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Garzón, reo

Ignacio Martínez | 18 de enero de 2012 a las 12:37

Van a por Garzón. Hartos del juez estrella, de su protagonismo, de su egolatría si quieren, sus colegas han decidido acabar con él. El Supremo le juzga por prevaricación, por dictar a sabiendas una resolución injusta, y le pueden inhabilitar durante 17 años. La injusticia se supone que ha sido la intervención de las conversaciones de los cabecillas de la trama Gürtel desde la cárcel. ¿Incluidas las de los abogados? Sí, en la medida que no pusiera en riesgo el derecho de defensa. Ésa es la tesis del reo. Sus amables colegas sostienen que se saltó la ley.

Garzón explicó ayer, en el inicio del primero de los tres juicios llamados a acabar con su carrera, que los abogados jugaban un papel básico en el blanqueo de dinero de esta trama montada por Correa y Crespo. Que justamente el blanqueo era la única actividad delictiva que continuaba funcionando desde la detención. Que había una claro riesgo de huida y gestiones para conseguirles a los jefes de la Gürtel la nacionalidad argentina o panameña, para que evitaran la acción de la Justicia. Que la Fiscalía no se opuso a la intervención de las conversaciones… Inútil. Ha habido cientos de casos en los que se ha anulado una intervención de conversaciones de detenidos decretada por un juez, pero es la primera vez que se sienta en el banquillo al magistrado. En este caso, con el agravante de que otros dos jueces y dos fiscales dieron por buena la decisión de Garzón. Pero sus colegas van a por él. Protagonista, ególatra si quieren, e incómodo.

Dicen que nuestra legislación es muy garantista. Y que se protegen mucho los derechos de los detenidos. Pero a un servidor le habría gustado que una decisión semejante hubiese facilitado encontrar el cadáver de Marta del Castillo, o ahora dar con el paradero de Ruth y José, los niños de Huelva desaparecidos en Córdoba hace casi tres meses. También parece razonable que el juez intentara acabar con la fuga y blanqueo de capitales de la trama mafiosa. Pero a cambio va camino de una condena por prevaricación.

Los jueces del Supremo toman en ocasiones decisiones injustas. Espero que no a sabiendas. Injusto es, al menos así lo piensa el Consejo General del Poder Judicial, que decidieran que un juez corrupto, condenado por un soborno de Roca en Marbella, pudiese reincorporarse a su puesto. Afortunadamente el CGPJ ha parado la operación retorno. Pero nadie ha parado la actuación contra Garzón, a quien esperan otros dos pleitos con el mismo propósito de inhabilitarle, si en éste no lo consiguen. Su auto contra los crímenes del franquismo y la gestión de un patrocinio del Santander para unas jornadas jurídicas en Nueva York le esperan. Por lo que hemos podido ver en la instrucción, el Supremo no va a ser tan benévolo con él como con Urquía. Su condena por este primer pleito daría la vuelta al mundo. Para mal.

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Justicia tuerta

Ignacio Martínez | 13 de abril de 2011 a las 17:36

El preso más antiguo de España, Miguel Montes Neiro, resulta ser un andaluz de Granada. Lleva 35 años en la cárcel y le quedan otros diez si nada lo remedia. Tiene hepatitis C y tuberculosis y su hermana intenta sacarle de prisión por razones humanitarias. No ha cometido delitos de sangre y su condena se ha prolongado por sus reiterados intentos de fuga. La Audiencia de Granada le denegó acumular las penas, pero el Supremo ha mandado reestudiar el caso. Montes tendrá mala cabeza, seguro; pero tampoco habrá tenido en su vida abogados de postín, de esos carísimos, que lo sacan a uno de todo. A veces, tener un buen abogado puede resultar más rentable incluso que ser inocente.

