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Deuda histórica: el fuero y el huevo

Ignacio Martínez | 29 de noviembre de 2009 a las 11:12

Hay algo que no acabo de comprender del pago de la deuda histórica. Ya se habían adelantado 420 millones de euros y esta semana se ha concretado el pago de los 784 millones restantes. Los dos partidos de la oposición han puesto el grito en el cielo por la manera en qué se paga. No por el valor de lo obtenido, que de momento se desconoce. O sea que han puesto más énfasis en el fuero que en el huevo. PP e Izquierda Unida se quejan del concepto de pago en especie, con solares e inmuebles. Sostienen que incumple el Estatuto de Autonomía. El líder de IU habla de depreciación de la deuda y el secretario general de los populares de la sentencia de muerte del Estatuto. Se trata de 130.500 millones de pesetas. Con la deuda se pagan los déficit en vivienda, sanidad y educación.

Pero lo importante será saber si los solares con los que paga la Hacienda nacional están depreciados. O si, aprovechando que el Tesoro no tiene un duro y no tiene más remedio que pagar en especie, hace una valoración generosa de la permuta de la deuda por solares e inmuebles. Habría que poner más énfasis en cuáles son los solares, dónde están y cómo se valoran. Es razonable el argumento de que, convertidos en pisos, el dinero resultante irá a la educación y la sanidad. Pero todo depende de la valoración y de momento en este campo hay poca transparencia. Ahí debería poner su lupa la oposición.

Capítulo aparte merece la recuperación de Agesa, la empresa estatal que administraba los activos de la Expo’92 de Sevilla. Un caso de colonialismo absurdo. Agesa es la propietaria de la mayor parte del terreno e inmuebles de la Cartuja de Sevilla, en donde se ubica un Parque Tecnológico en donde está concentrada la mayor parte del I+D público andaluz. Pero los gestores del Parque nunca han gestionado ese suelo. Y la empresa estatal se ha comportado como una inmobiliaria que quería sacar el máximo rendimiento a sus activos, desentendida de quién era su cliente, su base tecnológica o su capacidad de innovación. En suma, del valor añadido que aportaba.  Agesa no debería ser gestionada por la Junta con los mismos criterios mercantiles. Cartuja93, como el PTA de Málaga, debería poder gestionar su suelo. El huevo casi siempre es más importante que el fuero.

‘Coma inducido’ en el Consejo Audiovisual

Ignacio Martínez | 25 de mayo de 2008 a las 15:53

Vázquez Medel

España podría aspirar a una medalla de oro suplementaria en los Juegos de Pekín, si se declara el furor legislativo como deporte olímpico. Nos encanta legislar. Muchas leyes, como las de dependencia o violencia doméstica, tienen tan buenas intenciones como escasos medios materiales y humanos para ser aplicadas. O acaban en manos de órganos que no tienen atribuciones reales para hacer efectivas las aspiraciones del legislador. Es el caso del Consejo Audiovisual de Andalucía, en coma inducido desde que el pasado martes dimitió su primer presidente, Manuel Ángel Vázquez Medel. Este CAA, tomado por el pito de un sereno por propios y extraños, es nada más y nada menos que una de las ocho instituciones troncales sobre las que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad autónoma, según recoge el Título IV del Estatuto de Andalucía.Desgraciadamente el CAA está lejos de ser la autoridad independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales en los medios audiovisuales, que establece el artículo 131 del Estatuto. Y está lejos, porque los legisladores andaluces así lo quisieron cuando aprobaron la ley de creación del CAA en 2004. El origen de los consejos audiovisuales en Europa está en el primer Gobierno socialista francés bajo la Presidencia de Mitterrand. En 1982 arranca la Alta Autoridad para el audiovisual, que en 1989, al inicio del segundo septenato de Mitterrand, pasó a llamarse Consejo Superior del Audiovisual. Este organismo tiene enorme poder: entre otras cosas, nombra a los presidentes de la televisión y de la radio públicas, concede las licencias de radio y televisión y tiene una capacidad de sanción que ha ejercido con firmeza desde su creación, con multas de muchos millones de francos.

