanto que hasta se hizo alguna gestión informal, aunque ha sido oficialmente desmentida a este diario por la Consejería de Economía. Arreglar este desajuste debería ser uno de los ingredientes del nuevo modelo de desarrollo.

Andalucía se calienta

Ignacio Martínez | 3 de octubre de 2008 a las 9:07


Europa se calienta más que la media del planeta. Y el sur del Mediterráneo más que la media europea. Durante este siglo Andalucía tendrá más consumo de electricidad y aumentarán los costes energéticos, descenderán las lluvias y el caudal de los ríos, los riesgos de incendios serán mayores, bajará la producción agrícola, habrá menos turismo en verano y más muertes por las olas de calor. Todo esto y mucho más dice el informe que la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó el lunes. Se puede consultar aquí. No se trata de una proclama apocalíptica de cuatro aventureros, sino de un detallado estudio de la agencia oficial de la Unión Europea en la materia. Pinta mal. Peor que la crisis económica, porque sus consecuencias son más duraderas y el panorama más sombrío.

En un siglo, puede desaparecer entre el 10 y el 15 por ciento de las plantas del sur de España. Esta pérdida de biodiversidad no es un problema paisajístico, sino que provocará un grave riesgo de desertización. Mientras que en el norte de Europa pueden aumentar las precipitaciones hasta un 40 por ciento, en el sur las lluvias podrían descender en un 20. Aquí no cabe el consuelo del mal de muchos. Para el norte de Europa los datos de la agencia son, aparentemente, más buenos. Menos nieve, más caudal de los ríos, alta producción forestal, elevadas cosechas, desplazamiento hacia el norte de las especies animales y vegetales, menor consumo energético en calefacción, más energía hidroeléctrica y más turismo en verano.

En todo caso, desde principios de los 90 Groenlandia se derrite: está perdiendo 100.000 millones de toneladas de hielo al año. También se deshiela el oeste de la Antártida. Todo ese hielo se convierte en agua dulce que hace disminuir la salinidad de los mares, lo que afecta a la formación de aguas profundas, que son las que empujan la circulación oceánica. Ese agua suplementaria también hace subir el nivel del mar, de manera ostensible. Durante el siglo XX, el nivel del mar subió una media de 1,7 milímetros al año. Pero en los últimos 15, la subida ha sido casi del doble.

Es evidente que el progreso industrial ha deteriorado la calidad del medio ambiente. El cambio climático no es un eslogan ecologista, sino una realidad científica: en el último siglo ha subido la temperatura media del planeta algo más de un grado; en los próximos cien años puede subir dos, cuatro y hasta seis grados en España, en particular aquí en Andalucía. Todo depende de que se limite la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento de la tierra. Si después de esta crisis económica ya nada volverá a ser como antes en el mundo, esperemos que algunas cosas cambien para mejor.

Tinta de calamar

Ignacio Martínez | 8 de septiembre de 2008 a las 19:22

El Gobierno ha encontrado un buen remedio contra los efectos de la crisis sobre los ciudadanos. La tinta de calamar. Es muy completo; tiene energía, proteínas, hidratos de carbono, fibra, calcio y vitamina A. También sirve para distraer la atención y camuflar defectos propios o del paisaje. La crisis gana terreno: el PIB de la Eurozona ha bajado en el segundo trimestre. Zapatero tiene razón cuando dice que España es la que va mejor de los cinco grandes. En Alemania ha bajado el producto bruto nacional en medio punto, en Francia e Italia un 0,3 y el Reino Unido se ha quedado como estaba. El famélico +0,1 del PIB español resulta ser un récord de Europa.

Pero todos los días hay malas noticias en España. En agosto, la venta de coches ha caído un 41%. La producción industrial ha bajado 4,4 puntos en el último año. Y Andalucía es la región con peor evolución en este campo. A pesar de éstos y otros datos, la Administración española encabeza la competición de estados de ánimo. El presidente del Gobierno sostiene algo indiscutible, que el pesimismo no crea puestos de trabajo. A esto hay que añadir que España también ostenta el liderazgo continental en producción de tinta de calamar: por orden alfabético, los ministros van soltando ideas, ocurrencias y debates polémicos para evitar que la opinión pública piense en la crisis. Con lo que la tinta de calamar adquiere virtudes psicotrópicas.

