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Reforma de la enseñanza: No todo es calidad

Ignacio Martínez | 17 de diciembre de 2012 a las 14:17

Sostiene Wert que el 95% del contenido de su reforma educativa está orientado a la calidad. O sea, reconoce que no todo es calidad. Lo de menos será discutir el porcentaje que otorga a las concesiones, sea un cinco, un diez, un veinte o un cuarenta. Qué más da. Lo relevante es que el ministro admite que la decisión de darle a Religión rango académico y programar una asignatura alternativa está basada en supuestos ideológicos. Es una opción política, afirma en una entrevista a El País. Tiene una estupenda coartada: se trata de cumplir un tratado internacional de 1979, que él sabe que se puede revisar. Se refiere al Concordato firmado por el Gobierno de Suárez con la Santa Sede sobre enseñanza, financiación de la Iglesia, asuntos culturales y jurídicos o asistencia religiosa a las fuerzas armadas. Aunque por cómo lo dice, es evidente que no tiene ninguna intención de denunciarlo.

Así es como el máximo responsable gubernamental ejecuta y explica los deseos de la jerarquía católica en la materia. Sin complejos. La cúpula eclesial habla de emergencia educativa. No porque los alumnos desatiendan cuestiones académicas básicas, sino por la formación humanística que reciben. El auge del laicismo en el país es atribuido con el equipo episcopal dirigido por monseñor Rouco a las deficiencias de la escuela cristiana. Según esta tesis, el asunto se arreglaría con más dosis religiosa en la enseñanza obligatoria, equiparándola a la ética y los valores constitucionales que darían los alumnos descarriados. Ése es el nuevo camino.

No se puede decir que España haya dejado de ser católica. En todas las encuestas hay al menos siete de cada diez ciudadanos que se declara creyente. El problema es que el número de practicantes ha caído en picado. Ya hace años que los matrimonios civiles superan a los religiosos. Ante esta realidad surge la tentación de una vuelta atrás: enseñanza segregada de niños y niñas, eliminar asignaturas que inquieten a la jerarquía por su respeto a la homosexualidad, aunque las avale el Tribunal Supremo, implantación de una materia de valores sociales sólo para quienes prescindan de Religión…

Esas imposiciones pueden dar satisfacción a las ambiciones de la Conferencia Episcopal a corto plazo, pero en absoluto resolverán el desapego de los jóvenes hacia la religión hegemónica tradicional en este país. Sin embargo, el Gobierno hace dejación de alguna de sus responsabilidades. Aunque de soslayo, el ministro lo admite en su entrevista de ayer. No todo es calidad en su reforma.

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Wert, más pío que bravo

Ignacio Martínez | 9 de diciembre de 2012 a las 10:48

Un amigo mío, que conoció a José Ignacio Wert hace más de 20 años, no le reconoce. Entonces le pareció un hombre inteligente y liberal, con sentido del humor. Este ministro de Educación y Cultura tan castizo y duro conservador le parece otra persona. Su última hazaña ha sido compararse con los toros bravos, que se crecen con el castigo. ¿Las personas cambian tanto? Es el ministro peor valorado del Gobierno. Aunque en España, por desgracia, los ministros de Cultura están cerca del farolillo rojo y los del Interior acostumbran a ser de los más valorados, no importa quiénes sean los titulares o su color político. Lo que es un síntoma que retrata a este país.

Ha planteado Wert una reforma educativa en la que hay propuestas audaces y otras de escasa bravura. Entre las primeras está el nuevo sistema de acceso y de carrera para el profesorado. También la nueva Formación Profesional por el modelo alemán, de prácticas en empresas. Aunque para eso tendrá que contar con los empresarios, a ver si ponen el mismo dinero que sus colegas teutones pagan a los aprendices. Ha llamado mucho la atención el blindaje del castellano en las regiones con lengua propia. El pulso que libra desde hace meses con Cataluña es el que anima al ministro a presumir de su bravura taurina.

Y aprovecha la coyuntura para eliminar la Educación para la Ciudadanía, que tanto inquietaba a la Iglesia católica, e imponer la enseñanza de religión con dos alternativas: valores culturales y sociales en primaria y valores éticos en secundaria. El presidente de la Junta ha criticado que se pongan la religión y la Constitución en el mismo nivel. Comparto el criterio. La religión ha sido tradicionalmente una de las asignaturas marías, como la gimnasia, a las que no se concedía valor académico. De hecho, la catequesis debería hacerse en iglesias, mezquitas o sinagogas. Pero la Iglesia no sólo exige religión en las escuelas, sino que además reclama que tenga rango académico. Y una alternativa fuerte, lo más seria posible, para que los alumnos prefieran Religión como opción más amable. Quieren acabar así con la escasa afición de los jóvenes españoles por aprender la religión de sus mayores.

