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Corrupción: falta de práctica

Ignacio Martínez | 1 de julio de 2009 a las 8:03

Madoff era el paradigma del campeón de la economía especulativa. Tiene un récord del mundo: estafó 35.500 millones de euros (6 billones de pesetas) a cientos de ricos como él y a miles de pequeños ahorradores, que habían invertido los ahorros de toda su vida en sus fondos, para pasar una vejez tranquila y feliz. Esto no ha ocurrido en Marte, sino aquí al lado; el Banco Santander colocó 2.300 millones en activos de Madoff, así que seguro que usted conoce a alguien que ha quedado atrapado en la pirámide que había montado este sujeto.

El Santander ofreció una compensación a sus clientes. Madoff, por el contrario, no pudo. No tenía con qué, sólo disponía de su lujoso ático de siete millones en Manhattan, la casita de 11 millones en Florida y un apeadero de tres millones a las afueras de Nueva York. Pura calderilla, si se compara con la magnitud de la estafa. Un juez le ha condenado a una pena ejemplar y simbólica, un escarmiento planetario, como lo definiría Leire Pajín: 150 años de cárcel por fraude bursátil, postal y electrónico, blanqueo de dinero, perjurio, fraude en el asesoramiento de inversiones, declaraciones falsas, apropiación indebida y engaño al supervisor bursátil.

Aquí en España hemos tenido nuestros Madoff particulares. Unos han mordido el polvo y otros se han ido de rositas. Mario Conde tenía un agujero en Banesto de unos 600.000 millones de pesetas, cuando fue intervenido en 1993. Era la décima parte del agujero de Madoff, y la condena respetó la escala: 14 años de cárcel. En el lado contrario se sitúa Jesús Gil, cuya gestión corrupta en Marbella dejó cientos de millones de euros de deuda a la ciudad y 30.000 viviendas ilegales. El Ayuntamiento está devolviendo el dinero como puede, pero no quiere tirar edificio alguno. La muerte de Gil dejó sus responsabilidades penales en suspenso, y sobre las garantías civiles que debía afrontar su patrimonio, nunca más se supo.

Estos episodios nacionales no ocurren impunemente. El Banco Mundial acaba de publicar su informe anual con indicadores de buen gobierno y lucha contra la corrupción en 212 países. España saca mala nota: se coloca en el puesto 41. Se analizan seis conceptos cuya media sitúa a nuestro país a la cola de la Unión Europea, sólo superado por Grecia, Italia y Chipre. En participación y libertad ciudadana estamos peor que hace 10 años. En estabilidad política y ausencia del terrorismo no hemos parado de bajar desde el 2000. En efectividad de la burocracia administrativa éramos uno de los 20 mejores en 1998 y ahora estamos en el montón: Dinamarca triplica la nota de España. En calidad de impulso al sector privado y en aplicación del derecho superamos el índice de los últimos años, pero lejos del nivel de hace una década. Y nuestro control de la corrupción no es un dechado: es la mitad de eficiente que el de Dinamarca. Falta de práctica.

Chaves debe convocar a los alcaldes de las grandes ciudades

Ignacio Martínez | 7 de diciembre de 2008 a las 11:04

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Zapatero debe convocar una reunión de presidentes autonómicos para hablar de la crisis y cómo enfrentarla. Chaves debería hacer lo mismo con los alcaldes de las capitales y grandes ciudades andaluzas. Y quizá también a los presidentes de las diputaciones. Si un lego en la materia se pone a sumar todos los planes rescate, avales, compra de activos, programas de grandes o pequeñas obras públicas, ayudas a empresas, etcétera, etcétera, puestos en marcha en España contra la crisis, la cosa se pone en 320.000 millones de euros, una sexta parte del producto bruto nacional. Eso es la mitad de la deuda anterior acumulada históricamente por el conjunto de las administraciones públicas. Un amigo economista me dice que no se pueden mezclar churras con merinas, que no todo ese dinero lo está poniendo el estado, porque hay capital privado, ni todo está encima de la mesa. Desembolsado o no, lo cierto es que estamos ante la operación financiera pública más importante de la historia de este país.

Esta no es una cuestión particular española. Lo mismo está ocurriendo en la Unión Europea y en el conjunto del mundo. Y se pone en marcha con reuniones constantes de los jefes de estado o de gobierno de la Unión Europea, los siete grandes, el G-20, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se trata de coordinar las políticas, las ayudas, intercambiar ideas, sugerir procedimientos. Este modelo de gestión mancomunada de la crisis brilla por su ausencia en España. El presidente Rodríguez Zapatero, ausente de la primera cumbre de los cuatro grandes europeos en París, consiguió convencer a Sarkozy para que convocara a los primeros ministros de los países del euro. Y sólo después de volver con ese triunfo en la mano y un plan de la UE preciso, inspirado por el británico Gordon Brown, convocó a Rajoy en la Moncloa.

Con la crisis, cada dirigente ha elegido un papel, que cree que le va a salvar ante la opinión pública. Es decir, que tienen una doble obsesión: hacer que las cosas mejoren o al menos que parezca que hacen todo lo posible para que mejoren. Sarkozy en Francia ha adoptado una actitud tan hiperactiva, que parece el conejito de Duracell. Gordon Brown ha interpretado un papel de experto profesor, que le va: él sabe de esto. Y Zapatero encarna hasta la presente el rol de Juan Palomo; ya saben, “yo me lo guiso, yo me lo como”. Hizo mal en dejar a Rajoy en el ostracismo durante semanas, para que no cobrara protagonismo alguno.

Y sigue equivocándose. Dentro de España debería aplicarse el mismo modelo europeo. Ya está inventada la fórmula: una conferencia de presidentes. Todos los presidentes de comunidades autónomas tendrían que reunirse con el primer ministro para analizar la situación y evitar 17 planes contra la crisis, riesgo que ya ha apuntado el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Hay subvenciones complementarias al desempleo en algunas regiones, con diferentes fórmulas entre sí; en otras comunidades autónomas se estudian facilidades añadidas para el pago de hipotecas o se atienden las facturas de bienes de primera necesidad para familias sin ingresos; también hay quien encarga planes de salvación para su industria automovilística. En fin, en plena ola de pesimismo, afloran 17 maneras de combatir la depresión. Bueno sería, como se ha hecho en el ámbito europeo y mundial, ponerlo todo en común, aunque después las nueve regiones con fábrica de automóviles o las diez con flota pesquera tengan realidades específicas que atender.

Lo mismo ocurre en el universo andaluz. El alcalde de Málaga acusa al Gobierno de la Junta de centralismo y anuncia que será beligerante para reclamar la sede de la caja única. Incluso lanza la idea de una gran exposición internacional tecnológica, acogida con recelo por la Administración regional. Otros recelos, proyectos e ideas podrían examinarse en común, en una conferencia de alcaldes de grandes ciudades. (Personalmente creo que las diputaciones no tienen mucho sentido la actual estructura institucional. Las autonomías han solapado su misión. Pero, mientras existan, sus presidentes deberían sumarse a esta conferencia). De hecho, el artículo 95 del nuevo Estatuto de autonomía establece que se debe crear un órgano mixto de representación de la Junta y los ayuntamientos para facilitar el diálogo y la colaboración institucional; que debería ser consultado sobre los planes que afecten de forma específica a las corporaciones locales. La crisis invita al presidente a adelantar esta iniciativa.