Archivos para el tag ‘Consejo General del Poder Judicial’

Garzón: El enemigo público número uno

Ignacio Martínez | 14 de abril de 2010 a las 8:52

La nómina de personas que querrían hacerle daño al juez Garzón debe ser amplia. Incluye a terroristas, narcotraficantes y grandes partidos políticos. Hay una forma antigua de daño que significa condenar a alguien o dar sentencia contra él, que encaja perfectamente en esta historia. Pero a los procesos contra Garzón le valen otras acepciones. Hay gente que le quiere perjudicar, causarle dolor y hasta destruirlo. Los procedimientos judiciales contra él son tres: uno por el auto de procesamiento a Franco, otro por el cobro de unas conferencias organizadas en Nueva York, que habría pagado el Banco Santander, y el último por las escuchas de las conversaciones de los procesados por el caso Gürtel con sus abogados. Los dos primeros casos han sido promovidos por personas y organizaciones nostálgicas de la Dictadura, como Falange o un supuesto sindicato llamado Manos Limpias. El superjuez ha acabado siendo el superprocesado de manera simultánea e implacable, como si fuese el enemigo púbñico número uno.

Vaya por delante que no pertenezco al club de fans de este juez estrella, cuyo ego ensombrece sus actuaciones. En octubre de 2008 escribí aquí que su auto contra Franco era un capítulo lucido para sus obras completas. Abrir un juicio de Nuremberg contra el dictador, los jefes del levantamiento militar del 18 de julio y los ministros de los gobiernos españoles desde el 36 al 51 era muy audaz. Les imputaba el asesinato de 114.266 personas. El tema tenía la polémica asegurada por muchos motivos, sobre todo por las dudas sobre si la ley de amnistía de 1977 amparaba los crímenes del franquismo, y también porque se pretendía procesar a personas ya fallecidas. Sea como fuere, el encausamiento de Garzón no se entiende fuera de España y abre una brecha en la convivencia nacional.

El acto de ayer de los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense de Madrid es una muestra de esa fractura. Cándido Méndez considera que las querellas persiguen injustamente al juez por actuaciones judiciales como la instrucción del caso Gürtel y lo califica de vergüenza histórica. Por el contrario, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, piensa que este homenaje es un disparate y un atentado contra la democracia. El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha llegado más lejos y acusa a los magistrados del Supremo de dar un golpe brutal a la democracia española, convirtiéndose en instrumento del fascismo español.

Esto ocurre en un país en el que un delincuente como Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, invitaba a unas jornadas jurídicas anuales a la crema y nata de la judicatura española, incluidos magistrados del Supremo y el Consejo del Poder Judicial, a mesa, mantel y cama, bien acompañados y regalados, y no pasaba nada. Las jornadas jurídicas eran una pantomima: una conferencia de una hora a mediodía y el resto, una semanita a toda plan en la capital de la Costa del Sol. Y todos tan contentos. Sobre todo, Gil. 

La democracia ha llegado a todas partes tras la Dictadura, incluida la Policía, el Ejército y hasta la Iglesia, en la época del cardenal Tarancón. Pero está por llegar a la judicatura. Quizá haya llegado el momento de abordar esa cuestión. Éste es el lado bueno de convertir a Garzón en el enemigo público número uno.

Alejandro Rodríguez Carrión y Francisco Arroyo, premio Blanco White del Consejo Andaluz Movimiento Europeo

Ignacio Martínez | 18 de abril de 2009 a las 10:05

El Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, del que formo parte, ha otorgado el Premio Blanco White de 2009 al catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga Alejandro Rodríguez Carrión y al presidente de la Audiencia Provincial Francisco Arroyo. Este premio ha sido instituido para homenajear a aquellos andaluces que se hayan distinguido por la defensa de la Unión Europea y sus valores de civilización, derechos humanos y democracia, simbolizados en la figura de Blanco White.

Arroyo y Rodríguez Carrión fueron los creadores en 1996 del prestigioso Master de Derecho Comunitario de la Universidad de Málaga y fundaron la Asociación para el Estudio del Derecho Comunitario de Málaga, ADECOM. Pero ambos tienen muchos más méritos, además de una extraordinaria categoría personal. 

Francisco Arroyo fue designado por el Consejo General del Poder Judicial profesor y más tarde coordinador de cursos de formación para jueces de los países del Este que se han adherido en 2004 y 2007 a la Unión Europea. Ha sido pionero en la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero como magistrado y después como presidente de la Audiencia Provincial, ha impulsado y dirigido cursos de Derecho Comunitario para el personal de la administración de justicia de Málaga. Y es autor de numerosos estudios doctrinales sobre diferentes normas de Derecho Comunitario, como la directiva que regula la multipropiedad.

