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El TSJA debe rectificar

Ignacio Martínez | 11 de enero de 2009 a las 11:12

”Evangelina

 

El desastre judicial continúa. El último episodio afecta a uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística del 2008: el caso Astapa, que supuso la prisión para el alcalde de Estepona y varios concejales. Hasta 63 personas están imputadas en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una decisión irresponsable, ha paralizado de hecho la instrucción de este procedimiento.

Isabel Conejo, la joven juez que instruye el sumario tenía que incorporarse a un nuevo destino en otro Juzgado de Estepona, de nueva creación; el número 5. Pero ofreció quedarse durante el año que estima que se necesita para ultimar el complicado caso Astapa, en el Juzgado número uno. El TSJA ha denegado la petición sin tener un sustituto para la instructora, ni otro plan alternativo. La comisión permanente de la sala de gobierno del TSJA rechazó el pasado 16 de diciembre la oferta de Isabel Conejo por siete votos a uno. Ese único pronunciamiento a favor lo emitió precisamente el presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, un magistrado con fama de riguroso y pragmático. Una rara avis en esta selva judicial en la que vivimos.

El TSJA se comporta en este asunto igual que el CGPJ en el caso Tirado: como un sindicato de intereses.  Pongan este hecho en su contexto: los jueces han convocado juntas generales para el próximo día 21; o sea, que ese día hay huelga de juicios. Lo que debatirán en esas juntas es si anuncian una huelga en toda regla el 18 de febrero. En Murcia, Extremadura y Zamora ya está convocada. Quieren protestar por las injerencias del Gobierno en el caso Mari Luz/Tirado, la politización del Consejo y la falta de juzgados. Sobre su propia eficacia no dicen una palabra. Tenemos a un poder del Estado en pie de guerra.

También en Estepona el poder judicial le está echando un pulso al poder político y, de camino, al conjunto de la sociedad. El argumento de los administradores judiciales de Andalucía no puede ser más peregrino: “la juez Conejo no es la juez natural del caso”. Es una respuesta propia de un burócrata. Mientras, el sentido común invita a pensar justo lo contrario, que ante un caso tan complejo el juez natural es quien lo lleva desde el principio. Por este prurito, el presidente del TSJA, Méndez de Lugo, y sus colaboradores más cercanos han preferido dejar empantanado uno de los procesos judiciales que más alarma social generó el año pasado. La juez instructora ha imputado al ex alcalde Antonio Barrientos (PSOE) como cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Acaba de salir en libertad, tras seis meses en prisión. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, aunque no se especifica en qué grado.

Otro argumento esgrimido por el Tribunal Superior andaluz es que la juez ya estaba instruyendo el caso Astapa cuando pidió la plaza en el juzgado de nueva creación, lo que significa que sabía que tendría que dejar el procedimiento cuando tomara posesión de su nuevo destino. Sin embargo, fuentes judiciales justifican la petición precisamente por lo contrario: la juez se pide un juzgado goloso, porque es de nueva creación y no tiene retrasos ni vicios, pero no renuncia a su responsabilidad de acabar un sumario muy complicado, en un destino calificado de “odioso e infernal”. La frialdad con que su ofrecimiento es atendido muestra a las claras que los problemas de la justicia en España no se terminan en la falta de medios de la que hace un mes el TSJA acusaba a la Junta. Tampoco en la escasa productividad y eficiencia del funcionariado que destacaba el informe que Méndez de Lugo entregó a la consejera de Justicia, Evangelina Navarro, en vísperas del voto corporativo del CGPJ en favor del juez Tirado.

Hay una responsabilidad importante de los jueces en el desastre judicial español. Hasta el punto que esta decisión, que debería ser revocada urgentemente, más bien parece una nueva medida de presión del sindicato de intereses contra la sociedad a la que debe servir.