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Huelgas fuera de cacho

Ignacio Martínez | 9 de octubre de 2009 a las 7:30

Un grupo significativo de jueces españoles se quitó ayer la toga, se puso el mono de obrero e hizo huelga. Aquí hay mucho espíritu de clase, así que sobra materia prima para fundar un poderoso sindicato, aunque ignoro el color que cabría ponerle. El sindicato de pilotos utiliza el azul cielo. En este gremio tendría sentido el negro, por la seriedad del cargo, el color del uniforme de trabajo y porque es lo que se ve con los ojos cerrados: la Justicia es ciega, como saben. Convocó la Asociación Profesional de la Magistratura. Y según el Consejo General del Poder Judicial paró menos de una cuarta parte de los 4.500 jueces españoles, pero los convocantes, como todo sindicato que se precie, elevaron el número de sus seguidores.

A los jueces más conservadores no le han gustado las negociaciones con el Ministerio, ni el plan de modernización del Gobierno, ni el silencio de las comunidades autónomas. La modernización del ministro Caamaño incluye una inversión de 600 millones de euros en tres años y el aumento de la plantilla en 600 jueces. La APM sostiene que desde febrero el colapso de la Justicia en España ha empeorado. Caso aparte es si un poder del Estado puede ir a la huelga. Creo que no debe, pero es evidente que sí puede: ya lo han hecho dos veces. Y tan poder judicial son los jueces en España, como en Portugal, Francia e Italia y en esos Estados tienen reconocido el derecho de huelga.

Otros sindicatos, sin problema de identificación por su color, el rojo, han reventado ayer la entrada a Sevilla por las autovías de Madrid y Málaga, la circunvalación y en varios polígonos industriales. Los obreros del metal se quitaron el mono de trabajo y se pusieron la toga: sentenciaron a decenas de miles de trabajadores a llegar tarde al trabajo, al médico o a sus obligaciones diarias. Esto lo hace el Sepla y enseguida lo tachamos de sindicato amarillo, egoísta, elitista. Con los compañeros del metal la cosa cambia, por la respetable historia que tienen detrás. En los años finales de la dictadura el Sindicato del Metal era una leyenda en Sevilla; montaron huelgas con Franco todavía en El Pardo. Ahí comenzó Comisiones Obreras en Andalucía. Me pregunto si aquellos duros sindicalistas habrían secuestrado a una ciudad como ayer hicieron sus sucesores.

Es curioso cómo los trabajadores de pequeñas empresas se quedan en paro y están en la más absoluta indefensión, pero los sindicatos de grandes compañías como Santana Motor, Delphi, Astilleros o Boliden se enganchan a que el Estado les resuelva con una subvención o cortan el puente sobre la Bahía de Cádiz, las entradas de Sevilla y lo que se tercie. Hay algo de elitista, egoísta y hasta amarillo en el empeño.

Total, que ayer han coincidido unos funcionarios de Justicia y unos obreros del metal en dos protestas fuera de cacho. Con ventaja. Y el perjudicado en ambos casos ha sido el sufrido ciudadano de a pie.

Los jueces y los privilegios de aldea

Ignacio Martínez | 4 de octubre de 2009 a las 9:54

 

Los jueces andan inquietos. Sus señorías van a repetir una jornada de huelga el próximo jueves. El argumento de la protesta es la falta de medios con los que cuenta la Justicia en España. Un parecer nada discutible; es cierto que faltan medios y quizá el plan del ministro Caamaño de invertir 600 millones de euros en tres años y crear 600 nuevas plazas judiciales no sea suficiente. Por lo visto, la crisis no ha dado para más. A nuestros jueces no les parece satisfactoria la propuesta, sin embargo, y han decidido olvidarse de su condición de poder del Estado, ponerse el uniforme de simples funcionarios y declararse en huelga.

