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Rehenes aéreos

Ignacio Martínez | 4 de abril de 2012 a las 9:18

Desde el próximo lunes los pilotos de Iberia van a hacer honor a la semana que entra: la Pascua. Van a hacer la pascua a los usuarios de su línea aérea y al conjunto de su compañía. Y no lo van a hacer sólo un día, sino todos los lunes y viernes hasta el 20 de julio. Se niegan en redondo a que su empresa monte una línea de bajo coste, Iberia Express, para competir con las que ya hay por todas partes quedándose con la mayor parte del negocio del transporte aéreo de pasajeros.

La compañía en cuestión ya ha empezado a funcionar el 25 de marzo. Y los pilotos, una casta indomable de reconocida fama, sostienen que la estrategia de la empresa es que esta nueva línea sustituya a medio plazo a la Iberia de toda la vida en sus rutas tradicionales, con otros salarios y otras condiciones de trabajo. Según esta teoría, en el reparto de papeles del consorcio British-Iberia, la británica se quedaría como la marca de prestigio e Iberia se convertiría en una low cost.

Ambas partes acudieron a un hombre bueno, un mediador independiente, que tiene en su haber un récord: puso de acuerdo al Ministerio de Fomento y a los controladores aéreos, que disputan con denuedo a los pilotos del Sepla desde hace años el papel de enemigos públicos números uno de los viajeros españoles. Pues bien, nada de nada. El ex ministro andaluz Manuel Pimentel ha fracasado en su intento de mediación de manera estruendosa. El primer documento de acercamiento que presentó a ambas partes provocó las iras de los pilotos y su ruptura de la tregua.
Eso sí, en un gesto magnánimo, los huelguistas han querido mantener esta nueva protesta fuera de la Semana Santa. Se supone que para no empeorar aun más su desprestigio social. Pero esta batalla es la huelga número 20 de los pilotos de Iberia en los últimos 30 años. Lo que no es una mala hoja de servicios. Esta nueva escaramuza de los pilotos ya empezó en diciembre. Desde entonces han hecho huelga doce jornadas, que a razón de tres millones de pérdidas por día, suman 36 millones de euros. La compañía los ha demandado por huelga abusiva. Y ellos están encantados de verse en los tribunales.

La compañía tiene ahora cuatro aviones Airbus 320 y su plan era llegar a los 14 antes de final de año, con 500 trabajadores, entre ellos 125 pilotos. Para llegar a 2015 con 40 aeronaves. Se trata de cubrir rutas nacionales o europeas que ahora son deficitarias en su mayor parte. El Sepla sostiene que ha ofrecido rebajas en sus sueldos para los pilotos que vuelen con Iberia Express, pero sus cuentas no coinciden con las de la empresa. Galgos y podencos. Las espadas siguen en alto y los viajeros pagando el pato: una vez más se convierten en rehenes aéreos.

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Hay miedo a una ley de huelga

Ignacio Martínez | 3 de julio de 2010 a las 9:38

Es necesario hacer una ley de huelga que desarrolle el artículo 28 de una Constitución aprobada hace nada menos que 32 años. No parece que fuera precipitado, vamos. Pero todo el mundo busca una excusa para aplazar el trance. Dirigentes de UGT y Comisiones se mostraron ayer abiertos a que se aborde el asunto; pero claro, exigen que se haga en frío y no al calor del enfado pluscuamperfecto que la sociedad tiene con los sindicatos por la huelga salvaje del Metro de Madrid. Tampoco el Gobierno tiene arrestos para meterle mano a este tema, del que huye como de una vara verde.

También ayer, la vicepresidenta Fernández de la Vega dijo tras el Consejo de Ministros que esto de una ley de huelga es un debate muy antiguo, que lleva muchísimos años y que tampoco ahora es el momento. Sus palabras fueron todo un ejercicio de responsabilidad: es verdad que es un tema que está ahí, que está pendiente, agregó en un alarde de profundidad, en un discurso tan insustancial y evasivo que parecía de Pajín o de Cospedal. Es un estilo, una moda que se impone.

Los sindicatos se han dado cuenta de que su huelga en el Metro de Madrid era insostenible. Eso de reventar Madrid, como dijo el portavoz de la movilización, era un despropósito que desacreditaba al movimiento sindical español en su conjunto. Le estaban dando una bofetada a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la cara de los millones de trabajadores que utilizan el suburbano madrileño. Y aunque Esperanza Aguirre haya presumido que ella es pobre de pedir, con el desparpajo y la falta de pudor que la caracteriza, lo cierto es que quienes no tienen dinero, ni tiempo para coger medios de transporte alternativos son las personas que los sindicatos deberían defender.

Pero cada vez más, los sindicatos españoles son organizaciones corporativas que representan a intereses de grupos de empleados con trabajo en instituciones o empresas públicas. (Por cierto, sería estupendo que se publiquen las listas de los delegados sindicales liberados en la Administración, con cargo al erario público). La suerte de los parados y los empleados de empresas privadas les coge cada vez más lejos. Su comportamiento con esta huelga lo demuestra. Aunque tengan razón sobre los servicios mínimos abusivos, que los tribunales desautorizan meses o años después de celebrada una huelga, cuando ya no tiene remedio.