De todas estas competencias carece el Consejo andaluz, órgano de carácter meramente consultivo. Las 22 funciones previstas en su artículo 4 empiezan con verbos que ponen de manifiesto las buenas intenciones del legislador y el escaso poder del órgano. El CAA debe velar, asesorar, informar, fomentar, propiciar, incentivar, vigilar… Mucha autoridad y poco poder: sólo la capacidad de sanción por infracciones en los contenidos o en la publicidad.

La segunda debilidad del CAA es que aunque es un órgano de origen parlamentario, depende burocráticamente de la Consejería de Presidencia, de sus servicios jurídicos, de su presupuesto, de su tutela. La ley indica que la administración de la Junta de Andalucía le prestará a este organismo “la colaboración necesaria”. Presidencia es, por cierto, la misma Consejería de la que también depende la Radio Televisión de Andalucía, la RTVA. Lo lógico sería que un órgano independiente que emana del Parlamento, dependiese de la propia Cámara en todos los aspectos, también en los reglamentarios, jurídicos o presupuestarios. El mismo reglamento del CAA fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que enmendó a su criterio lo dispuesto por los consejeros independientes, sin que el Parlamento ni el CAA tuviesen nada que objetar.

La tercera fragilidad del CAA ha sido la falta de espíritu colegiado de sus trabajos y decisiones. Difícilmente un órgano nuevo, como éste, puede acreditarse ante la sociedad con resoluciones sacadas por mayorías simples. Y menos en un ambiente de confrontación. Es curioso se censure siempre el frentismo entre los dos grandes partidos y cuando se nombran órganos profesionales como el Consejo General del Poder Judicial o el CAA, sus componentes acaben convirtiendo a estas entidades en miniparlamentos profundamente divididos. Hay consejeros audiovisuales, de todo signo, que se quejan de “vejaciones, insultos y ninguneos” de alguno de sus colegas.

A pesar de todo, en sus dos años y medio de vida el CAA, que tiene un presupuesto anual de 8 millones de euros, ha desarrollado una actividad profesional interesante. Su informe sobre los contactos sexuales explícitos en televisiones locales en horario infantil debería ser tenido en cuenta por la Fiscalía. Y su estudio sobre los contenidos de radio, en el que la información regional casi ha desaparecido de los emisoras comerciales, marcan caminos que esta institución debe emprender para ganarse un prestigio del que ahora carece.

(Foto de Efe de Manuel Ángel Vázquez Medel el 13 de diciembre de 2007, durante una comparecencia en el Parlamento de Andalucía)

No es poesía

Ignacio Martínez | 25 de abril de 2008 a las 0:31

Una bronca sobre la televisión pública andaluza ha puesto de manifiesto una de las anemias de nuestra autonomía. Andalucía no ha sabido dotarse en 20 años de un moderno servicio público de televisión independiente, plural y objetivo, que informe de manera neutral y veraz. En definitiva, que cumpla con lo que manda el Estatuto. La televisión pública debe aportar ventajas a quienes la vean, mejorar las expectativas y ambiciones de los ciudadanos, convocar a un máximo de gente joven, preparada, comunicada. Ser un motor de cambio social. En caso contrario, dejaría de tener sentido su existencia. Y debe desempeñar otra función: ofrecer de la realidad andaluza mucho más que su lado más ordinario.  

La última evidencia de la distancia entre los grandes deseos y la cruda realidad es la pelea entablada por el director general de la Radio Televisión de Andalucía contra el presidente de una de las nueve instituciones  troncales recogidas en el Título IV del Estatuto: el Consejo Audiovisual de Andalucía. El jefe de la RTVA se queja de que el CAA le critique por vulnerar la neutralidad informativa y el pluralismo durante la pasada campaña electoral, en un informe basado en ocho resoluciones de la Junta Electoral. Los consejeros socialistas se han sumado a estas críticas, dirigidas a su presidente, propuesto también por el PSOE: Manuel Ángel Vázquez Medel ha votado esta resolución con los consejeros del PP, IU y PA.  

