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La Europa de Francisco Arroyo y Alejandro Rodríguez Carrión

Ignacio Martínez | 11 de mayo de 2009 a las 12:14

Sigo con perplejidad la campaña de las elecciones europeas. No hay por parte de socialistas o populares ni una idea sobre el futuro de la Unión, aparte de que ambos son partidarios de que siga como presidente de la Comisión Durao Barroso, cuya gestión ha sido deficiente. Ayer en el mitin del PSOE Zapatero volvió a insistir en el moderno mensaje de que esta crisis es culpa de Bush, Aznar y sus amigos neoconservadores. Y Leire Pajín sigue con la perra de que el PP nos metió en la guerra de Iraq. Estuve en contra de esa guerra, pero no podemos seguir hablando de lo mismo ¡seis años después! Por su parte, Rajoy, para no ser menos, también tiró ayer de su fondo de armario favorito: Zapatero es incapaz de sacarnos de la crisis y España no puede seguir así. La cosa no da para más.

El sábado se celebró el día de Europa, en recuerdo del 9 de mayo de 1950, cuando el ministro de Exteriores de Francia Robert Schumann propuso la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La Guerra Mundial había producido entre 1939 y 1945 en suelo europeo 36 millones y medio de muertos, civiles más de la mitad. Así se entiende que Schumann iniciara su discurso proponiendo la integración europea en nombre de “la paz mundial”.

Con motivo del día de Europa, el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo concede unos premios a andaluces destacados por su europeísmo. Este año el Premio Blanco White ha sido para dos ilustres malagueños, el presidente de la Audiencia, Francisco Arroyo, y el decano de Derecho, Alejandro Rodríguez Carrión. En el acto de entrega, en el Ayuntamiento de Málaga el sábado, Arroyo recordó que a diario los magistrados españoles luchan contra la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, resuelven litigios conyugales de matrimonios con dos nacionalidades, dictan sentencias sobre secuestro de menores por los propios padres con desplazamiento a otro estado, emiten órdenes europeas de detención, estudian insolvencias de empresas con intereses en varios estados comunitarios… Ésta es la Europa real.

Como la del Derecho, al que ha dedicado toda su vida docente e investigadora Rodríguez Carrión dilecto discípulo del profesor Carrillo Salcedo, en cuyo departamento de Derecho Internacional Público trabajó en Granada, Madrid y Sevilla, antes de ser catedrático en Málaga. Además de sus muchos méritos académicos, en Alejandro destaca su dedicación particular a la defensa de los pueblos más débiles del planeta. Sencillamente porque tienen los mismos derechos que los más fuertes. Estos valores de la civilización, las libertades y la paz son los que Europa representa en el mundo. Ésa es la Europa de Francisco y de Alejandro. Me gustaría notar antes de que termine la campaña, que es también la de nuestros dirigentes políticos.

Alejandro Rodríguez Carrión y Francisco Arroyo, premio Blanco White del Consejo Andaluz Movimiento Europeo

Ignacio Martínez | 18 de abril de 2009 a las 10:05

El Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, del que formo parte, ha otorgado el Premio Blanco White de 2009 al catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga Alejandro Rodríguez Carrión y al presidente de la Audiencia Provincial Francisco Arroyo. Este premio ha sido instituido para homenajear a aquellos andaluces que se hayan distinguido por la defensa de la Unión Europea y sus valores de civilización, derechos humanos y democracia, simbolizados en la figura de Blanco White.

Arroyo y Rodríguez Carrión fueron los creadores en 1996 del prestigioso Master de Derecho Comunitario de la Universidad de Málaga y fundaron la Asociación para el Estudio del Derecho Comunitario de Málaga, ADECOM. Pero ambos tienen muchos más méritos, además de una extraordinaria categoría personal. 

Francisco Arroyo fue designado por el Consejo General del Poder Judicial profesor y más tarde coordinador de cursos de formación para jueces de los países del Este que se han adherido en 2004 y 2007 a la Unión Europea. Ha sido pionero en la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Primero como magistrado y después como presidente de la Audiencia Provincial, ha impulsado y dirigido cursos de Derecho Comunitario para el personal de la administración de justicia de Málaga. Y es autor de numerosos estudios doctrinales sobre diferentes normas de Derecho Comunitario, como la directiva que regula la multipropiedad.