Podrían exigir a las Cortes una legislación más moderna, que incluya la celeridad en el arbitraje sobre servicios mínimos y una ley de huelga que acabe con los excesos donde quiera que se produzcan: en las autoridades, la patronal, los sindicatos o los piquetes que practican técnicas de persuasión más propias de Sicilia o Calabria. La alternativa a los matones son sindicalistas responsables al estilo alemán.

No habrá ley. Aquí el mundo mira para otro sitio y silba. Así nos va.

Los jueces y los privilegios de aldea

Ignacio Martínez | 4 de octubre de 2009 a las 9:54

 

Los jueces andan inquietos. Sus señorías van a repetir una jornada de huelga el próximo jueves. El argumento de la protesta es la falta de medios con los que cuenta la Justicia en España. Un parecer nada discutible; es cierto que faltan medios y quizá el plan del ministro Caamaño de invertir 600 millones de euros en tres años y crear 600 nuevas plazas judiciales no sea suficiente. Por lo visto, la crisis no ha dado para más. A nuestros jueces no les parece satisfactoria la propuesta, sin embargo, y han decidido olvidarse de su condición de poder del Estado, ponerse el uniforme de simples funcionarios y declararse en huelga.

En Málaga los jueces tienen una vendetta suplementaria. Es una rencilla entablada con el resto de los funcionarios comunes, por el uso exclusivo de las 166 plazas del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia, vigilado por la Guardia Civil. Sitio para aparcar hay de sobra fuera del edificio, en un recinto acotado al aire libre, controlado por vigilantes jurados; eso sí, a pleno sol. Por seguridad, dicen ellos; para dejar clara su superior categoría, dicen los demás funcionarios, no aceptan el régimen de uso del aparcamiento instaurado por la Consejería de Justicia, que consiste en que el primero que llega coge la plaza. Los jueces han apercibido al capitán de la Guardia Civil al mando de esa unidad, para que les asigne en exclusiva el uso del parking, y le advierten que en caso contrario puede incurrir en un delito de desobediencia. Vean cómo se cambia súbitamente de la condición de simple funcionario a la de autoridad competente.

Hay ejemplos peores. Una juez compró un perfume en una droguería de Úbeda y lo quiso devolver a los ocho días porque no le gustaba su olor. Le faltaban dos o tres dedos, pero ante su enfado y amenazas, el dueño de la tienda le devolvió el dinero de mala gana. Ésa fue su perdición: la juez mandó al día siguiente a la policía para investigar si tenían material falsificado y precintó los dos establecimientos del propietario. El Consejo General del Poder Judicial ha sancionado el abuso de esta simple ciudadana, travestida de autoridad, simplemente con un año de suspensión.

Estos privilegios de aldea, que tan poco se parecen a los del clásico, deberían tener castigos y descréditos mucho más fuertes.

Una lanza a favor de los jueces

Ignacio Martínez | 22 de febrero de 2009 a las 12:01

Mi amigo Agustín Ruiz Robledo, compañero de página en El Observatorio, una sección de análisis en la edición dominical de los nueve diarios del Grupo Joly, y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, ha cambiado de postura sobre el derecho de huelga de los jueces. Es una posición contraria a la mía, pero muy bien articulada. Y no me resisto a publicarla aquí.

LOS JUECES YA TIENEN EL DERECHO DE HUELGA

Ahora que el jesuita Roberto Busa ha clasificado los pecados de los católicos, debo confesar que he pecado de soberbia en la polémica jurídica sobre el derecho a la huelga de los jueces: en cuanto empezó a debatirse este asunto me lancé sin mucho estudio a defender que la Constitución les prohibía la huelga y tengo que admitir ahora mi error. Mi argumento no era sólido, pues no es suficiente afirmar que los jueces constituyen un poder del Estado, lo que les inhabilitaría para ponerse en huelga, igual que no pueden hacerla los ministros o los parlamentarios. La comparación no se mantiene en pie, en primer lugar porque tan poder judicial son los jueces en España, como en Portugal, Francia e Italia y en esos Estados sí tienen reconocido el derecho de huelga. En segundo, la propia Constitución española marca diferencias entre los jueces y los otros titulares de poderes: solo los jueces son funcionarios, aunque con algunas especialidades; tanto es así que en la non-nata Ley Orgánica de Huelga (aprobada en el Senado en 1993) no se menciona para nada a los diputados y demás miembros de los órganos constitucionales, pero sí se disponía que la ley no  sería aplicable “a los miembros de las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ni a los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en activo, los cuales se regirán por su normativa específica”. ¿Y qué dice esa normativa? Nada. Luego los contrarios al derecho de huelga de los jueces nos estrellamos contra un argumento tan sencillo -y tan potente, según la navaja de Occam- como que todo lo que no está prohibido está permitido.

