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Un delito deshonroso

Ignacio Martínez | 20 de mayo de 2009 a las 11:40

Un general, un jefe y un oficial del Ejército español han sido condenados a diversas penas de cárcel por empaquetar a treinta compañeros sin identificar, muertos en la tragedia del Yak-42, y repartirlos a voleo entre los familiares con muy mala suerte: ni por casualidad uno solo de los 30 acabó en manos de sus auténticas familias. El ministro de entonces, Federico Trillo, intentó por todos los medios evitar que el juicio por las falsas identificaciones se produjera y, sobre todo, que le afectara directamente. Primero sus colaboradores trataron de ocultar la principal prueba de cargo del caso: el acta turca en la que consta que el general Navarro se llevó del lugar del accidente 32 cuerpos identificados y 30 sin identificar. Después pretendieron anular el acta o declararla ilegal. Más tarde, propusieron a los forenses turcos que asumieran la culpa por el error de identificación, a lo que se negaron. Finalmente tres militares españoles han sido condenados por un delito particularmente deshonroso.

Este es el último episodio de la tragedia en la que murieron 75 personas, el 26 de mayo de 2003, cerca del aeropuerto turco de Trebisonda: allí se estrelló el avión chatarra de fabricación soviética, con 20 años de antigüedad y escaso mantenimiento, alquilado por el Ministerio de Defensa para repatriar a militares desde Afganistán. Trillo rechazó ayer asumir responsabilidad alguna por lo sucedido, dijo que los médicos militares actuaron de buena fe y que no comparte la sentencia. Para él, todo ha sido muy limpio.

La no asunción de responsabilidades es marca de la casa. Trillo fue el estratega jurídico de la defensa que el PP de Aznar hizo del caso Naseiro. Consiguió que se declararan ilegales las escuchas de 5.240 llamadas telefónicas y se quedara castigo penal un claro caso de corrupción en el PP valenciano. Ahora el ex ministro de Defensa actúa como asesor en la sombra de Camps, a cuyos abogados aconseja que pidan la nulidad de las grabaciones que constan en el sumario del caso Gürtel. Ya veremos qué conejo se saca de la chistera hoy el presidente de la Generalitat de Valencia, en su declaración ante el juez. Las grabaciones demuestran que Camps, su mujer y su hija, recibieron regalos por valor de varios millones de pesetas de la trama corrupta y que su Gobierno le dio contratos de varios millones de euros a las empresas de Correa. Si una cosa se puede vincular con la otra, Camps sería imputado por cohecho. De momento, el presidente valenciano se ha limitado a organizar baños de multitudes en los que distintos colectivos le han jurado adhesión inquebrantable. La intensidad con la que su equipo se dedica a esta tarea es directamente proporcional a su debilidad. Aunque él, como su amigo Trillo, rechaza cualquier responsabilidad. Todo ha sido limpio, impecable; como sus trajes, como su sonrisa.

Cárcel para los militares que falsearon la identidad de las víctimas del Yak-42

Ignacio Martínez | 19 de mayo de 2009 a las 13:40

Un tribunal de la Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión al general Vicente Navarro, responsable de las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en 2003. También ha condenado a un año y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por complicidad con ese delito. Sin embargo, el ministro de Defensa en aquel momento, Federico Trillo, sigue en la política activa. La sentencia de la Audiencia Nacional dice que el tribunal no puede pronunciarse sobre “la conducta de personas no acusadas”. Aun así, el tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, considera también responsable civil subsidiario al Ministerio de Defensa y absuelve a las aseguradoras.

La vista oral comenzó el pasado 24 de marzo y se desarrolló durante nueve sesiones, en las que intervinieron un total de 21 testigos. Los testimonios de los dos forenses turcos, que se presentaron sin haber sido citados previamente y a quienes trajeron los familiares de las víctimas, fueron los más relevantes. Ambos confirmaron que el equipo español era consciente de que se llevaba la mitad de los cadáveres sin identificar y sin haber realizado pruebas biológicas, porque tenían prisa para llegar al funeral de Estado.

El 2 de marzo de 2004, unos días antes de las elecciones generales, el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, número tres del Ministerio con Trillo, envió una carta a los familiares en las que tildaba de “campaña sensacionalista y cruel” lo publicado en los medios sobre los errores en las identificaciones. Mentía. 

El general Navarro admitió en el juicio que le pudieron “bailar los números”. En la última sesión alegó que solo “dulcificó” las autopsias para evitar el sufrimiento de los familiares. 

Y Trillo, sin dimitir.