Archivos para el tag ‘Estepona’

Asfixia municipal

Ignacio Martínez | 19 de diciembre de 2011 a las 21:40

Designados este fin de semana Arenas y Griñán como candidatos de sus partidos para la Presidencia de la Junta, han entablado su primera pendencia sobre la descentralización local. Puede ser porque cada dos por tres hay una manifestación en algún punto de Andalucía de trabajadores municipales que protestan porque no les pagan las nóminas. La lista es interminable: La Línea, Valverde, Barbate, Jerez, Estepona, Marbella…

Los afectados reclaman que intervenga la Junta o el Gobierno de la nación. Quieren dos cosas; mantener el empleo y que les paguen religiosamente. A partir de hoy empezaremos a saber lo que nos espera de la Administración General del Estado. Poca cosa, lo podemos adelantar sin temor a equivocarnos. Rajoy va a exponer en su discurso de investidura la filosofía para los próximos cuatro años: sangre, sudor y lágrimas.

Esto vale para todas las administraciones, pero de manera especial para los ayuntamientos, que se metieron en un tren de vida suicida. Sobran funcionarios en muchos municipios, en particular en los que tenían una actividad inmobiliaria potente, que necesitaba un ejército para papeleo y permisos, y ahora están tiesos. Los afectados tendrán que hacerse a la idea de que hay que afrontar lo que la alcaldesa de Jerez planteó hace dos años: eres de cientos de personas.

Hay campo para una mayor austeridad. Por ejemplo, si es difícilmente aceptable que las televisiones autonómicas cuesten en España del orden de los 2.000 millones de euros al año, mucho más inaceptable es que haya tantas emisoras locales de radio y televisión, que además adolecen de una absoluta falta de independencia y pluralismo.

Se sabe de dónde recortar, pero los candidatos se ahorran ese disgusto, porque eso supone más paro y más malestar social. Y estaremos en campaña durante los próximos tres meses. El tiempo y las circunstancias han desenmascarado el modelo de gestión implantado por el maestro Jesús Gil, que hizo escuela. Se crearon empresas municipales que escapaban al control de la intervención y a las normas de contratación. Se inflaron las plantillas en busca de un clientelismo inmediato. Y se colocaron los ayuntamientos en unos gastos de personal insostenibles, aun en la época de bonanza.

Pero a la vez que se prescinde de lo superfluo, los ayuntamientos necesitan unas transferencias desde las autonomías que financien muchos servicios que ya ofrecen sin tener las competencias, sobre todo en la esfera social. Se acaba de iniciar el mandato de los novenos consistorios democráticos y muchos municipios padecen una grave asfixia económica. La segunda descentralización no puede ser un eslogan retórico de campaña. Es una necesidad vital.

Estado del bienestar

Ignacio Martínez | 7 de junio de 2011 a las 14:50

Ha dicho Rajoy que en el futuro tendremos el Estado del bienestar que podamos permitirnos y se le ha echado encima Rubalcaba. Con ironía marca de la casa ha conjugado el verbo podar, para llegar a la conclusión de que la agenda oculta del PP incluye recortes en sanidad, educación y política social. Pero la frase del líder popular es de Perogrullo; su único defecto es que está incompleta. Ningún país, empresa o familia debería tener algo que no pudiera pagarse. O sí. Podrían entramparse hasta más de tres veces el producto bruto nacional, como hemos hecho los españoles en los locos años 2000. Hemos vivido tan por encima de nuestras posibilidades, que hemos inventado chistes para explicarlo: ¿A usted cómo le gustaría vivir? Como vivo, pero pudiendo.

El problema ahora es de dónde recortar. El PP de Cospedal desembarca en el Gobierno de Castilla-la Mancha con el cuchillo entre los dientes. Dicen que la hacienda regional está en bancarrota, que no hay ni para pagar las nóminas, que van a cerrar tres de cada cuatro empresas públicas de la comunidad, en las que trabajan hasta 3.000 enchufados del PSOE, que van a reducir consejeros, directores generales y asesores, con lo que van a ahorrar una barbaridad. Estupendo, pero los campeones del 22-M no cuentan toda la verdad: que administraciones paralelas tienen todos los gobiernos regionales, de todos los signos políticos. Todos.

