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Chantaje en Aena

Ignacio Martínez | 13 de marzo de 2011 a las 15:57

Muchos españoles han coincidido esta semana con los llamados sindicatos de clase, en su oposición a la privatización parcial de los aeropuertos españoles. Hemos visto a dirigentes de Comisiones o UGT explicar por qué han señalado 22 días de huelga entre abril y agosto. Quieren que el Estado garantice a los 12.500 empleados sus puestos de trabajo y sus ingresos, antes de vender la mitad de las acciones de Aena, para ingresar en las arcas públicas y mejorar la gestión de los 47 aeropuertos y dos helipuertos. Y avisan de los peligros que acechan si se consuma la privatización: menos seguridad, cierre de aeródromos poco rentables, perjuicio a la cohesión social o territorial, y obstáculo al desarrollo económico.

En su ardor por evitar que se perjudique el desarrollo económico, los esforzados sindicalistas han pasado por alto que el turismo representa el 11% de la economía en regiones como Andalucía. En el Reino Unido la gestión de los aeropuertos es privada y no parece que sean más inseguros. Y en cuanto al cierre de alguno, es bien posible que España no pueda pagarse medio centenar de aeródromos. Córdoba, por ejemplo, perfectamente conectada por AVE con los aeropuertos de Málaga y Sevilla no necesita tener abierto uno con 581 pasajeros el mes de febrero. Esto no es exclusivo del transporte aéreo; probablemente Andalucía no pueda pagarse diez universidades. Y muy posiblemente no podamos financiar televisiones públicas regionales o locales a norte, sur, este y oeste.

Todos estamos de acuerdo en que el país ha vivido por encima de sus posibilidades. Pero a la hora de hacer ajustes, sólo se hacen en el sector privado; lo que supone menos actividad y menos impuestos para sostener lo público. Pero lo público es intocable. Si no, chocamos con el chantaje de los sindicatos de la aristocracia laboral española, el Sepla de pilotos y la Usca de controladores, o la clase media sindical nos amenaza con boicotear los días de mayor entrada y salida de turistas. El chantaje afecta directamente al medio millón de andaluces que trabaja en el turismo. Y no ha sentado bien. Tanto, que mucha gente se opone a la privatización parcial de los aeropuertos. Piensa que se deberían de privatizar del todo.

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Hay miedo a una ley de huelga

Ignacio Martínez | 3 de julio de 2010 a las 9:38

Es necesario hacer una ley de huelga que desarrolle el artículo 28 de una Constitución aprobada hace nada menos que 32 años. No parece que fuera precipitado, vamos. Pero todo el mundo busca una excusa para aplazar el trance. Dirigentes de UGT y Comisiones se mostraron ayer abiertos a que se aborde el asunto; pero claro, exigen que se haga en frío y no al calor del enfado pluscuamperfecto que la sociedad tiene con los sindicatos por la huelga salvaje del Metro de Madrid. Tampoco el Gobierno tiene arrestos para meterle mano a este tema, del que huye como de una vara verde.

También ayer, la vicepresidenta Fernández de la Vega dijo tras el Consejo de Ministros que esto de una ley de huelga es un debate muy antiguo, que lleva muchísimos años y que tampoco ahora es el momento. Sus palabras fueron todo un ejercicio de responsabilidad: es verdad que es un tema que está ahí, que está pendiente, agregó en un alarde de profundidad, en un discurso tan insustancial y evasivo que parecía de Pajín o de Cospedal. Es un estilo, una moda que se impone.

Los sindicatos se han dado cuenta de que su huelga en el Metro de Madrid era insostenible. Eso de reventar Madrid, como dijo el portavoz de la movilización, era un despropósito que desacreditaba al movimiento sindical español en su conjunto. Le estaban dando una bofetada a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la cara de los millones de trabajadores que utilizan el suburbano madrileño. Y aunque Esperanza Aguirre haya presumido que ella es pobre de pedir, con el desparpajo y la falta de pudor que la caracteriza, lo cierto es que quienes no tienen dinero, ni tiempo para coger medios de transporte alternativos son las personas que los sindicatos deberían defender.

Pero cada vez más, los sindicatos españoles son organizaciones corporativas que representan a intereses de grupos de empleados con trabajo en instituciones o empresas públicas. (Por cierto, sería estupendo que se publiquen las listas de los delegados sindicales liberados en la Administración, con cargo al erario público). La suerte de los parados y los empleados de empresas privadas les coge cada vez más lejos. Su comportamiento con esta huelga lo demuestra. Aunque tengan razón sobre los servicios mínimos abusivos, que los tribunales desautorizan meses o años después de celebrada una huelga, cuando ya no tiene remedio.

Podrían exigir a las Cortes una legislación más moderna, que incluya la celeridad en el arbitraje sobre servicios mínimos y una ley de huelga que acabe con los excesos donde quiera que se produzcan: en las autoridades, la patronal, los sindicatos o los piquetes que practican técnicas de persuasión más propias de Sicilia o Calabria. La alternativa a los matones son sindicalistas responsables al estilo alemán.

No habrá ley. Aquí el mundo mira para otro sitio y silba. Así nos va.