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Grandes jueces en Marbella, miserias

Ignacio Martínez | 12 de mayo de 2012 a las 11:21

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, está en un apuro. Un vocal del CGPJ le acusa de haberse gastado un millón de pesetas mal contado y haber generado el gasto de otros cuatro millones más por sus cinco escoltas en 20 viajes particulares a Marbella a cargo del presupuesto nacional. Viajes muy particulares, porque se trataba de fines de semana que empezaban los jueves y terminaban los martes. Lo que supone una aportación al diccionario de usos y costumbres: en el Consejo se conoce como semana caribeña esa en la que uno empieza a trabajar el martes a media mañana y lo deja el jueves a media tarde.
Un estrés, un sinvivir, el ritmo de trabajo de algunas autoridades. Y encima, tener que alojarse en hoteles de cinco estrellas, y cenar en el Marbella Club o en Puente Romano. En fin, hay trabajos con mucha peligrosidad e incluso con mucha alevosía. Pero sinceramente, aquí el personal está siendo muy injusto con don Carlos. No sé de qué nos extrañamos. En Marbella la presencia de grandes jueces, como los llamaban el inefable Jesús Gil, es una costumbre. Desde antes de que el promotor inmobiliario se convirtiera en alcalde en 1991 ya había en la ciudad una amable reunión anual que se llamaba Jornadas Jurídicas, pero que en esencia era un pasárselo a base de bien a costa del presupuesto. Gil convirtió aquello en una industria de ocio.
No faltaba nadie. Prebostes del Constitucional, del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial… En fin, grandes jueces se hacían invitar a todo plan, en muchas ocasiones acompañados, a pasar varios días en la ciudad de sarao en sarao… Y, eso sí, asistían a una conferencia diaria sobre el asunto jurídico que les había convocado. Regalos, atenciones y caprichos no faltaban. Un miembro del CGPJ hasta se hizo con un piso de lujo baratito. El escándalo se prolongó durante años, hasta que gente más prudente y modesta empezó a evitar su presencia. Alguno de estos se sienta ahora en el CGPJ y conoce el paño.
Se da la circunstancia de que el denunciante, José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal, es amigo del juez Garzón, recientemente condenado por el Supremo, lo que añade la sospecha de una agria venganza a su actuación. La vida se ha puesto tan rematadamente difícil para el común de los mortales, que resulta chocante que el interpelado dijese que se trataba de una miseria. Claro que a lo mejor no se refería a la estrechez del sustento, sino a la mezquindad de la acusación. Sea como fuere, Dívar no puede vivir de la herencia recibida. Los invitados de Gil se fueron de rositas; nadie fue interpelado ni denunciado en el relajo de los locos años 90 y 2000. Pero el actual presidente del Supremo y el CGPJ tendrá que dar muchas explicaciones.

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Una lanza a favor de los jueces

Ignacio Martínez | 22 de febrero de 2009 a las 12:01

Mi amigo Agustín Ruiz Robledo, compañero de página en El Observatorio, una sección de análisis en la edición dominical de los nueve diarios del Grupo Joly, y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, ha cambiado de postura sobre el derecho de huelga de los jueces. Es una posición contraria a la mía, pero muy bien articulada. Y no me resisto a publicarla aquí.

LOS JUECES YA TIENEN EL DERECHO DE HUELGA

Ahora que el jesuita Roberto Busa ha clasificado los pecados de los católicos, debo confesar que he pecado de soberbia en la polémica jurídica sobre el derecho a la huelga de los jueces: en cuanto empezó a debatirse este asunto me lancé sin mucho estudio a defender que la Constitución les prohibía la huelga y tengo que admitir ahora mi error. Mi argumento no era sólido, pues no es suficiente afirmar que los jueces constituyen un poder del Estado, lo que les inhabilitaría para ponerse en huelga, igual que no pueden hacerla los ministros o los parlamentarios. La comparación no se mantiene en pie, en primer lugar porque tan poder judicial son los jueces en España, como en Portugal, Francia e Italia y en esos Estados sí tienen reconocido el derecho de huelga. En segundo, la propia Constitución española marca diferencias entre los jueces y los otros titulares de poderes: solo los jueces son funcionarios, aunque con algunas especialidades; tanto es así que en la non-nata Ley Orgánica de Huelga (aprobada en el Senado en 1993) no se menciona para nada a los diputados y demás miembros de los órganos constitucionales, pero sí se disponía que la ley no  sería aplicable “a los miembros de las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ni a los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en activo, los cuales se regirán por su normativa específica”. ¿Y qué dice esa normativa? Nada. Luego los contrarios al derecho de huelga de los jueces nos estrellamos contra un argumento tan sencillo -y tan potente, según la navaja de Occam- como que todo lo que no está prohibido está permitido.

