Archivos para el tag ‘Caamaño’

Huelgas fuera de cacho

Ignacio Martínez | 9 de octubre de 2009 a las 7:30

Un grupo significativo de jueces españoles se quitó ayer la toga, se puso el mono de obrero e hizo huelga. Aquí hay mucho espíritu de clase, así que sobra materia prima para fundar un poderoso sindicato, aunque ignoro el color que cabría ponerle. El sindicato de pilotos utiliza el azul cielo. En este gremio tendría sentido el negro, por la seriedad del cargo, el color del uniforme de trabajo y porque es lo que se ve con los ojos cerrados: la Justicia es ciega, como saben. Convocó la Asociación Profesional de la Magistratura. Y según el Consejo General del Poder Judicial paró menos de una cuarta parte de los 4.500 jueces españoles, pero los convocantes, como todo sindicato que se precie, elevaron el número de sus seguidores.

A los jueces más conservadores no le han gustado las negociaciones con el Ministerio, ni el plan de modernización del Gobierno, ni el silencio de las comunidades autónomas. La modernización del ministro Caamaño incluye una inversión de 600 millones de euros en tres años y el aumento de la plantilla en 600 jueces. La APM sostiene que desde febrero el colapso de la Justicia en España ha empeorado. Caso aparte es si un poder del Estado puede ir a la huelga. Creo que no debe, pero es evidente que sí puede: ya lo han hecho dos veces. Y tan poder judicial son los jueces en España, como en Portugal, Francia e Italia y en esos Estados tienen reconocido el derecho de huelga.

Otros sindicatos, sin problema de identificación por su color, el rojo, han reventado ayer la entrada a Sevilla por las autovías de Madrid y Málaga, la circunvalación y en varios polígonos industriales. Los obreros del metal se quitaron el mono de trabajo y se pusieron la toga: sentenciaron a decenas de miles de trabajadores a llegar tarde al trabajo, al médico o a sus obligaciones diarias. Esto lo hace el Sepla y enseguida lo tachamos de sindicato amarillo, egoísta, elitista. Con los compañeros del metal la cosa cambia, por la respetable historia que tienen detrás. En los años finales de la dictadura el Sindicato del Metal era una leyenda en Sevilla; montaron huelgas con Franco todavía en El Pardo. Ahí comenzó Comisiones Obreras en Andalucía. Me pregunto si aquellos duros sindicalistas habrían secuestrado a una ciudad como ayer hicieron sus sucesores.

Es curioso cómo los trabajadores de pequeñas empresas se quedan en paro y están en la más absoluta indefensión, pero los sindicatos de grandes compañías como Santana Motor, Delphi, Astilleros o Boliden se enganchan a que el Estado les resuelva con una subvención o cortan el puente sobre la Bahía de Cádiz, las entradas de Sevilla y lo que se tercie. Hay algo de elitista, egoísta y hasta amarillo en el empeño.

Total, que ayer han coincidido unos funcionarios de Justicia y unos obreros del metal en dos protestas fuera de cacho. Con ventaja. Y el perjudicado en ambos casos ha sido el sufrido ciudadano de a pie.

Los jueces y los privilegios de aldea

Ignacio Martínez | 4 de octubre de 2009 a las 9:54

 

Los jueces andan inquietos. Sus señorías van a repetir una jornada de huelga el próximo jueves. El argumento de la protesta es la falta de medios con los que cuenta la Justicia en España. Un parecer nada discutible; es cierto que faltan medios y quizá el plan del ministro Caamaño de invertir 600 millones de euros en tres años y crear 600 nuevas plazas judiciales no sea suficiente. Por lo visto, la crisis no ha dado para más. A nuestros jueces no les parece satisfactoria la propuesta, sin embargo, y han decidido olvidarse de su condición de poder del Estado, ponerse el uniforme de simples funcionarios y declararse en huelga.