Hace cinco años Nicolas Sarkozy definió la laicidad positiva como aquella que no considera a las religiones un peligro. Francia, el Estado laico por excelencia, tiene una separación radical de la Iglesia y no permite que se enseñe religión en su escuela pública. Esa razonable tolerancia enunciada por el presidente francés no siempre la practica la cúpula eclesiástica española en sentido contrario. Podríamos acuñar un concepto similar, la religiosidad positiva, como aquella que no considera a los Estados democráticos un peligro. No se entiende de otro modo la pretensión de que una asignatura que enseñe valores constitucionales y derechos humanos sea un “adoctrinamiento ideológico intolerable” en las escuelas. Ese planteamiento de la Iglesia católica española es además perfectamente contradictorio con su ambición de tener el monopolio de la educación moral (y religiosa) en el sistema público de enseñanza.

El ministro Wert en este punto se pone más pío que bravo. Y nada positivo.

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Vamos detrás de Grecia

Ignacio Martínez | 30 de mayo de 2012 a las 11:55

Vamos detrás de Grecia. Detrás, en economía sumergida. Ningún otro país europeo defrauda tanto al fisco como España. Siempre superados por los griegos, por supuesto. Y este es el primer problema de nuestras cuentas públicas. Eminentes ciudadanos, conocidos banqueros, prohombres empresariales son evasores fiscales sin que se les caiga la cara de vergüenza. Pero en prima de riesgo ya vamos delante de Grecia. A ellos se les intervino cuando la rentabilidad exigida por los inversores por su bono a diez años era un 5% más alta que la deuda alemana. España ayer llegó a 515,7 puntos básicos: Grecia fue intervenida cuando llegó a 500, Portugal en 517 e Irlanda en 544. Todavía vamos detrás de dos.

El Gobierno lo fía todo a la infinita benevolencia del Banco Central Europeo. A que compre deuda española para calmar a los mercados. Pero los inversores cada vez desconfían más de la realidad de las cuentas de España, de la salud de su banca, de la verdad sobre su déficit público y del cumplimiento de los números de su presupuesto. Ayer se dijo que la exposición al ladrillo de Bankia era de 40.000 millones de euros. Hagan una regla de tres: si Bankia es el 10% del sector financiero español, el riesgo inmobiliario de los bancos españoles rondaría los 400.000 millones. También en la densa jornada del martes se supo que el déficit de la Administración General del Estado en el primer cuatrimestre fue el triple de lo que el rigor presupuestario le permitía. Todo eso genera incertidumbre entre los acreedores del país.

Y como no salen las cuentas, hay a quien se le ha ocurrido cobrarle el IBI a la Iglesia. Aquí de nuevo vamos detrás de Grecia. Allí tampoco la Iglesia ortodoxa pagaba impuestos y en España se pretende que lo haga la Iglesia católica por todos sus bienes que no cumplen una función social. No es mala idea que pisos, locales comerciales o garajes en explotación comercial paguen impuestos como todo hijo de vecino. Y siendo esta una iniciativa razonable, que no hay que desdeñar, estamos pasando por alto otras fuentes de ingresos mucho más rentables: las multinacionales. La semana pasada causó escándalo saber que Apple facturó en España 1.775 millones de euros y liquidó impuestos por valor de 2,5 millones, en vez de los casi 500 que supondría tributar al 30%. Pero no sólo Apple hace estas cosas. Lo hacen todas. La legislación europea les permite crear un entramado que les lleva a pagar impuestos en Irlanda, con un tipo teórico del 12,5%. Y con estructuras societarias que facilitan que los beneficios acaben en paraísos fiscales. Todo legal.

Todas estas cuestiones están minando Europa y recreando desconfianzas antiguas. Sin unión fiscal no habrá eurobonos. Y sin eurobonos no habrá descanso. Vamos detrás de Grecia.

Niños robados: hipocresía moral

Ignacio Martínez | 14 de abril de 2012 a las 19:40

Después de varios años de denuncias improductivas, el Gobierno ha tenido un gesto de piedad y justicia con los padres de niños robados en España. Sorprende la diligencia del Gobierno anterior en asuntos menos graves y la frialdad de las autoridades con un problema tan serio como el robo de 1.500 bebés en España. Un hecho que no ocurrió sólo durante la dictadura; se prolongó hasta épocas muy recientes, con la democracia ya instaurada y la Constitución aprobada y en vigor.

No se conoce bien la trama o las tramas, pero se cree que hasta los años 90 se han producido estos abusos inhumanos, en los que al parecer han participado laicos y religiosos. Como la justicia es lenta, a pesar de las muchas demandas presentadas y las más de mil diligencias abiertas, sólo hay una imputada; una monja de avanzada edad a la que varios testigos describen como persona de extrema frialdad y de descarnada severidad moral. Los fundamentalismos religiosos tienen estas cosas.

El padre adoptivo de la bebé robada en 1982 ha asegurado al juez que cuando la religiosa le entregó a la niña, le explicó que la madre biológica era una chica joven que no tenía medios y que no podía atender a su hija, por lo que había decidido darla en adopción. Por el contrario, la madre biológica ha declarado que la monja le dijo que le iba a quitar al bebé por adúltera y que además la amenazó con quedarse con otra de sus hijas si la denunciaba. La severidad moral no era gratis. El hombre pagó 100.000 pesetas por la niña.