Dicen que la Justicia es ciega, lo que es interpretable. Quiere decir que no se casa con nadie. Pero todas las acepciones que nos ofrece el diccionario son inquietantes: privada de la vista, poseída con vehemencia de alguna pasión, ofuscada, alucinada. Más que ciega, la Justicia debería tener buena vista. Gaspar Llamazares ha ironizado ayer con la rapidez del Tribunal Supremo para llevar a juicio al juez Garzón por las escuchas que autorizó en el caso Gürtel. Es curioso que el primer procesado por este asunto de corrupción sea el portavoz socialista en las Cortes regionales, Ángel Luna, absuelto ayer por el Tribunal Superior de Valencia del delito de encubrimiento del que le acusaba el PP. Todo por mostrar en un debate un informe policial, en el que se explicaba el negocio multimillonario que logró la trama Gürtel con la visita del Papa a Valencia en 2006. El informe era de un sumario secreto.

Llamazares sostiene que la justicia en España no es lenta. En algunos casos es rapidísima. Por ejemplo, para que el juez Garzón sea el segundo procesado por el caso Gürtel. Queda claro que los implicados en la trama disponen de los abogados que no tiene el preso más antiguo de España. Y ahora intentan invalidar las escuchas que ordenó Garzón. Llueve sobre mojado. Hace 20 años el Supremo anuló las conversaciones registradas en una investigación por corrupción, el caso Naseiro, que protagonizaron varios miembros del PP valenciano. Las defensas argumentaron con éxito que las grabaciones se habían hecho de manera ilegal.

El diputado de IU sostiene que la Justicia no es ciega, porque ve muy bien por el ojo izquierdo y no ve nada por el ojo derecho. A Garzón le espera otro juicio por instruir una causa contra el franquismo, con lo que se convertirá en el único procesado de la democracia por los crímenes de la Dictadura. Más allá de la ideología, al antiguo juez estrella lo estaban esperando en un renuncio algunos de sus colegas. Y se nota. Tanto como para convenir que la Justicia es tuerta. Y coja. Garzón ya lo sabe, pero que se lo digan a Montes, vaya a hacerse ilusiones el hombre.

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Camuflaje

Ignacio Martínez | 14 de junio de 2010 a las 9:56

China siempre ha sido un país enigmático. Y esta China actual, en la que ya se convocan huelgas en su desarrollada zona costera, sigue siendo un enigma. Si hay una fuerte dosis de cinismo entre los políticos occidentales, lo de los chinos es superior. Con la ventaja de que allí es una tradición cultural. En Shanghai, en donde se fundó el Partido Comunista chino en 1921, el museo de historia de la ciudad omite toda referencia al partido. La historia de la ciudad en los últimos diez siglos habla de campesinos y señores feudales, de mandarines y administradores, de curas y militares coloniales, de yuppies y ejecutivos modernos, pero ignora la fundación del PC chino, la conquista del poder por los comunistas y su dictadura del proletariado. Las autoridades aluden al gobierno para hablar del poder y al chino para hablar de los ciudadanos, como si sólo hubiese uno y no 1.300 millones: “El gobierno opina”, “el chino piensa”. Eso ampara un capitalismo sin adjetivos y sin democracia. El último acto de camuflaje es de la oficina municipal de transportes de Pekín: ha pedido a conductores y cobradores que eviten llamar camaradas a los usuarios.

El camuflaje es una practica universal, sin paliativos. Berlusconi, campeón del liberalismo, acaba de hacer aprobar en el Senado una ley para dificultar la interceptación de conversaciones telefónicas por orden judicial, y sobre todo para evitar que su contenido acabe publicado en los diarios. Falta la aprobación de la Cámara de Diputados, pero ya hay una protesta generalizada de la prensa: el prestigioso diario La Repubblica salió el viernes con la portada en blanco. Aquí estarían de acuerdo con la medida los amiguitos del alma de la Gürtel y sus defensores, letrados, políticos o mediáticos. También los enemigos de Garzón. Siempre, claro está, en nombre de la libertad. En Italia, sin embargo, los medios la llaman la ley mordaza. Berlusconi pensará que no tienen bastante sentido del humor.