En Málaga los jueces tienen una vendetta suplementaria. Es una rencilla entablada con el resto de los funcionarios comunes, por el uso exclusivo de las 166 plazas del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia, vigilado por la Guardia Civil. Sitio para aparcar hay de sobra fuera del edificio, en un recinto acotado al aire libre, controlado por vigilantes jurados; eso sí, a pleno sol. Por seguridad, dicen ellos; para dejar clara su superior categoría, dicen los demás funcionarios, no aceptan el régimen de uso del aparcamiento instaurado por la Consejería de Justicia, que consiste en que el primero que llega coge la plaza. Los jueces han apercibido al capitán de la Guardia Civil al mando de esa unidad, para que les asigne en exclusiva el uso del parking, y le advierten que en caso contrario puede incurrir en un delito de desobediencia. Vean cómo se cambia súbitamente de la condición de simple funcionario a la de autoridad competente.

Hay ejemplos peores. Una juez compró un perfume en una droguería de Úbeda y lo quiso devolver a los ocho días porque no le gustaba su olor. Le faltaban dos o tres dedos, pero ante su enfado y amenazas, el dueño de la tienda le devolvió el dinero de mala gana. Ésa fue su perdición: la juez mandó al día siguiente a la policía para investigar si tenían material falsificado y precintó los dos establecimientos del propietario. El Consejo General del Poder Judicial ha sancionado el abuso de esta simple ciudadana, travestida de autoridad, simplemente con un año de suspensión.

Estos privilegios de aldea, que tan poco se parecen a los del clásico, deberían tener castigos y descréditos mucho más fuertes.

Un radar contra el maltrato

Ignacio Martínez | 10 de julio de 2009 a las 6:34

 

Vivimos en la era de los grandes principios. Estamos todos a favor de la paz mundial, las energías limpias o la atención a los dependientes, y en contra del terrorismo, la violencia de género o la corrupción. El problema es cómo conseguir esos objetivos. Hacemos unas leyes monísimas, con unos reglamentos estupendos y resulta que después no hay medios para ponerlas en marcha. Le pasó a la Ley de Dependencia y le ha pasado a la Ley contra la violencia de género. Esta Ley, aprobada por unanimidad en el Congreso y el Senado, que debutó en enero de 2005, ha tenido serias dificultades de aplicación: a pesar de haber duplicado o triplicado los policías o guardias civiles asignados a la tarea, sigue habiendo un agente por cada quince mujeres con orden de protección, que son unas 30.000 en toda España.

Por eso es bienvenida toda noticia de mejora en el régimen de protección de mujeres amenazadas, como la presentada el miércoles por los ministros Aido, Rubalcaba y Caamaño: El Gobierno repartirá 3.000 pulseras con GPS para controlar a los maltratadores y saber al instante cuándo han quebrantado la orden de mantenerse a 500 metros de su víctima. Es una decisión de noviembre que ahora se pone en marcha.

Siempre me ha llamado la atención la escasa puntería de los asesinos de sus esposas, cuando intentan quitarse la vida a sí mismos. Su eficiencia homicida baja mucho en los suicidios. Debe ser por su falta de valor. Para evitar que estos cobardes se acerquen a sus víctimas se van a repartir por todas las comunidades autónomas unas pulseras para el tobillo o la muñeca, que determinarán en cada instante el lugar en donde se encuentra el maltratador. El Gobierno invertirá cinco millones en estos dispositivos, que servirán para vigilar de manera especial un 10% de los casos de maltrato. Número suficiente para responder a las situaciones de más riesgo.

Los jueces decidirán en cada caso y al presunto agresor se le colocará la pulsera de inmediato. Rubalcaba ha dicho que el objetivo de este moderno sistema de control es proteger mejor a las víctimas, disuadir a quien tenga la tentación de cometer una barbaridad y documentar que ha quebrantado una condena. En España hay 130.000 denuncias de maltrato doméstico al año. Es verdad que hay un porcentaje de falsas agresiones, que abogados sin escrúpulos simulan contra los maridos en casos de divorcio. Pero otro dato minimiza al anterior: sólo un 11% las denuncias las ponen directamente las víctimas, sin duda la parte más débil e indefensa de esta cadena. Esta sociedad tiene que hacer un esfuerzo por pasar de los principios a los objetivos. Hay que acabar con esta espiral de violencia: 71 muertas en 2007, 84 en 2008, y 31 en lo que va de año, ocho de ellas en Andalucía.