En Málaga los jueces tienen una vendetta suplementaria. Es una rencilla entablada con el resto de los funcionarios comunes, por el uso exclusivo de las 166 plazas del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia, vigilado por la Guardia Civil. Sitio para aparcar hay de sobra fuera del edificio, en un recinto acotado al aire libre, controlado por vigilantes jurados; eso sí, a pleno sol. Por seguridad, dicen ellos; para dejar clara su superior categoría, dicen los demás funcionarios, no aceptan el régimen de uso del aparcamiento instaurado por la Consejería de Justicia, que consiste en que el primero que llega coge la plaza. Los jueces han apercibido al capitán de la Guardia Civil al mando de esa unidad, para que les asigne en exclusiva el uso del parking, y le advierten que en caso contrario puede incurrir en un delito de desobediencia. Vean cómo se cambia súbitamente de la condición de simple funcionario a la de autoridad competente.

Hay ejemplos peores. Una juez compró un perfume en una droguería de Úbeda y lo quiso devolver a los ocho días porque no le gustaba su olor. Le faltaban dos o tres dedos, pero ante su enfado y amenazas, el dueño de la tienda le devolvió el dinero de mala gana. Ésa fue su perdición: la juez mandó al día siguiente a la policía para investigar si tenían material falsificado y precintó los dos establecimientos del propietario. El Consejo General del Poder Judicial ha sancionado el abuso de esta simple ciudadana, travestida de autoridad, simplemente con un año de suspensión.

Estos privilegios de aldea, que tan poco se parecen a los del clásico, deberían tener castigos y descréditos mucho más fuertes.

Cazar, expiar y espiar

Ignacio Martínez | 25 de febrero de 2009 a las 10:51

El verbo cazar tiene muchas acepciones. Y Mariano Fernández Bermejo las ha probado casi todas. La primera de la que tuvo noticia fue la clásica, buscar a aves, fieras y otros animales para cobrarlos o matarlos. Lo hizo en su localidad natal de Arenas de San Pedro (Ávila), al sur de la Sierra de Gredos. Allí la variada fauna tradicional incluía linces, osos, zorros, lobos y jabalíes. También liebres, conejos y perdices con los que se supone que el joven Bermejo empezó su larga carrera de cazador de escopeta y perro, que él calibra en 50 años, no se sabe bien si por fanfarronería. Eso supone que ahora no caza por esnobismo de nuevo rico, sino por practicar un deporte muy arraigado en todas las clases sociales de la España rural.

Cazar también significa adquirir con destreza algo difícil o que no se esperaba. El antiguo fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid insumiso con el Gobierno del PP se quedaría sorprendido de que Zapatero le hiciera ministro en 2007. No parece que un tipo tan bronco fuese lo más adecuado para hacer un pacto por la justicia con el PP o conciliar acuerdos con los jueces. Pero con la misma destreza con la que cazó el Ministerio de Justicia ha salido de él. El pasado miércoles el grupo socialista en pleno lo vitorea puesto en pie, al grito de torero, torero. Y cinco días después le cortan la coleta. Lo que no cazó Bermejo fue la necesidad de que el notario mayor del Reino fuese el más prudente de los ministros y no el más follonero. Cazar también significa entender algo rápidamente. Y nuestro hombre, con su alma de viejo cazador del valle del Tiétar, ya sabrá a estas alturas lo efímera que es la gloria taurina en la política.

Pero el verbo cazar tiene una acepción todavía más adecuada para la ocasión: sorprender a alguien en un descuido, error o acción que desearía ocultar. Más que error, fue una enorme metedura de pata del ministro coincidir con Baltasar Garzón en una cacería en la provincia de Jaén, el fin de semana en el que el juez tenía ya varios detenidos y había iniciado una investigación delicadísima sobre una presunta trama de corrupción en el PP. Así que bien está que expíe su culpa con la dimisión o cese. Garzón debería aplicarse el cuento e inhibirse en este caso, por mucho que le apetezca que la opinión pública esté pendiente de él.

Ahora bien, resueltas las responsabilidades de la cacería, y concluidas el domingo próximo las elecciones en Galicia y País Vasco, el PP no tiene excusa para dar la cara en el enredo de espías, negocios, comisiones y corrupción descubierto en la Comunidad de Madrid. Espiar no tiene tantas acepciones como cazar, pero de ese cabo penden muchas reputaciones. Y Mariano Rajoy debería dar la talla de líder dando explicaciones al país y depurando sus filas. El trofeo que debe exhibir no es la cabeza de Bermejo, sino la limpieza de su partido.