Y despilfarro ha habido en todas partes. Sin ir más lejos, el récord nacional de deuda lo tiene el Gobierno popular de Valencia, con un 16% de su producto regional; el triple en términos absolutos que en Castilla-La Mancha. Puestos a dar ejemplo, podrían haber hecho ellos mismos en el pasado lo que ahora prometen para el futuro. Pero los hay más osados. El nuevo alcalde popular de Estepona se dispone a quitarle el sueldo a la oposición, para ahorrar. Ha dicho que va a eliminar todas sus retribuciones; los puede dejar hasta sin despachos ni local para reunirse.

Así los anula: retirar las asignaciones a los concejales de la oposición es gobernar a placer. Si sólo pueden dedicar su tiempo libre a las tareas municipales, difícilmente estarán encima de los temas. Y los alcaldes tienen a todos los funcionarios a su disposición para pedirles informes y estudios, mientras que la oposición necesita algunos técnicos propios para la misma tarea. El nuevo alcalde esteponero no se ha enterado de las consignas que Arenas repite sin cesar: prudencia, humildad, discreción. Mal estrena su mayoría absoluta.

Pero lo peor de la frase de Rajoy es lo que le falta. Podía haber dicho que en el futuro tendremos el Estado del bienestar que queramos. Bastaría con subir los impuestos al nivel de Dinamarca, con tipos marginales máximos para el IRPF casi 20 puntos por encima de los españoles, para permitirnos otro Estado del bienestar. Hay mucho truco en estos prolegómenos de las elecciones generales.

Señor Matas: ¡Yo no le conozco!

Ignacio Martínez | 31 de marzo de 2010 a las 9:08

Una fianza de tres millones de euros a un político es algo inédito. Para eludir la prisión, es lo que pide el juez a Jaume Matas, ex ministro de Medio Ambiente, ex presidente del Gobierno de Baleares y jefe del PP en las islas durante ocho años. Estas fianzas se le ponen sólo a destacados miembros de alguna banda de postín: italiana, rusa o marbellera. Sí, al lugarteniente principal de Jesús Gil y Gil, Juan Antonio Roca, le pusieron también tres millones por su responsabilidad en el caso Saqueo. Adelantándose en un día a la fianza de 500 millones de pesetas, Matas pidió la baja temporal como militante del Partido Popular. Y Rajoy dijo tres cosas: que le desea lo mejor al señor Matas; que demuestre su inocencia, si puede, y que el PP será implacable en la lucha contra la corrupción.

De las tres cosas, llama más la atención la primera. El señor Matas. Ya no es Jaume, compañero de gabinete en el Gobierno de Aznar, miembro de la misma pandilla en las vacaciones veraniegas de antaño en Baleares… No. Ahora es “el señor Matas”. Recuerda a dos personajes de la película La aventura es la aventura de Claude Lelouch que dicen el uno del otro en el inicio del filme “¡Yo no le conozco!”. Qué diferencia de trato con el amigo Paco Camps, tan cercano todavía: amigo, a su vez, de uno de los capos de la trama corrupta Gürtel, a la que dio buenos contratos en la región valenciana.

Total, que Rajoy, primero no conocía al señor Matas, después lo da por culpable, y finalmente saca pecho porque su partido es implacable contra la corrupción. Sin ánimo de faltarle, no hay partido por muy in fraganti que cojan a sus dirigentes que no se dé golpes de pecho contra la corrupción. El PSOE corrió en socorro del partido de Enciso, cuando el alcalde de El Ejido se salió por la extrema derecha del PP; se hicieron socios en la Diputación de Almería. Pero cuando Enciso fue a la cárcel, los socialistas entonaron la misma canción: no lo conocían de nada. Otro de los principales lugartenientes de Gil y Gil fue socio de coalición del alcalde socialista Barrientos durante cuatro años en el Ayuntamiento de Estepona. Cuando ambos fueron a la cárcel, el PSOE no sólo expulsó a Barrientos, sino que sus líderes se pusieron a sí mismos como ejemplo de diligencia a la hora de tomar medidas disciplinarias, ¡cinco años después de aquel pacto espurio!

