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Garzón: El enemigo público número uno

Ignacio Martínez | 14 de abril de 2010 a las 8:52

La nómina de personas que querrían hacerle daño al juez Garzón debe ser amplia. Incluye a terroristas, narcotraficantes y grandes partidos políticos. Hay una forma antigua de daño que significa condenar a alguien o dar sentencia contra él, que encaja perfectamente en esta historia. Pero a los procesos contra Garzón le valen otras acepciones. Hay gente que le quiere perjudicar, causarle dolor y hasta destruirlo. Los procedimientos judiciales contra él son tres: uno por el auto de procesamiento a Franco, otro por el cobro de unas conferencias organizadas en Nueva York, que habría pagado el Banco Santander, y el último por las escuchas de las conversaciones de los procesados por el caso Gürtel con sus abogados. Los dos primeros casos han sido promovidos por personas y organizaciones nostálgicas de la Dictadura, como Falange o un supuesto sindicato llamado Manos Limpias. El superjuez ha acabado siendo el superprocesado de manera simultánea e implacable, como si fuese el enemigo púbñico número uno.

Vaya por delante que no pertenezco al club de fans de este juez estrella, cuyo ego ensombrece sus actuaciones. En octubre de 2008 escribí aquí que su auto contra Franco era un capítulo lucido para sus obras completas. Abrir un juicio de Nuremberg contra el dictador, los jefes del levantamiento militar del 18 de julio y los ministros de los gobiernos españoles desde el 36 al 51 era muy audaz. Les imputaba el asesinato de 114.266 personas. El tema tenía la polémica asegurada por muchos motivos, sobre todo por las dudas sobre si la ley de amnistía de 1977 amparaba los crímenes del franquismo, y también porque se pretendía procesar a personas ya fallecidas. Sea como fuere, el encausamiento de Garzón no se entiende fuera de España y abre una brecha en la convivencia nacional.

El acto de ayer de los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense de Madrid es una muestra de esa fractura. Cándido Méndez considera que las querellas persiguen injustamente al juez por actuaciones judiciales como la instrucción del caso Gürtel y lo califica de vergüenza histórica. Por el contrario, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, piensa que este homenaje es un disparate y un atentado contra la democracia. El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha llegado más lejos y acusa a los magistrados del Supremo de dar un golpe brutal a la democracia española, convirtiéndose en instrumento del fascismo español.

Esto ocurre en un país en el que un delincuente como Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, invitaba a unas jornadas jurídicas anuales a la crema y nata de la judicatura española, incluidos magistrados del Supremo y el Consejo del Poder Judicial, a mesa, mantel y cama, bien acompañados y regalados, y no pasaba nada. Las jornadas jurídicas eran una pantomima: una conferencia de una hora a mediodía y el resto, una semanita a toda plan en la capital de la Costa del Sol. Y todos tan contentos. Sobre todo, Gil. 

La democracia ha llegado a todas partes tras la Dictadura, incluida la Policía, el Ejército y hasta la Iglesia, en la época del cardenal Tarancón. Pero está por llegar a la judicatura. Quizá haya llegado el momento de abordar esa cuestión. Éste es el lado bueno de convertir a Garzón en el enemigo público número uno.

Seis años del Yak-42

Ignacio Martínez | 26 de mayo de 2009 a las 7:39

Hoy se cumplen seis años del accidente en Turquía de un avión Yakolev de fabricación soviética y compañía ucraniana en el que murieron 75 personas, entre ellos 62 militares españoles que venían de Afganistán, en donde participaban en la misión de paz. El aparato tenía 20 años y escaso mantenimiento. Al menos una docena de militares españoles se había quejado con anterioridad del estado precario de estas aeronaves. Incluso algunos de los pasajeros de ese vuelo se negaron, sin éxito, a embarcar. Treinta de los 62 militares españoles no fueron identificados y se entregaron a familias distintas de las suyas. Un general, un jefe y un oficial del Ejército han sido condenados a diversas penas de cárcel por falsear sus identidades.

