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Casa Real: rigor en defensa del sistema

Ignacio Martínez | 21 de abril de 2012 a las 13:08

Hay un antes y un después de Botsuana. Para los grandes partidos y el resto del arco parlamentario, entre las formaciones republicanas y en el inconsciente colectivo. Y en la propia Casa Real. No sólo por el cúmulo de desgraciados ingredientes: la compañía espuria, la excursión de lujo, la caza de elefantes, el secreto del viaje. Estamos en el annus horribilis de la monarquía española, como 1992 lo fue para Isabel II de Inglaterra. La gravísima situación de crisis que vive España y la desesperación generalizada al no ver una salida, han elevado el desafecto ciudadano.

Hay quien aprovecha para señalar el anacronismo que supone hoy la monarquía. Un principio aceptable. Y discutible. Algunos de los países más avanzados del mundo, que son un paradigma del Estado de bienestar, Dinamarca, Suecia, Noruega, son monarquías parlamentarias. También el Reino Unido, Holanda o Bélgica. Y no parece que el régimen haya dado más posibilidades a las repúblicas europeas que a las monarquías. Ni lo contrario. En España, en particular, la hoja de servicios del Rey en estos 36 años ha acumulado un crédito sustancial.

Hemos asistido a la petición de perdón del Rey. Magnífica. Inhabitual aquí y fuera de aquí. Cuando Sarkozy fue elegido presidente de la República hace cinco años anunció que se retiraba unos días a descansar. Se pensó que iba a ir a un monasterio o a una tranquila finca de Córcega, pero se marchó a Malta en un avión privado para pasar unas vacaciones de lujo en un yate de 60 metros, invitado por Vicent Balloré, una de las principales fortunas de Francia. Se formó un escándalo y hasta la prensa conservadora criticó la “escapada dorada del presidente, con sus amigos del CAC 40″, el equivalente nuestro Íbex 35. Pues nada, monsieur le président no se excusó. Se limitó a decir que su excursión de lujo no le había costado un céntimo al contribuyente.
La Casa Real intenta recuperar posiciones y ha ofrecido que en el futuro habrá más transparencia. Un servidor vuelve a discrepar. No se trata de que el monarca de manera voluntarista esté dispuesto a hacer concesiones, sino de defender el modelo de Estado, la monarquía constitucional, con todas las de la ley. Es urgente que los representantes de la soberanía popular se ocupen del artículo 57 de la Constitución. Hay que modificar el apartado 1, porque discrimina a la mujer respecto al hombre. Hay que desarrollar el apartado 5, que preveía en 1978 una ley orgánica sobre abdicaciones y renuncias, ¡que no se ha hecho en 33 años! Y hay que establecer un estatuto del heredero, más allá de lo que dice el apartado 2.
Y ya que estamos, hay que incluir a la Casa Real en la Ley de Transparencia promovida por el Gobierno. Y regular las actividades públicas y privadas del monarca, que tienen una frontera difusa; como las del presidente francés, sin ir más lejos. Nada de concesiones voluntaristas. Rigor en defensa del sistema.

Una lanza a favor de los jueces

Ignacio Martínez | 22 de febrero de 2009 a las 12:01

Mi amigo Agustín Ruiz Robledo, compañero de página en El Observatorio, una sección de análisis en la edición dominical de los nueve diarios del Grupo Joly, y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, ha cambiado de postura sobre el derecho de huelga de los jueces. Es una posición contraria a la mía, pero muy bien articulada. Y no me resisto a publicarla aquí.

LOS JUECES YA TIENEN EL DERECHO DE HUELGA

Ahora que el jesuita Roberto Busa ha clasificado los pecados de los católicos, debo confesar que he pecado de soberbia en la polémica jurídica sobre el derecho a la huelga de los jueces: en cuanto empezó a debatirse este asunto me lancé sin mucho estudio a defender que la Constitución les prohibía la huelga y tengo que admitir ahora mi error. Mi argumento no era sólido, pues no es suficiente afirmar que los jueces constituyen un poder del Estado, lo que les inhabilitaría para ponerse en huelga, igual que no pueden hacerla los ministros o los parlamentarios. La comparación no se mantiene en pie, en primer lugar porque tan poder judicial son los jueces en España, como en Portugal, Francia e Italia y en esos Estados sí tienen reconocido el derecho de huelga. En segundo, la propia Constitución española marca diferencias entre los jueces y los otros titulares de poderes: solo los jueces son funcionarios, aunque con algunas especialidades; tanto es así que en la non-nata Ley Orgánica de Huelga (aprobada en el Senado en 1993) no se menciona para nada a los diputados y demás miembros de los órganos constitucionales, pero sí se disponía que la ley no  sería aplicable “a los miembros de las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ni a los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en activo, los cuales se regirán por su normativa específica”. ¿Y qué dice esa normativa? Nada. Luego los contrarios al derecho de huelga de los jueces nos estrellamos contra un argumento tan sencillo -y tan potente, según la navaja de Occam- como que todo lo que no está prohibido está permitido.