Algunos profesores de Derecho del Trabajo han dado un argumento diferente al que hemos dado los constitucionalistas: el derecho de huelga es una emanación del derecho de sindicación, por tanto quien no tiene este derecho, tampoco puede ser titular del de huelga. Sin embargo, el argumento tiene mucho de formal, de detenerse en el nombre de las cosas, y no en su sustancia, ya que nuestra Lex legum permite que los jueces creen asociaciones profesionales y la Ley Orgánica del Poder Judicial las habilita para “la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos”. Como hemos visto estos días, eso supone la normal capacidad negociadora de cualquier sindicato; con la conclusión lógica de que quien puede negociar colectivamente sus condiciones de trabajo también puede usar la gran arma de todos los empleados en una negociación, la huelga; por lo demás regulada expresamente para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en la LOPJ. 

Además de las opiniones de los juristas, para saber lo que permite o prohíbe la Constitución es determinante el comportamiento de los propios actores constitucionales. Y desde esa perspectiva, no cabe duda de que los jueces ya tienen el derecho de huelga, como así lo ha estimado y ejercido el 30% de sus señorías el pasado 18. Pero además, así lo está admitiendo tácitamente el Consejo General del Poder Judicial que, tras declararse incompetente para fijar los servicios mínimos, no ha abierto ningún expediente disciplinario contra los huelgistas. Igualmente, el Gobierno y el Ministerio Fiscal no han iniciado acciones para sancionarlos, como permite el artículo 409 del Código Penal si se les considerara autores de un abandono colectivo e ilegal de un servicio público. Por eso, el despistadísimo ministro de Justicia, que atraviesa Despeñaperros sin darse cuenta de que entra en Andalucía, lleva toda la razón jurídica cuando quiere descontar el salario del día a los jueces huelgistas y cuando defiende la presentación de un proyecto de ley para prohibirles o restringirles el derecho de huelga. Otra historia es que sean disparos políticamente intempestivos y sin licencia de la superioridad.

  

El TSJA debe rectificar

Ignacio Martínez | 11 de enero de 2009 a las 11:12

”Evangelina

 

El desastre judicial continúa. El último episodio afecta a uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística del 2008: el caso Astapa, que supuso la prisión para el alcalde de Estepona y varios concejales. Hasta 63 personas están imputadas en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una decisión irresponsable, ha paralizado de hecho la instrucción de este procedimiento.

Isabel Conejo, la joven juez que instruye el sumario tenía que incorporarse a un nuevo destino en otro Juzgado de Estepona, de nueva creación; el número 5. Pero ofreció quedarse durante el año que estima que se necesita para ultimar el complicado caso Astapa, en el Juzgado número uno. El TSJA ha denegado la petición sin tener un sustituto para la instructora, ni otro plan alternativo. La comisión permanente de la sala de gobierno del TSJA rechazó el pasado 16 de diciembre la oferta de Isabel Conejo por siete votos a uno. Ese único pronunciamiento a favor lo emitió precisamente el presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, un magistrado con fama de riguroso y pragmático. Una rara avis en esta selva judicial en la que vivimos.

El TSJA se comporta en este asunto igual que el CGPJ en el caso Tirado: como un sindicato de intereses.  Pongan este hecho en su contexto: los jueces han convocado juntas generales para el próximo día 21; o sea, que ese día hay huelga de juicios. Lo que debatirán en esas juntas es si anuncian una huelga en toda regla el 18 de febrero. En Murcia, Extremadura y Zamora ya está convocada. Quieren protestar por las injerencias del Gobierno en el caso Mari Luz/Tirado, la politización del Consejo y la falta de juzgados. Sobre su propia eficacia no dicen una palabra. Tenemos a un poder del Estado en pie de guerra.