En un durísimo comunicado, la RTVA ha acusado al CAA de no haber recabado su versión de los hechos y de haber actuado con falta de rigor y ligereza. Esta reacción supone una deliberada ignorancia del papel de control del Consejo Audiovisual sobre la empresa pública. El diablo está en los detalles: incluso la llama “alta autoridad reguladora”, cuando desgraciadamente, con la ley en la mano, este Consejo nada regula; es un mero órgano consultivo. Pero más allá de esta polémica, que distorsiona los planos jerárquicos, hay que subrayar que la era de las televisiones públicas fundadas sobre la idea de la información institucional o la propaganda gubernamental se ha terminado. En Televisión Española ya ocurrió en la pasada Legislatura: ahora toca a las televisiones autonómicas.    

La televisión representa un fenómeno social y cultural de primer orden; vital para la modernización de Andalucía. Hay un desfase institucional y es urgente que cada cual encuentre su papel: el CAA, vigilar el cumplimiento de las normas; el Consejo de Administración, dejar de ser un destino bien remunerado con escasa dedicación, para políticos con tareas orgánicas en sus partidos. Y la RTVA, orientar su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces. No es poesía. Es el texto literal de la ley fundamental de la Comunidad Autónoma. El Estatuto se aprobó para cumplirlo.

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Triste aniversario del Estatuto

Ignacio Martínez | 24 de febrero de 2008 a las 22:18

Entretanto, el próximo jueves se celebra el Día de Andalucía, que conmemora el doble éxito del referéndum de 1981. Doble, por el triunfo de la voluntad popular sobre el Gobierno de Adolfo Suárez, que propugnaba la abstención, y por la potente participación , que ahora sería un sueño. El 28 de Febrero tiene como acto principal la ceremonia de entrega de las medallas de oro de Andalucía y el título de hijo predilecto. Estas distinciones suelen provocar división de opiniones. Personalmente celebro el reconocimiento a un empresario de la categoría y tradición familiar de Jaime de Ybarra. Y lamento, un año más, que la Junta ignore los méritos del escritor y periodista Antonio Burgos. Hay muchas maneras de verlo, pero en esta edición se concede más mérito al porompompero que al Andalucía ¿tercer mundo? La autonomía está en deuda con este libro y con su autor, que escribió aquel ensayo entre 1970 y 1971, con sólo 27 años. El sistema de selección de candidatos para las medallas y los hijos predilectos debería ser más transparente y participativo. Y el Parlamento de Andalucía debería tener más protagonismo en el proceso. Y los gobernantes no deberían nunca tener la tentación de ignorar a sus críticos en este tipo de celebraciones. Pero lo cierto es que ocurre con demasiada frecuencia: no se trata con el respeto debido a los adversarios políticos o a otras instituciones gobernadas por gente de otros partidos. Nos quedan a todos genes del régimen franquista en la masa de la sangre. Qué se le va a hacer.

Las encuestas la única gran novedad que ofrecen sobre el mapa actual es la duda sobre el futuro de los andalucistas. Los demás, con un poco menos, un poco más o lo mismo, se quedan exactamente igual desde el punto de vista estratégico. Pero queda la incógnita sobre la suerte que va a merecer el esfuerzo del nuevo líder del PA, Julián Álvarez, que ha aglutinado a todas las fuerzas, grupos y grupúsculos regionalistas o nacionalistas bajo las siglas de una Coalición Andalucista que pretende remedar al Bloque Gallego. Con muy pocos votos se van a jugar quedarse casi como están o acabar laminados. Hay quien dice que van a pagar haber estado en contra del Estatuto de 2007. Visto el entusiasmo popular por el nuevo Estatuto su postura contraria más bien sería una garantía de continuidad. Pero a estas alturas de la campaña esa es la única cosa que queda por despejar el 9 de marzo. Lo demás, suma y sigue.