Algunos profesores de Derecho del Trabajo han dado un argumento diferente al que hemos dado los constitucionalistas: el derecho de huelga es una emanación del derecho de sindicación, por tanto quien no tiene este derecho, tampoco puede ser titular del de huelga. Sin embargo, el argumento tiene mucho de formal, de detenerse en el nombre de las cosas, y no en su sustancia, ya que nuestra Lex legum permite que los jueces creen asociaciones profesionales y la Ley Orgánica del Poder Judicial las habilita para “la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos”. Como hemos visto estos días, eso supone la normal capacidad negociadora de cualquier sindicato; con la conclusión lógica de que quien puede negociar colectivamente sus condiciones de trabajo también puede usar la gran arma de todos los empleados en una negociación, la huelga; por lo demás regulada expresamente para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en la LOPJ. 

Además de las opiniones de los juristas, para saber lo que permite o prohíbe la Constitución es determinante el comportamiento de los propios actores constitucionales. Y desde esa perspectiva, no cabe duda de que los jueces ya tienen el derecho de huelga, como así lo ha estimado y ejercido el 30% de sus señorías el pasado 18. Pero además, así lo está admitiendo tácitamente el Consejo General del Poder Judicial que, tras declararse incompetente para fijar los servicios mínimos, no ha abierto ningún expediente disciplinario contra los huelgistas. Igualmente, el Gobierno y el Ministerio Fiscal no han iniciado acciones para sancionarlos, como permite el artículo 409 del Código Penal si se les considerara autores de un abandono colectivo e ilegal de un servicio público. Por eso, el despistadísimo ministro de Justicia, que atraviesa Despeñaperros sin darse cuenta de que entra en Andalucía, lleva toda la razón jurídica cuando quiere descontar el salario del día a los jueces huelgistas y cuando defiende la presentación de un proyecto de ley para prohibirles o restringirles el derecho de huelga. Otra historia es que sean disparos políticamente intempestivos y sin licencia de la superioridad.

  

La ventaja de las libertades

Ignacio Martínez | 30 de enero de 2009 a las 12:14

Una amiga que tiene a su hija en un colegio religioso de Málaga me contó no hace mucho que la directora, una monja con autoridad y prestigio, tuvo que emplearse a fondo en una reunión de padres para convencer a un grupo minoritario de las bondades de la asignatura Educación para la Ciudadanía. La directora no veía ningún problema en esa materia y el Tribunal Supremo, tampoco. Educar a los jóvenes españoles en el respeto a los principios democráticos, la convivencia, los derechos y libertades fundamentales es una obligación del Estado. Por mandato constitucional.

El artículo 27.2 de la Constitución dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana de los alumnos en los valores democráticos. El siguiente, el 27.3, es el esgrimido por los objetores a esta asignatura, a quienes dio la razón el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en marzo del año pasado. Ese artículo dice que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. El segundo punto está limitado por el primero. Porque si un musulmán fundamentalista exige en la escuela que su hija vaya con un burka y no se mezcle con hombres, incluso decide que le practiquen la ablación del clítoris, de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, el Estado debe impedirlo. Así que convengamos que el artículo 27.3 tiene límites. La dignidad de las personas, los valores constitucionales, la ley son un límite preciso.

El Tribunal Supremo, por aplastante mayoría de 22 a 7, ha dictado una sentencia histórica. Los magistrados han empleado 20 horas para deliberar, han analizado la redacción de la ley, incluida la letra pequeña; también los libros de texto. Y han decidido que no es un adoctrinamiento malicioso, y que tampoco lesiona el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. De hecho, el adoctrinamiento de niños y jóvenes españoles en la religión católica ya se da masivamente en la España de hoy, incluso en colegios privados financiados con fondos públicos. Sin problema.

