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Parados con red

Ignacio Martínez | 17 de octubre de 2012 a las 13:07

El Gobierno andaluz decidió ayer atender los requerimientos de 1.300 antiguos trabajadores de una serie de grandes empresas andaluzas y garantizarles unas prestaciones que en los próximos 14 años sumarán 225 millones de euros. Es una obligación de las autoridades atender a las personas que se quedan sin empleo, darles formación, buscarles una alternativa laboral y, si se puede, hasta pagarles una prejubilación. Lo que llama la atención es que los colectivos subsidiados en esta ocasión tienen perfiles coincidentes: provienen de grandes empresas con alta sindicación entre sus obreros y han realizado acciones de protesta con amplia repercusión sobre los ciudadanos: Astilleros de Sevilla, Boliden, Delphi, Santana.

Los antiguos mineros de Boliden se han encerrado en la catedral de Sevilla, en la Consejería o se han encadenado a las verjas del Parlamento para que la Junta resolviese su precaria situación (sic) y cumpliese unos acuerdos de recolocación. Con la misma reivindicación, los de Delphi han frecuentado el puente de Carranza en Cádiz, los de Santana eran habituales de las carreteras de Jaén, y los de Astilleros alguna mañana han sido capaces de bloquear las entradas a Sevilla. La pregunta es cuánta gente se queda en el paro y por no tener la misma capacidad de movilización no consiguen que les saquen de su precaria situación, les garanticen una recolocación o les aseguren una prejubilación. La mayoría son trabajadores que van al desempleo y a la precariedad sin red.

Ayer en TVE salió un veterano obrero de Linares, muy preocupado por el futuro de sus hijos y sus nietos. En todas partes hay gente preocupada por el futuro de hijos y nietos. Pero no debería haber dos clases de despedidos de empresas en crisis: los que consiguen sacarle los dineros a las autoridades y los que se tienen que aguantar con su suerte, porque no hay fondos para todos. No es justa esta impresión de que hay dos clases de parados.

La política industrial de la Junta de Andalucía en estos 30 años reclama un examen parlamentario. Un pleno extraordinario en el que deberíamos saber qué ayudas se han dado y con qué rentabilidad. Por ejemplo, cuánto dinero ha enterrado el contribuyente en Linares para mantener en pie una fábrica cuyos productos no se defendían en el mercado? El Gobierno andaluz jamás ha contestado a esta pregunta. Hay quien sostiene que la política de incentivos a las empresas en dificultades acaban adocenándolas. Y defienden que se ayude a las mejores, para que aumenten su competitividad y abran nuevos mercados. Quienes esto propugnan tienen la convicción de que de esta manera se crea más empleo y se reduce la precariedad. El acuerdo de ayer del Gobierno regional intenta liquidar situaciones enquistadas. Una mala herencia, que no debería repetirse. No por cambiar de política social, sino por tener otra política industrial.

 

 

EL Gobierno andaluz decidió ayer atender los requerimientos de 1.300 antiguos trabajadores de una serie de grandes empresas andaluzas y garantizarles unas prestaciones que en los próximos 14 años sumarán 225 millones de euros. Es una obligación de las autoridades atender a las personas que se quedan sin empleo, darles formación, buscarles una alternativa laboral y, si se puede, hasta pagarles una prejubilación. Lo que llama la atención es que los colectivos subsidiados en esta ocasión tienen perfiles coincidentes: provienen de grandes empresas con alta sindicación entre sus obreros y han realizado acciones de protesta con amplia repercusión sobre los ciudadanos: Astilleros de Sevilla, Boliden, Delphi, Santana.

Los antiguos mineros de Boliden se han encerrado en la catedral de Sevilla, en la Consejería o se han encadenado a las verjas del Parlamento para que la Junta resolviese su precaria situación (sic) y cumpliese unos acuerdos de recolocación. Con la misma reivindicación, los de Delphi han frecuentado el puente de Carranza en Cádiz, los de Santana eran habituales de las carreteras de Jaén, y los de Astilleros alguna mañana han sido capaces de bloquear las entradas a Sevilla. La pregunta es cuánta gente se queda en el paro y por no tener la misma capacidad de movilización no consiguen que les saquen de su precaria situación, les garanticen una recolocación o les aseguren una prejubilación. La mayoría son trabajadores que van al paro y a la precariedad sin red.