Ya ven que Rajoy que no es nada original en su “lucha implacable”. Por cierto, que el PP ha desperdiciado varias ocasiones estupendas para hacer buenos sus propósitos contra la corrupción. Por ejemplo, no escondiéndose detrás de la legalidad de las escuchas en el caso Gürtel, o cesando al tesorero de su partido implicado en la trama, o apartando de sus funciones a Camps. Pero el presidente de Valencia es todavía Paco, un amigo. Si algún día su situación procesal cambia, pasará a la categoría de señor, para su desgracia.

Crisis, lluvia y urbanismo

Ignacio Martínez | 24 de febrero de 2010 a las 10:37

Las inundaciones de las últimas semanas en Andalucía son un aviso sobre la importancia de un urbanismo responsable. Pero la responsabilidad no es un deporte nacional. Es un clásico que las crecidas del Guadalete inunden El Portal o Las Pachecas en Jerez. Pero no vale decir que nunca ha bajado tan cargado el río en el último siglo. En Málaga, el Guadalhorce también tiene la mala costumbre de desbordarse cuando hay lluvias torrenciales, que suele ser cada diez años. En Sevilla pasaba lo mismo con el Tamarguillo, hasta que se construyó un muro de defensa. Ésa es una solución para paliar el problema; para eliminarlo, hay que evitar mantener los asentamientos de viviendas en zonas inundables, por muy históricos que sean.

Pero cuesta trabajo que los concejales del ramo sean receptivos a las sugerencias de los técnicos. Y la cosa se complica cuando los munícipes no son del mismo partido que gobierna en la autonomía. La cosa llega hasta el punto de que no sólo se mantienen las casas existentes en zonas de riesgo, sino que se construye en el paso natural de posibles avenidas. La escasa limpieza o drenaje de los cauces, el abovedamiento de tramos fluviales urbanos y la usurpación urbanística de terrenos de dominio público hidráulico facilitan las inundaciones.

No tenemos buena nota en urbanismo. De las grandes ciudades de la región sólo Sevilla y Córdoba han adaptado plenamente su PGOU a la nueva ley de ordenación del territorio de Andalucía. La delimitación estricta de zonas inundables ha retrasado el plan general de Jerez. En Málaga no se ha aprobado el PGOU por varios litigios, uno de los cuales es saber hasta dónde llega el dominio público hidráulico en Campanillas, donde el Guadalhorce tiene la manía de desbordarse. Los planes de Cádiz, Granada y Almería todavía se están tramitando. Huelva ni ha empezado. El de Algeciras va muy lento. En Marbella se ha aprovechado para blanquear, con la bendición de PP y PSOE, unas 14.500 de las viviendas ilegales que el gilismo dejó como herencia a la ciudad.

Pero lo peor es que no tenemos remedio. El presidente del Gobierno no ha encontrado mejor sitio que Málaga para decir que la culpa de la crisis es la avaricia de los especuladores financieros y el urbanismo salvaje de Aznar. ¿El de Aznar, nada más? Sólo en la provincia de Málaga, en Estepona, Marbella, Manilva, Sayalonga, Alcaucín o Almogía han sido detenidos, imputados o encarcelados alcaldes o concejales socialistas por fundamentadas sospechas de urbanismo salvaje y corrupción. Muchos de ellos pactaron con destacados posgilistas. Los alcaldes del PSOE en la Axarquía protagonizaron un motín contra la severa política urbanística de la consejera Concha Gutiérrez. Con su presión pretendían regularizar viviendas ilegales y recalificar suelo rústico. Al mismo tiempo que le echa la culpa a Aznar, Zapatero debería mirar en su propia casa. En Málaga, sin ir más lejos.

Valadez

Ignacio Martínez | 13 de diciembre de 2009 a las 13:38

Conozco poco a David Valadez; lo he visto un par de veces. Es el alcalde de Estepona, pero parece más bien el miembro de una organización ecologista o de una ONG. Tiene pinta de buena persona, de esas a las que uno le prestaría dinero sin mediar ningún papel, en la confianza de que lo devuelve seguro. Pues resulta que lo ha imputado una juez por un presunto delito urbanístico. Es difícil de creer. No es que uno sea infalible: Valadez fue uno de los dos concejales socialistas que, sin mucho éxito, denunciaron varias veces a la dirección de su partido que en ese ayuntamiento había graves irregularidades. Era la secuela de aquella alianza rojo-colchonera que unió a Barrientos y a Crespo, un socialista con el lugarteniente de Gil Marín.