El tiempo no ablandó la dureza de la religiosa. Cuando la niña tuvo 15 años y quiso conocer a su madre, la monja le dijo que podría estar metida en drogas, o ser una prostituta, y que probablemente no querría saber nada de ella. Sor María se negó en redondo a los requerimientos de la niña robada y su padre adoptivo. Finalmente, madre e hija se encontraron hace año y medio gracias a un análisis de ADN. Ahora el Gobierno creará un banco de datos para acelerar la identificación de padres e hijos y pondrá en marcha una unidad en la Fiscalía para que se ocupe de todos estos casos. Ya era hora.

No es un caso aislado. Debe haber clínicas, médicos, enfermeras, administrativos, personal de registros con responsabilidades varias, por acción u omisión. A pesar de las evidencias, sor María lo niega todo. Y, claro está, no pide perdón. Sostiene que ha dedicado toda su vida a ayudar a los más necesitados, de forma desinteresada, llevada por sus profundas convicciones religiosas.

Sería deseable que la jerarquía eclesiástica dijese algo a la perpleja parroquia nacional. La Iglesia no acepta otro control de la natalidad que la abstinencia. Este trato inhumano con quienes han seguido esos designios debería tener una condena firme, expresa, rotunda. Lo contrario sería de una profunda hipocresía moral.

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Justos por pecadores

Ignacio Martínez | 2 de mayo de 2011 a las 13:06

El Banco de España ha multado a dos obispos de Rouco, por faltas muy graves y leves en la administración de Cajasur. A monseñor Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla, 180.000 euros de multa y dos años de inhabilitación por cuatro infracciones: falta de control interno de la caja, incumplimiento del plan de saneamiento que solventaba los errores de gestión, insolvencia en los recursos propios y excesiva concentración de riesgos en el sector de la construcción. Con Gómez Sierra, una decena de canónigos y dignidades eclesiásticas han sido sancionados en menor cuantía. Entre ellos, el obispo auxiliar de Bilbao monseñor Iceta, a quien se impone multa de 30.000 euros. Estas disposiciones administrativas son recurribles ante el Ministerio de Economía y el Tribunal Contencioso. Pero no se aflijan por los prelados y sus compañeros, tanto los abogados como las posibles sanciones los paga un seguro que tenía la caja.

Es curioso que el Banco de España le de Cajasur a la caja de Bilbao y multe al obispo auxiliar de la capital vizcaína. Parece que el regulador padece de una fijación vasca. Pero en realidad tiene responsabilidades más graves. El BdE es culpable, por defecto, de muchos de los excesos que han perpetrado en esta entidad Miguel Castillejo y sus sucesores. Los representantes del Cabildo han gobernado la caja cordobesa a su capricho y con mano de hierro. No se entiende, por tanto, que se castigue también a una treintena de cargos que han tenido una autoridad muy inferior. Salvo que se quiera compensar. Al Cabildo Catedralicio le parece que se comete con ellos una enorme injusticia, aunque con los textos sagrados en la mano aquí van a pagar justos por pecadores.

El Banco de España era consciente de cómo estaba Cajasur. Y desde que detectó en 2004 el origen de todos los males, casi al final del califato de Castillejo, los servicios de control del BdE han hecho un seguimiento especial de esta entidad, con inspecciones anuales. Es verdad que multa con más dureza a los consejeros que votaron en contra de la fusión con Unicaja. Lo que es razonable, si se tiene en cuenta que con la fusión se arreglaban varias de las faltas graves sancionadas, como el incumplimiento del plan de actuación o la insolvencia. Pero el Banco debió intervenir mucho antes.

Entretanto, seguimos sin saber por qué la Iglesia católica permitió a sus representantes boicotear una fusión que era buena para Andalucía y para Córdoba. El argumento de los puestos de trabajo ha quedado desmontado por los hechos: la BBK ha hecho ya a estas alturas un ajuste superior al pactado con Unicaja. Ese asunto es un misterio sin resolver. Como lo es que un seguro le pague un siniestro a quien lo causa a propósito. Si alguien le mete fuego a su casa, el seguro no le cubre. No se entiende por qué los pirómanos de Unicajasur tienen cobertura. Así, se van de rositas, tan panchos.