Con la A, la ministra Aído propone revisar la ley del aborto, que no estaba en el programa electoral del PSOE. Con la B, Bernat Soria planea regular el suicidio asistido esta legislatura. Con la C, Corbacho comunica que se han terminado los contratos en origen para los inmigrantes. Propongo que se sigan deletreando propuestas, que además de distraer, modernicen nuestra economía. Con la D, la desaparición de las Diputaciones y el adelgazamiento de la burocracia administrativa. Alguien nos debería explicar por qué en Cataluña hay 38 funcionarios por cada mil habitantes, el Andalucía 60 y en Extremadura 85. Con la E, la ministra Elena Espinosa podría proponer condicionar el sistema de ayudas agrícolas a la industrialización y comercialización. ¿Cuánto dinero pierde Andalucía por vender el 80% de su aceite de oliva a granel, para que los italianos lo envasen con el letrero Made in Italy?

Con la F, la vicepresidenta Fernández de la Vega explicaría por qué España es el segundo país de Europa que más energía gasta para producir una unidad de PIB. Con la G, la ministra Garmendia dedicaría ayudas a las empresas más competitivas, para que mejoren su innovación, creen más empleo y aumenten su mercado internacional, en vez de enterrar dinero en compañías sin futuro. Y así sucesivamente. Sin trampas. Sin tinta de cefalópodo, que también se utiliza para tatuajes temporales: pero ese camuflaje, como el de los calamares, es efímero.

Se gripa el motor del desarrollo

Ignacio Martínez | 20 de julio de 2008 a las 20:30

El crecimiento andaluz se verá seriamente afectado por el parón en construcción e inmobiliario, que superaban el 20% del PIB andaluz y más del 25% en el caso de Málaga. La reconversión de estos sectores, con una altísima mano de obra, va a suponer un reto para los dirigentes políticos y empresariales. Este ajuste se produce al mismo tiempo en que se negocia un nuevo sistema de financiación autonómica, en el que las regiones ricas quieren disminuir su contribución a la solidaridad nacional. Coinciden tiempos de crisis y tensiones territoriales.

 El desajuste institucional de Bélgica es el saldo del desentendimiento entre flamencos y valones, dos comunidades muy distintas en cultura, lengua y raza, que comparten la religión católica y una historia común de menos de dos siglos, bajo una monarquía constitucional. En España tenemos la ventaja de contar con 17 comunidades autónomas, lo que diluye las tensiones regionales. Las peleas son mucho peores cuando se dan entre dos mitades de la sociedad.

En este país acabamos de conocer las balanzas fiscales el martes y el jueves la nueva propuesta de financiación autonómica. Los saldos fiscales son elementales: las regiones más ricas tienen déficit y las menos desarrolladas, superávit. Andalucía, con un saldo positivo de entre un 3,05 y un 4,65% de su PIB, se sitúa en el séptimo puesto de la clasificación. Un puesto discreto, que coloca a Andalucía lejos del estereotipo de la región subsidiada. Las cuentas que hace el profesor Ferraro hoy domingo en su Tribuna en los periódicos del Grupo Joly son sencillas: el superávit andaluz en 2005 fue de 5.054 millones de euros, de los cuales 3.642 fueron fondos europeos.

Aunque el Gobierno diga que no tiene nada que ver una cosa con la otra, balanzas y financiación autonómica parecen sospechosamente unidas. En Cataluña, región en torno a la que giran las reclamaciones en este campo, han recibido las balanzas al grito de ¡expolio fiscal! y la propuesta de financiación con una queja profunda del socialista  Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalitat: el sistema presentado por Solbes le parece “decepcionante, insuficiente y preocupante”. Cataluña tiene el tercer puesto por la cola de la lista, con un saldo negativo de entre un 6,38 y un 8,70% del PIB. El presidente Montilla ha amenazado con graves disgustos al presidente Zapatero en el congreso del PSC de este fin de semana. Debe ser el único que le chista a ZP en las filas socialistas españolas.

Esta confrontación es incómoda para Zapatero en particular, dado que dos de las tres regiones más perjudicadas por los saldos fiscales están gobernadas por los compañeros Montilla y Antich en Cataluña y Baleares, que están dispuestos a dar la batalla para pagar mucho menos a las arcas nacionales. Solbes promete que ninguna región va a salir perjudicada, lo que significa que la atropellada será la Administración general del Estado. Con  la que está cayendo sobre la economía española no parece que sea el mejor momento de entablar esta pelea financiera.