Ayer en TVE salió un veterano obrero de Linares, muy preocupado por el futuro de sus hijos y sus nietos. En todas partes hay gente preocupada por el futuro de hijos y nietos. Pero no debería haber dos clases de despedidos de empresas en crisis: los que consiguen sacarle los dineros a las autoridades y los que se tienen que aguantar con su suerte, porque no hay fondos para todos. No es justa esta impresión de que hay dos clases de parados.

La política industrial de la Junta de Andalucía en estos 30 años reclama un examen parlamentario. Un pleno extraordinario en el que deberíamos saber qué ayudas se han dado y con qué rentabilidad. Por ejemplo, cuánto dinero ha enterrado el contribuyente en Linares para mantener en pie una fábrica cuyos productos no se defendían en el mercado? El Gobierno andaluz jamás ha contestado a esta pregunta. Hay quien sostiene que la política de incentivos a las empresas en dificultades acaban adocenándolas. Y defienden que se ayude a las mejores, para que aumenten su competitividad y abran nuevos mercados. Quienes esto propugnan tienen la convicción de que de esta manera se crea más empleo y se reduce la precariedad. El acuerdo de ayer del Gobierno regional intenta liquidar situaciones enquistadas. Una mala herencia, que no debería repetirse. No por cambiar de política social, sino por tener otra política industrial.

Huelgas fuera de cacho

Ignacio Martínez | 9 de octubre de 2009 a las 7:30

Un grupo significativo de jueces españoles se quitó ayer la toga, se puso el mono de obrero e hizo huelga. Aquí hay mucho espíritu de clase, así que sobra materia prima para fundar un poderoso sindicato, aunque ignoro el color que cabría ponerle. El sindicato de pilotos utiliza el azul cielo. En este gremio tendría sentido el negro, por la seriedad del cargo, el color del uniforme de trabajo y porque es lo que se ve con los ojos cerrados: la Justicia es ciega, como saben. Convocó la Asociación Profesional de la Magistratura. Y según el Consejo General del Poder Judicial paró menos de una cuarta parte de los 4.500 jueces españoles, pero los convocantes, como todo sindicato que se precie, elevaron el número de sus seguidores.

A los jueces más conservadores no le han gustado las negociaciones con el Ministerio, ni el plan de modernización del Gobierno, ni el silencio de las comunidades autónomas. La modernización del ministro Caamaño incluye una inversión de 600 millones de euros en tres años y el aumento de la plantilla en 600 jueces. La APM sostiene que desde febrero el colapso de la Justicia en España ha empeorado. Caso aparte es si un poder del Estado puede ir a la huelga. Creo que no debe, pero es evidente que sí puede: ya lo han hecho dos veces. Y tan poder judicial son los jueces en España, como en Portugal, Francia e Italia y en esos Estados tienen reconocido el derecho de huelga.

Otros sindicatos, sin problema de identificación por su color, el rojo, han reventado ayer la entrada a Sevilla por las autovías de Madrid y Málaga, la circunvalación y en varios polígonos industriales. Los obreros del metal se quitaron el mono de trabajo y se pusieron la toga: sentenciaron a decenas de miles de trabajadores a llegar tarde al trabajo, al médico o a sus obligaciones diarias. Esto lo hace el Sepla y enseguida lo tachamos de sindicato amarillo, egoísta, elitista. Con los compañeros del metal la cosa cambia, por la respetable historia que tienen detrás. En los años finales de la dictadura el Sindicato del Metal era una leyenda en Sevilla; montaron huelgas con Franco todavía en El Pardo. Ahí comenzó Comisiones Obreras en Andalucía. Me pregunto si aquellos duros sindicalistas habrían secuestrado a una ciudad como ayer hicieron sus sucesores.

Es curioso cómo los trabajadores de pequeñas empresas se quedan en paro y están en la más absoluta indefensión, pero los sindicatos de grandes compañías como Santana Motor, Delphi, Astilleros o Boliden se enganchan a que el Estado les resuelva con una subvención o cortan el puente sobre la Bahía de Cádiz, las entradas de Sevilla y lo que se tercie. Hay algo de elitista, egoísta y hasta amarillo en el empeño.

Total, que ayer han coincidido unos funcionarios de Justicia y unos obreros del metal en dos protestas fuera de cacho. Con ventaja. Y el perjudicado en ambos casos ha sido el sufrido ciudadano de a pie.