Hay más ejemplos de estas prácticas. Rajoy sigue sin decir esta boca es mía en el capítulo de los ajustes que el PP haría si gobernase. Su última aportación al debate es que su partido no subirá los impuestos en ninguna comunidad autónoma en donde gobierna. El estado mayor de los populares cree que la batalla electoral la tiene ganada y que debe hacer o decir lo menos posible; así tienen asegurada La Moncloa. Una estrategia torpe y nada generosa con el país, necesitado de alguna certidumbre.

Zapatero dijo el jueves delante de González que su partido no está deprimido. Que Dios le conserve la vista. Porque no sólo están deprimidos los socialistas, sino todo hijo de vecino. El presidente podrá disimular, como un chino, un neoliberal italiano o un popular español, pero para el común de los mortales no hay suficiente ropa de camuflaje sentimental en la España de hoy.

Las barbas del vecino

Ignacio Martínez | 26 de abril de 2010 a las 7:22

Ya conocen el refrán: cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. A primera vista podría parecer una alusión a la crisis griega. Pero no. Entre otras cosas, porque la deuda pública acumulada por Grecia respecto a su PIB es el doble de la española. Lo que no garantiza a España quedar al margen de los vaivenes griegos. Tanto los tiburones especuladores como los temerosos inversores privados son sensibles a las noticias sobre las delicadas finanzas públicas helenas. Los mercados ni siquiera se tranquilizan cuando la Eurozona le ofrece créditos por valor de 30.000 millones de euros. Nadie se fía de nadie. Por eso la Bolsa española bajó la semana pasada.

Pero las barbas del vecino en este caso son los resultados electorales que los grandes partidos están teniendo en las países más poderosos de Europa. El Reino Unido lleva casi un siglo con primeros ministros conservadores o laboristas. Pero hay elecciones generales allí el 6 de mayo, y no son cosa de dos. En septiembre hubo elecciones en Alemania, donde democristianos y socialdemócratas no llegaron juntos a sumar el 57% de los votos. Y esas dos grandes formaciones germanas llegaron a acumular en sus buenos tiempos el 90% de los votos de la República Federal. En Francia en las europeas del año pasado los verdes empataron a votos con el Partido Socialista, que en los últimos 30 años ha dado un presidente de la República y media docena de primeros ministros.

Algo está cambiando en el ambiente. Pero PSOE y PP viven alegremente, instalados en la ignorancia, culpando de todos los males de este país a su adversario. Con la crisis están sufriendo mucho las grandes marcas y el público se lanza en manos de las marcas blancas. También en política: candidatos de formaciones nuevas o tradicionales outsiders resultan a los ojos de los ciudadanos más estimulantes que los líderes de las siglas establecidas.

En España deberían tomar nota los dos grandes partidos nacionales. Anda Cospedal indignada por las nutridas protestas contra el proceso a Garzón, tras su intento de investigar los crímenes del franquismo. Sostienen los dirigentes populares que cuestionar al poder judicial es poner en riesgo la democracia. De acuerdo. Pero cuando Garzón inició la instrucción del caso Gürtel, esa actuación judicial les pareció nada menos que un complot del Estado, a pesar de que puso en pie una importante trama de corrupción en la que estaban inmersos muchos dirigentes y cargos públicos del PP. ¿Esas críticas no pusieron en peligro la democracia? La actitud del PSOE respecto al agua tampoco se queda atrás; la última vez en el Estatuto de Castilla-La Mancha, con posiciones autonómicas distintas según el territorio de que se trate.

Los discursos de socialistas y populares invitan a los españoles a elegir entre lo malo y lo peor. Si siguen así, el bipartidismo, como ha pasado en otros lugares de Europa, no aguantará. Es cuestión de tiempo.