Cajasur: Curas, samuráis o maquiavelos

Ignacio Martínez | 24 de mayo de 2010 a las 13:59

La oposición de la Iglesia a la fusión causa sorpresa en todos los partidos y plantea dudas sobre la filosofía que hay detrás: si es un acto desesperado o la invitación a un ‘caballero blanco’ a entrar tras la intervención

Samurái o Maquiavelo. ¿El Cabildo cordobés se ha hecho el harakiri o está intentando una jugada maestra, y arriesgada, para conservar un papel protagonista en su caja de ahorros? El viernes la mayor parte de los comentarios que podían recogerse entre directivos del sector, políticos y observadores externos eran que la Iglesia aplicaba a Cajasur el criterio desesperado de “si no es para mí, no será para nadie”. Pero esta expresión no se cumple al pie de la letra. Por dos motivos. El primero es utilizar el genérico la Iglesia para definir a los canónigos de Córdoba. En el consejo de administración de Unicaja se sienta un canónigo de Almería, que votó a favor de la fusión, y dejó claro expresamente que no hay una sola postura de la Iglesia. Y todas las fuentes consultadas coinciden en destacar que durante el mandato de monseñor Asenjo en Córdoba, el comportamiento de Cajasur fue mucho más razonable.

La segunda cautela es que quizá no se trate de un acto suicida, sino de todo lo contrario. ¿Y si los responsables del Cabildo han preparado una jugada con un caballero blanco, a quien le han pasado todos los datos, para que se presente con ventaja a un previsible concurso del Banco de España para la adjudicación de la caja intervenida? No lo sabemos, pero ha circulado esa teoría con varios nombres.

Lo que sí parece es que los canónigos de Córdoba, con Santiago Gómez Sierra al frente, han llegado a la recta final de la negociación con la voluntad decidida de hacer naufragar la fusión. Y han utilizado de coartada que no había un acuerdo laboral, a pesar de que no lo exige la ley, se había avanzado mucho con los sindicatos y se tenía el visto bueno del Banco de España para tener una semana más de plazo para inscribir en el registro los acuerdos.

El máximo responsable del sindicato Aspromonte, vinculado a los gestores eclesiásticos de la caja, admitió que tenían un acuerdo verbal con Unicaja y Cajasur, pero votó que no en la reunión del consejo de administración. No se sabe bien qué hizo el viernes, durante cinco horas y media, el presidente de Cajasur en la sede central de Unicaja en Málaga. Pero pasó confesionario con los directivos y sindicalistas de Córdoba que estaban negociando allí.

La intervención del Banco de España, en todo caso, acaba con una época que ayer un comunicado de la Confederación Española de Cajas de Ahorro calificaba de especial y exclusiva. Excepcional. El principal responsable de la actual situación de Cajasur, el canónigo Miguel Castillejo, consiguió un trato de favor del Gobierno de Felipe González cuando se hizo la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro en 1985. Se introdujo una disposición adicional que preveía un estatus especial para las cajas gestionadas por la Iglesia católica, en virtud de los acuerdos entre la Santa Sede y España de 1979.

Este trato especial se tradujo en una amplísima representación en el consejo y en la pretensión sistemática a partir de entonces de evitar la tutela de la Junta de Andalucía y la relación con el resto de cajas andaluzas. Sólo el paréntesis del mandato del obispo Asenjo ha sido una excepción en esta tónica. El actual obispo cordobés, Demetrio Fernández, ha hecho unas declaraciones muy políticas, hasta el punto que para analizarlas hay que dejar al margen al octavo mandamiento. Dijo el obispo que “la caja no está en quiebra” y que la Iglesia ha estado “dispuesta a perderlo todo para conservar los puestos de trabajo”. Ningún político o sindicalista habría mejorado las frases. Desgraciadamente, la primera preocupación de la Iglesia cordobesa fue, antes de cerrar el acuerdo inicial hace casi un año, asegurarse una serie de palacios, inmuebles y asignaciones dinerarias para su Cabildo.

Tras el hundimiento de la entidad financiera, cuando llegó la crisis, Cajasur buscó una solución dentro de la Iglesia, pero no consiguió ni en España ni en Roma capitales para reflotar la entidad. Su segundo paso fue buscar una alianza con una caja de fuera de Andalucía. Esta fórmula es la que más gusta al Banco de España (BdE) por dos motivos muy razonables: evita el solapamiento y la endogamia.

El BdE consultó a las entidades que podían estar interesadas y les pidió ofertas. La de Unicaja fue mejor que la de Murcia y, para enfado de Cajasur, el Banco le encargó a Medel el rescate de la entidad, hace un año. En este tiempo, sin embargo, los canónigos que regentaban Cajasur han vuelto a contactar con Murcia y al menos con otras dos cajas más para insinuarles que podían ser la alternativa. En Unicaja los responsables con los que he podido hablar muestran un talante sereno, y repiten que siguen abiertos a una solución constructiva, lo que significa que si tienen oportunidad insistirán en esta fusión que se ha convertido en el último año en el vértice de su estrategia empresarial. En esa misma dirección ha hablado el vicesecretario regional del PSOE, Rafael Velasco, que ha hecho hincapié en que el proyecto de fusión sigue siendo bueno.

En Unicaja también ejercen una cierta autocrítica: “Quizá no hemos sabido ganarnos la confianza de la otra parte o es posible que la incompatibilidad de caracteres de las personas haya dificultado el entendimiento”. Braulio Medel se jugaba mucho en este envite, después de haber abortado en marzo de 2009 otra fusión con Caja Castilla la Mancha, finalmente intervenida por el BdE. Así lo demuestra su intensa actividad negociadora en los últimos días y la aprobación de la fusión por el consejo de Unicaja.