Algunos profesores de Derecho del Trabajo han dado un argumento diferente al que hemos dado los constitucionalistas: el derecho de huelga es una emanación del derecho de sindicación, por tanto quien no tiene este derecho, tampoco puede ser titular del de huelga. Sin embargo, el argumento tiene mucho de formal, de detenerse en el nombre de las cosas, y no en su sustancia, ya que nuestra Lex legum permite que los jueces creen asociaciones profesionales y la Ley Orgánica del Poder Judicial las habilita para “la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos”. Como hemos visto estos días, eso supone la normal capacidad negociadora de cualquier sindicato; con la conclusión lógica de que quien puede negociar colectivamente sus condiciones de trabajo también puede usar la gran arma de todos los empleados en una negociación, la huelga; por lo demás regulada expresamente para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en la LOPJ. 

Además de las opiniones de los juristas, para saber lo que permite o prohíbe la Constitución es determinante el comportamiento de los propios actores constitucionales. Y desde esa perspectiva, no cabe duda de que los jueces ya tienen el derecho de huelga, como así lo ha estimado y ejercido el 30% de sus señorías el pasado 18. Pero además, así lo está admitiendo tácitamente el Consejo General del Poder Judicial que, tras declararse incompetente para fijar los servicios mínimos, no ha abierto ningún expediente disciplinario contra los huelgistas. Igualmente, el Gobierno y el Ministerio Fiscal no han iniciado acciones para sancionarlos, como permite el artículo 409 del Código Penal si se les considerara autores de un abandono colectivo e ilegal de un servicio público. Por eso, el despistadísimo ministro de Justicia, que atraviesa Despeñaperros sin darse cuenta de que entra en Andalucía, lleva toda la razón jurídica cuando quiere descontar el salario del día a los jueces huelgistas y cuando defiende la presentación de un proyecto de ley para prohibirles o restringirles el derecho de huelga. Otra historia es que sean disparos políticamente intempestivos y sin licencia de la superioridad.

  

Jueces del Sepla

Ignacio Martínez | 18 de febrero de 2009 a las 11:14

Los jueces han entrado hoy por derecho propio en un club muy exclusivo: el de los pilotos de Iberia, el de los controladores de vuelo. Las asociaciones profesionales, convertidas en comités de huelga, dicen que un tercio de los jueces ha parado esta mañana. Calculan que 1.200 magistrados secundan la jornada de protesta. Son huelguistas de salón. Privilegiados que perjudican al ciudadano para demostrar que tienen la sartén por el mango y el mango también. Uno de los poderes del Estado hace huelga. Sus señorías están muy ofendidos porque a uno de los suyos lo querían empapelar por no haber cumplido con su deber. Los jueces se colocan por encima de la ley y hoy hacen huelga.

Como es un hito histórico, habría que darles una serie de recomendaciones a los primerizos. Por ejemplo, que no hay huelga que se precie que no tenga un buen piquete. Piquete informativo naturalmente, dispuesto a amedrentar a los esquiroles. Esquirol es una palabra de origen catalán. De la localidad barcelonesa de L’Esquirol procedían los obreros que, a fines del siglo XIX, ocuparon el puesto de trabajo de los de Manlleu durante una huelga. Este término define, con desprecio, a las personas que se prestan a ocupar el puesto de los huelguistas. Con los esquiroles, los jueces huelguistas deben emplear mano dura, pincharles las ruedas de los coches, amenazarles con no invitarles jamás a una cacería de postín, que son tan de su agrado. Los esquiroles, por definición, están vendidos a la patronal opresora, con lo que son unos traidores de la clase obrera jurídica.

Otra práctica necesaria para que la huelga parezca una huelga es que sus señorías se afanen en poner silicona en las cerraduras de las audiencias y juzgados diversos. Así el patrón, o sea, el Estado, no podrá sacar las plusvalías al proletariado judicial, ni los esquiroles podrán trabajar. Los huelguistas también podrían poner silicona en sus propios despachos y así mañana pueden ir a trabajar pero ante la imposibilidad de abrir sus talleres de jurisprudencia y acceder a sus bancos de trabajo, podrían cobrar sin pegar golpe y perjudicar aun más la maltrecha economía del Estado opresor.

Incluso, los huelguistas podrían hoy dejar de trabajar pero cobrando. Se trata de llegar tarde al trabajo, no dar un palo al agua e irse repetidamente al bar de la esquina, primero a un café, después a una cervecita y más tarde al aperitivo. Nada nuevo, que no se conozca de otras veces. Total, que los jueces ya pueden entrar en el Sepla y sindicarse. La sindicación ordinaria la prohíbe la Constitución, pero seguro que encuentran una eximente para el Sepla, el sindicato de pilotos, tan cercano.

Como no hay mal que por bien no venga, esta huelga ha sido una llamada de atención oportuna: hay que dotar de más medios a la Justicia, unificar las bases de datos y exigir más a los funcionarios. Pero también hay que cambiar urgentemente el sistema de selección de jueces.