Garzón: El enemigo público número uno

Ignacio Martínez | 14 de abril de 2010 a las 8:52

La nómina de personas que querrían hacerle daño al juez Garzón debe ser amplia. Incluye a terroristas, narcotraficantes y grandes partidos políticos. Hay una forma antigua de daño que significa condenar a alguien o dar sentencia contra él, que encaja perfectamente en esta historia. Pero a los procesos contra Garzón le valen otras acepciones. Hay gente que le quiere perjudicar, causarle dolor y hasta destruirlo. Los procedimientos judiciales contra él son tres: uno por el auto de procesamiento a Franco, otro por el cobro de unas conferencias organizadas en Nueva York, que habría pagado el Banco Santander, y el último por las escuchas de las conversaciones de los procesados por el caso Gürtel con sus abogados. Los dos primeros casos han sido promovidos por personas y organizaciones nostálgicas de la Dictadura, como Falange o un supuesto sindicato llamado Manos Limpias. El superjuez ha acabado siendo el superprocesado de manera simultánea e implacable, como si fuese el enemigo púbñico número uno.

Vaya por delante que no pertenezco al club de fans de este juez estrella, cuyo ego ensombrece sus actuaciones. En octubre de 2008 escribí aquí que su auto contra Franco era un capítulo lucido para sus obras completas. Abrir un juicio de Nuremberg contra el dictador, los jefes del levantamiento militar del 18 de julio y los ministros de los gobiernos españoles desde el 36 al 51 era muy audaz. Les imputaba el asesinato de 114.266 personas. El tema tenía la polémica asegurada por muchos motivos, sobre todo por las dudas sobre si la ley de amnistía de 1977 amparaba los crímenes del franquismo, y también porque se pretendía procesar a personas ya fallecidas. Sea como fuere, el encausamiento de Garzón no se entiende fuera de España y abre una brecha en la convivencia nacional.

El acto de ayer de los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense de Madrid es una muestra de esa fractura. Cándido Méndez considera que las querellas persiguen injustamente al juez por actuaciones judiciales como la instrucción del caso Gürtel y lo califica de vergüenza histórica. Por el contrario, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, piensa que este homenaje es un disparate y un atentado contra la democracia. El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha llegado más lejos y acusa a los magistrados del Supremo de dar un golpe brutal a la democracia española, convirtiéndose en instrumento del fascismo español.

Esto ocurre en un país en el que un delincuente como Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, invitaba a unas jornadas jurídicas anuales a la crema y nata de la judicatura española, incluidos magistrados del Supremo y el Consejo del Poder Judicial, a mesa, mantel y cama, bien acompañados y regalados, y no pasaba nada. Las jornadas jurídicas eran una pantomima: una conferencia de una hora a mediodía y el resto, una semanita a toda plan en la capital de la Costa del Sol. Y todos tan contentos. Sobre todo, Gil. 

La democracia ha llegado a todas partes tras la Dictadura, incluida la Policía, el Ejército y hasta la Iglesia, en la época del cardenal Tarancón. Pero está por llegar a la judicatura. Quizá haya llegado el momento de abordar esa cuestión. Éste es el lado bueno de convertir a Garzón en el enemigo público número uno.

Gürtel: la verdad es joven y bonita

Ignacio Martínez | 7 de abril de 2010 a las 10:24

Hay un cuento que relata la historia de un hombre que busca afanosamente la verdad durante años. Y un día, en una cueva escondida, de una montaña perdida, en un remoto país la encuentra. Pero resulta ser una vieja, bruja y fea. El hombre le explica su angustia, porque todo el mundo quiere conocer cómo es la verdad, y la realidad es embarazosa. Pero ella le ofrece la solución: “vuelve y di que soy joven y bonita”. Emociona la solemne declaración de Cospedal sobre la voluntad de su partido de que se sepa toda la verdad sobre el caso Gürtel. Pero lo que el PP quiere no es exactamente la verdad, sino salir lo más airoso posible del trance.

El levantamiento del secreto del sumario nos ha permitido saber que los investigadores del caso atribuyen a Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP durante 30 años, un enriquecimiento ilícito de 1,3 millones de euros, 225 millones de pesetas. Bárcenas, el hombre de los dineros del Partido Popular, suspendido provisionalmente en sus funciones de tesorero, conserva su escaño en el Senado, su despacho en la calle Génova y abogados pagados por su partido. Para saber toda la verdad sobre Gürtel debería ser el propio PP quien contara qué gestiones intentó Bárcenas entre la trama de los presuntos corruptos y responsables de su partido que adjudicaban contratos en las instituciones. Y qué éxito tuvo en esa labor.