Pero para parte de la jerarquía de la Iglesia y para el lado más derechista del PP el hecho de que esta nueva asignatura presente el matrimonio homosexual en plano de igualdad con el heterosexual es una aberración intolerable. Ese es el origen de esta operación de acoso al Gobierno que en su segundo episodio judicial se salda con una derrota de los tradicionalistas. Como anuncian nuevos recursos al Tribunal Constitucional y al Europeo de Derechos Humanos habrá ocasión de seguir tratando el asunto. Es una de las ventajas del sistema de libertades que hay que enseñar en la escuela. Afortunadamente.

Confesionario en La Moncloa

Ignacio Martínez | 23 de diciembre de 2008 a las 10:32

 

Confesionario en la Moncloa. Zapatero en estado puro, encantador de serpientes. Hasta Esperanza Aguirre ha salido encantada de La Moncloa. El lema es todos ganamos y nadie pierde. Es mentira, pero en estas fechas queda muy bonito. Hay un problema catalán. Claro que lo hay. Es una comunidad rica, emprendedora y paga lo que debe al conjunto del Estado. Que, dicho sea de paso, es su principal cliente. La cuestión es saber si paga demasiado como dicen los catalanes o paga lo justo. Eso depende. Depende de con quién la comparamos. Si el catalán se mira en el espejo vasco paga muchísimo.

Los vascos y navarros tiene un estatuto fiscal especial basado en una disposición de la Constitución a la que se ha ido poniendo letra y números en la medida que los gobiernos centrales en minoría han necesitado unos votos en el Congreso. La última vez la semana pasada en el debate sobre los Presupuestos para 2009. Como tantas otras veces, Zapatero y Rajoy tenían razón: ZP se ha bajado los pantalones y ha transferido al País Vasco una partida de I+D de 86,8 millones para siempre. Con lo que el cupo vasco, que esos presupuestos fijaban en 1.350 millones de euros, se queda en 1.263,2. O sea, por debajo de lo que se lo encontró el PSOE cuando volvió al Gobierno en 2004. Y ZP tenía razón cuando dijo que el PP había hecho lo mismo, cuando gobernó en minoría. Por cierto, que el cupo navarro es de 611 millones en 2009. Lo que quiere decir que ellos recaudan sus impuestos hacen lo que les da la gana con ellos y le mandan a la caja común del Estado 611 millones pelados y mondados. Ahí empieza el problema catalán.

Y termina por el exceso de gasto de las comunidades menos desarrolladas, por ejemplo en funcionarios y en televisiones públicas pensadas para loor y gloria de los gobernantes locales. No sé si pagan mucho los catalanes. A lo mejor no. Habría que acabar con los privilegios de País Vasco y Cataluña y los despilfarros de Andalucía y Extremadura antes de saberlo.

Es falso lo de que todas las regiones ganan, sencillamente porque es imposible. Hay una caja central, en la que se queda un dinero para gastos comunes, y se reparte la otra parte. Si los fondos que se reparten aumentan, los gastos comunes disminuyen y la atención del Estado a los distintos territorios se reducirá. Si hay quien obtenga más dinero y nadie ve sus transferencias mermar, es que el que ha perdido es el conjunto del Estado. Antes de establecer si esto es bueno o malo, hay que decir con énfasis que es pernicioso anunciar que todo el mundo va a salir ganando. Porque es mentira.

Los jueces presionan para proteger a Tirado

Ignacio Martínez | 21 de diciembre de 2008 a las 10:58

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El sindicato de jueces está a punto de salirse con la suya: al juez Rafael Tirado se le va a ratificar la sanción de 1.500 euros que le impuso el anterior Consejo General del Poder Judicial. Y poco más. Parece que el nuevo CGPJ no va a atender la demanda del fiscal de suspender por tres años al juez que olvidó mandar a prisión al que resultaría asesino de la niña de cinco años Mari Luz Cortés, en Huelva el pasado enero. Sólo en Andalucía, los mensajes al Consejo, que debe decidir el martes, y los gestos hacia la opinión pública no han cesado un sólo día. El martes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, entregó a la consejera Evangelina Naranjo un informe demoledor sobre las carencias de la administración de justicia en la región. Según los jueces faltan 1.719 funcionarios y los que tienen ahora son deficientes: actúan con pasividad, absentismo e impuntualidad. El mensaje está claro: la culpa de que el asesino de Mari Luz estuviese en libertad es de cualquiera, menos del titular del Juzgado de lo penal número 1 de Sevilla.