También en Estepona el poder judicial le está echando un pulso al poder político y, de camino, al conjunto de la sociedad. El argumento de los administradores judiciales de Andalucía no puede ser más peregrino: “la juez Conejo no es la juez natural del caso”. Es una respuesta propia de un burócrata. Mientras, el sentido común invita a pensar justo lo contrario, que ante un caso tan complejo el juez natural es quien lo lleva desde el principio. Por este prurito, el presidente del TSJA, Méndez de Lugo, y sus colaboradores más cercanos han preferido dejar empantanado uno de los procesos judiciales que más alarma social generó el año pasado. La juez instructora ha imputado al ex alcalde Antonio Barrientos (PSOE) como cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Acaba de salir en libertad, tras seis meses en prisión. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, aunque no se especifica en qué grado.

Otro argumento esgrimido por el Tribunal Superior andaluz es que la juez ya estaba instruyendo el caso Astapa cuando pidió la plaza en el juzgado de nueva creación, lo que significa que sabía que tendría que dejar el procedimiento cuando tomara posesión de su nuevo destino. Sin embargo, fuentes judiciales justifican la petición precisamente por lo contrario: la juez se pide un juzgado goloso, porque es de nueva creación y no tiene retrasos ni vicios, pero no renuncia a su responsabilidad de acabar un sumario muy complicado, en un destino calificado de “odioso e infernal”. La frialdad con que su ofrecimiento es atendido muestra a las claras que los problemas de la justicia en España no se terminan en la falta de medios de la que hace un mes el TSJA acusaba a la Junta. Tampoco en la escasa productividad y eficiencia del funcionariado que destacaba el informe que Méndez de Lugo entregó a la consejera de Justicia, Evangelina Navarro, en vísperas del voto corporativo del CGPJ en favor del juez Tirado.

Hay una responsabilidad importante de los jueces en el desastre judicial español. Hasta el punto que esta decisión, que debería ser revocada urgentemente, más bien parece una nueva medida de presión del sindicato de intereses contra la sociedad a la que debe servir.

Una multa de tráfico

Ignacio Martínez | 24 de diciembre de 2008 a las 9:49

 

El Consejo General del Poder Judicial le ha puesto al juez Tirado una multa de tráfico: 1.500 euros. La misma sanción que le impuso el CGPJ presidido por Francisco José Hernando, tan denostado. Si el caso Tirado es la prueba del algodón, ningún cambio ha ocurrido en el Consejo. En un caso y en otro, se ha comportado como un comprensivo sindicato de intereses. El juez Rafael Tirado es un magistrado con prestigio de buen profesional, pero dejó sin ejecutar durante dos años una condena de cárcel contra Santiago del Valle, el pederasta que supuestamente mató a la niña de Huelva Mari Luz Cortés  en enero de 2008. Tráfico no perdona la multa, los puntos, y hasta la retirada de carné, cuando un conductor comete una grave imprudencia, por buena que sea su reputación al volante. Aquí, sin embargo, no vale el código de circulación. Los jueces se han agarrado al artículo 117 de la Constitución, que dice que ellos son el poder judicial, independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

La votación de ayer es un paradigma de corporativismo profesional. El presidente del Consejo y los ocho miembros propuestos por el PP se han pronunciado a favor de mantener la multa a Tirado. También cinco de los nueve vocales designados por el PSOE. Una vocal propuesta por el PP era incluso partidaria de retirarle la multa, por entender que no había cometido falta alguna. Y sólo cuatro de los miembros designados por los socialistas, el de CiU y la del PNV han votado una suspensión por dos o seis meses.

