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Valadez

Ignacio Martínez | 13 de diciembre de 2009 a las 13:38

Conozco poco a David Valadez; lo he visto un par de veces. Es el alcalde de Estepona, pero parece más bien el miembro de una organización ecologista o de una ONG. Tiene pinta de buena persona, de esas a las que uno le prestaría dinero sin mediar ningún papel, en la confianza de que lo devuelve seguro. Pues resulta que lo ha imputado una juez por un presunto delito urbanístico. Es difícil de creer. No es que uno sea infalible: Valadez fue uno de los dos concejales socialistas que, sin mucho éxito, denunciaron varias veces a la dirección de su partido que en ese ayuntamiento había graves irregularidades. Era la secuela de aquella alianza rojo-colchonera que unió a Barrientos y a Crespo, un socialista con el lugarteniente de Gil Marín.

Son cosas que al común de los mortales le resultan chocantes, pero la dirección del PSOE las veía la mar de bien: todo fuera por conseguir amarrar una alcaldía más y acumular poder para conservar la diputación en el futuro. Finalmente, las denuncias de Valadez tuvieron más éxito en los tribunales que en su partido y un montón de gente acabó en la cárcel por el caso Astapa. Y, de rebote, Valadez está de alcalde, pero en precario: cuenta con 11 concejales por 14 la oposición, de los que ocho están imputados en Astapa y disparan contra él para vengarse de su delación.

Un concejal posgilista puso una denuncia en diciembre del año pasado porque el jefe de gabinete del alcalde se había hecho una vivienda ilegal en una finca de 5.000 metros, calificada de especial protección. Casa construida, por cierto, durante el mandato de Barrientos. Cuando el gilista de la oposición hizo su acusación ante la Justicia, el alcalde ya había abierto un expediente, de resultas del cual acabó multando con 157.000 euros al autor de la vivienda ilegal y decretó la demolición de la casa.

Y ahora una juez le imputa un delito por esta actuación. Con todo lo que ha pasado en la Costa del Sol estos años, en la más absoluta impunidad, esta historia parece un cuento de Navidad, que espera su desenlance feliz. Valadez no es un héroe, pero en minoría intenta sacar adelante un municipio que tiene una deuda acumulada de 164 millones de euros, herencia de la época de corrupción. Si necesita que alguien le eche una mano, no es al cuello.

El ‘camorrista’ indeseable

Ignacio Martínez | 18 de mayo de 2009 a las 10:41

Un fiscal de Nápoles dijo ayer que España se ha convertido en un lugar de almacenaje de estupefacientes. Elogiaba la colaboración de jueces y policías españoles, tras la detención el sábado en Marbella del capo de un clan de la Camorra napolitana, especializado en el tráfico de hachís entre España e Italia. El fiscal añadía que ha mejorado mucho la cooperación entre los dos países contra el crimen organizado en los últimos años.

Exagera un poco. Por la Costa del Sol pasa la droga, no se almacena. Se trata de uno de los enclaves de paso de hachís más importantes del mundo, por eso pulula por aquí tanta mafia. Tenemos todos los ingredientes: un destino turístico al que acuden millones de extranjeros, entre los que es fácil confundirse; un emporio inmobiliario en el que ha sido cómodo blanquear dinero negro; un paraíso fiscal como Gibraltar, a pie de obra. Y a 15 kilómetros de nuestra costa, la pequeña Colombia marroquí, el cuadrilátero del Rif que forman Tetuán y Alhucemas por el norte y Taunat y Taza por el sur, en donde hay 100.000 hectáreas dedicadas al cultivo del cáñamo índico, en las que se pueden cosechar unas 2.500 toneladas de hachís al año.

Pequeñas bandas marroquíes se han hecho con el negocio del paso del Estrecho. Las organizaciones criminales europeas que distribuyen esta droga por el continente, como la del camorrista detenido, ya no compran la mercancía en el país magrebí, sino en España. Un hachís de buena calidad puede costar 900 euros el kilo, puesto en el campo rifeño; un precio que sube a 1.300 desembarcado en Andalucía y no deja de aumentar a medida que se sitúa más al norte. En Amsterdam, al por mayor, puede alcanzar los 3.000 euros, que hay que multiplicar por seis, siete u ocho en la venta a los consumidores. El potencial exportador de la mariguana desde las costas andaluzas supera los 3.000 millones de euros anuales, ahí está el problema. Además, la Policía cree que sólo logra interceptar una parte pequeña del hachís que llega a las costas andaluzas.

Bandas de todas las nacionalidades intentan invertir aquí en negocios legales. Sólo la provincia malagueña acumula más comisiones rogatorias de jueces extranjeros, contra el blanqueo de dinero, que todo el resto de España junto. La presión policial y judicial ha sido grande, no sólo nacional. Con frecuencia, policías escandinavos, holandeses, italianos, franceses o británicos siguen en la Costa investigaciones iniciadas en sus países. En 2007 la Unidad de cooperación judicial de la Unión Europea, Eurojust, convocó a magistrados, fiscales, policías y guardias civiles con responsabilidades en Málaga para mejorar la colaboración transfronteriza. Dijo ayer el fiscal italiano que la eficacia ha aumentado. Para estas cosas tan cercanas e importantes sirve la Europa convocada a las urnas el 7 de junio.