Alejandro Rodríguez Carrión ha dedicado a la enseñanza, docencia e investigación del Derecho Comunitario buena parte de su dilatada carrera universitaria, desde 1973. Lo ha hecho en las universidades de Granada, Autónoma de Madrid y Sevilla. También en Málaga, como catedrático de Derecho Internacional Público de la UMA desde 1982. De su contribución doctrinal destacan, entre otros, estudios como El Parlamento Europeo tras la reforma del Tratado de la Unión Europea y su manual Bases de Derecho Comunitario Europeo, que ya va por su tercera edición. Ha sido organizador, junto al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, de varios congresos de Derecho Comunitario.

El Premio se entregará en el salón de los espejos del Ayuntamiento de Málaga el 9 de mayo, Día de Europa. El año pasado, el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo concedió el Premio Blanco White a todos los eurodiputados andaluces que han formado parte del Parlamento Europeo, con motivo del 50 aniversario de la Cámara.

 

Los jueces presionan para proteger a Tirado

Ignacio Martínez | 21 de diciembre de 2008 a las 10:58

”El

 

El sindicato de jueces está a punto de salirse con la suya: al juez Rafael Tirado se le va a ratificar la sanción de 1.500 euros que le impuso el anterior Consejo General del Poder Judicial. Y poco más. Parece que el nuevo CGPJ no va a atender la demanda del fiscal de suspender por tres años al juez que olvidó mandar a prisión al que resultaría asesino de la niña de cinco años Mari Luz Cortés, en Huelva el pasado enero. Sólo en Andalucía, los mensajes al Consejo, que debe decidir el martes, y los gestos hacia la opinión pública no han cesado un sólo día. El martes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, entregó a la consejera Evangelina Naranjo un informe demoledor sobre las carencias de la administración de justicia en la región. Según los jueces faltan 1.719 funcionarios y los que tienen ahora son deficientes: actúan con pasividad, absentismo e impuntualidad. El mensaje está claro: la culpa de que el asesino de Mari Luz estuviese en libertad es de cualquiera, menos del titular del Juzgado de lo penal número 1 de Sevilla.

El miércoles, en Córdoba el juez decano, Luis Rabasa, propuso reducir a la mitad los juicios previstos para el año que viene, y preveía que el actual sistema judicial reventaría en dos años. La subasta ha continuado. El juez decano de Granada, Antonio Moreno, salió el jueves a la palestra para decir que el sistema va a reventar no en dos años, sino en uno. Seguro que los jueces tienen razón en que faltan medios, incluso en que la diligencia de los funcionarios no es la idónea. Pero no se ha oído una voz sobre su propio comportamiento. El artículo 127 de la Constitución prohibe expresamente la militancia sindical de los jueces. Por eso no participaron en la jornada de paro convocada el 21 de octubre, en apoyo a la secretaria de Juzgado de Sevilla sancionada a dos años de suspensión por el caso Mari Luz. No participaron en teoría, pero convocaron juntas de jueces que en la práctica les permitió estar inactivos durante el paro. Como conocen las normas, han sabido cómo ejercer su presión corporativa sin incumplir la ley. Otro artículo de la Constitución, el 117 les da un enorme poder. Dice: “La justicia emana del pueblo y se ejerce por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

A un juez no le chista nadie. Durante la construcción reciente de un juzgado en una capital andaluza, eran frecuentes las incursiones en la obra de unos señores que no aceptaban la prohibición de entrar en un recinto peligroso para quienes no son profesionales: “¡soy juez!” argumentaban los intrusos. Un amigo que acompañó a su hermana para un caso de malos tratos, en otra capital andaluza, me cuenta que los citaron a las 9:00. Pasadas las 11:00 la juez salió a desayunar, y volvió hora y media más tarde, les atendió unos minutos y dijo que en tan poco tiempo no podía decidir, que la volvería a citar. Comprenderán que a mi amigo no le hayan emocionado esta semana los argumentos de Méndez de Lugo, Moreno y Rabasa. En Málaga era famoso un juez, antiguo miembro del CGPJ, que pasaba por su destino en un Juzgado de lo Civil un par de días en semana. ¿Y si todos los jueces se ponen a trabajar de 8:00 a 15:00, intensamente, sin pausa y dan un ejemplo a funcionarios y ciudadanía de cómo se comporta un poder del Estado? Los gestos públicos de estos días, de generoso apoyo a su compañero, llevan aparejado un cierto matiz de soberbia. Si hay algún problema, la culpa será de la Administración, de los secretarios, de los funcionarios, pero nunca de estos integrantes del Poder Judicial, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley.