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Huelgas fuera de cacho

Ignacio Martínez | 9 de octubre de 2009 a las 7:30

Un grupo significativo de jueces españoles se quitó ayer la toga, se puso el mono de obrero e hizo huelga. Aquí hay mucho espíritu de clase, así que sobra materia prima para fundar un poderoso sindicato, aunque ignoro el color que cabría ponerle. El sindicato de pilotos utiliza el azul cielo. En este gremio tendría sentido el negro, por la seriedad del cargo, el color del uniforme de trabajo y porque es lo que se ve con los ojos cerrados: la Justicia es ciega, como saben. Convocó la Asociación Profesional de la Magistratura. Y según el Consejo General del Poder Judicial paró menos de una cuarta parte de los 4.500 jueces españoles, pero los convocantes, como todo sindicato que se precie, elevaron el número de sus seguidores.

A los jueces más conservadores no le han gustado las negociaciones con el Ministerio, ni el plan de modernización del Gobierno, ni el silencio de las comunidades autónomas. La modernización del ministro Caamaño incluye una inversión de 600 millones de euros en tres años y el aumento de la plantilla en 600 jueces. La APM sostiene que desde febrero el colapso de la Justicia en España ha empeorado. Caso aparte es si un poder del Estado puede ir a la huelga. Creo que no debe, pero es evidente que sí puede: ya lo han hecho dos veces. Y tan poder judicial son los jueces en España, como en Portugal, Francia e Italia y en esos Estados tienen reconocido el derecho de huelga.

Otros sindicatos, sin problema de identificación por su color, el rojo, han reventado ayer la entrada a Sevilla por las autovías de Madrid y Málaga, la circunvalación y en varios polígonos industriales. Los obreros del metal se quitaron el mono de trabajo y se pusieron la toga: sentenciaron a decenas de miles de trabajadores a llegar tarde al trabajo, al médico o a sus obligaciones diarias. Esto lo hace el Sepla y enseguida lo tachamos de sindicato amarillo, egoísta, elitista. Con los compañeros del metal la cosa cambia, por la respetable historia que tienen detrás. En los años finales de la dictadura el Sindicato del Metal era una leyenda en Sevilla; montaron huelgas con Franco todavía en El Pardo. Ahí comenzó Comisiones Obreras en Andalucía. Me pregunto si aquellos duros sindicalistas habrían secuestrado a una ciudad como ayer hicieron sus sucesores.

Es curioso cómo los trabajadores de pequeñas empresas se quedan en paro y están en la más absoluta indefensión, pero los sindicatos de grandes compañías como Santana Motor, Delphi, Astilleros o Boliden se enganchan a que el Estado les resuelva con una subvención o cortan el puente sobre la Bahía de Cádiz, las entradas de Sevilla y lo que se tercie. Hay algo de elitista, egoísta y hasta amarillo en el empeño.

Total, que ayer han coincidido unos funcionarios de Justicia y unos obreros del metal en dos protestas fuera de cacho. Con ventaja. Y el perjudicado en ambos casos ha sido el sufrido ciudadano de a pie.

Togas caídas

Ignacio Martínez | 22 de octubre de 2008 a las 12:35

Juana Gálvez, la secretaria de juzgado sancionada, habla con los periodistas el día después de la huelga. (Foto, Telecinco)

Jueces y secretarios de juzgado han demostrado ayer que pueden parar este país. No tiene mucho mérito: los camioneros lo hacen con más frecuencia y causan más molestias. Pero es la primera vez que altos funcionarios de la administración de justicia dejan de trabajar para denunciar “la carencia de medios para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados”. Es de agradecer que trasladen estas cosas a la opinión pública. El problema es que la protesta no es desinteresada, aunque sus protagonistas afirmen que no era corporativista. Lamento estar en desacuerdo. No se habría producido un paro semejante de no haber mediado una sanción de dos años de empleo y sueldo a una secretaria de juzgado de Sevilla, por no ejecutar una sentencia de cárcel para el presunto asesino de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años, muerta en enero en Huelva. Tampoco el seguimiento de esta huelga de togas caídas habría sido tan intenso de no arriesgarse el titular del mismo juzgado a una sanción similar. Pero estaría bien que este espíritu del 21 de octubre siguiera vivo: responde a un mal profundo y ha sido iniciado por jueces de a pie, de los pueblos, completamente desasistidos.

Los manifestantes se han empleado a fondo contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que no es juez de carrera, sino fiscal. Este matiz podría dar otro sesgo corporativista a la protesta, pero no. Tampoco se lo añade que Bermejo sea poco grato a la derecha española y la judicatura es una carrera tradicionalmente conservadora. Los miembros de la organización progresista Jueces para la Democracia han participado con la misma intensidad que los de la Asociación Profesional de la Magistratura en esta protesta. A la mayoritaria (y conservadora) APM pertenece el juez Rafael Tirado. Los jueces se quejan de las injerencias del Gobierno: en particular de Bermejo y la vicepresidenta Fernández de la Vega, juez aunque no por oposición, sino por el cuarto turno. La número dos del Gobierno español ha pedido una sanción de tres años para el juez Tirado, lo que suena a presión sobre el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que decidir en pocas semanas.

Tampoco es mala presión la ejercida ayer sobre el CGPJ por los huelguistas. Me habría gustado este mismo espíritu cuando en 1993 la juez Blanca Esther Díez denunció una mafia judicial en Marbella. Aquello le costó un acoso corporativo, expedientes y sanciones. Con el tiempo hemos sabido lo que era aquella Marbella en la que reinaba Jesús Gil, en la que se agasajaba un año tras otro a los máximos responsables de la judicatura española y a sus señoras esposas, a todo plan. Entonces, nadie hizo ascos a las lisonjas de Gil. Las cúpulas de la JpD y la APM estaban a lo suyo, a colocarse en el CGPJ. Si las cosas cambian, algo habremos ganado con este espíritu del 21 de octubre.

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