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PP y Gürtel: España no es un estado policial

Ignacio Martínez | 9 de agosto de 2009 a las 8:40

¡España es un estado policial!, clama desde Marbella María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, persona de apariencia precavida, que suele leer todas sus declaraciones públicas. No es un acaloramiento repentino; el PP acusa al Gobierno de espiarle, con escuchas telefónicas ilegales; de perseguir a la oposición, de corromper la democracia, de poner en grave riesgo las instituciones. Estas descalificaciones implican a jueces, fiscales y policías. La sobreactuación de Cospedal empezó unos días antes, cuando pidió al Gobierno que se dedicara a perseguir a ETA y no al PP. Una secuela de la euforia popular ante el archivo provisional de la causa contra el presidente valenciano Camps en el caso Gürtel. Y una reacción a la torpeza de la vicepresidenta Fernández de la Vega, que se apresuró a pedir a la Fiscalía que recurriese el fallo del TSJ valenciano. En todo caso, resulta chocante esconder detrás del terrorismo los delitos de la trama de corrupción montada por Correa y ‘El Bigotes’ con la ayuda de dirigentes populares de Madrid, Valencia o Andalucía.

La teoría del complot del Estado contra el PP ya fue esgrimida con éxito en vísperas de las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco: entonces en la operación Gürtel no había nada de nada; todo era producto del afán de protagonismo del juez Garzón y del interés malicioso del Gobierno por perjudicar a su rival. Cinco meses después, varios jueces han encontrado serios indicios de delito en numerosos dirigentes populares, alguno de los cuales ha tenido que dimitir como consejero autonómico, alcalde o concejal. La implicación alcanza a miembros del Congreso, Senado o Parlamento europeo. Incluso el tesorero nacional del PP ha sido imputado. Eran falsos los dos enunciados: no había complot y sí una trama corrupta bien ramificada.

La filosofía ahora es la misma, pero la estrategia va más lejos. Al PP le irrita sobremanera que se hayan publicado sumarios declarados secretos, y pide un escarmiento. Pero incurre aquí en una grave contradicción. Sin el trabajo de la prensa no habríamos sabido nunca tanto de los casos Filesa, Naseiro, Gal, Gürtel o Yak-42. Son ventajas de un régimen de libertad de prensa como el que tenemos. Eso no habría sido posible en la Cuba de los Castro, en la Venezuela de Chavez o en la España de Franco, por poner ejemplos de estados policiales. Otra contradicción de Cospedal es hablar del riesgo de las instituciones. El bloqueo que desde hace meses ha montado el PP valenciano para impedir que su Parlamento regional designe senadora a la dirigente socialista Leire Pajín es un claro ejemplo de irresponsable política institucional. Ni estas ‘venganzas’ de Camps, ni las pataletas de Cospedal van a exonerar de los delitos de corrupción a los implicados en la trama Gürtel. El principal partido de la oposición debería dejar trabajar a jueces, fiscales, policías y periodistas. España no es un Estado policial, es el PP el que está en un estado de necesidad.

Gürtel e impuestos: Apuros de Rajoy y ZP

Ignacio Martínez | 24 de junio de 2009 a las 7:26

Rajoy pasa fatiguitas para explicar por qué mantiene en su cargo al tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, sospechoso de estar implicado en la trama de corrupción conocida como Gürtel. Mientras, Zapatero se resbala por la pendiente de la soledad parlamentaria del PSOE: por la mañana pactó una reforma fiscal con IU y la retiró por la tarde. Horas bajas para los dos. Como si le hubiera sobrevenido a ambos un bajón tras la adrenalina de la campaña electoral.

Al presidente de los populares se le atribuye la tendencia a aparcar los conflictos, por si el tiempo los resuelve solos. Pero lo de Bárcenas tiene pinta de no tener arreglo. Un juez, que no es Garzón, ha pedido al Supremo que se haga cargo del caso, porque hay tres aforados del PP presuntamente relacionados con Correa: el senador Bárcenas, el diputado Merino y el eurodiputado Galeote. El juez considera poco creíbles y poco razonables las explicaciones de Bárcenas sobre el ingreso en un banco de 330.000 euros en billetes de 500; vincula al dirigente popular con inversiones en paraísos fiscales, y sospecha que ingresó de la trama Gürtel 1,3 millones que no declaró a Hacienda.

¿Por qué Bárcenas no ha dimitido o ha sido destituido? Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre la contrario, pero un tesorero es como la mujer del César, debe ser honrado y parecerlo. Un notable diputado del Grupo Popular, con fama de no tener pelos en la lengua, Martínez Pujalte, ya le ha pedido públicamente que se inmole, dado que la dirección del partido no quiere o no puede sacrificarlo. Pero Bárcenas sólo dimitirá si el Supremo lo procesa. Es improbable que decida seguir consejos como el de Pujalte, porque perdería su inmunidad parlamentaria.