 El caso belga viene también a cuento del cambio copernicano que va a dar la economía nacional y el modelo de crecimiento. Antes de la reconversión industrial en Bélgica, el sur valón era la región rica con una importante siderurgia y unas prósperas minas de carbón a las que emigraron –por cierto– muchos andaluces, por ejemplo del norte de Córdoba. Los francófonos dominaban todos los resortes de poder, en los negocios, en la banca, hasta en la ópera. El norte flamenco era pobre, con una economía de minifundio agrícola. La reconversión industrial transformó a los valones en parados o jubilados anticipados, subsidiados por la seguridad social. Mientras que en el norte no hubo que hacer reconversión y los flamencos pasaron de la vaca lechera a las nuevas tecnologías. Desde Eindhoven, la patria de la Philips, al sur de Holanda, hasta Amberes, en la costa belga, hay un Silicon Valley centroeuropeo de enorme potencia innovadora. Hoy los flamencos controlan las finanzas, los resortes empresariales y hasta la ópera.

Una ventaja de que en Andalucía no hubiese una potente industria pesada es que aquí no habría que hacer la reconversión más que en el sector naval. Se podía pasar de una sociedad agraria a una de modernas tecnologías sin disparar las clases pasivas. Pero ahora resulta que la construcción se ha convertido en nuestra particular siderurgia. Sin contar el sector inmobiliario, sólo la construcción representaba en 2006 el 13,7% del PIB andaluz y el 17 en Málaga, según los datos de Funcas. Un año antes, el INE daba un 12,5% para Andalucía y el 18,4% para Málaga. Se ha gripado el gran motor del crecimiento andaluz, la financiación autonómica está discutida y la europea tiene fecha de caducidad. Entramos en una situación preocupante.

El monstruo del Lago Ness

Ignacio Martínez | 16 de julio de 2008 a las 7:15

El Gobierno ha presentado las balanzas fiscales, que hasta ahora eran como el monstruo del Lago Ness: todo el mundo hablaba de ellas y nadie las había visto. El misterio no era para tanto. La primera conclusión es de Perogrullo: las regiones con más renta tienen déficit fiscal y las de menos renta, superávit. Es lo normal en un sistema fiscal progresivo, con una correcta redistribución de la riqueza. Baleares, Madrid y Cataluña son las tres más perjudicadas. Y Extremadura, Asturias y Galicia, las tres más beneficiadas. Andalucía está en el séptimo puesto de las de saldo positivo.

La segunda impresión entra en el capítulo de las sorpresas: tanto el País Vasco como Navarra tienen un saldo fiscal negativo; mínimo, pero negativo. Y en tercer lugar, algo que se daba como fijo en las quinielas: se ha producido una gran protesta de los partidos catalanes, que califican el resultado de expolio fiscal, escándalo e injusticia. Y piden que las balanzas fiscales sean la base de la modificación del sistema de financiación autonómica, a lo que se niega el Gobierno.

En contra de la doctrina catalana, Hacienda utiliza varios argumentos, pero me quedo con uno: “Las regiones de renta alta suelen presentar saldos positivos en su balanza comercial interior”. Esto significa, para que se entienda, que si Cataluña cotiza tanto al Fisco español, entre otras cosas, es porque extremeños, gallegos, asturianos, andaluces, y el resto de los españoles, compramos productos catalanes, que producen beneficios a las empresas, puestos de trabajo para los operarios y directivos de nuestro proveedor, negocio para transportistas, publicitarios, vendedores, etcétera. Y todos ellos pagan impuestos. Estoy completamente en contra de todo tipo de boicot. Pero si compramos productos catalanes estamos contribuyendo imprudentemente a aumentar el déficit fiscal catalán. Los nacionalistas lo ven como un expolio, en vez de verlo como un magnífico negocio, por el que tienen que compensar a sus clientes, entre el 6 y el 9%.

Pero las protestas catalanas no son completamente rechazables. La patronal Pimec acaba de publicar un estudio según el cual en Cataluña el empleo público es el 8% del empleo total y en Extremadura es el 22,7. La media española es de 12,6% y la andaluza del 15,3. Si piensan que ese ratio sale porque en Extremadura hay mucho menos empleo, se equivocan: en Cataluña hay 38 funcionarios por cada 1.000 habitantes y en Extremadura 82. Hay alguna cautela que poner: Cataluña dispone de una importante red de servicios educativos y sanitarios gestionados de forma privada, pero en algunos casos pagados por la Administración. Aun con todo, llama la atención el despilfarro administrativo de las regiones menos desarrolladas. Así que unas regiones y otras tienen motivos para la discreción en el debate financiero que se avecina.