El factor humano también ha intervenido para perjudicar el proceso de fusión. El Cabildo cordobés se acostumbró desde los tiempos de Castillejo a actuar como un poder autónomo incluso respecto al obispo. Varias fuentes consultadas coinciden en señalar que el resultado de la noche del viernes habría sido otro con Asenjo de obispo en Córdoba. Por el contrario, las explicaciones del actual prelado tenían una connotación agresiva respecto a Unicaja: “querían una rendición final, sin condiciones”, dijo Demetrio Fernández.

Esta versión no es corroborada por dos vicepresidentes de Cajasur. Salvador Blanco, del PSOE, considera que la intervención del BdE “es mala para la plantilla, para Cajasur, para la Iglesia y para Córdoba”. Y Juan Ojeda, del PP, mostró su sorpresa y pidió a los gestores eclesiásticos que explicaran su decisión. El PP ha tenido a sus representantes en todas las opciones posibles sobre la fusión. En el consejo, Ojeda votó a favor y Contreras se abstuvo. Fuera, en la calle, Nieto, presidente provincial y candidato a alcalde, se manifestó con Aspromonte, sindicato contrario a la creación de Unicajasur.

Sorprende, por tanto, que Arenas califique la actuación de su partido como “prudente y responsable”. El líder regional del PP ha tirado una piedra contra el presidente de la Junta. Sostuvo que “Griñán debió trabajar para que prosperara la fusión”. Y ha rematado sus comentarios con su idea de que las fusiones deben hacerse con criterios económicos y financieros, y no políticos. Lo que parece contradictorio con el reproche al presidente por no haber intercedido lo bastante.

Más juicioso, el presidente del PP, Mariano Rajoy, lamentó que esta intervención del Banco de España se haya producido en el peor momento. Y reclamó al BdE rapidez en sus actuaciones, porque hace 14 meses intervino la Caja Castilla La Mancha y todavía no ha pasado nada. Finalmente, Rajoy repitió su opinión de que es urgente la reestructuración del sistema financiero español, para evitar que vuelvan a ocurrir episodios como éste.

El BdE tiene una cierta responsabilidad en las exigencias laborales de los sindicatos de cara a esta fusión, por su falta de premura en la caja manchega. En Córdoba estaba muy extendida la idea de que la intervención no suponía pérdida de puestos de trabajo, como demostraba la actuación del Banco en CCM. Por cierto, que si Aspromonte votó en contra de la fusión en el consejo de Cajasur, en el consejo de Unicaja, CCOO también se manifestó en contra y UGT se abstuvo. Decisiones ambas que hay que colocar en el capítulo de las contradicciones, porque tanto UGT como CCOO califican a la Iglesia de “irresponsable”, por votar en contra.

La intervención de Cajasur estuvo lejos de ser una noticia de carácter local. Agencias, periódicos, emisoras de radio y televisión internacionales la han recogido con intensidad. La caja cordobesa es el 0,6% del sistema bancario español. Pero el momento es muy malo, como ha dicho Rajoy, y cualquier soplido puede convertirse en un huracán.

Llegados a la hora de la verdad, las dos últimas semanas, con las fechas marcadas por el Banco de España, los observadores tienen la impresión de que les falta alguna clave para entender la actuación de los canónigos de Córdoba y los impositores fieles que sindicaron su voto con ellos el viernes. Varios interlocutores de este diario insisten en la misma teoría: “el esquema mental de los curas es distinto al del común de los mortales”. Llegado al dilema entre Unicaja o intervención, Gómez Sierra y su sindicato afín han preferido la más arriesgada de las opciones.

¿Por qué? Una de las hipótesis que ayer circulaba era que poner el listón laboral altísimo facilitaba una escapada de la solución andaluza, y ahora  una entidad de fuera puede venir de la mano del Banco de España. Sin embargo, alguno de los responsables de Cajasur no cree en una actuación tan fina de los canónigos.

De ser cierta esta teoría el caballero blanco elegido por el Cabildo podría tener una clara ventaja en un concurso que convoque el Banco, al que previsiblemente no acudirán muchos litigantes. Una actuación así sería extremadamente arriesgada, porque los canónigos ya no tienen autoridad alguna en la caja y además se desconoce por completo cómo va a actuar el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Un experto consultado lo define como “un mecanismo virgen”.

Hay dos caminos de actuación del Fondo, uno por el artículo 9 que prevé participaciones preferentes para entidades que no están en situación objetiva de ser intervenidas. Por ejemplo, las dos fusiones catalanas que se han cerrado, la de las dos cajas de Castilla y León o la reciente de las dos cajas gallegas.

El camino de Cajasur es nuevo. E incluso distinto del de CCM, para cuya intervención debió reunirse un Consejo de Ministros extraordinario. En el caso de Córdoba, el BdE utilizará el artículo 7 del FROB, sobre el que no hay jurisprudencia alguna. En Unicaja tampoco tienen clara la hoja de ruta de los nuevos administradores y van a recabar a sus servicios jurídicos un informe al respecto.

