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La semana del copago

Ignacio Martínez | 16 de abril de 2012 a las 12:10

Tras el torbellino causado en la opinión pública por Botsuana y sus circunstancias, hoy cada cual volverá a la angustia que genera la crisis en una inmensa mayoría de la población. Parece un sarcasmo, pero volvemos a la civilización, aunque pasaremos de la selva virgen a los parqués. De los elefantes a los tiburones; se reanudará la presión que acreedores y especuladores ejercen sobre la deuda pública y la Bolsa. Y para recuperar la rutina y que nada nos resulte inusual, los dos grandes partidos políticos de este país harán gala de nuevo de su maestría en el arte de la deslealtad institucional. Ya saben la máxima: es imposible llegar a ningún acuerdo por culpa del otro. Con estos mimbres abrimos la tienda esta semana.

Una semana en la que conoceremos con detalle cómo piensa el Gobierno reducir los 7.000 millones de euros que quiere ahorrar en sanidad. El miércoles tiene la ministra Mato una cita con sus homólogos de las autonomías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para concretar medidas. Un corresponsal particular que un servidor tiene para conocer la realidad de los países nórdicos me previene que en Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca, además de pagar más impuestos que en España, se abona una parte de la farmacia, la atención primaria, la consulta al especialista y la hospitalización.

Se trata del mismo corresponsal, ya jubilado y residente en Almería, que desmintió hace un par de meses la afirmación del vicepresidente de la CEOE José Luis Feito de que si a un parado finlandés le ofrecían un trabajo en Laponia y no aceptaba, le cancelaban la prestación. Ahora apunta en la dirección contraria. Y me aporta mucha información, que resumo: “Salvo en las rentas más bajas, en Finlandia los jubilados pagan impuestos, medicinas y servicios de ambulatorio, como los trabajadores en activo. Las medicinas se liquidan en la farmacia, con una reducción en función de su cuantía. La gente con menos ingresos tiene una devolución y quienes padecen enfermedades graves pagan una cantidad ínfima.

“En Suecia, en la consulta del médico se paga de 65 a 200 coronas (de 7,10 a 21,90 euros), por los cuidados de ambulatorio se puede pagar de 6,60 a 21,90 euros, en la consulta del especialista, de 13,20 a 35,10 euros. En la farmacia, hay medicamentos que abona el paciente en su totalidad, y reducciones del 50, 75, 90 y el 100% en diversos tramos. La hospitalización se paga por día a 80 coronas (unos nueve euros). En Dinamarca los precios son parecidos. En Noruega, el usuario paga más”. Añado de mi cosecha que las aportaciones de los pacientes tienen límites anuales tanto en atención sanitaria como en farmacia.

Conviene tener estos datos presentes en la semana del copago o repago, como se quiera llamar. La propuesta de Mato traerá polémica.

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Se acabó el verano

Ignacio Martínez | 23 de agosto de 2009 a las 12:03

El Gobierno tiene lo que Boris Izaguirre llamaría un momento progresista. El jueves el vicesecretario general del PSOE anunció una subida de impuestos. La filosofía de la medida es impecable: de los que más tienen para los que más necesitan. Pero esto significa, en la práctica, que los que tienen nóminas más altas van a pagar más a Hacienda, para compensar un déficit público galopante, que este año rondará el 10% del PIB nacional. Un gasto excesivo provocado por el aumento del paro, pero también por administraciones públicas sobredimensionadas, alguna de las cuales ha dejado de tener sentido hace tiempo, aunque no para de crecer en personal y presupuesto. Un ejemplo fácil, las ocho diputaciones andaluzas le cuestan todos los años a los contribuyentes unos 1.700 millones de euros, diez veces más que hace 20 años.

El dinero que ahora el Gobierno pedirá a la clase media y media alta, unos 9.000 millones de euros, lo tendría ya en las arcas del Estado con creces si no hubiese arbitrado medidas oportunistas en momentos liberales: como un cheque bebé de 2.500 euros para todos los hijos, tanto los de familias muy pudientes como los de las muy necesitadas, o la devolución de 400 euros a todos los contribuyentes, ya fueran ricos o pobres. Dos frivolidades que disgustaron al entonces vicepresidente Solbes y salieron de la chistera electoral, en aquella época feliz en la que la crisis era un invento de una oposición antipatriota. ¿Se acuerdan? Parece que fue ayer.

El lado bueno de la declaración de José Blanco es que ha acabado con el culebrón del verano, lanzado y alimentado por los juniors del PP: ya saben, la tontuna de que España es un estado policial. Junior no sólo es un concepto generacional o una categoría orgánica, también es un signo de escasa autoridad. Ana Mato tendrá muchos trienios, pero cuando dice que “toda España” sabe que hay escuchas telefónicas ilegales se le nota demasiado que no se lo cree ni ella misma. Ahora Blanco ha situado el debate político en la cruda realidad de la crisis, al poner sobre la mesa un asunto serio de verdad para el conjunto de la nación. Los casos de corrupción que le llueven al PP también son preocupantes, pero no se resuelven con la cortina de humo de que España está en el mismo club de estados policiales como Cuba, Venezuela, China, Irán, Corea del Norte o Birmania. Nos quejamos de la bisoñez de Aido o Pajín, pero Cospedal, Mato o González Pons, con más edad, juegan la misma liga.

El fondo de la declaración de Blanco es largo y ancho. Para empezar, los ricos no tributan por el impuesto de la renta de las personas físicas. Tienen sociedades de cartera con privilegios fiscales y equipos de asesores para que la rentabilidad de su patrimonio sea afectada lo menos posible por el Fisco. A quienes el Gobierno les va a meter un mordisco en su renta no es a esos ricos, ni a los profesionales liberales que declaran sólo una parte de sus ingresos, o tienen sociedades unipersonales para tributar a un tipo muy inferior al del IRPF, sino a la clase media que tiene una nómina con más de 60.000 euros de ingresos; un 4% de los contribuyentes. Como todas las medidas son electorales, digamos el Gobierno corre pocos riesgos con esta medida, cuya aparición en escena ha acabado con las vacaciones políticas.