Capeando el temporal

Ignacio Martínez | 4 de junio de 2008 a las 13:25

Zapatero en el Guiñol

 Imaginen que están en una casa, en medio de un bosque en llamas. Para que no cunda el pánico, el jefe del lugar reúne a todo el mundo y dice “el pesimismo no apaga el fuego”. ¿Provocaría una sensación de paz y tranquilidad general? ¿O dispararía la ansiedad entre los congregados? Sube el paro, se hunde la construcción, caen en picado las ventas de bienes de consumo y aparece Zapatero. No aparenta ser la acción de un personaje real, sino del primo de Superman que pusieron en pantalla los Guiñoles en hace ocho años. Sosoman, con su mejor mirada transparente, dice con gran solemnidad obviedades pluscuamperfectas. Esta vez la frase merece una nominación para el premio Nobel de Economía: “el pesimismo no crea puestos de trabajo”.

Estos detalles le acercan otra estrella televisiva, que se le parece mucho, el Mister Bean interpretado por el actor británico Rowan Atkinson. Aunque en este caso a quien realmente imita la realidad es a otro héroe de ficción, el de Bienvenido Mr. Chance. Una creación, por cierto, de otro comediante británico, Peter Sellers, al que nominaran para el Oscar de Hollywood por ese papel. La cosa no está para bromas, sin embargo. Ayer, en Radio Nacional, Juan Ramón Lucas le arrancó al vicepresidente Solbes que hay que apretarse el cinturón. Aunque el ministro de Economía dijo que no habría que ajustar muchos agujeros ni durante mucho tiempo, un año o dos. Algo es algo. En la misma entrevista, Solbes habló de capear el temporal y sostuvo que los 15.000 parados más (6.000 sólo en Andalucía) no es una subida tan espectacular.

Frente al autismo gubernamental, prefiero decisiones como las que ayer aprobó la Junta de Andalucía, aunque también aquí hay fuertes dosis de buenismo, con brindis al sol de la categoría de “favorecer la liquidez”, “controlar la inflación” o “reabsorber a los trabajadores afectados por la desaceleración económica”. La propaganda oficial habla de 1.374 millones de euros y 35 medidas. El Gobierno autonómico pretende apoyar la renta familiar, dinamizar el sector de la vivienda y acelerar las inversiones públicas en campos tan diversos como carreteras, ferrocarriles, sanidad, escuelas, facultades universitarias, embalses y conducciones de agua o forestales.

Lo mejor contra el fuego son las medidas de prevención y, después, un diagnóstico correcto de la situación para afrontarla con éxito. El milagro español de crecimiento, por encima de la media europea durante más de una década, y su pariente distinguido el milagro andaluz, de crecimiento por encima de la media española durante el mismo periodo, estaban basados en dos locomotoras: la construcción y el consumo interno. El motor de ambas se ha gripado. Y hacen falta buenos mecánicos para reparar la avería. El pesimismo no apaga los incendios, pero con el dontancredismo la casa acabaría carbonizada.

La llave del éxito

Ignacio Martínez | 2 de junio de 2008 a las 13:04

Un joven colega me explica una teoría según la cual en el inicio de la Transición pesaron mucho los expertos en leyes, después se pusieron de moda los economistas y ahora los periodistas están rifados. Alcaldes, presidentes de Diputación, consejeros o ministros buscan periodistas para la comunicación. Eso, al principio, porque después ejercen de jefes de gabinete móviles, porque viajan con su jefe y acaban de ayudante universal.

En el primer Parlamento andaluz hubo brillantes licenciados en Derecho. Por ejemplo, los abogados del Estado Hernández Mancha, Arias Cañete o José Ramón del Río, de AP; los notarios Antonio Ojeda (PSOE) y Luis Marín Sicilia (UCD), presidente y vicepresidente en aquella legislatura; o el catedrático de Derecho Civil Ángel López López (PSOE). Ahora no quedan abogados del Estado, notarios o catedráticos en el Parlamento, dicho sea sin ánimo de ofender.

Por entonces debutó un grupo de economistas en torno a Braulio Medel, director general de Planificación en el primer Gobierno Escuredo en 1982. Estos jóvenes que llegaron con el actual presidente de Unicaja han ido creciendo, en el más completo sentido de la palabra: Juan Antonio Cortecero es el número dos del vicepresidente Zarrías, Antonio Ávila es el número tres del vicepresidente Griñán, e Isabel de Haro es secretaria general en la Consejería de Innovación.