Pero los partidos ponen el prestigio y buen nombre de la organización delante de cualquier otra consideración. Por eso su primera reacción siempre es defensiva. En el caso de Rajoy hay un pecado original como el de Zapatero con la crisis. El presidente del Gobierno sostuvo indignado que no venía una crisis y acusó al PP de antipatriota por decirlo. Tras ese empecinamiento inicial, ahora le cuesta la misma vida convencer al país de que llega la recuperación. A Rajoy le pasa lo mismo con Gürtel: primero dijo que esto era un complot del Estado, y adujo como prueba la torpe coincidencia del juez Garzón y el ministro Bermejo en una cacería en Jaén.

Pero no había un complot del Estado, sino una banda organizada, que hizo regalos a ocho consejeros de Camps, a sus padres y sus suegros. Y a la presidenta de las Cortes valencianas. Algunos presentes son de escaso valor, pero también hay relojes de 2.400 euros y maletas de más de mil. A quienes ahora reclaman la verdad hay que recordarles que primero dijeron que a Camps no le habían regalado los trajes, después argumentaron que todo el mundo recibe regalos: y como prueba de cargo ahí estaban las anchoas del presidente cántabro Revilla. Más tarde, Camps se sacó de la manga que había pagado los trajes sin factura y con dinero B de la caja de la farmacia de su mujer…

Y cuando el sumario nos desvela nuevos datos sobre la trama, llega Cospedal y nos dice que la verdad es joven y bonita. Conmovedor.

Necesitamos una terapia

Ignacio Martínez | 15 de noviembre de 2009 a las 11:27

El secuestro del Alakrana ha producido daños colaterales. Por primera vez conocemos a lo vivo que en el seno del Gobierno hay fracturas: la de María Teresa Fernández de la Vega y Carme Chacón es una pelea que viene de antiguo. Pero este secuestro ha cogido in albis no sólo al Gobierno, sino al conjunto de la sociedad. Y aprendemos a marchas forzadas: ayer llegó a las Islas Seychelles un avión de la Fuerza Aérea española con los 54 vigilantes privados entrenados para garantizar la seguridad de la flota atunera del Índico.

Al Gobierno le causa ansiedad un tema que le desborda y la sociedad española anda deprimida porque no sabe cómo comportarse. Todo el mundo coincide en que hay que sacar a los 36 marineros de allí lo antes posible. Sobre todo lo demás hay división de opiniones: si el Ministerio de Defensa estuvo oportuno al negar la presencia militar en los atuneros, si la Marina hizo bien en detener a los dos piratas, si el Gobierno actuó correctamente al reclamar su traslado a España, o si el juez Garzón estuvo acertado al encausarles. En abril de 2008, se resolvió en una semana el secuestro del Playa de Bakio, por el que se pagó un rescate inferior al millón de euros. Un arreglo fácil que, sin embargo, que dejó una cierta mala conciencia en España. Dos semanas antes, los secuestradores de un yate francés fueron atacados por helicópteros galos que mataron a tres piratas somalíes, apresaron a 12 y recuperaron el dinero del rescate. España adoptó la posición una posición mucho más resignada y aparcó el problema.

Un país que ha tardado decenas de años en saber cómo comportarse con los terroristas etarras, con los que habló o negoció este Gobierno y el anterior y el anterior y el anterior, bien podría darse alguna tregua en un asunto tan nuevo como la piratería somalí. Tras la liberación de los secuestrados del Alakrana habrá que establecer cómo actuar en el futuro. Sin ansiedad, ni depresión. Esta receta incluye a Fernández de la Vega, que el viernes tras el Consejo de Ministros, para decir trece palabras (que era la “vicepresidenta primera del Gobierno”, que “coordinaba el gabinete de crisis” y que “asumía toda la responsabilidad”) miró al papel para leer el texto al menos en seis ocasiones. Necesitamos todos una terapia.