El agujero de Cajasur previsto para finales de 2011 es de 1.500 millones de euros, que en el momento de la intervención del Banco de España es de unos 700. Ahora se habla de una inyección de 550 millones de euros para recapitalizar la caja y los nuevos gestores tienen un mes para emitir un informe que puede incluir alguna estrategia concreta. Unicaja podría tener una oportunidad. O Murcia. O alguna otra, que podría litigar. En el abanico de posibilidades teóricas se incluye la liquidación de la entidad y sus filiales, pero nadie piensa que se pueda llegar a semejante cosa.

En todo caso, en el escenario andaluz quedan tres cajas de ahorro con sus cuentas saneadas. Y la más pequeña de ellas está buscando socios para una fusión fría, una SIP (sistema institucional de protección). Cajagranada está en conversaciones para crear una SIP con Caja Cantabria, Caixa Baleares, Cajastur y Caja Extremadura, a la que se podría sumar alguna otra como Penedès. Pero en Andalucía hay quienes verían con mejores ojos que esa SIP se produjera con Cajasol. La frustrada fusión de Unicaja con Cajasur podría alejar ese eventual acercamiento entre las cajas de Sevilla y Granada. O acelerarlo, por el contrario.

No hace falta añadir que esa operación estaría bien vista por el Gobierno andaluz. Pero la Junta se ha quedado sin reflejos para nada que no sea mostrar su sorpresa ante la actuación “inexplicable” de los canónigos de Córdoba. Los dirigentes de las cajas consultados ayer insistieron en que todo el mundo habla con todo el mundo en estos días y las combinaciones de posibles fusiones futuras son muchas. Pero ya no hay ninguna urgencia, una vez intervenida Cajasur, no hay necesidad de correr.

La sorpresa, en todo caso, permite una reflexión bastante repetida: cuando se introdujo en la ley que los impositores tendrían un peso importante en los consejos de administración de las cajas, se hizo para democratizar estas entidades. Pero en la práctica se trata de un método perverso, con un sistema de designación muy poco transparente, que lleva en todas las cajas a los representantes de los impositores a convertirse en fieles seguidores de sus presidentes, que es lo contrario de lo que pretendían los legisladores.

Otra lección de esta crisis en la que se ha convertido el naufragio de Unicajasur es el papel de los representantes de los políticos, bastante sensata en el caso de las dos entidades que votaron el viernes. Sin embargo, hay responsables institucionales que preferirían que los políticos que vayan a los consejos no sean elegidos por su condición de alcaldes, diputados provinciales o cargos de los partidos en cada provincia, sino por su cualificación profesional, en economía y finanzas. Porque su responsabilidad es gestionar capitales y generar beneficios con destino a obras sociales, que es el fin de las cajas. Este principio se podría aplicar no sólo a alcaldes, sino a eclesiásticos, sin ir más lejos.

Los de Córdoba se han mostrado en repetidas ocasiones molestos por ser tratados en las leyes como el resto de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando no se les aceptó que su presencia en el consejo de Cajasur fuese vitalicia o como cuando pretendieron que sus dos puestos del futuro consejo de Unicajasur no pudieran reducirse ante eventuales fusiones futuras. Un testigo de estos incidentes veía a los canónigos heridos en su dignidad. Como los antiguos samuráis. Quizá por eso han preferido hacerse un harakiri. Pero la florentina escuela vaticana puede ser también muy maquiavélica si se pone a la tarea. El obispo de Córdoba, obviamente, define a sus canónigos de distinta manera: dice que son los mejores curas de su diócesis.

Garzón: El enemigo público número uno

Ignacio Martínez | 14 de abril de 2010 a las 8:52

La nómina de personas que querrían hacerle daño al juez Garzón debe ser amplia. Incluye a terroristas, narcotraficantes y grandes partidos políticos. Hay una forma antigua de daño que significa condenar a alguien o dar sentencia contra él, que encaja perfectamente en esta historia. Pero a los procesos contra Garzón le valen otras acepciones. Hay gente que le quiere perjudicar, causarle dolor y hasta destruirlo. Los procedimientos judiciales contra él son tres: uno por el auto de procesamiento a Franco, otro por el cobro de unas conferencias organizadas en Nueva York, que habría pagado el Banco Santander, y el último por las escuchas de las conversaciones de los procesados por el caso Gürtel con sus abogados. Los dos primeros casos han sido promovidos por personas y organizaciones nostálgicas de la Dictadura, como Falange o un supuesto sindicato llamado Manos Limpias. El superjuez ha acabado siendo el superprocesado de manera simultánea e implacable, como si fuese el enemigo púbñico número uno.