El auge administrativo de los periodistas es más reciente. Y también se han dedicado a la política: Juan Ojeda, que fue director del Córdoba, llegó a secretario general del PP andaluz, y uno de los valores emergentes del PSOE es el ya diputado Miguel Ángel Vázquez. No es una originalidad local. En Dinamarca en 1992, en el Gobierno que perdió el referéndum de Maastricht, estaba como ministro de Exteriores el carismático periodista Uffe Ellemann-Jensen. Y en Londres, acaba de ser elegido alcalde mi colega Boris Johnson, corresponsal del Daily Telegraph en Bruselas en los 90, a quien recuerdo tan ocurrente como amante de la juerga.

Los periodistas triunfan en otros cometidos. Acaba de dimitir como director del Teatro Cervantes y del Festival de Cine de Málaga Salomón Castiel, que ha hecho en ambos cometidos una labor destacadísima. Aunque en Málaga lo de profeta en su tierra resulte aún más difícil que en la media española. Castiel es uno de los fundadores de Canal Sur, lo que me trae a la memoria al alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que fue corresponsal de TVE en los primeros 80. Aunque la de alcalde es una especialidad muy de médicos: Pedro Aparicio (Málaga), Esperanza Oña (Fuengirola), José Moratalla (Granada), Alfredo Sánchez Monteseirín (Sevilla). Al final va a resultar que ni los reglamentos, ni las cuentas, ni la información, que a los ciudadanos quienes les seducen de verdad son los expertos en salud.

Negro, blanco, árabe, indio

Ignacio Martínez | 28 de mayo de 2008 a las 21:38

Según una encuesta que acaba de publicar la fundación catalana Jaume Bofill, los cuatro millones de inmigrantes con papeles que hay en España no piensan irse. El objetivo del Gobierno de facilitar su retorno va a pinchar en hueso. Los inmigrantes tienen una visión del presente y del futuro más optimista que la de los autóctonos. Están tan satisfechos de la acogida que sólo desea volver a su país un 10 por ciento de los que llevan en Cataluña menos de cinco años, y un 2 por ciento de los que residen allí desde hace más de dos lustros. No creo que el medio millón de residentes extranjeros en Andalucía tenga otro punto de vista. Así que todos debemos ir pensando más en la integración que en la devolución de unos trabajadores con los mismos derechos que los españoles, excepto el voto. La crisis económica traerá alguna tentación racista. Tampoco hay que alarmarse, porque ya ha ocurrido en otras naciones europeas.

Un socialista, el presidente de la región mediterránea del Languedoc-Rosellón, la vecina francesa de Cataluña, protagonizó un escándalo en Francia hace año y medio. Georges Frêche dijo que en la selección francesa de fútbol había demasiados negros. “Hay nueve de once y lo normal sería que hubiese tres o cuatro”. En los blogs de internet acribillaron a Frêche, un pied noir originario de Túnez. Uno de los comentarios era muy ilustrativo: “Si cree que sólo debe haber un 30 por ciento de negros en la selección de fútbol, para reflejar la realidad del país, entonces propongamos un 30 por ciento de negros en la Asamblea Nacional, otro 30 en el Gobierno y otro 30 de presentadores en la cadenas públicas de televisión”.

Estas polémicas xenófobo-futbolísticas no son nuevas en Francia. El líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen en vísperas del Mundial del 98 también se quejó de que los blancos de pura raza francesa no fuesen mayoría en la selección. Para su desgracia, aquel equipo capitaneado por Zidane y Thuram se proclamó campeón del mundo y provocó un fenómeno social de integración sin precedentes en la historia gala: el eslogan multirracial fue black, blanc, beur, que traducido sería algo así como negro, blanco, árabe. En España no será tan fácil, porque la selección de Luis está lejos de poder ganar la Eurocopa y además no tiene extranjeros, ni negros, ni árabes, ni sudamericanos de raíces indias. Y, sin embargo, ese es el futuro, no del equipo nacional de fútbol, sino de los componentes del Congreso o el Gobierno, como reclamaba el internauta francés.

Esta sociedad debe ejercer su capacidad de integración social con una población joven y emprendedora que puede aportar mucho a su economía y a la propia identidad nacional. Los marroquíes, rumanos o ecuatorianos de ahora no son una novedad; ya pasó antes con iberos, celtas, cartagineses, romanos, visigodos, judíos, árabes y todas las razas y civilizaciones que han dado lugar al español actual.