Son cosas que al común de los mortales le resultan chocantes, pero la dirección del PSOE las veía la mar de bien: todo fuera por conseguir amarrar una alcaldía más y acumular poder para conservar la diputación en el futuro. Finalmente, las denuncias de Valadez tuvieron más éxito en los tribunales que en su partido y un montón de gente acabó en la cárcel por el caso Astapa. Y, de rebote, Valadez está de alcalde, pero en precario: cuenta con 11 concejales por 14 la oposición, de los que ocho están imputados en Astapa y disparan contra él para vengarse de su delación.

Un concejal posgilista puso una denuncia en diciembre del año pasado porque el jefe de gabinete del alcalde se había hecho una vivienda ilegal en una finca de 5.000 metros, calificada de especial protección. Casa construida, por cierto, durante el mandato de Barrientos. Cuando el gilista de la oposición hizo su acusación ante la Justicia, el alcalde ya había abierto un expediente, de resultas del cual acabó multando con 157.000 euros al autor de la vivienda ilegal y decretó la demolición de la casa.

Y ahora una juez le imputa un delito por esta actuación. Con todo lo que ha pasado en la Costa del Sol estos años, en la más absoluta impunidad, esta historia parece un cuento de Navidad, que espera su desenlance feliz. Valadez no es un héroe, pero en minoría intenta sacar adelante un municipio que tiene una deuda acumulada de 164 millones de euros, herencia de la época de corrupción. Si necesita que alguien le eche una mano, no es al cuello.

Prevención cero

Ignacio Martínez | 2 de noviembre de 2009 a las 1:06

La caída de un presunto comando corrupto en Cataluña ha colmado el vaso de la paciencia ciudadana. Los periódicos titulan que la corrupción empieza a ahogar la democracia, que la mancha se extiende, que la enfermedad afecta al oasis catalán y que existe una perceptible sensación de decadencia política. A la crisis que ha despertado a España del sueño de su milagro económico, se superpone una evidente crisis de liderazgo y ahora nos abruma este carrusel de detenidos ante juzgados de todas las latitudes: El Ejido, Sevilla, Marbella, Alhaurín El Grande, Estepona, Manilva, La Línea, Gürtel, Palma o Santa Coloma. No faltan partidos ni territorios.

La última operación de limpieza ha sido en Santa Coloma de Gramanet, saldada por el juez Garzón con prisión incondicional para cuatro sujetos vinculados al PSC-PSOE y dos de Convergencia Democrática, íntimos colaboradores del ex presidente Pujol. Preguntado por este asunto el viernes, al término de la cumbre europea, el presidente del Gobierno dijo que no descarta mejorar en el futuro los instrumentos de lucha contra la corrupción, pero que de momento no hay reformas legislativas en estudio. Un trasteo improvisado para salir del compromiso. Como el de la vicepresidenta Fernández de la Vega, cuando sostuvo que en el caso de Santa Coloma se habían asumido responsabilidades de forma inmediata y rápida. Falso. La Cámara de Cuentas catalana envió al Parlament un informe en 2007 en el que se denunciaban irregularidades en Santa Coloma. Y los socialistas, que gobernaban en esta localidad vecina de Barcelona, no actuaron de forma inmediata ni rápida.

Una sabia medicina contra esta enfermedad sería la prevención. Por ejemplo, que si el presidente del PP en la Comunidad Valenciana resulta ser “amiguito del alma” del presunto capo de una trama corrupta, debe dimitir, le hayan hecho o no regalos a él, su familia y sus colaboradores. Por ejemplo, que si un partido se escinde por la extrema derecha del PP, no puede ser bienvenido como aliado del PSOE en la Diputación de Almería. Por ejemplo, que el lugarteniente de Jesús Gil Marín en Estepona no puede convertirse cuatro años después en el brazo derecho de un alcalde del PSOE.

Todo esto y mucho más se sabía. No hace falta endurecer las leyes para que disminuya la corrupción. Bastaría con que los partidos tuviesen un mínimo sentido común en la elección de sus representantes y socios de gobierno. Pero eso está reñido con la lucha de los clanes que se disputan el poder en un territorio, con los afanes por sumar votos para conseguir una diputación u otras mezquindades que hacen que los dirigentes pierdan el pudor. Todo esto desmonta la tolerancia cero de la que presume la vicepresidenta. De momento lo que tenemos es prevención cero.