Y el ministro de Defensa de entonces, Federico Trillo (PP), sin dimitir.

Un delito deshonroso

Ignacio Martínez | 20 de mayo de 2009 a las 11:40

Un general, un jefe y un oficial del Ejército español han sido condenados a diversas penas de cárcel por empaquetar a treinta compañeros sin identificar, muertos en la tragedia del Yak-42, y repartirlos a voleo entre los familiares con muy mala suerte: ni por casualidad uno solo de los 30 acabó en manos de sus auténticas familias. El ministro de entonces, Federico Trillo, intentó por todos los medios evitar que el juicio por las falsas identificaciones se produjera y, sobre todo, que le afectara directamente. Primero sus colaboradores trataron de ocultar la principal prueba de cargo del caso: el acta turca en la que consta que el general Navarro se llevó del lugar del accidente 32 cuerpos identificados y 30 sin identificar. Después pretendieron anular el acta o declararla ilegal. Más tarde, propusieron a los forenses turcos que asumieran la culpa por el error de identificación, a lo que se negaron. Finalmente tres militares españoles han sido condenados por un delito particularmente deshonroso.

Este es el último episodio de la tragedia en la que murieron 75 personas, el 26 de mayo de 2003, cerca del aeropuerto turco de Trebisonda: allí se estrelló el avión chatarra de fabricación soviética, con 20 años de antigüedad y escaso mantenimiento, alquilado por el Ministerio de Defensa para repatriar a militares desde Afganistán. Trillo rechazó ayer asumir responsabilidad alguna por lo sucedido, dijo que los médicos militares actuaron de buena fe y que no comparte la sentencia. Para él, todo ha sido muy limpio.

La no asunción de responsabilidades es marca de la casa. Trillo fue el estratega jurídico de la defensa que el PP de Aznar hizo del caso Naseiro. Consiguió que se declararan ilegales las escuchas de 5.240 llamadas telefónicas y se quedara castigo penal un claro caso de corrupción en el PP valenciano. Ahora el ex ministro de Defensa actúa como asesor en la sombra de Camps, a cuyos abogados aconseja que pidan la nulidad de las grabaciones que constan en el sumario del caso Gürtel. Ya veremos qué conejo se saca de la chistera hoy el presidente de la Generalitat de Valencia, en su declaración ante el juez. Las grabaciones demuestran que Camps, su mujer y su hija, recibieron regalos por valor de varios millones de pesetas de la trama corrupta y que su Gobierno le dio contratos de varios millones de euros a las empresas de Correa. Si una cosa se puede vincular con la otra, Camps sería imputado por cohecho. De momento, el presidente valenciano se ha limitado a organizar baños de multitudes en los que distintos colectivos le han jurado adhesión inquebrantable. La intensidad con la que su equipo se dedica a esta tarea es directamente proporcional a su debilidad. Aunque él, como su amigo Trillo, rechaza cualquier responsabilidad. Todo ha sido limpio, impecable; como sus trajes, como su sonrisa.

Y Trillo sin dimitir

Ignacio Martínez | 17 de abril de 2009 a las 9:37

Debe ser terrible lo que están pasando las familias de los 62 militares españoles muertos en el accidente del avión Yakovlev 42 que se estrelló en Turquía en mayo de 2003. Es una ignominia que un general español se llevara 30 cadáveres sin identificar y el Ejército los entregara a los familiares poco menos que por sorteo. El juicio que se celebra en la Audiencia Nacional desvela que actuó tan a la ligera porque estaba presionado por las autoridades del Ministerio para llegar a tiempo al funeral de Estado. Y aquí ya estamos hablando de otra cosa. De unas responsabilidades que van más allá del comportamiento de este militar y sus ayudantes.

Me sorprende que el ministro de Defensa de entonces, Federico Trillo, siga en la política activa. Y con una actitud dura e intolerante con los errores de los demás, por cierto. En ningún país de Europa eso sería posible. Ni en la Italia de Berlusconi. No es cierto el argumento de que la responsabilidad política ya está saldada por las elecciones de 2004, que perdió el PP. No. Las repetidas victorias de Gil en la Marbella en los 90 no le daban legitimidad a sus tropelías. La elección de Trillo como diputado por Alicante en 2004 y 2008 tampoco le exonera de su culpabilidad en este caso.