Una lanza a favor de los jueces

Ignacio Martínez | 22 de febrero de 2009 a las 12:01

Mi amigo Agustín Ruiz Robledo, compañero de página en El Observatorio, una sección de análisis en la edición dominical de los nueve diarios del Grupo Joly, y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, ha cambiado de postura sobre el derecho de huelga de los jueces. Es una posición contraria a la mía, pero muy bien articulada. Y no me resisto a publicarla aquí.

LOS JUECES YA TIENEN EL DERECHO DE HUELGA

Ahora que el jesuita Roberto Busa ha clasificado los pecados de los católicos, debo confesar que he pecado de soberbia en la polémica jurídica sobre el derecho a la huelga de los jueces: en cuanto empezó a debatirse este asunto me lancé sin mucho estudio a defender que la Constitución les prohibía la huelga y tengo que admitir ahora mi error. Mi argumento no era sólido, pues no es suficiente afirmar que los jueces constituyen un poder del Estado, lo que les inhabilitaría para ponerse en huelga, igual que no pueden hacerla los ministros o los parlamentarios. La comparación no se mantiene en pie, en primer lugar porque tan poder judicial son los jueces en España, como en Portugal, Francia e Italia y en esos Estados sí tienen reconocido el derecho de huelga. En segundo, la propia Constitución española marca diferencias entre los jueces y los otros titulares de poderes: solo los jueces son funcionarios, aunque con algunas especialidades; tanto es así que en la non-nata Ley Orgánica de Huelga (aprobada en el Senado en 1993) no se menciona para nada a los diputados y demás miembros de los órganos constitucionales, pero sí se disponía que la ley no  sería aplicable “a los miembros de las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ni a los Jueces, Magistrados y Fiscales mientras se hallen en activo, los cuales se regirán por su normativa específica”. ¿Y qué dice esa normativa? Nada. Luego los contrarios al derecho de huelga de los jueces nos estrellamos contra un argumento tan sencillo -y tan potente, según la navaja de Occam- como que todo lo que no está prohibido está permitido.

Algunos profesores de Derecho del Trabajo han dado un argumento diferente al que hemos dado los constitucionalistas: el derecho de huelga es una emanación del derecho de sindicación, por tanto quien no tiene este derecho, tampoco puede ser titular del de huelga. Sin embargo, el argumento tiene mucho de formal, de detenerse en el nombre de las cosas, y no en su sustancia, ya que nuestra Lex legum permite que los jueces creen asociaciones profesionales y la Ley Orgánica del Poder Judicial las habilita para “la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos”. Como hemos visto estos días, eso supone la normal capacidad negociadora de cualquier sindicato; con la conclusión lógica de que quien puede negociar colectivamente sus condiciones de trabajo también puede usar la gran arma de todos los empleados en una negociación, la huelga; por lo demás regulada expresamente para los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en la LOPJ. 

Además de las opiniones de los juristas, para saber lo que permite o prohíbe la Constitución es determinante el comportamiento de los propios actores constitucionales. Y desde esa perspectiva, no cabe duda de que los jueces ya tienen el derecho de huelga, como así lo ha estimado y ejercido el 30% de sus señorías el pasado 18. Pero además, así lo está admitiendo tácitamente el Consejo General del Poder Judicial que, tras declararse incompetente para fijar los servicios mínimos, no ha abierto ningún expediente disciplinario contra los huelgistas. Igualmente, el Gobierno y el Ministerio Fiscal no han iniciado acciones para sancionarlos, como permite el artículo 409 del Código Penal si se les considerara autores de un abandono colectivo e ilegal de un servicio público. Por eso, el despistadísimo ministro de Justicia, que atraviesa Despeñaperros sin darse cuenta de que entra en Andalucía, lleva toda la razón jurídica cuando quiere descontar el salario del día a los jueces huelgistas y cuando defiende la presentación de un proyecto de ley para prohibirles o restringirles el derecho de huelga. Otra historia es que sean disparos políticamente intempestivos y sin licencia de la superioridad.