‘Coma inducido’ en el Consejo Audiovisual

Ignacio Martínez | 25 de mayo de 2008 a las 15:53

Vázquez Medel

España podría aspirar a una medalla de oro suplementaria en los Juegos de Pekín, si se declara el furor legislativo como deporte olímpico. Nos encanta legislar. Muchas leyes, como las de dependencia o violencia doméstica, tienen tan buenas intenciones como escasos medios materiales y humanos para ser aplicadas. O acaban en manos de órganos que no tienen atribuciones reales para hacer efectivas las aspiraciones del legislador. Es el caso del Consejo Audiovisual de Andalucía, en coma inducido desde que el pasado martes dimitió su primer presidente, Manuel Ángel Vázquez Medel. Este CAA, tomado por el pito de un sereno por propios y extraños, es nada más y nada menos que una de las ocho instituciones troncales sobre las que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad autónoma, según recoge el Título IV del Estatuto de Andalucía.Desgraciadamente el CAA está lejos de ser la autoridad independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales en los medios audiovisuales, que establece el artículo 131 del Estatuto. Y está lejos, porque los legisladores andaluces así lo quisieron cuando aprobaron la ley de creación del CAA en 2004. El origen de los consejos audiovisuales en Europa está en el primer Gobierno socialista francés bajo la Presidencia de Mitterrand. En 1982 arranca la Alta Autoridad para el audiovisual, que en 1989, al inicio del segundo septenato de Mitterrand, pasó a llamarse Consejo Superior del Audiovisual. Este organismo tiene enorme poder: entre otras cosas, nombra a los presidentes de la televisión y de la radio públicas, concede las licencias de radio y televisión y tiene una capacidad de sanción que ha ejercido con firmeza desde su creación, con multas de muchos millones de francos.

De todas estas competencias carece el Consejo andaluz, órgano de carácter meramente consultivo. Las 22 funciones previstas en su artículo 4 empiezan con verbos que ponen de manifiesto las buenas intenciones del legislador y el escaso poder del órgano. El CAA debe velar, asesorar, informar, fomentar, propiciar, incentivar, vigilar… Mucha autoridad y poco poder: sólo la capacidad de sanción por infracciones en los contenidos o en la publicidad.

La segunda debilidad del CAA es que aunque es un órgano de origen parlamentario, depende burocráticamente de la Consejería de Presidencia, de sus servicios jurídicos, de su presupuesto, de su tutela. La ley indica que la administración de la Junta de Andalucía le prestará a este organismo “la colaboración necesaria”. Presidencia es, por cierto, la misma Consejería de la que también depende la Radio Televisión de Andalucía, la RTVA. Lo lógico sería que un órgano independiente que emana del Parlamento, dependiese de la propia Cámara en todos los aspectos, también en los reglamentarios, jurídicos o presupuestarios. El mismo reglamento del CAA fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que enmendó a su criterio lo dispuesto por los consejeros independientes, sin que el Parlamento ni el CAA tuviesen nada que objetar.

La tercera fragilidad del CAA ha sido la falta de espíritu colegiado de sus trabajos y decisiones. Difícilmente un órgano nuevo, como éste, puede acreditarse ante la sociedad con resoluciones sacadas por mayorías simples. Y menos en un ambiente de confrontación. Es curioso se censure siempre el frentismo entre los dos grandes partidos y cuando se nombran órganos profesionales como el Consejo General del Poder Judicial o el CAA, sus componentes acaben convirtiendo a estas entidades en miniparlamentos profundamente divididos. Hay consejeros audiovisuales, de todo signo, que se quejan de “vejaciones, insultos y ninguneos” de alguno de sus colegas.

A pesar de todo, en sus dos años y medio de vida el CAA, que tiene un presupuesto anual de 8 millones de euros, ha desarrollado una actividad profesional interesante. Su informe sobre los contactos sexuales explícitos en televisiones locales en horario infantil debería ser tenido en cuenta por la Fiscalía. Y su estudio sobre los contenidos de radio, en el que la información regional casi ha desaparecido de los emisoras comerciales, marcan caminos que esta institución debe emprender para ganarse un prestigio del que ahora carece.

(Foto de Efe de Manuel Ángel Vázquez Medel el 13 de diciembre de 2007, durante una comparecencia en el Parlamento de Andalucía)