Es muy difícil desprenderse de un contable. Es más, resulta más complicado que prescindir del confesor, el psicoanalista o el profesor de pilates. Recuerden, sin ir más lejos, que el contable chileno de Filesa, Carlos van Schouwen, molesto porque le despidieran destapó el caso de financiación ilegal del PSOE en 1991.

El bajón de Zapatero tiene que ver con la crisis, las estrecheces de su minoría parlamentaria y sus errores. Por fin se ha dado cuenta de que fue una frivolidad descontar 400 euros a todos los contribuyentes o dar un cheque bebé de 2.500 euros a todos los padres, fueran ricos o no. La devolución de los 400 euros supone a las arcas públicas alrededor de un billón de pesetas al año. Ayer, el PSOE pactó con Izquierda Unida una modulación de esas dos ocurrencias fiscales de hace año y medio, en vísperas de las elecciones generales de 2008, y de camino una subida de impuestos a las rentas altas. Pero el diputado de la franquicia catalana de IU no aseguraba su voto a una proposición sobre techo presupuestario y se rompió el trato. Así que a sufrir tocan. Con el consuelo de que en la acera de enfrente también tienen sus apuros.

La romería de Camps

Ignacio Martínez | 8 de mayo de 2009 a las 8:52

Las noticias del caso Gürtel llenan las páginas de los periódicos, los noticiarios de radio y televisión y en el PP nadie se cosca. Aquí mismo criticamos al ministro Bermejo y al juez Garzón por su imprudencia al coincidir en una cacería cuando ya se habían producido las primeras detenciones. La filtración del sumario secreto durante las campañas electorales vasca y gallega también fue censurada. Pero el caso está ya en manos de otros jueces en Madrid y Valencia, y están cayendo como moscas diputados del PP y ex consejeros autonómicos. A alguno le han puesto una fianza de un millón de euros, como si fuera el capo de la operación Malaya.

Según los jueces, aquí ha habido sobornos, cohecho y corrupción urbanística. En el PP han suspendido de militancia a los afectados, pero nadie da muchas explicaciones. La dirección popular, tras las experiencias gallega y vasca, piensa que este caso Gürtel habrá dado mucha gasolina a la prensa, pero no ha prendido en la opinión pública. También en el PSOE en los 80 pensaron que el asunto del despacho de influencias de Juan Guerra en la Delegación del Gobierno en Andalucía, a pesar del impacto que tenía en los medios, no suponía desgaste electoral. En los 90 pagaron caros los casos Filesa, Roldán, Navarra, etcétera.

De todos los implicados en el caso Correa, el que más me llama la atención es el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. De tanto en tanto se le ve en una romería ataviado con camisa tradicional y empuñando un largo cayado detrás de un santo. Se supone que no ha ido para pedirle al patrón local que le saque del apuro, sino como obligación institucional. Pero claro, los periodistas le preguntan cómo se siente y qué piensa de las acusaciones. Y Camps, con cara de pánico, dice que todo es mentira. Todo es que un tal Álvaro Pérez, alias el Bigotes, le regaló trajes por valor de 12.000 euros. Todo es que no conocía a ese sujeto, pero unas grabaciones demuestran que se decían por teléfono “amiguito del alma” y “te quiero un huevo”. Y que el Bigotes le mandaba regalos a la mujer y a la hija del president de la Generalitat. Regalos que a la señora Camps le parecían excesivos de todo punto.

Lo peor de Camps no es que diga, como el protagonista de La aventura es la aventura, “yo no le conozco”, sino que después de haber acusado al juez de Garzón de inventarse la trama, no ha enseñado ni una sola factura de los trajes e intenta que se declare inhábil la instrucción de su caso. El juez valenciano que ahora lleva el procedimiento ha denegado la anulación, porque considera que Garzón no vulneró los derechos del president. Son otros los derechos vulnerados, los de los ciudadanos perjudicados por los 121.000 euros que el Bigotes declaró a Hacienda que se había gastado en trajes de regalo. Camps debería dejar de aparentar y su partido tendría que dar alguna explicación que se aleje de la teoría del complot. El PP se equivoca al creer que el caso Gürtel no supone desgaste electoral, porque a pesar de la crisis no supera al PSOE en las encuestas. La del CIS de ayer es el último ejemplo. Tiene que dejar de esconderse detrás de las romerías.