Se da la circunstancia de que la casi totalidad de los jueces de carrera presentes en el Consejo han decidido mantener una simple multa a Tirado. También, en bloque, los cuatro andaluces que son vocales del CGPJ. Han sido tres propuestos por el PSOE, Miguel Carmona, ex presidente de la Audiencia de Sevilla, de la progresista Jueces para la Democracia; Manuel Torres Vela, ex presidente de la Audiencia de Málaga, de la centrista Francisco de Vitoria, e Inmaculada Montalbán, ex magistrada de lo Contencioso en Granada, de JpD. Y lo mismo hizo Pío Aguirre, ex presidente de la Audiencia de Jaén, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, designado por el PP.

El 23 de diciembre de 2008 puede pasar a la historia como el día en que se produjo una fractura seria entre la sociedad española y una judicatura más preocupada por sus intereses gremiales que por una mejor administración de justicia. Las encuestas de los diarios digitales son rotundas: están en contra de lo decidido por el Consejo por 9 a 1. El padre de la pequeña Mari Luz ha dicho que es una vergüenza nacional. Juan José Cortés ha añadido que “la indulgencia a este juez es volver a la Edad Media, donde las personas podían salvarse simplemente por su nombre”. Más allá de los legalismos, sus colegas le han puesto a Tirado una multa de Tráfico: según ellos iba en la buena dirección, pero fue demasiado lento. No pierde puntos. Es inamovible.

Togas caídas

Ignacio Martínez | 22 de octubre de 2008 a las 12:35

Juana Gálvez, la secretaria de juzgado sancionada, habla con los periodistas el día después de la huelga. (Foto, Telecinco)

Jueces y secretarios de juzgado han demostrado ayer que pueden parar este país. No tiene mucho mérito: los camioneros lo hacen con más frecuencia y causan más molestias. Pero es la primera vez que altos funcionarios de la administración de justicia dejan de trabajar para denunciar “la carencia de medios para afrontar la abrumadora carga de trabajo que soportan los juzgados”. Es de agradecer que trasladen estas cosas a la opinión pública. El problema es que la protesta no es desinteresada, aunque sus protagonistas afirmen que no era corporativista. Lamento estar en desacuerdo. No se habría producido un paro semejante de no haber mediado una sanción de dos años de empleo y sueldo a una secretaria de juzgado de Sevilla, por no ejecutar una sentencia de cárcel para el presunto asesino de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años, muerta en enero en Huelva. Tampoco el seguimiento de esta huelga de togas caídas habría sido tan intenso de no arriesgarse el titular del mismo juzgado a una sanción similar. Pero estaría bien que este espíritu del 21 de octubre siguiera vivo: responde a un mal profundo y ha sido iniciado por jueces de a pie, de los pueblos, completamente desasistidos.

Los manifestantes se han empleado a fondo contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que no es juez de carrera, sino fiscal. Este matiz podría dar otro sesgo corporativista a la protesta, pero no. Tampoco se lo añade que Bermejo sea poco grato a la derecha española y la judicatura es una carrera tradicionalmente conservadora. Los miembros de la organización progresista Jueces para la Democracia han participado con la misma intensidad que los de la Asociación Profesional de la Magistratura en esta protesta. A la mayoritaria (y conservadora) APM pertenece el juez Rafael Tirado. Los jueces se quejan de las injerencias del Gobierno: en particular de Bermejo y la vicepresidenta Fernández de la Vega, juez aunque no por oposición, sino por el cuarto turno. La número dos del Gobierno español ha pedido una sanción de tres años para el juez Tirado, lo que suena a presión sobre el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que decidir en pocas semanas.

Tampoco es mala presión la ejercida ayer sobre el CGPJ por los huelguistas. Me habría gustado este mismo espíritu cuando en 1993 la juez Blanca Esther Díez denunció una mafia judicial en Marbella. Aquello le costó un acoso corporativo, expedientes y sanciones. Con el tiempo hemos sabido lo que era aquella Marbella en la que reinaba Jesús Gil, en la que se agasajaba un año tras otro a los máximos responsables de la judicatura española y a sus señoras esposas, a todo plan. Entonces, nadie hizo ascos a las lisonjas de Gil. Las cúpulas de la JpD y la APM estaban a lo suyo, a colocarse en el CGPJ. Si las cosas cambian, algo habremos ganado con este espíritu del 21 de octubre.