En el accidente cerca del aeropuerto de Trebisonda murieron 75 personas. Es la peor tragedia del Ejército español en tiempos de paz. El Ministerio de Defensa alquiló un avión chatarra de fabricación soviética, con 20 años de antigüedad y escaso mantenimiento. Aquel fatídico viaje, junto a 12 miembros de la tripulación ucranianos y uno bielorruso, lo realizaban 62 militares españoles que llevaban cuatro meses y medio de misión con las fuerzas de mantenimiento de la paz en Afganistán. Cuando vieron el avión alguno de los forzados pasajeros se resistió a montarse. Otros mandaron mensajes muy desesperanzados a sus familiares: “Reza por mí, porque el avión es una mierda”, “son aviones alquilados a un grupo de piratas aéreos, que trabajan en condiciones límite”, “la verdad es que sólo con ver las ruedas y la ropa tirada por la cabina te empieza a dar taquicardia”, “quieren que volvamos en una tartana”.

Hubo catorce quejas previas al accidente por este tipo de aviones, cuya contratación se hacía dentro de una lista de la OTAN. Pero se siguieron utilizando sus servicios, mientras que Noruega canceló el contrato tras una reclamación que decía: “Salía aceite de los motores, pasamos mucho miedo, no dábamos crédito a lo que vimos, había paneles sueltos y cables pelados”. No. La responsabilidad política por la muerte de estos 62 militares no se salda con unas elecciones, ni con cien. Se salda con una dimisión.

¿Dimitir de qué? De su puesto en el Congreso. Hace tiempo que debería haberse retirado de la vida política. El accidente del Yak 42, el trato a las víctimas y a sus familiares no es un desliz.

La metedura de pata de Kosovo

Ignacio Martínez | 24 de marzo de 2009 a las 13:50

 

Tengo una duda. ¿Carme Chacón ha tropezado con el asunto de Kosovo? ¿O ha sido a cosa hecha? Es un caso inédito el anuncio de la retirada de unas tropas directamente a los soldados allí destinados, en primicia mundial. Se supone que antes se le avisa a los demás miembros del Gobierno, a los embajadores en los países de la OTAN, a Naciones Unidas, al secretario general de la Alianza, a los socios de la operación… y después a los soldados concernidos. Es tan de catón, que creo que aquí hay gato encerrado. ¿Y si Chacón se ha prestado a uno de los juegos que tanto gustan al presidente, como sacar una nueva ley de interrupción voluntaria del aborto? Vean si no; la Iglesia entra al trapo, monta la campaña del lince, después pretende involucrar a las cofradías en la guerra contra la nueva ley, se forma una polémica potente… y se deja de hablar de la crisis que nos corroe.

Pero el número de Kosovo ha tenido peores consecuencias. Chacón era hasta ahora la persona mejor situada para sustituir a Zapatero el día que éste decida marcharse. Y resulta que The Independent dice que está abatida por su metedura de pata. El alemán Süddeutsche Zeitung habla de desastre diplomático. Y un alto funcionario del Gobierno polaco lo ha resumido este fin de semana con una frase lapidaria, que enlaza este episodio con la salida de las tropas de Iraq hace cinco años: “España siempre se va”. Total, que los rivales de la ministra de Defensa en la invisible carrera de la sucesión están de enhorabuena.

La ministra Chacón se ha adaptado a su cargo con destreza y rapidez. Y no había cometido errores hasta ahora. Incluso ha sabido mimetizar su indumentaria, a base de trajes pantalón, con colores cercanos al verde caqui, y el uso de chaquetas de camuflaje para pasar revista a las tropas. Este asunto de la ropa siempre es un problema para los civiles, sean hombres o mujeres. Parece raro que se haya columpiado en Kosovo. Sigo sin creerme que no sea algo premeditado.

