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Cárcel para los militares que falsearon la identidad de las víctimas del Yak-42

Ignacio Martínez | 19 de mayo de 2009 a las 13:40

Un tribunal de la Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión al general Vicente Navarro, responsable de las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en 2003. También ha condenado a un año y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por complicidad con ese delito. Sin embargo, el ministro de Defensa en aquel momento, Federico Trillo, sigue en la política activa. La sentencia de la Audiencia Nacional dice que el tribunal no puede pronunciarse sobre “la conducta de personas no acusadas”. Aun así, el tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, considera también responsable civil subsidiario al Ministerio de Defensa y absuelve a las aseguradoras.

La vista oral comenzó el pasado 24 de marzo y se desarrolló durante nueve sesiones, en las que intervinieron un total de 21 testigos. Los testimonios de los dos forenses turcos, que se presentaron sin haber sido citados previamente y a quienes trajeron los familiares de las víctimas, fueron los más relevantes. Ambos confirmaron que el equipo español era consciente de que se llevaba la mitad de los cadáveres sin identificar y sin haber realizado pruebas biológicas, porque tenían prisa para llegar al funeral de Estado.

El 2 de marzo de 2004, unos días antes de las elecciones generales, el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, número tres del Ministerio con Trillo, envió una carta a los familiares en las que tildaba de “campaña sensacionalista y cruel” lo publicado en los medios sobre los errores en las identificaciones. Mentía. 

El general Navarro admitió en el juicio que le pudieron “bailar los números”. En la última sesión alegó que solo “dulcificó” las autopsias para evitar el sufrimiento de los familiares. 

Y Trillo, sin dimitir.

Y Trillo sin dimitir

Ignacio Martínez | 17 de abril de 2009 a las 9:37

Debe ser terrible lo que están pasando las familias de los 62 militares españoles muertos en el accidente del avión Yakovlev 42 que se estrelló en Turquía en mayo de 2003. Es una ignominia que un general español se llevara 30 cadáveres sin identificar y el Ejército los entregara a los familiares poco menos que por sorteo. El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desvela que actuó tan a la ligera porque estaba presionado por las autoridades del Ministerio para llegar a tiempo al funeral de Estado. Y aquí ya estamos hablando de otra cosa. De unas responsabilidades que van más allá del comportamiento de este militar y sus ayudantes.

Me sorprende que el ministro de Defensa de entonces, Federico Trillo, siga en la política activa. Y con una actitud dura e intolerante con los errores de los demás, por cierto. En ningún país de Europa eso sería posible. Ni en la Italia de Berlusconi. No es cierto el argumento de que la responsabilidad política ya está saldada por las elecciones de 2004, que perdió el PP. No. Las repetidas victorias de Gil en la Marbella en los 90 no le daban legitimidad a sus tropelías. La elección de Trillo como diputado por Alicante en 2004 y 2008 tampoco le exonera de su culpabilidad en este caso.

En el accidente cerca del aeropuerto de Trebisonda murieron 75 personas. Es la peor tragedia del Ejército español en tiempos de paz. El Ministerio de Defensa alquiló un avión chatarra de fabricación soviética, con 20 años de antigüedad y escaso mantenimiento. Aquel fatídico viaje, junto a 12 miembros de la tripulación ucranianos y uno bielorruso, lo realizaban 62 militares españoles que llevaban cuatro meses y medio de misión con las fuerzas de mantenimiento de la paz en Afganistán. Cuando vieron el avión alguno de los forzados pasajeros se resistió a montarse. Otros mandaron mensajes muy desesperanzados a sus familiares: “Reza por mí, porque el avión es una mierda”, “son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos, que trabajan en condiciones límite”, “la verdad es que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia”, “quieren que volvamos en una tartana”.

Hubo catorce quejas previas al accidente por este tipo de aviones, cuya contratación se hacía dentro de una lista de la OTAN. Pero se siguieron utilizando sus servicios, mientras que Noruega canceló el contrato tras una reclamación que decía: “Salía aceite de los motores, pasamos mucho miedo, no dábamos crédito a lo que vimos, había paneles sueltos y cables pelados”. No. La responsabilidad política por la muerte de estos 62 militares no se salda con unas elecciones, ni con cien. Se salda con una dimisión.

¿Dimitir de qué? De su puesto en el Congreso. Hace tiempo que debería haberse retirado de la vida política. El accidente del Yak 42, el trato a las víctimas y a sus familiares no es un desliz.