Estepona: Un alcalde rodeado

Ignacio Martínez | 20 de septiembre de 2009 a las 8:42

La moción de censura en Benidorm de los concejales socialistas aliados con un tránsfuga del PP ha irritado, con razón, a los populares. El transfuguismo es un deporte nacional. Quienes lo practican esgrimen como coartada que lo hacen por la gobernabilidad de la localidad y porque lo exige un clamor ciudadano. Olvidan estos oportunistas que los ciudadanos ya expresan sus estados de ánimo cada cuatro años en las urnas.

Siendo el PP una víctima tan doliente, sorprende que se dedique a demoler el Ayuntamiento de Estepona, en compañía de una partida de presuntos corruptos implicados en el caso Astapa. El actual alcalde socialista es una de las personas que denunciaron la trama investigada por la Justicia. David Valadez cuenta con 11 concejales por 14 la oposición. Pero se da la circunstancia curiosa de que el grueso de la oposición en Estepona la componen ocho imputados en la causa, que ahora disparan contra el alcalde para vengarse de su delación: cinco tránsfugas del PSOE, dos posgilistas y el antiguo portavoz del PA. El otro brazo ejecutor de la brigada de demolición es el Partido Popular. Con una tenacidad digna de mejor causa, los populares proponen en perfecta comunión con los imputados la supresión de tasas municipales o impiden la solicitud de créditos para pagar a los acreedores de un municipio que la corrupción y la crisis han dejado en la ruina: la deuda de Estepona es de 164 millones de euros.

Tan disparatada es la actitud del PP, que una de sus concejales ha abandonado el partido cansada del acoso que practica contra el consistorio. En paralelo, los populares piden en el Congreso de los Diputados que se disuelva el ayuntamiento amparándose en la ingobernabilidad de la localidad. No sé si les suena el argumento. ¿Y la Justicia? La instrucción del caso Astapa se ha empantanado, al negarse el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a aceptar una comisión de servicio solicitada por la anterior juez. La consecuencia ha sido un retraso de medio año y un instructor nuevo a estrenar: debuta en la carrera. El resultado es desolador; un alcalde rodeado y unos presuntos corruptos que reciben ayuda por tierra, mar y aire. Esto es peor que Benidorm.

Etiquetas: , , ,

Alcaucín: modo de empleo

Ignacio Martínez | 5 de marzo de 2009 a las 11:03

Un amigo, que fue concejal socialista en un pueblo de Málaga, me explica su teoría de por qué ocurren estos casos de corrupción sin que el aparato del partido reaccione. “Si los secretarios de las agrupaciones locales son los alcaldes; ¿quien controla al alcalde?” Es una teoría guerrista que está bien pensada: si el partido mantiene una organización separada de la institucional, puede tener perspectiva para controlar las cosas. El problema es la profesionalización de la política. ¿Quién le paga al secretario local, si no tiene medios de vida? Pues el ayuntamiento. Y cómo va a decidir medida alguna el aparato local si en cualquier caso tendría perjudicados entre sus miembros. 

Por cierto, que Ramón Triviño publicaba el lunes pasado en Málaga hoy la información de que un concejal del PSOE denunció irregularidades en el Ayuntamiento de Alcaucín a la dirección de su partido. Sin éxito. Como en Estepona. Tolerancia light.

La trama de Correa operó en Andalucía

Ignacio Martínez | 14 de febrero de 2009 a las 10:50

Lo que se conoce es una cantidad pequeña, 123.000 euros en viajes y suministro de material para organizar eventos, como carpas. Pero ya sabemos de manera fehaciente que empresas de la trama investigada por el juez Garzón por presunta corrupción han operado en Estepona. Special Events y Pasadena Viajes fueron proveedores de una empresa municipal cuyo gerente era el dirigente local del PP Ricardo Galeote. Pasadena presentó y cobró 64 facturas por un importe de 53.227,58 euros entre febrero de 2000 y junio de 2003, bajo las alcaldías de Antonio Caba, Antonio Barrientos y Rosa Díaz. El Ayuntamiento trabajaba entonces y ahora con Viajes Halcón. Special Events empezó su relación con la sociedad municipal en noviembre de 2001, cuando ya el PP se había hecho con la Alcaldía, en una coalición con ‘gilistas’ que habían ido en la lista con Jesús Gil Marín, a quien en 1999 le faltó un concejal para la mayoría absoluta. Pasó siete facturas por un importe total de 69.735,39 euros. Ambas empresas dejaron de ser provedores municipales cuando Ricardo Galeote dejó el puesto de gerente en 2003 y pasó a ser concejal de la oposición.