La crisis ya se ha llevado por delante a dos gobiernos europeos, los de Islandia y Bélgica, y amenaza ahora con hacer naufragar a otros dos, los de Hungría y República Checa. Las horas bajas de Zapatero y los tres años de soledad que le quedan por pasar en el Congreso no son una originalidad del presidente del Gobierno español. Así que toda maniobra de distracción es poca. Ahí es donde encuentro yo cierta lógica al tropiezo de Kosovo.

Una lanza a favor de los jueces

Ignacio Martínez | 22 de febrero de 2009 a las 12:01

Mi amigo Agustín Ruiz Robledo, compañero de página en El Observatorio, una sección de análisis en la edición dominical de los nueve diarios del Grupo Joly, y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, ha cambiado de postura sobre el derecho de huelga de los jueces. Es una posición contraria a la mía, pero muy bien articulada. Y no me resisto a publicarla aquí.

LOS JUECES YA TIENEN EL DERECHO DE HUELGA

Ahora que el jesuita Roberto Busa ha clasificado los pecados de los católicos, debo confesar que he pecado de soberbia en la polémica jurídica sobre el derecho a la huelga de los jueces: en cuanto empezó a debatirse este asunto me lancé sin mucho estudio a defender que la Constitución les prohibía la huelga y tengo que admitir ahora mi error. Mi argumento no era sólido, pues no es suficiente afirmar que los jueces constituyen un poder del Estado, lo que les inhabilitaría para ponerse en huelga, igual que no pueden hacerla los ministros o los parlamentarios. La comparación no se mantiene en pie, en primer lugar porque tan poder judicial son los jueces en España, como en Portugal, Francia e Italia y en esos Estados sí tienen reconocido el derecho de huelga. En segundo, la propia Constitución española marca diferencias entre los jueces y los otros titulares de poderes: solo los jueces son funcionarios, aunque con algunas especialidades; tanto es así que en la non-nata Ley Orgánica de Huelga (aprobada en el Senado en 1993) no se menciona para nada a los diputados y demás miembros de los órganos constitucionales, pero sí se disponía que la ley no  sería aplicable “a los miembros de las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ni a los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en activo, los cuales se regirán por su normativa específica”. ¿Y qué dice esa normativa? Nada. Luego los contrarios al derecho de huelga de los jueces nos estrellamos contra un argumento tan sencillo -y tan potente, según la navaja de Occam- como que todo lo que no está prohibido está permitido.

Algunos profesores de Derecho del Trabajo han dado un argumento diferente al que hemos dado los constitucionalistas: el derecho de huelga es una emanación del derecho de sindicación, por tanto quien no tiene este derecho, tampoco puede ser titular del de huelga. Sin embargo, el argumento tiene mucho de formal, de detenerse en el nombre de las cosas, y no en su sustancia, ya que nuestra Lex legum permite que los jueces creen asociaciones profesionales y la Ley Orgánica del Poder Judicial las habilita para “la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos”. Como hemos visto estos días, eso supone la normal capacidad negociadora de cualquier sindicato; con la conclusión lógica de que quien puede negociar colectivamente sus condiciones de trabajo también puede usar la gran arma de todos los empleados en una negociación, la huelga; por lo demás regulada expresamente para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en la LOPJ. 

Además de las opiniones de los juristas, para saber lo que permite o prohíbe la Constitución es determinante el comportamiento de los propios actores constitucionales. Y desde esa perspectiva, no cabe duda de que los jueces ya tienen el derecho de huelga, como así lo ha estimado y ejercido el 30% de sus señorías el pasado 18. Pero además, así lo está admitiendo tácitamente el Consejo General del Poder Judicial que, tras declararse incompetente para fijar los servicios mínimos, no ha abierto ningún expediente disciplinario contra los huelgistas. Igualmente, el Gobierno y el Ministerio Fiscal no han iniciado acciones para sancionarlos, como permite el artículo 409 del Código Penal si se les considerara autores de un abandono colectivo e ilegal de un servicio público. Por eso, el despistadísimo ministro de Justicia, que atraviesa Despeñaperros sin darse cuenta de que entra en Andalucía, lleva toda la razón jurídica cuando quiere descontar el salario del día a los jueces huelgistas y cuando defiende la presentación de un proyecto de ley para prohibirles o restringirles el derecho de huelga. Otra historia es que sean disparos políticamente intempestivos y sin licencia de la superioridad.