Vaya por delante que no pertenezco al club de fans de este juez estrella, cuyo ego ensombrece sus actuaciones. En octubre de 2008 escribí aquí que su auto contra Franco era un capítulo lucido para sus obras completas. Abrir un juicio de Nuremberg contra el dictador, los jefes del levantamiento militar del 18 de julio y los ministros de los gobiernos españoles desde el 36 al 51 era muy audaz. Les imputaba el asesinato de 114.266 personas. El tema tenía la polémica asegurada por muchos motivos, sobre todo por las dudas sobre si la ley de amnistía de 1977 amparaba los crímenes del franquismo, y también porque se pretendía procesar a personas ya fallecidas. Sea como fuere, el encausamiento de Garzón no se entiende fuera de España y abre una brecha en la convivencia nacional.

El acto de ayer de los sindicatos UGT y CCOO en la Universidad Complutense de Madrid es una muestra de esa fractura. Cándido Méndez considera que las querellas persiguen injustamente al juez por actuaciones judiciales como la instrucción del caso Gürtel y lo califica de vergüenza histórica. Por el contrario, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, piensa que este homenaje es un disparate y un atentado contra la democracia. El ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha llegado más lejos y acusa a los magistrados del Supremo de dar un golpe brutal a la democracia española, convirtiéndose en instrumento del fascismo español.

Esto ocurre en un país en el que un delincuente como Jesús Gil y Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, invitaba a unas jornadas jurídicas anuales a la crema y nata de la judicatura española, incluidos magistrados del Supremo y el Consejo del Poder Judicial, a mesa, mantel y cama, bien acompañados y regalados, y no pasaba nada. Las jornadas jurídicas eran una pantomima: una conferencia de una hora a mediodía y el resto, una semanita a toda plan en la capital de la Costa del Sol. Y todos tan contentos. Sobre todo, Gil. 

La democracia ha llegado a todas partes tras la Dictadura, incluida la Policía, el Ejército y hasta la Iglesia, en la época del cardenal Tarancón. Pero está por llegar a la judicatura. Quizá haya llegado el momento de abordar esa cuestión. Éste es el lado bueno de convertir a Garzón en el enemigo público número uno.

Discrepo de Rouco

Ignacio Martínez | 30 de diciembre de 2009 a las 12:23

El acto del domingo en apoyo a la familia cristiana, presidido por Rouco Varela en Madrid, me pareció una celebración religiosa, moderada y razonable. No comparto las ideas de monseñor, pero es normal que haga demostraciones como ésta. Fue un acto religioso y no un mitin político como el de 2007, en el que varios cardenales dijeron que en España había un retroceso de los derechos humanos y una disolución de la democracia. Este año, fue un acto más moderado que evitó incluso exagerar el número de asistentes: hace dos años fueron unas 200.000 personas, pero los organizadores inflaron el número hasta dos millones. Esta vez ni siquiera se ha dado cifra. Y ha sido razonable, porque siempre lo es en una democracia que cualquier institución o grupo defienda en público sus puntos de vista.

Sostiene Rouco que el laicismo que invade Europa va a acabar con la familia. Discrepo. Como explicaba en esta página Carlos Colón hace unos días, el consumismo ha sido más nocivo para la familia que el laicismo. Y en todo caso, todos estamos de acuerdo en que la familia es la base de la sociedad. En lo que no coincidimos es en qué tipo de familia. Rouco dice que la única familia verdadera es la cristiana. Discrepo. Cualquier tipo de familia en la que haya amor y respeto merece la misma consideración. Pero el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha ido más lejos. Ha dicho que Europa se quedaría casi sin hijos sin la familia cristiana. Se olvida que las familias musulmanas tienen más hijos que las cristianas. Tengo serias dudas de que el número de hijos sea un mérito, pero si lo es, no es virtud exclusiva de una sola religión.

El jefe de la Iglesia católica española sigue predicando contra el divorcio. Discrepo. La institución que representa Rouco despacha mil anulaciones matrimoniales al año en España. La doctrina del Tribunal de la Rota es más razonable y coherente que el discurso de monseñor: considera causa de anulación de un matrimonio los malos tratos. La pregunta es si este tipo de abusos vale para una anulación que facilite la Iglesia, pero no para una separación que otorgue el Estado. Se pronuncia Rouco contra los matrimonios homosexuales. Esta beligerancia de la jerarquía contra la homosexualidad no es coherente con el encubrimiento de abusos a menores por sacerdotes, que le ha costado indemnizaciones, disculpas y descrédito en Estados Unidos o Irlanda, por poner dos ejemplos.

Y por último, la Iglesia defiende la vida del nasciturus desde el momento de la concepción. Hay quienes pensamos que en determinados supuestos hay que despenalizar el aborto, y otros otorgan a la madre el derecho a abortar en las primeras 14 semanas de gestación. Unas diferencias que no hay al considerar el aborto un hecho violento y dramático. Que habría que evitar con más educación sexual y métodos anticonceptivos. Momento en el que seguro vuelven las discrepancias.