Los pecados originales de Zapatero y Rajoy

Ignacio Martínez | 30 de septiembre de 2009 a las 8:50

Zapatero tiene tanta credibilidad en su gestión de la crisis como Rajoy cuando se explica sobre el caso Gürtel. Ambos son poco o nada fiables. Lo peor del presidente del PP con la trama de corrupción es que al principio la negó categóricamente. Se trataba de un complot del Estado y la prueba era la coincidencia del ministro de Justicia Bermejo y el juez Garzón en una cacería en Jaén, un fin de semana de febrero en el que se produjeron las primeras detenciones. Y resultó que sí había caso. Un grupo de corruptos había penetrado al PP en Madrid y Valencia. Hubo otros episodios; Ricardo Galeote, hermano e hijo de encausado, dimitió como concejal de Estepona por su vinculación con la banda de Correa, el Bigotes y compañía. Con él han hecho mutis por el foro una decena de alcaldes y concejales, un consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, el tesorero de la ejecutiva nacional y hasta un eurodiputado. Todos, imputados, junto a sesenta personas más en Madrid.

No era cierto de que no había nada. No era cierto el complot. Tampoco era cierto que el presidente Camps se pagara sus trajes. No se lo ha creído ni su íntimo amigo el magistrado Juan Luis de la Rúa, presidente de sala del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Aunque al juez el regalo le pareciera insuficiente para procesar al amigo. Ahora se dirime si hay que dar crédito a un informe policial que indica que la trama corrupta financió al PP valenciano. Informe que está en el limbo; en la maraña de piezas separadas del caso. De la Rúa se desentendió del escrito, pero debió mandarlo al juzgado de guardia para que se investigara. Alguien debe hacerlo. El argumento de Camps de que el voto masivo a su favor de los valencianos le exonera es el mismo que utilizaba Gil en Marbella, el mismo que emplea Berlusconi en Italia. No es de recibo. Rajoy enseña viejos informes de policías que resultaron falsos. Pero tiene un pecado original en este tema, porque lo negó desde el principio. Y ya no es creíble.

A Zapatero con la crisis le pasa lo mismo. La negó al principio y acusó a Rajoy de antipatriota por anunciarla. Todo lo que haga ahora se pone en entredicho por su pecado original. ¿Quién iría a tratarse de una gravísima enfermedad con un médico que la hubiera descartado con rotundidad al aparecer los primeros síntomas? Encima la gestión no es brillante. Sube los impuestos porque los que más tienen deben atender a los que más necesitan. Una filosofía progresista que casa mal con la desaparición del impuesto sobre patrimonio, el aumento del IVA, y medidas anteriores como una devolución de Hacienda para todos los contribuyentes o un cheque bebé tanto para millonarios como para personas sin recursos.

Aquí los pecados originales desacreditan a los grandes partidos. Y tendrán consecuencias. En Alemania los democristianos (CDU-CSU) y los socialdemócratas tuvieron el 90% de los votos, pero este domingo no han llegado al 57%. Que tomen nota sus colegas nacionales. En España nunca desde el inicio de la transición ha habido en el Congreso de los Diputados tantos escaños en manos de las dos principales fuerzas políticas, pero el oligopolio político español no es eterno.

Garzón: España es diferente

Ignacio Martínez | 10 de septiembre de 2009 a las 8:49

”Viñeta

 

Una organización ultraderechista que se califica de sindicato y pretende llamarse ‘Manos limpias’ ha conseguido que España sea noticia en el mundo. Ha denunciado al juez Garzón por prevaricación por intentar una causa general contra el franquismo por crímenes contra la humanidad. Casi cuatro horas estuvo declarando Garzón ante el Tribunal Supremo, como imputado, sobre las razones por las que se había considerado competente para procesar a Franco y sus cómplices en un auto dictado hace un año. Esta causa la instruyó Garzón como consecuencia de las denuncias de los familiares de desaparecidos en la guerra civil española. El juez se interesó por múltiples desapariciones forzadas, asesinatos y enterramientos clandestinos, todo en el contexto de delitos contra la forma de gobierno.