El miércoles, en Córdoba el juez decano, Luis Rabasa, propuso reducir a la mitad los juicios previstos para el año que viene, y preveía que el actual sistema judicial reventaría en dos años. La subasta ha continuado. El juez decano de Granada, Antonio Moreno, salió el jueves a la palestra para decir que el sistema va a reventar no en dos años, sino en uno. Seguro que los jueces tienen razón en que faltan medios, incluso en que la diligencia de los funcionarios no es la idónea. Pero no se ha oído una voz sobre su propio comportamiento. El artículo 127 de la Constitución prohibe expresamente la militancia sindical de los jueces. Por eso no participaron en la jornada de paro convocada el 21 de octubre, en apoyo a la secretaria de Juzgado de Sevilla sancionada a dos años de suspensión por el caso Mari Luz. No participaron en teoría, pero convocaron juntas de jueces que en la práctica les permitió estar inactivos durante el paro. Como conocen las normas, han sabido cómo ejercer su presión corporativa sin incumplir la ley. Otro artículo de la Constitución, el 117 les da un enorme poder. Dice: “La justicia emana del pueblo y se ejerce por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

A un juez no le chista nadie. Durante la construcción reciente de un juzgado en una capital andaluza, eran frecuentes las incursiones en la obra de unos señores que no aceptaban la prohibición de entrar en un recinto peligroso para quienes no son profesionales: “¡soy juez!” argumentaban los intrusos. Un amigo que acompañó a su hermana para un caso de malos tratos, en otra capital andaluza, me cuenta que los citaron a las 9:00. Pasadas las 11:00 la juez salió a desayunar, y volvió hora y media más tarde, les atendió unos minutos y dijo que en tan poco tiempo no podía decidir, que la volvería a citar. Comprenderán que a mi amigo no le hayan emocionado esta semana los argumentos de Méndez de Lugo, Moreno y Rabasa. En Málaga era famoso un juez, antiguo miembro del CGPJ, que pasaba por su destino en un Juzgado de lo Civil un par de días en semana. ¿Y si todos los jueces se ponen a trabajar de 8:00 a 15:00, intensamente, sin pausa y dan un ejemplo a funcionarios y ciudadanía de cómo se comporta un poder del Estado? Los gestos públicos de estos días, de generoso apoyo a su compañero, llevan aparejado un cierto matiz de soberbia. Si hay algún problema, la culpa será de la Administración, de los secretarios, de los funcionarios, pero nunca de estos integrantes del Poder Judicial, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Friquis en acción

Ignacio Martínez | 8 de diciembre de 2008 a las 13:10

 

¡Muerte al Borbón!, ha dicho un ingenioso diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, en un momento de exaltación y dejándose llevar, por citar la disculpa de su propio partido. La criatura en cuestión no es adolescente, tiene ya 55 años , sino hombre primitivo o poco civilizado, según se desprende de la excusa que ha utilizado el presidente del Congreso. Primario, dijo Bono. Joan Tardà tampoco es un iletrado, es licenciado en Filosofía y Letras y catedrático de Instituto de Lengua y Literatura catalanas, pero es persona que se deja arrebatar por la pasión y pierde la moderación, que es lo que significa exaltado, calificativo que el portavoz de su partido ha usado como eximente.

En todo caso, no es un buen ejemplo para las Juventudes de Esquerra, a las que acompañó el sábado en un entierro de la Constitución, con motivo de su 30 aniversario. Tardà quiso demostrar que si aquello era un concurso de gamberradas, él podía hacerlas más gordas. En la pasada legislatura ya fueron muy comentadas sus intervenciones en el Congreso para defender el carácter democrático de ANV, la última marca blanca de ETA, o su habilidad para exasperar al presidente del Congreso, Manuel Marín, hablando en catalán en los plenos, aunque no lo permitiese el reglamento. Marín lo llegó a expulsar de la tribuna de oradores y solía calificarlo en privado como un friqui.