Cajas: cuenta atrás

Ignacio Martínez | 12 de julio de 2009 a las 9:14

Está en marcha una operación mediática sin precedentes para convencer a los españoles de que todas las comunidades autónomas van a tener una financiación superior a la media nacional. Es lo nunca visto. Un descubrimiento matemático que han bautizado como el teorema de Zapatero. Como se trata de un acontecimiento planetario, su presentación a la opinión pública ha paralizado la puesta en escena de otros asuntos. Sin ir más lejos, uno muy importante en el ámbito andaluz aguarda su turno: la fusión de Unicaja con Cajasur y la Caja de Jaén. Si el miércoles se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera, habrá que esperar a que terminen sus ecos para asistir al anuncio de la nueva caja andaluza que dejará reducido a la mitad el mapa regional de entidades de ahorro, de seis a tres.

El matrimonio por lo civil entre Unicaja y Jaén está convenido, con las bendiciones de todas las partes. Incluido el poder político, aunque cuando se le pregunta a la consejera de Economía pone cara beatífica, como si no se hubiese enterado de nada. Sin embargo, fuentes oficiosas filtran algún detalle, como que las oficinas de Unicaja en Jaén y Ciudad Real serán gestionadas desde la caja jiennense. El matrimonio por la Iglesia con Cajasur tiene más enjundia, pero se ha avanzado en los últimos días, hasta tal punto que el cabildo cordobés ha despejado sus dudas sobre su futuro socio. Cuando el consejo de Cajasur autorice a su presidente a negociar, los asuntos institucionales estarán resueltos: estará pactado el papel de la Iglesia y su peso en la nueva entidad financiera. El consejo se convocará con carácter extraordinario y urgente, en cuestión de horas, para no dar margen a especulaciones.

La caja resultante mantendrá en principio las marcas locales y será la tercera de España en beneficios, cuarta en oficinas, quinta en depósitos. Sus activos totales de 53.000 millones de euros la situarán como la sexta en esa clasificación y, lo que es más importante, superarán el tamaño mínimo recomendado para las entidades financieras europeas por el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet.

Todo esto ocurrirá pronto. Quizá esta misma semana, en cuanto termine el impacto del teorema. Estamos en la cuenta atrás.

Espada de fuego contra el aborto

Ignacio Martínez | 19 de junio de 2009 a las 6:35

Dos de los mejores colaboradores de monseñor Rouco Varela han sido noticia en los últimos días. Primero Federico Jiménez Losantos ha anunciado que va a crear una nueva cadena de radio, que se llamará esRadio, en la que trabajará con César Vidal y Luis Herrero. Tienen algunas concesiones hechas por los gobiernos de Aguirre y Camps. Alguna más que caerá y van a trasmitir por internet. Un palo para la Cope. Rouco pierde al campeón de la última cruzada de su Iglesia contra los infieles, aunque el propio Losantos presumiera de no ser creyente. Pecata minuta.

Pero al jefe de la Conferencia Episcopal española siempre le quedará su fiel auxiliar monseñor Martínez Camino, figura estelar del catolicismo intransigente, a pesar de su condición de jesuita: Ayer hizo una nueva aparición para fulminar la ley del aborto, después de meses de silencio en la precampaña y la campaña. La experiencia es un grado y la Iglesia española no cayó en la trampa que ladinamente le tendió el Gobierno, lanzando la reforma de la ley de despenalización del aborto justo antes de la cita con las urnas. Fue una provocación fallida. No le costaba nada al Gobierno haber propuesto la iniciativa ahora y evitar la contaminación de la campaña, que alguna hubo. En sentido contrario, si Martínez Camino hubiese dado la conferencia de prensa de ayer hace un mes, el PSOE habría sacado más votos.

Personalmente tengo un problema con esta reforma legal. Hay argumentos razonables por parte de quienes la apoyan y quienes la rechazan. Y al revés: hay puntos de vista de partidarios y oponentes con los que estoy en desacuerdo. Por ejemplo, cuando veo a Martínez Camino en la televisión rasgarse las vestiduras por el drama del aborto, pienso automáticamente en los ocho años en los que el PP estuvo en el Gobierno y ni derogó la ley aprobada durante el Gobierno de Felipe González ni se escuchó la protesta de la Iglesia. Y cuando contemplo a Bibiana Aido en la televisión balbuceando su parecer sobre los seres vivos y el derecho de las niñas de 16 años a ocultar a sus padres su embarazo y un posible aborto, me viene a la memoria el empeño de Zapatero por entrar en el libro Guiness de los récords con la ministra más joven de la historia.

Lo que todos tenemos claro es que hay que reducir los embarazos no deseados y evitar que 115.000 españolas aborten cada año; y más de 20.000 andaluzas, el 43% de ellas reincidentes. Eso sólo se consigue con formación, información y ayuda. Educación sexual en la escuela, más transparencia en la familia sobre estos asuntos, mayor complicidad de los medios de comunicación… La lista de factores que podrían ayudar es larga. Pero desde luego no incluye las amenazas de excomunión y la espada de fuego de Martínez Camino. Eso sólo sirve para marcar territorio. Y esto no es una cruzada, sino un drama.