Semanas después, y acreditada la muerte del dictador y sus cómplices, el juez dio por extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 miembros de sus gobiernos y jefes militares y de Falange, a los que acusaba de “delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno”, así como de “detención ilegal con desaparición forzada de personas”, en un marco de “crímenes contra la humanidad”. Entonces, en noviembre de 2008, el magistrado se inhibió en favor de 62 juzgados territoriales, y destacó que Franco y los militares golpistas desarrollaron una “actividad criminal planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas”. Garzón tiene una perniciosa tendencia a la egolatría, pero es un buen juez. Su fama mundial se debe sobre todo al procesamiento del dictador chileno Pinochet, a quien mantuvo en arrestro domiciliario en Londres durante un año a finales de los 90, pendiente de su extradición a España para ser procesado por crímenes contra la humanidad. Finalmente, un acuerdo ‘político’ entre los gobiernos británico (Blair) y español (Aznar) le permitió volver a Chile.

Si en Alemania o Italia se intentara procesar a un juez por escarbar en los crímenes del nazismo y el fascismo provocaría la sorpresa en todo el mundo. Pero eso no ha ocurrido nunca. España es diferente.

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PP y Gürtel: España no es un estado policial

Ignacio Martínez | 9 de agosto de 2009 a las 8:40

¡España es un estado policial!, clama desde Marbella María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, persona de apariencia precavida, que suele leer todas sus declaraciones públicas. No es un acaloramiento repentino; el PP acusa al Gobierno de espiarle, con escuchas telefónicas ilegales; de perseguir a la oposición, de corromper la democracia, de poner en grave riesgo las instituciones. Estas descalificaciones implican a jueces, fiscales y policías. La sobreactuación de Cospedal empezó unos días antes, cuando pidió al Gobierno que se dedicara a perseguir a ETA y no al PP. Una secuela de la euforia popular ante el archivo provisional de la causa contra el presidente valenciano Camps en el caso Gürtel. Y una reacción a la torpeza de la vicepresidenta Fernández de la Vega, que se apresuró a pedir a la Fiscalía que recurriese el fallo del TSJ valenciano. En todo caso, resulta chocante esconder detrás del terrorismo los delitos de la trama de corrupción montada por Correa y ‘El Bigotes’ con la ayuda de dirigentes populares de Madrid, Valencia o Andalucía.

La teoría del complot del Estado contra el PP ya fue esgrimida con éxito en vísperas de las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco: entonces en la operación Gürtel no había nada de nada; todo era producto del afán de protagonismo del juez Garzón y del interés malicioso del Gobierno por perjudicar a su rival. Cinco meses después, varios jueces han encontrado serios indicios de delito en numerosos dirigentes populares, alguno de los cuales ha tenido que dimitir como consejero autonómico, alcalde o concejal. La implicación alcanza a miembros del Congreso, Senado o Parlamento europeo. Incluso el tesorero nacional del PP ha sido imputado. Eran falsos los dos enunciados: no había complot y sí una trama corrupta bien ramificada.

La filosofía ahora es la misma, pero la estrategia va más lejos. Al PP le irrita sobremanera que se hayan publicado sumarios declarados secretos, y pide un escarmiento. Pero incurre aquí en una grave contradicción. Sin el trabajo de la prensa no habríamos sabido nunca tanto de los casos Filesa, Naseiro, Gal, Gürtel o Yak-42. Son ventajas de un régimen de libertad de prensa como el que tenemos. Eso no habría sido posible en la Cuba de los Castro, en la Venezuela de Chavez o en la España de Franco, por poner ejemplos de estados policiales. Otra contradicción de Cospedal es hablar del riesgo de las instituciones. El bloqueo que desde hace meses ha montado el PP valenciano para impedir que su Parlamento regional designe senadora a la dirigente socialista Leire Pajín es un claro ejemplo de irresponsable política institucional. Ni estas ‘venganzas’ de Camps, ni las pataletas de Cospedal van a exonerar de los delitos de corrupción a los implicados en la trama Gürtel. El principal partido de la oposición debería dejar trabajar a jueces, fiscales, policías y periodistas. España no es un Estado policial, es el PP el que está en un estado de necesidad.