En Ronda dirían, sin tantos rodeos, que es un majarón. Y desde luego no representa a un pueblo como el catalán, que se distingue por su sentido común. También gritó ¡viva la república! Pero la defensa de estas ideas es perfectamente respetable en la España democrática de hoy día. Lo de las muertes, sin embargo, es más propio de guerras o terrorismos. Tardà no ha pedido disculpas: por el contrario, en un comunicado ha tachado de ignorantes a quienes pensamos que son poco edificantes este tipo de propósitos.

Este preclaro hombre de letras nos recuerda a los iletrados que la frase está sacada de contexto, porque es lo que se cantaba por las calles de Barcelona en la Guerra de Sucesión. Esto coloca a ERC en la posición de partido moderno frente a los batasunos vascos, defendidos por Tardà. Mientras los proetarras quieren llevar llevar al País Vasco un millón y medio de años atrás, a la edad de piedra, Esquerra sólo quiere hacer retroceder a Cataluña tres siglos, a la guerra civil española de 1705 a 1714, que ganó el primer Borbón, Felipe V.

Sobre el futuro, poca doctrina. Aunque hace unos días tuvimos un espejismo. Carod Rovira lanzó un mensaje proponiendo refundar Esquerra como un partido serio, abierto, moderado, tolerante, flexible, dialogante, que transmitiese estabilidad y no fuese antiespañol. Si la iniciativa prospera, al pobre de Tardà le quedan unos añitos de reciclaje.

[En la imagen, Joan Tardà acompaña al líder de las juventudes de ERC, Gerad Coca, en el acto del sábado.   La foto es de Josep García, de elperiodico.com]

Aniversario tranquilo

Ignacio Martínez | 1 de diciembre de 2008 a las 15:04

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La Constitución del 6 de diciembre de 1978 cumple el sábado 30 años en medio de la mayor crisis económica que ha conocido este país en ese tercio de siglo, mal contado. Una crisis mundial que va a empobrecer a los ciudadanos y a los países. Pero no todo van a ser efectos perniciosos. En el universo español, el discurso nacionalista se ha atemperado en los últimos meses hasta grados sorprendentes. Carod Rovira -ya saben, “Josep Lluís aquí y en la China popular”- acaba de lanzar un mensaje a sus huestes proponiendo refundar Esquerra bajo otras bases. Y una de las premisas es que no sea antiespañola. Quiere un partido serio, abierto, moderado, tolerante, flexible, dialogante, que transmita estabilidad.

¡Quién lo ha visto y quién lo ve! Son tiempos de refundación. Del capitalismo, de los estados libres asociados o del catalanismo. Hasta Otegi reconocía ayer en Gara que el movimiento abertzale está gripado. Carod consiguió hace cinco años partir el voto nacionalista catalán con su propuesta independentista. ERC había tenido entre 11 y 13 diputados en las elecciones autonómicas de 92, 95 y 99. Pero bajo el liderazgo de este hijo de aragonés pasó a 23 diputados en 2003.

En estos cinco años, ha jugado la carta del radicalismo, con desigual resultado y ha levantado muchas ampollas en la opinión pública española. Ahora la crisis le invita a la prudencia. Igual que la coyuntura ha aconsejado al PNV a olvidarse del proyecto del lehendakari de un Estado libre asociado y de su referéndum ilegal sobre el derecho a decidir. Su preocupación primera es un resultado airoso en las autonómicas de la próxima primavera. Pero, una cosa no quita la otra: le han metido una tajada al cupo, aprovechando que el Gobierno de la nación necesitaba unos votos para sacar adelante los presupuestos del año que viene.

El cupo es la liquidación que las haciendas forales vascas hacen a las arcas del Estado después de recaudar los impuestos en Euskadi y quedarse con la mayor parte. Estaba en 1.200 millones de euros al año, pero en la anterior legislatura se negoció que subiría paulatinamente hasta 1.500 millones. No va a poder ser. Para el año próximo eran 1.350 millones y le han hecho un recorte de 86,8 millones de euros, con una partida de investigación y su dotación presupuestaria. Se da la circunstancia curiosa de que esa rebaja es para siempre y los votos a los presupuestos eran sólo para esta vez. Total, una rebajilla del 6,42% en la contribución vasca.

Ya no se oye en Cataluña pegar tirones a propósito de la financiación autonómica, ni siquiera en Andalucía hay mucho énfasis en la deuda histórica. Ahora lo que suena fuerte por las calles es que no cierren Torras, que no cierren Nissan… La crisis brinda a la Constitución un cumpleaños tranquilo.