  

Rueda de prensa a la americana

Ignacio Martínez | 21 de febrero de 2009 a las 12:06

”Álvarez

 

Sigue siendo repugnante el uso que la televisión basura hace de Marta del Castillo, de su muerte, de su imagen. El catálogo de fotos de la víctima de este caso de violencia de género entre adolescentes es abrumador en la pantalla del televisor. No hay juez, fiscal o consejo audiovisual que lo remedie. Mal.

Por el contrario, me gustó la rueda de prensa del jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra, acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, para explicar los detalles de la investigación, una vez levantado el secreto del sumario. Como en Estados Unidos. A ver si cunde el ejemplo y se aplica siempre. La Policía hace una política de comunicación escasa, mala y lenta.

Álvarez Riestra y López Garzón defendieron que la investigación se ha hecho “discreta, seria, eficaz y garantista”. En ella han participado y siguen haciéndolo el Grupo de Menores de Sevilla, los especialistas en delitos tecnológicos y de vigilancia, la Brigada de Policía Científica, el Grupo de Homicidios, las Brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana y la Comisaría General de Policía Judicial, con sede en Madrid. A ellos se une la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Pero tarde. Dijeron que desde el primer día tuvieron claro que la desaparición de Marta no era voluntaria y por eso comenzaron a recabar datos desde la primera noche. No es exacto. La versión de la familia es que desde el sábado por la noche hasta el lunes por la mañana los únicos que buscaron fueron ellos, con amigos y vecinos. Debieran cambiar los protocolos de búsqueda de desaparecidos. En todo caso, bienvenidas sean la rueda de prensa y las explicaciones. No estamos acostumbrados.

Un cobarde protegido

Ignacio Martínez | 17 de diciembre de 2007 a las 22:02

La justicia militar ha tratado de dulce a un capitán del Ejército Juan Miguel Camarón Aparicio. Este sujeto abusó sexualmente de 28 mujeres aspirantes a soldado, de las que era instructor con el grado de teniente, entre octubre y diciembre de 2003 en la Academia de Logística de Calatayud (Zaragoza). Aunque la pena global suma 17 años, cuatro meses y un día, sólo cumplirá tres años justos, porque el código penal militar establece que el tiempo máximo de cumplimiento no puede exceder del triple de la pena más grave. Resulta muy sospechoso: con un día más, habrían expulsado del Ejército a un acosador múltiple que deshonra su uniforme. Pero este cobarde ha contado con complicidades activas o pasivas para no perder su empleo en las Fuerzas Armadas. O sea, que le vamos a tener que pagar el sueldo de nuestro bolsillo. Me sorprende que un Gobierno tan meapilas en materia feminista no haya puesto más empeño en la condena de semejante comportamiento. No soy precisamente del club de fans de José María Aznar, pero si esto llega a pasar durante su Gobierno le habríamos puesto todos como los trapos. Y las autoridades, desde luego que tienen responsabilidades. A pesar de la gravedad de los hechos, el capitán no fue arrestado, ni se animó a sus víctimas a ejercer la acusación: sólo han comparecido como testigos, aunque algunas de ellas abandonaron su intento de entrar en el Ejército como consecuencia de estos hechos. Esta historia la cogen en Hollywood y hacen una película en la que no dejan títere con cabeza y además las víctimas se llevan unos millones de dólares de indemnización. Pero aquí, la vida real es al revés: el fiscal no se aseguró de conseguir una condena que garantizara su expulsión, y un abogado del Estado defendió al indigno militar para ahorrar al Estado unos miles de euros de multa como responsable civil subsidiario. Digo yo que si era tan bravo, que se hubiese defendido él solito con su poderosa testuz.