El TSJA debe rectificar

Ignacio Martínez | 11 de enero de 2009 a las 11:12

”Evangelina

 

El desastre judicial continúa. El último episodio afecta a uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística del 2008: el caso Astapa, que supuso la prisión para el alcalde de Estepona y varios concejales. Hasta 63 personas están imputadas en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una decisión irresponsable, ha paralizado de hecho la instrucción de este procedimiento.

Isabel Conejo, la joven juez que instruye el sumario tenía que incorporarse a un nuevo destino en otro Juzgado de Estepona, de nueva creación; el número 5. Pero ofreció quedarse durante el año que estima que se necesita para ultimar el complicado caso Astapa, en el Juzgado número uno. El TSJA ha denegado la petición sin tener un sustituto para la instructora, ni otro plan alternativo. La comisión permanente de la sala de gobierno del TSJA rechazó el pasado 16 de diciembre la oferta de Isabel Conejo por siete votos a uno. Ese único pronunciamiento a favor lo emitió precisamente el presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, un magistrado con fama de riguroso y pragmático. Una rara avis en esta selva judicial en la que vivimos.

El TSJA se comporta en este asunto igual que el CGPJ en el caso Tirado: como un sindicato de intereses.  Pongan este hecho en su contexto: los jueces han convocado juntas generales para el próximo día 21; o sea, que ese día hay huelga de juicios. Lo que debatirán en esas juntas es si anuncian una huelga en toda regla el 18 de febrero. En Murcia, Extremadura y Zamora ya está convocada. Quieren protestar por las injerencias del Gobierno en el caso Mari Luz/Tirado, la politización del Consejo y la falta de juzgados. Sobre su propia eficacia no dicen una palabra. Tenemos a un poder del Estado en pie de guerra.

También en Estepona el poder judicial le está echando un pulso al poder político y, de camino, al conjunto de la sociedad. El argumento de los administradores judiciales de Andalucía no puede ser más peregrino: “la juez Conejo no es la juez natural del caso”. Es una respuesta propia de un burócrata. Mientras, el sentido común invita a pensar justo lo contrario, que ante un caso tan complejo el juez natural es quien lo lleva desde el principio. Por este prurito, el presidente del TSJA, Méndez de Lugo, y sus colaboradores más cercanos han preferido dejar empantanado uno de los procesos judiciales que más alarma social generó el año pasado. La juez instructora ha imputado al ex alcalde Antonio Barrientos (PSOE) como cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Acaba de salir en libertad, tras seis meses en prisión. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, aunque no se especifica en qué grado.

Otro argumento esgrimido por el Tribunal Superior andaluz es que la juez ya estaba instruyendo el caso Astapa cuando pidió la plaza en el juzgado de nueva creación, lo que significa que sabía que tendría que dejar el procedimiento cuando tomara posesión de su nuevo destino. Sin embargo, fuentes judiciales justifican la petición precisamente por lo contrario: la juez se pide un juzgado goloso, porque es de nueva creación y no tiene retrasos ni vicios, pero no renuncia a su responsabilidad de acabar un sumario muy complicado, en un destino calificado de “odioso e infernal”. La frialdad con que su ofrecimiento es atendido muestra a las claras que los problemas de la justicia en España no se terminan en la falta de medios de la que hace un mes el TSJA acusaba a la Junta. Tampoco en la escasa productividad y eficiencia del funcionariado que destacaba el informe que Méndez de Lugo entregó a la consejera de Justicia, Evangelina Navarro, en vísperas del voto corporativo del CGPJ en favor del juez Tirado.

Hay una responsabilidad importante de los jueces en el desastre judicial español. Hasta el punto que esta decisión, que debería ser revocada urgentemente, más bien parece una nueva medida de presión del sindicato de intereses contra la sociedad a la que debe servir.