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Una multa más barata que las de tráfico

Ignacio Martínez | 16 de septiembre de 2008 a las 11:30

Tres multas por exceso de velocidad  le habrían salido al juez Rafael Tirado más caras que su responsabilidad en el caso de Mari Luz Cortés. En dinero, habrían sido los mismos 1.500 euros, pero encima se habría quedado sin carné de conducir. El Consejo General del Poder Judicial saliente se ha despedido con una decisión polémica, multarle por una falta grave   y desatender las peticiones de la fiscalía o de la familia de que las consecuencias fueran mucho más duras para él. Tirado no notificó la pena de prisión impuesta al asesino de la niña onubense de cinco años por un delito anterior; el asesino quedó en libertad y pudo cometer este crimen. El CGPJ le deja de momento el carné de conducir juicios.
Aunque la multa haya sido pequeña, más propia de alocados conductores que de jueces irresponsables, hay que subrayar que el juez Tirado no es el único culpable de que el asesino de Mari Luz andara suelto. También lo es una Administración autonómica que en la pasada legislatura desatendió reiteradamente la cobertura de plazas vacantes en el funcionariado. Fuentes judiciales solventes señalan que con frecuencia pasaban seis meses hasta que se cubría una plaza, sin que hubiese interinos provisionales. La prueba de que la propia Junta de Andalucía es consciente de esas carencias es que en Sevilla se han creado tres nuevos juzgados de lo Penal desde el caso Mari Luz y se ha reforzado el personal en las demás provincias.

Los juzgados de lo Penal están obligados a resolver un determinado número de cuestiones al año y tanto los de Sevilla como los de Málaga superan ese baremo con creces. Pero el juez Tirado, sin duda, se equivocó al no priorizar la comunicación de determinadas sentencias: los de delitos contra la libertad sexual o de violencia de género tendrían que tener ese carácter urgente. En todo caso, la sanción a este juez que entró a formar parte de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por elección, le supone otras consecuencias muy negativas: con una falta grave no podrá acceder a cargos de designación y ha sido vapuleado por propios y extraños. En todo caso, este asunto no ha terminado, porque habrá recursos, del propio juez y de la fiscalía. Y será el nuevo Consejo, que toma posesión el día 23, el que tenga la última palabra. Esa es una mala noticia para Rafael Tirado, porque se considera al nuevo CGPJ particularmente partidista y tanto Zapatero como Rajoy han lamentado la suavidad de la sanción.

El nombramiento de los 20 nuevos miembros del nuevo Consejo ha sido muy criticado: la presencia de antiguos diputados, senadores o viceministros le da un tinte partidista algo injusto, porque no estamos ante algo diferente de lo que ha habido en ocasiones anteriores. Sin embargo, la votación mecánica según la directriz del partido que ha nombrado a cada miembro del CGPJ, hace que este órgano se haya convertido en prescindible. Ignacio Camacho escribía el otro día en Abc que “la justicia española sería igual de lenta e ineficiente si no existiese el Consejo General del Poder Judicial, pero al menos saldría más barata”. Con una comisión parlamentaria y una subdirección general sustituía mi colega las funciones desempeñadas por el Consejo en la actualidad.
Entre los encargados de sacar al CGPJ de su desprestigio hay cuatro jueces andaluces. Dos propuestos por la progresista Jueces para la Democracia: Inmaculada Moltalbán, nacida en Iznalloz en 1959, que ha ejercido en Almería, Valencia y en el Contencioso de Granada; y Miguel Carmona, nacido en Madrid en 1946, que ha sido presidente de la Audiencia de Sevilla durante tres mandatos y antes ejerció en Bollullos del Condado y Carmona. Uno propuesto por la centrista Francisco de Vitoria, el granadino Manuel Torres Vela (1955), que ha sido presidente de la Audiencia de Málaga y ahora presidía su sección cuarta, y ha ejercido en Estepa, Roquetas y Úbeda. Y el cuarto, propuesta por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Pío Aguirre, nacido en Jaén en 1951, que ha sido presidente de la Audiencia jiennense desde 1999 y ha ejercido en Ceuta y Villacarrillo. Los cuatro suponen una quinta parte del órgano de gobierno de los jueces. Tienen trabajo por delante.

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