  

Jueces del Sepla

Ignacio Martínez | 18 de febrero de 2009 a las 11:14

Los jueces han entrado hoy por derecho propio en un club muy exclusivo: el de los pilotos de Iberia, el de los controladores de vuelo. Las asociaciones profesionales, convertidas en comités de huelga, dicen que un tercio de los jueces ha parado esta mañana. Calculan que 1.200 magistrados secundan la jornada de protesta. Son huelguistas de salón. Privilegiados que perjudican al ciudadano para demostrar que tienen la sartén por el mango y el mango también. Uno de los poderes del Estado hace huelga. Sus señorías están muy ofendidos porque a uno de los suyos lo querían empapelar por no haber cumplido con su deber. Los jueces se colocan por encima de la ley y hoy hacen huelga.

Como es un hito histórico, habría que darles una serie de recomendaciones a los primerizos. Por ejemplo, que no hay huelga que se precie que no tenga un buen piquete. Piquete informativo naturalmente, dispuesto a amedrentar a los esquiroles. Esquirol es una palabra de origen catalán. De la localidad barcelonesa de L’Esquirol procedían los obreros que, a fines del siglo XIX, ocuparon el puesto de trabajo de los de Manlleu durante una huelga. Este término define, con desprecio, a las personas que se prestan a ocupar el puesto de los huelguistas. Con los esquiroles, los jueces huelguistas deben emplear mano dura, pincharles las ruedas de los coches, amenazarles con no invitarles jamás a una cacería de postín, que son tan de su agrado. Los esquiroles, por definición, están vendidos a la patronal opresora, con lo que son unos traidores de la clase obrera jurídica.

Otra práctica necesaria para que la huelga parezca una huelga es que sus señorías se afanen en poner silicona en las cerraduras de las audiencias y juzgados diversos. Así el patrón, o sea, el Estado, no podrá sacar las plusvalías al proletariado judicial, ni los esquiroles podrán trabajar. Los huelguistas también podrían poner silicona en sus propios despachos y así mañana pueden ir a trabajar pero ante la imposibilidad de abrir sus talleres de jurisprudencia y acceder a sus bancos de trabajo, podrían cobrar sin pegar golpe y perjudicar aun más la maltrecha economía del Estado opresor.

Incluso, los huelguistas podrían hoy dejar de trabajar pero cobrando. Se trata de llegar tarde al trabajo, no dar un palo al agua e irse repetidamente al bar de la esquina, primero a un café, después a una cervecita y más tarde al aperitivo. Nada nuevo, que no se conozca de otras veces. Total, que los jueces ya pueden entrar en el Sepla y sindicarse. La sindicación ordinaria la prohíbe la Constitución, pero seguro que encuentran una eximente para el Sepla, el sindicato de pilotos, tan cercano.

Como no hay mal que por bien no venga, esta huelga ha sido una llamada de atención oportuna: hay que dotar de más medios a la Justicia, unificar las bases de datos y exigir más a los funcionarios. Pero también hay que cambiar urgentemente el sistema de selección de jueces.

Los jueces, como los controladores aéreos o los pilotos de Iberia

Ignacio Martínez | 22 de enero de 2009 a las 12:11

La sindicación de los jueces está prohibida expresamente por la Constitución. Pero un sindicato nacional de jueces, clandestino porque teóricamente no existe, está actuando a plena luz del día. Amenazan con una huelga, tienen una tabla reivindicativa y hasta una reclamación salarial. En fin, un sindicato con todas las de la ley, si no fuese porque es ilegal. El poder judicial ha sido el menos afectado por la democratización y modernización de este país desde la muerte de Franco y ha dado la cara ahora. Al descrédito de la justicia sólo le faltaba esta actuación de los jueces en imitación de las huelgas de controladores aéreos o de los pilotos de Iberia. Feo.