Alejandro Rodríguez Carrión ha dedicado a la enseñanza, docencia e investigación del Derecho Comunitario buena parte de su dilatada carrera universitaria, desde 1973. Lo ha hecho en las universidades de Granada, Autónoma de Madrid y Sevilla. También en Málaga, como catedrático de Derecho Internacional Público de la UMA desde 1982. De su contribución doctrinal destacan, entre otros, estudios como El Parlamento Europeo tras la reforma del Tratado de la Unión Europea y su manual Bases de Derecho Comunitario Europeo, que ya va por su tercera edición. Ha sido organizador, junto al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, de varios congresos de Derecho Comunitario.

El Premio se entregará en el salón de los espejos del Ayuntamiento de Málaga el 9 de mayo, Día de Europa. El año pasado, el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo concedió el Premio Blanco White a todos los eurodiputados andaluces que han formado parte del Parlamento Europeo, con motivo del 50 aniversario de la Cámara.

 

El TSJA debe rectificar

Ignacio Martínez | 11 de enero de 2009 a las 11:12

”Evangelina

 

El desastre judicial continúa. El último episodio afecta a uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística del 2008: el caso Astapa, que supuso la prisión para el alcalde de Estepona y varios concejales. Hasta 63 personas están imputadas en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, malversación o fraude. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en una decisión irresponsable, ha paralizado de hecho la instrucción de este procedimiento.

Isabel Conejo, la joven juez que instruye el sumario tenía que incorporarse a un nuevo destino en otro Juzgado de Estepona, de nueva creación; el número 5. Pero ofreció quedarse durante el año que estima que se necesita para ultimar el complicado caso Astapa, en el Juzgado número uno. El TSJA ha denegado la petición sin tener un sustituto para la instructora, ni otro plan alternativo. La comisión permanente de la sala de gobierno del TSJA rechazó el pasado 16 de diciembre la oferta de Isabel Conejo por siete votos a uno. Ese único pronunciamiento a favor lo emitió precisamente el presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Arroyo, un magistrado con fama de riguroso y pragmático. Una rara avis en esta selva judicial en la que vivimos.

El TSJA se comporta en este asunto igual que el CGPJ en el caso Tirado: como un sindicato de intereses.  Pongan este hecho en su contexto: los jueces han convocado juntas generales para el próximo día 21; o sea, que ese día hay huelga de juicios. Lo que debatirán en esas juntas es si anuncian una huelga en toda regla el 18 de febrero. En Murcia, Extremadura y Zamora ya está convocada. Quieren protestar por las injerencias del Gobierno en el caso Mari Luz/Tirado, la politización del Consejo y la falta de juzgados. Sobre su propia eficacia no dicen una palabra. Tenemos a un poder del Estado en pie de guerra.

También en Estepona el poder judicial le está echando un pulso al poder político y, de camino, al conjunto de la sociedad. El argumento de los administradores judiciales de Andalucía no puede ser más peregrino: “la juez Conejo no es la juez natural del caso”. Es una respuesta propia de un burócrata. Mientras, el sentido común invita a pensar justo lo contrario, que ante un caso tan complejo el juez natural es quien lo lleva desde el principio. Por este prurito, el presidente del TSJA, Méndez de Lugo, y sus colaboradores más cercanos han preferido dejar empantanado uno de los procesos judiciales que más alarma social generó el año pasado. La juez instructora ha imputado al ex alcalde Antonio Barrientos (PSOE) como cabecilla de una red dedicada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades tanto públicas como privadas y para enriquecerse personalmente. Acaba de salir en libertad, tras seis meses en prisión. Entre las actividades privadas se incluía la financiación del propio Partido Socialista, aunque no se especifica en qué grado.

Otro argumento esgrimido por el Tribunal Superior andaluz es que la juez ya estaba instruyendo el caso Astapa cuando pidió la plaza en el juzgado de nueva creación, lo que significa que sabía que tendría que dejar el procedimiento cuando tomara posesión de su nuevo destino. Sin embargo, fuentes judiciales justifican la petición precisamente por lo contrario: la juez se pide un juzgado goloso, porque es de nueva creación y no tiene retrasos ni vicios, pero no renuncia a su responsabilidad de acabar un sumario muy complicado, en un destino calificado de “odioso e infernal”. La frialdad con que su ofrecimiento es atendido muestra a las claras que los problemas de la justicia en España no se terminan en la falta de medios de la que hace un mes el TSJA acusaba a la Junta. Tampoco en la escasa productividad y eficiencia del funcionariado que destacaba el informe que Méndez de Lugo entregó a la consejera de Justicia, Evangelina Navarro, en vísperas del voto corporativo del CGPJ en favor del juez Tirado.

Hay una responsabilidad importante de los jueces en el desastre judicial español. Hasta el punto que esta decisión, que debería ser revocada urgentemente, más bien parece una nueva medida de presión del sindicato de intereses contra la sociedad a la que debe servir.